Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 12 de Abril de 2005, S. 1858. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C. S. 1858, L. XL Suprema Corte:

-I-

En autos, la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, confirmó el fallo de primera instancia que a su turno hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios, promovida por la actora por sí y en representación de sus hijos menores de edad, contra Diario El Sol S.A, con motivo de la difusión por dicho medio periodístico, de situaciones relativas a la vida familiar, sexual y afectiva de una persona menor de edad.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, rechazó los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley interpuestos por la parte demandada contra la mencionada sentencia de Cámara (v. fs. 854/863). Para así decidir, señaló que el recurrente expuso que el artículo 18 del decreto ley 10.067, establece una censura previa al prohibir dar los nombres de los menores vinculados a causas judiciales, contrariando al artículo 13 de la Constitución de la Provincia que consagra la libertad de prensa.

Dijo que la Cámara encontró que el artículo cuestionado, lejos que quebrantar la Constitución Nacional Ba la que se suma la Provincial-, se integra en plenitud al bloque de constitucionalidad que expresan en su conjunto esa Carta Magna y los tratados de rango equivalente. Juzgó que, si bien los artículos 14 y 32 de Constitución Nacional y 13 de la Constitución Provincial aseguran la libertad prensa, no pueden observarse como de aplicación absoluta sino que deben coordinarse para evitar conflictos con otros derechos o garantías. Agregó que no resulta viable el argumento vinculado al supuesto desplazamiento del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en tanto éste procura la coordinación de los tratados internacionales y el resto de la normativa constitucional para lograr su compatibilización, sin que en el caso en tratamiento se hubiera desvirtuado.

Desechó, asimismo, el argumento referido a que A.S.@ se limitó a transferir las noticias dadas por dos magistrados. Expresó que no puede verse esta circunstancia como interrupción del nexo causal entre el perjuicio y el obrar del periódico, por lo que descartó el 10

agravio del artículo 1111 del Código Civil. Igual respuesta brindó a la supuesta infracción al artículo 1113, primera parte, del mismo Código, con relación a la alegada interrupción del nexo causal por la difusión dada a la problemática de la menor por un programa televisivo ajeno a la accionada. Añadió que ello constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada en esa instancia en el supuesto de absurdo, que no se encuentra presente en el caso.

Rechazó, también, el agravio vinculado a la apreciación de la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el obrar del AEl Sol@, por constituir una cuestión de hecho, propia de la apreciación de los jueces de la causa y detraída del ámbito de la instancia extraordinaria. Tampoco hizo lugar a los argumentos relativos a las doctrinas de la Areal malicia@ y A. reporte fiel@ emanada del precedente ACampillay@.

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de fs.867/884, que fue concedido a fs. 898 y vta.

Reitera el cuestionamiento de inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto ley 10.067, por resultar violatorio del artículo 13 de la Constitución Provincial y quebrantar los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Insiste en que la norma emanó de un gobierno de facto, y reprocha que la sentencia la haya hecho prevalecer por sobre los derechos que la Constitución Nacional reconoce expresamente y garantiza a todos los ciudadanos.

Asevera que el acto de expresarse libremente por la prensa, puede ser lícito o ilícito, y si resulta dañoso derivar en responsabilidad ulterior, pero nunca es lícita la censura previa por ser una garantía constitucional absoluta. Con respecto al voto del doctor P. en cuanto señaló que la información propalada por la demandada lo ha sido en violación a expresas prohibiciones legales contenidas en los artículos 18 del decreto ley 10.067 y 1° de la ley 20.056, incurre Bindica- en error de derecho pues esta última norma ha sido derogada por la ley 20.509. Sostiene que la obligación de guardar silencio impuesta por la norma de marras no resulta aplicable al caso por carecer de alcance territorial respecto a las actuaciones seguidas ante la justicia nacional.

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S.C. S. 1858, L. XL Alega que la sentencia elaboró una inteligencia que agravia la primera parte de la Constitución Nacional, al otorgarle a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención de los Derechos del Niño ( a las que clama en auxilio de la legalidad y legitimidad del decreto ley 10.067), nivel de jerarquía constitucional que no tienen, por cuanto, por expreso imperio del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales no derogan los artículos de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Aduce que la resolución es contraria a los lineamientos de la doctrina derivada del caso ACampillay@, habiéndose desentendido el juzgador de analizar los antecedentes de la causa desde la óptica de esta doctrina. Afirma que en la especie no se cuestiona que se ha dado información con expresa cita de la fuente (agencia oficial Telam) y también con transcripción fiel de declaraciones de los interesados.

También dice que la sentencia omite el tratamiento de la aplicabilidad al sublite de la doctrina de la Areal malicia@, sin dar razón alguna, ni explicar los motivos que llevaron al máximo tribunal provincial a resolver de tal forma. Manifiesta que el caso en especie es de incontestable relevancia pública, pues la causa seguida por ante el juez C. refería a cuestiones de drogas y prostitución, que obligan a mantener un criterio de estrictez en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad civil.

