Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Abril de 2005, S. 596. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C.S.596, L.XXXIII.- "Siper Aviación S.A. c/ Catamarca, Provincia de y otros s/ cobro de pesos" (J.O.) Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

- I - A fs.

516, el Tribunal confiere vista a este Ministerio Público sobre el planteo efectuado por la actora tendiente a que en la sentencia a dictarse se condene a la demandada al pago de la obligación en dólares estadounidenses, tal como requirió en el escrito de demanda y, a tal fin, que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.561, del decreto 214/02 y de los demás actos dictados en su consecuencia, que alteren el texto originario de la ley 23.928, aplicable a la relación jurídica que unió a las partes en este juicio (fs. 500).

La Provincia de Catamarca, al contestar el traslado ordenado por V.E., mediante el escrito de fs. 504/505 se opone al pedido, señalando que el planteo de inconstitucionalidad es genérico y que, por ello, no cumple con la reiterada doctrina de la Corte que exige precisar cada una de las normas que se reputen contrarias a la Constitución Nacional. Dice también que la actora intenta distorsionar su pretensión inicial, porque es inadmisible su reclamo de cobrar en efectivo en dólares estadounidenses cuando se sometió a la ley provincial de consolidación de deudas, que prevé que se cancelen mediante la entrega de títulos y no en efectivo. Máxime cuando, agrega, la estrategia procesal de la actora tendió a demostrar que cumplió los trámites para ingresar al régimen de consolidación local y para ello adjuntó una fotocopia simple de una solicitud de pago en los términos de la ley 4646, modificada por la ley 4692, en la que ni siquiera optó por su pago en dólares.

Sostiene, por último, que siempre negó la procedencia de la conversión de pesos a dólares y que, al

contestar la demanda, sostuvo que, de resultar eventualmente vencida en el pleito, el cumplimiento de la sentencia debía efectuarse con bonos de consolidación y no con la entrega de moneda extranjera.

- II - Ante todo, cabe indicar que, por las particulares circunstancias de esta causa, la opinión requerida a este Ministerio Público a fs.

516 podría conducir a un pronunciamiento abstracto y puramente académico de las cuestiones planteadas a fs. 500, por lo que se impone formular algunas consideraciones previas.

En efecto, la actora persigue de la Provincia de Catamarca el cobro de ciertas sumas de dinero, originadas en la provisión de repuestos y servicios de reparación de motores para las aeronaves provinciales, cuyas facturas y notas de débito no fueron abonadas a su vencimiento (v. escrito de demanda de fs. 82/85).

Por su parte, el Estado local se opuso al progreso de la demanda tanto por considerar que las obligaciones estaban prescriptas como porque negó la existencia de toda deuda y del derecho a reclamar (fs. 138/144).

A fs. 179, por no darse el supuesto contemplado en el anteúltimo párrafo del art. 346 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se difirió para el momento de dictar sentencia el tratamiento de la excepción de prescripción.

Así las cosas, por las condiciones en que se ha desarrollado el proceso, se advierte que la dilucidación de tales temas es de carácter previo al examen del planteo de fs. 500 y que incluso éste puede resultar totalmente inoficioso, en el supuesto que V.E. declare que la deuda de autos está prescripta o rechace la demanda.

S.C.S.596, L.XXXIII.- "Siper Aviación S.A. c/ Catamarca, Provincia de y otros s/ cobro de pesos" (J.O.) Procuración General de la Nación En tales circunstancias, para evitar pronunciarme en abstracto, considero que cabe hacer excepción a la regla por el cual el Ministerio Público solo se expide sobre cuestiones federales (cfr. dictamen el señor P. General del 16 de septiembre de 2003, in re E.254, L.XXXVI.

O..

"Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad) y examinar previamente las aludidas defensas provinciales.

Con este proceder también se cumple el principio tradicional en la materia, según el cual, el tratamiento de la inconstitucionalidad de un precepto normativo constituye la última ratio del ordenamiento jurídico, al cual sólo corresponde acudir cuando resulte imprescindible para resolver la controversia, pues una declaración de ese tipo es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia y, como tal, es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera (doctrina de Fallos: 324:3219).

- III - Siper Aviación S.A. demanda a la Provincia de Catamarca a fin de obtener el cobro de distintas deudas instrumentadas en notas de débito y facturas impagas. Señala que se dedica a la reparación de motores de aeronaves y que en distintas oportunidades aquel Estado local le encargó trabajos de reparación y cambio de piezas de sus aeronaves, para lo cual le abrió una cuenta corriente comercial.

Los pagos se realizaban con bastante demora y por ello debía actualizar las facturas que emitía.

Dice que, en febrero de 1986, emitió la factura N1 10.643, que se abonó fuera de término y, por ello, el 11 de mayo de 1988, expidió la nota de débito 946, que corresponde a

la actualización por mora en el pago.

El 11 de julio de 1990 extendió la factura N1 15.016 por la provisión de filtros de aceite para la aeronave Piper PA=31, que nunca le fue abonada. El 5 de marzo de 1991, emitió las notas de débito 1607, 1608 y 1609, referidas a la actualización de las facturas nros.

