Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Mayo de 2005, T. 106. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

T. 106. XXXV.

ORIGINARIO

Transportes Atlántida S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 10 de mayo de 2005.

Vistos los autos: "Transportes Atlántida S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", de los que Resulta:

I) A fs. 16/20 se presenta "Transportes Atlántida S.A.C." e inicia una acción declarativa contra la Provincia de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos que se pretende aplicar sobre la actividad interjurisdiccional de transportes de pasajeros en violación de los arts. 31 y 67 inc. 12 de la Constitución Nacional y del régimen de coparticipación federal establecido por la ley nacional 20.221 y sus modificatorias.

Fundamenta la procedencia de la vía procesal elegida y la competencia originaria del Tribunal.

Dice que es permisionaria de la Secretaría de Transportes y Servicios Públicos de la Nación y que en tal carácter presta servicios de transporte interjurisdiccional de pasajeros bajo el régimen de la ley 12.346.

En ese sentido, destaca que las tarifas que se aplican y a las que se refiere en el presente caso son fijadas por aquel organismo estatal sin contemplar en su cálculo la gravitación del gravamen a los ingresos brutos.

En tales condiciones, entiende aplicable lo dispuesto en Fallos:

308:2153 por considerar que dicha pretensión fiscal configura un supuesto de doble imposición que contraviene lo dispuesto en el art. 9, inc. b, segundo párrafo, de la ley de coparticipación federal. Destaca, asimismo, que se encuentra sujeta al pago del impuesto a las ganancias.

II) A fs. 68/70 se presenta la Provincia de Buenos Aires y contesta la demanda. Niega, en primer término, la existencia de un estado de incertidumbre y sostiene que el sistema de pago y repetición ulterior que está contemplado en

su código fiscal es el medio apropiado para discutir la cuestión.

En cuanto al aspecto de fondo, afirma que la superposición del impuesto a los ingresos brutos con los gravámenes nacionales es admitida de manera expresa en la citada ley de coparticipación (art. 9 inc. b, cuarto párrafo, de la ley 23.548), la cual lo excluye de la prohibición de analogía que mencionan los dos primeros párrafos de esa norma.

Por otro lado, prosigue, la actora figura inscripta como contribuyente y ha abonado el impuesto ahora impugnado desde los últimos diez años, lo que implica haber consentido la potestad fiscal provincial a la luz de la doctrina de los actos propios. Por consiguiente, su reclamo actual resulta extemporáneo. Destaca, asimismo, que las Cámaras Empresarias del Autotransporte de Cargas y Pasajeros concretaron un acuerdo con la provincia por el que se comprometieron a cumplir con las obligaciones tributarias pertinentes a cambio de una reducción del impuesto a los ingresos brutos del 3,5% al 1,5%. Toda vez que la actora integra esos organismos, tal actitud refuerza el reconocimiento del derecho fiscal de la demandada.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que la procedencia de la vía intentada sobre la base de lo dispuesto en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta acreditada ante las constancias de fs. 201/203 y la manifestación de la demandada de fs. 266 vta. reveladoras de una actividad fiscal suficiente para justificarla y a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal en la materia (Fallos: 322:2598;

    T. 106. XXXV.

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    Transportes Atlántida S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 323:19).

    Por otro lado, resulta inconducente el argumento expuesto por dicha parte sobre la exigencia contenida en el art. 109 de su código fiscal si se tiene en cuenta lo decidido en Fallos: 310:606, considerando 5°.

  3. ) Que en cuanto al fondo de la cuestión, resulta importante lo que surge de los informes agregados a fs.

    217/224 y 252. El primero, presentado por el perito contador H.O., indica que la empresa actora explota cuatro líneas de transporte, tres de las cuales son de carácter local y desarrollan su actividad en el territorio de la provincia, en tanto que la restante comprende un servicio interjurisdiccional. Esos datos se complementan a fs. 252 cuando la Comisión Nacional Reguladora del Transporte destaca que, en ese último ámbito, la actora realiza servicios comunes, expresos y expresos diferenciales. Es obvio que respecto de los transportes locales ninguna decisión debe adoptarse toda vez que sólo corresponde pronunciarse sobre los efectos gravosos del impuesto sobre el transporte interjurisdiccional.

  4. ) Que aquellas dos últimas modalidades resultan autorizadas por la resolución 97/96 de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación y suponen un sistema tarifario que las empresas prestatarias propondrán a la autoridad de aplicación (ver puntos 2.2 y 2.3 de la citada resolución). De tal manera, no resulta impedimento para que los prestatarios incorporen, dentro del precio propuesto, la gravitación del impuesto a los ingresos brutos. En ese sentido se expidió el Tribunal, ante una situación de suficiente analogía, en la causa: V.549.XXXVI "Vía Bariloche S.R.L. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (sentencia del 16 de noviembre de 2004), en la que

    se concluyó que no existía restricción alguna en la determinación de la tarifa. Tal situación hace inaplicable la doctrina de Fallos: 308:2153; 310:1602; 321:2501.

    En cuanto a la restante, es decir la que comprende los servicios comunes, cabe señalar que la falta de discriminación en lo que respecta a la carga impositiva que habría recaído sobre esa actividad obsta al reconocimiento de la pretensión de la actora y torna a sus agravios meramente conjeturales. En efecto, la carencia de pruebas para acreditar tal supuesto, conduce a ese resultado.

    Por ello, y lo dictaminado por el señor P.F. subrogante, se decide:

    Rechazar la demanda seguida por Transportes Atlántida S.A.C. contra la Provincia de Buenos Aires. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Teniendo en cuenta la labor desarollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. b, c, y d; 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios de los doctores C.A. de C. y G.A.B., en conjunto, por la dirección letrada y representación de la actora en la suma de trece mil pesos ($ 13.000) y los del doctor A.J.F.L. en la de veintiún mil pesos ($ 21.000), por la dirección letrada y representación de la demandada.

    T. 106. XXXV.

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    Transportes Atlántida S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónAsimismo, considerando la tarea cumplida a fs.

    200/227 por el perito contador H.O., se regulan sus honorarios en la suma de ocho mil pesos ($ 8.000) (art. 3 del decreto-ley 16.638/57). N., remítase copia de esta decisión a la Procuración General y, oportunamente, archívese.

    E.S.P. -A.C.B. -A.B. -J.C.M. -E.R.Z. -E.I.

    HIGHTON de N. -R.L.L..

    Demanda originaria: Transportes Atlántida S.A.C., su letrado apoderado apoderado Dr. C.A. de C. y patrocinante Dr. G.A.B.N. de los demandados: Provincia de Buenos Aires, su letrado apoderado Dr. Ale- jandro F.L.