-III-

En primer lugar, estimo que existe cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos del inciso 2°, del artículo 14, de la ley 48, toda vez que se ha cuestionado la validez de una norma provincial bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, y la decisión impugnada ha sido a favor de la validez de la norma.

Corresponde, asimismo, tratar en forma conjunta los agravios relativos a la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento en la consideración de argumentos planteados en la causa, así como en la interpretación de la doctrina de V.E., pues a ello se imputa la directa violación de los derechos constitucionales invocados, guardando, en consecuencia, ambos aspectos, 10

estrecha conexidad entre sí (conf. Fallos:321:3596, voto de los Dres. C.S.F. y A.B., considerando 3°).

-IV-

En cuanto a la tacha de inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto ley 10.067, la cuestión a resolver reside en determinar si la prohibición de censura previa contenida en el artículo 14 de la Constitución Nacional, constituye un principio de alcances absolutos, o si, por el contrario, reconoce excepciones en aquellos casos en los que resulta necesario disponer medidas restrictivas o impeditivas con el fin de prevenir una lesión a otros bienes jurídicos, como es el derecho a la intimidad de un menor, protección que ha sido reconocida en preceptos de jerarquía constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Corresponde recordar, como premisa, que el Tribunal tiene dicho que las garantías constitucionales no son absolutas, sino que se desenvuelven dentro de un marco que está dado por la finalidad con que son instituidas; y que en el caso de la libertad de expresión, consiste en asegurar a los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la república en un momento dado, tutelando la libre difusión de las ideas como concepto esencial del bien jurídicamente protegido (v. doctrina de Fallos: 315:1943).

Ahora bien, los medios de comunicación son el vehículo por el cual se transmiten las ideas o informaciones, pero no necesariamente todo lo que ellos dan a conocer se identifica con los actos protegidos por la tutela constitucional (v. doctrina de Fallos: 315:1943, considerando 9°).

Por otra parte, siempre conforme a jurisprudencia de V.E., los derechos reconocidos en la Constitución By, por ende, en los tratados que cuentan con jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna- deben ser interpretados armónicamente, para hallar un ámbito de correspondencia recíproca dentro del cual obtengan su mayor amplitud los derechos y garantías individuales. En ese marco, corresponde armonizar la debida protección a la libertad de prensa y la consecuente prohibición de 10

S.C. S. 1858, L. XL censura previa, con la tutela del derecho de los menores a no ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias de su intimidad, ya que el artículo 16, inciso 1°, de la Convención sobre los Derechos del Niño es suficientemente explícito al respecto (v. doctrina de Fallos:

324:975).

Tanto esta Convención, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), confieren especial tutela a los derechos de la infancia. La necesidad de una Aprotección especial@ enunciada en el preámbulo de la primera, así como la atención primordial al interés superior del niño dispuesta en su artículo 3°, proporcionan un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos en los que están involucrados menores, debiendo tenerse en consideración aquella solución que les resulte de mayor beneficio. Ello indica que existe una acentuada presunción a favor del niño, que A. su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal@ (conf. preámbulo ya citado; el subrayado me pertenece), lo cual requiere de la familia, de la sociedad y del Estado la adopción de medidas tuitivas que garanticen esa finalidad (conf. art. 19 del pacto) [v. doctrina de Fallos: 324:975, voto de los Dres. E.M. O= C. y G.A.F.L..

En tales condiciones, el artículo 18, del decreto ley 10.067, cuando dispone evitar la publicidad del hecho en cuanto concierna a la persona del menor que resulte vinculado a una situación susceptible de determinar la intervención de los Juzgados, y prohíbe la difusión de detalles relativos a la identidad y participación de aquél, no hace sino proteger preventivamente al menor del padecimiento de eventuales daños, por tratarse de personas que están en plena formación, que carecen de discernimiento para disponer de los aspectos íntimos de su personalidad y que merecen la tutela preventiva mayor que los adultos por parte de la ley, protección que encuentra sustento tanto en los tratados internacionales citados, como en la doctrina del Tribunal antes reseñada.

No altera el criterio expuesto la crítica del recurrente en orden a que resulta ineficaz la norma de un tratado internacional para conferirle fuerza legal a una normativa interna surgida de un decreto que B. su opinión- es violatorio de la primera parte de la 10

Constitución Nacional (v. fs. 878 vta. 879). En efecto, sobre el particular V.E. tiene dicho que cuando el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece, en su última parte, que los tratados Ano derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos@, ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir.

En tales condiciones, se desprende que la armonía y concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer la referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir. Las cláusulas constitucionales y las de los tratados con jerarquía constitucional tienen la misma jerarquía, son complementarias y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente (v. doctrina de Fallos: 319:3148, cons. 20, 21 y 22; 321:885;322:875; 324:975, voto de los Dres.

E.M. O= C. y G.A.F.L..