14.834, del 28/03/90, 14.835 y 14.836, respectivamente.

Por este juicio reclama el pago de todos estos instrumentos, puesto que los trámites administrativos que inició para su cobro no dieron resultado.

- IV - Tal como ya se indicó, mediante el escrito de fs.

138/144, la Provincia de Catamarca sostuvo que las deudas reclamadas estaban prescriptas, en virtud de lo previsto por el art. 4035, inc. 41), del Código Civil y, en subsidio, por aplicación de los arts. 849 y 847, inc. 11), del Código de Comercio, sin que -en su conceptolas actuaciones administrativas tendientes a obtener su cobro tengan el efecto suspensivo que prevé el art. 3986 del primero de los códigos citados.

Asimismo, negó enfáticamente que le adeude suma alguna a la actora y que mediante decretos le haya encargado en reiteradas oportunidades la reparación y revisión de varios motores, la adquisición de piezas nuevas y que los trabajos fueran realizados y entregados por aquélla. En fin, negó todas y cada una de las afirmaciones de la demanda, especialmente la procedencia de los pagos requeridos y la aplicación de la ley 21.391. Por último, aun cuando negó expresamente la existencia de toda deuda, en forma subsidiaria sostuvo que el crédito se encontraría alcanzado por su ley de consolidación de deudas.

S.C.S.596, L.XXXIII.- "Siper Aviación S.A. c/ Catamarca, Provincia de y otros s/ cobro de pesos" (J.O.) Procuración General de la Nación - V - Así planteada la controversia, en casos análogos al sub lite V.E. ha resuelto que se aplique el plazo general de diez años, previsto en los arts. 846 del Código de Comercio y 4023 del Código Civil, ante la ausencia de una disposición especial (Fallos: 323:1515). Sobre esa base, a la fecha de promoción de la demanda (3 de diciembre de 1997, conf. cargo de fs. 85 vta.) aún no se había operado la prescripción de las deudas reclamadas.

Sentado lo anterior, en punto a dilucidar la existencia del contrato invocado por la actora, a partir del cual reclama el pago de facturas adeudadas, es preciso recordar la doctrina del Tribunal según la cual la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, así como que, en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebrado, el caso debe ser juzgado con arreglo a los principios y reglas propios del derecho público, para lo cual debe acudirse a las normas sobre contrataciones que rigen en la provincia demandada (Fallos: 323:1515 y sus citas; 3924 y 324:3019, entre muchos otros).

Por aplicación de esa doctrina al caso de autos, corresponde examinar la ley provincial de contabilidad 2453 y su decreto reglamentario 2175/80, vigentes al momento en que el contrato se celebró. Los arts. 25 y 26 de dicha ley exigían que toda contratación del Estado provincial de la que derivaran gastos se hiciera por licitación pública y sólo en forma excepcional por licitación privada, e incluso por contratación directa en determinados supuestos entre los que se encontraría el que motiva este proceso.

Precisamente, el art. 26, ap. 3, inc. c) del cuerpo

legal, prevé la contratación directa cuando medien probadas razones de urgencia, o casos fortuitos, no previsibles, o no sea posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio. En estos casos, el capítulo V, del anexo II del decreto provincial 2175/80 establece el procedimiento a seguir y, en lo que ahora resulta de interés, prevé que será requisito indispensable el cotejo previo de dos o más cotizaciones (art. 114).

De las constancias obrantes en la causa surge que, en la contratación aludida no se observaron los procedimientos sustanciales pertinentes, ni la actora probó que la que invoca como causa de sus reclamos los cumpliera.

A tal fin, es relevante destacar que la Provincia demandada negó la existencia del vínculo contractual y que, ante el requerimiento del Tribunal de fs.

171 para que la actora acompañe el contrato firmado entre las partes como consecuencia de los decretos locales 2820/89 y 391/90, ésta reconoció que no existe porque nunca se suscribió (v. manifestaciones de fs. 178, en donde también se explaya sobre el procedimiento de contratación, que pretende incluirlo en la figura de la contratación directa).

En tales circunstancias, es aplicable aquella doctrina de V.E. que indica que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado.

Cuando la legislación aplicable determina una forma específica para la conclusión de un contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (Fallos: 324:3019, cons. 61 y sus citas).

Tal condición, que se impone ante las modalidades propias del derecho administrativo, concuerda con el principio general también vigente en derecho privado en cuanto establece

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323:3924).

Lo expuesto torna procedentes las defensas provinciales, pues no es posible admitir la acción basada en obligaciones que derivarían de un contrato que no se habría celebrado con las formalidades propias del derecho administrativo local para su formación.

Ello también provoca que resulte innecesario un pronunciamiento de este Ministerio Público sobre las cuestiones planteadas a fs. 500.

- VI - Opino, entonces, que corresponde rechazar la demanda y que resulta inoficioso que me expida sobre el planteo de fs.

500.

Con lo expuesto, dejo contestada la vista de fs.

516.

Buenos Aires, 28 de abril de 2005.- Fdo.: E.R.