-V-

Examinados los demás agravios a la luz de los términos y consideraciones de la sentencia, se advierte que las conclusiones del a-quo, no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio. En ese orden, se observa que las críticas del quejoso, sólo traducen diferencias de criterio con el juzgador, y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones en que se apoya el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Se repara, asimismo, que reiteran asertos vertidos en instancias anteriores desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculadas a cuestiones de hecho, prueba y derecho común (v. doctrina de Fallos:312:1859; 313: 473 y sus citas, entre otros).

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S.C. S. 1858, L. XL Así, el reproche de que el decreto ley 10.067 emanó de un gobierno de facto, recibió suficiente respuesta del juzgador cuando sostuvo que la norma no vulnera derechos y garantías fundamentales del menor, y que es un derecho definitivamente consolidado y ratificado por nuestro ordenamiento legal constitucional vigente (v. fs. 859).

En cuanto a la crítica al voto del doctor P. por la mención de la ley 20.056, cabe señalar por un lado, que dicha mención no es determinante para la solución a la que arriba la sentencia, y por otro, que la ley 20.509 dejó sin eficacia las disposiciones no emanadas del Congreso Nacional que hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes, supuestos que no concurren en las disposiciones de la ley 20.506 que se ocupa de la publicidad de hechos referidos a menores de edad.

El apelante niega, además, que haya efectuado la publicación en violación al artículo 18 del decreto ley 10.067, por cuanto B.- se trató de actuaciones llevadas a cabo por ante el Juez Nacional Dr. Caravatti, inalcanzadas por la cuestionada norma, declaraciones que fueron fuente fiel para la publicación. Esta queja omite hacerse cargo del argumento del juzgador cuando manifestó que entender que la información vinculada a causas judiciales referidas a menores, pueda difundirse cuando es citada de tal modo, es admitir el quebrantamiento del espíritu de la ley. Y agregó que la responsabilidad atribuida por la alzada al demandado, no se desplaza por haberse éste limitado a reproducir dichos de los magistrados, no pudiendo verse esta circunstancia como interrupción del nexo de causalidad entre el perjuicio y el obrar del periódico accionado (v. fs. 859 vta./ 860).

También debe desestimarse el agravio relativo al alcance territorial del decreto ley 10.067 respecto a las actuaciones seguidas ante la justicia nacional, toda vez que la menor se hallaba bajo la tutela y competencia del Patronato de Menores de la Provincia de Buenos Aires, ejercido, en el caso, por el Juzgado de Menores N° 1 de la ciudad de Quilmes.

Al invocar la doctrina del caso ACampillay@ y el standard jurisprudencial de la Areal malicia@, el apelante no hace más que reiterar B. se ha dicho al comienzo de este ítem- argumentos que han obtenido debida respuesta en las instancias anteriores, no obstante la parquedad del último pronunciamiento al respecto.

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A todo evento, resulta sencillo comprobar, con la simple lectura de las constancias de autos (ver publicaciones agregadas en el primer cuerpo), que las noticias sobre la menor difundidas por el diario demandado, no se atribuyen directamente a una fuente, ni utilizan el modo potencial del verbo, ni reservan la identidad de la persona involucrada. En consecuencia, no puede el apelante pretender la eximición de responsabilidad por aplicación de alguno de los presupuestos del precedente ACampillay@.

Tampoco concurren los requisitos que permitan aplicar al caso la doctrina de la Areal malicia@, toda vez que la información no se refiere a funcionarios o figuras públicas, ni a particulares que centren en su persona suficiente interés público, ni existe una cuestión que concite ese interés en la que sus protagonistas se hayan involucrado.

El recurrente tacha, asimismo, de arbitraria a la sentencia por haber condenado ultrapetita al otorgar una indemnización mayor a la solicitada sin fundamento plausible alguno. Omite, sin embargo, rebatir los argumentos expuestos por el a-quo al respecto, en orden a que, al haber quedado firme la existencia del daño, lo referente a la denunciada infracción del principio de congruencia por otorgarse una indemnización mayor a la peticionada carece de sustento. Sostuvo el juzgador que no se incurre en demasía decisoria, pues el actor al expresar en la demanda A...y/o lo que en más o en menos V.S. determine corresponder conforme a las probanzas del presente litigio...@(fs. 17), exhibió su intención de no limitar su reclamo al monto solicitado ( v. fs. 861 y vta., cons. 7).

Por último, el apelante imputa arbitrariedad por inexistencia de nexo causal entre el alegado daño y la conducta del medio de prensa. Plantea la escasa incidencia de las publicaciones en la conformación del daño, en atención a la reducida tirada del diario en comparación con otros de alcance nacional que difundieron la noticia. Al respecto, se ha visto en el ítem I que el juzgador rechazó este agravio por constituir una cuestión de hecho, propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria. No está demás señalar, como se hizo en instancias anteriores, que, para la apreciación de la producción del daño, debe tenerse en cuenta que el diario demandado, más allá de la cantidad de ejemplares que edita, 10

S.C. S. 1858, L. XL se distribuye y se lee en la ciudad de Quilmes, lugar de residencia de la menor y su familia, donde son conocidos por los vecinos y desarrollan su vida comunitaria.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 12 de abril de 2005.

M.A.B. de G. Es copia 10