Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Marzo de 2004, S. 3. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 3. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

S.M. e Hijos S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto Provincial de la Vivienda).

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

- I - A fs. 257/260 del expediente principal (al que corresponderán las siguientes citas, excepto cuando se mencionen otras actuaciones), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó la demanda contencioso administrativa articulada por S.M. e Hijos S.A. contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda), tendiente a que se declare la nulidad de los actos que rechazaron su reclamo de revisión del sistema de variaciones de costos, cuyo reconocimiento -acordado en el convenio del 23 de noviembre de 1984- había solicitado para que se extendiera retroactivamente a partir del 16 de julio de 1982 -fecha de iniciación de los trabajos- hasta abril de 1984 inclusive, con la pertinente reliquidación de las certificaciones emitidas.

Relataron sus integrantes que el contrato para la ejecución de la obra pública "1800 Viviendas-Wilde-Plan FONA- VI" -originariamente encuadrado en la operatoria del Banco Hipotecario Nacional- se transfirió, mediante convenio del 4 de febrero de 1982, al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de lo cual las autoridades de este último asumieron la calidad de comitente y la actora de contratista. Dicho acuerdo, contemplaba una cláusula especial de renuncia a los reclamos por cualquier causa originados en fecha anterior a su firma (cláusula 3.7).

Ante los reclamos de la actora tendientes a modificar la mecánica de ajuste de las variaciones de precios establecidos en el acuerdo de transferencia, el método previsto en el contrato original -basado en el empleo de los índices de precios elaborados por el Banco Hipotecario Nacional correspondientes a los meses "anteriores" al mes básico de con-

trato (junio de 1980) y al de ejecución de los trabajos-, se sustituyó mediante el convenio suscripto el 23 de noviembre de 1984, a partir de abril de ese año, respectivamente, por los correspondientes al mes "base", es decir, junio de 1980 y al mes de "efectiva ejecución" de las tareas.

Expresaron que la modificación de los ajustes se efectuó con una limitación temporal e impuso como condición, previa e indispensable para que se aplicaran las cláusulas del nuevo convenio, que la empresa ratificara la renuncia en forma expresa e irrevocable ante el Instituto a todo reclamo resarcitorio e indemnizatorio que pudiera haberse devengado en su favor por distorsiones en los precios, diligencia que fue satisfecha por la nota empresaria del 21 de noviembre de 1984.

Consideraron que el aludido acuerdo de renegociación tuvo carácter operativo a partir de la efectiva renuncia formulada por la actora, razón por la cual importó para ella una estipulación libre y voluntaria que le permitió acceder a los beneficios de una compensación excepcional y extraordinaria. Aclararon que tal conclusión no se enerva por la reserva formulada de manera unilateral por la contratista al pié del convenio y en su nota posterior, pues la recomposición contractual, entendida en forma integral, hizo improcedente la posterior actitud de la actora de modificar las reglas acordadas.

En ese orden de ideas, concluyeron que, si ella había convenido voluntariamente un régimen de excepción y obtuvo beneficios especiales, aún cuando formulara renuncia expresa a otros reclamos, no podía apartarse posteriormente de dicha determinación, pues ello importaría ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

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Procuración General de la Nación - II - Contra tal pronunciamiento, la actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 278/300, cuya denegatoria por el a quo (fs.

315), trae a conocimiento de V.E. la presente queja.

Sostiene que la decisión es arbitraria y vulnera los derechos y garantías reconocidos en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, porque resuelve de modo diferente causas idénticas, efectúa una inteligencia de las normas que no se adecua al principio constitucional de proteger integralmente la propiedad e incurre en un injustificado rigor formal.

Recuerda que -tal como sostuvo en la demanda-, ante la variación de las pautas inflacionarias existentes en junio de 1980, estimadas con carácter de permanencia en febrero de 1982, quedó gravemente distorsionado el método de cálculo de variaciones de costos por causa y razones ajenas a su responsabilidad, motivo por el cual efectuó varios reclamos a la administración (el 23 de diciembre de 1982, reiterado el 21 de febrero de 1983 y el 15 de septiembre de 1983).

En tal sentido -continúa- el reclamo emprendido tuvo satisfacción "parcial" en el convenio del 23 de noviembre de 1984, donde la demandada reconoció la inequidad del mecanismo de liquidación de mayores costos por asincronismo en el cotejo de los índices (mes anterior certificación/mes básico contractual), al reemplazarlo por un mecanismo sincrónico que contempló "mes ejecución" contra "mes básico".

Precisa que dicho reconocimiento se efectuó para tener vigencia sólo para aquellos certificados de obra por trabajos ejecutados a partir de mayo de 1984 y que la voluntad plasmada en el mencionado convenio fue la de renunciar a ciertos reclamos resarcitorios por distorsiones allí contem-

pladas. En tales condiciones, manifiesta que realizó expresa reserva de continuar con el emprendido en 1982 respecto de la extensión retroactiva -para el período abril de 1982 a abril de 1984- de la fórmula receptada en tal acuerdo.

Asimismo, señala que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación aceptaron expresamente la reserva de derechos, pues ninguno de ellos exteriorizó observación alguna al contrato de adhesión, al igual que en actuaciones administrativas posteriores, el Instituto de la Vivienda consideró subsistente el reclamo. También alega que ratificó la reserva, en la oportunidad y como acto previo al cobro del primer certificado liquidado de acuerdo a las pautas establecidas en el convenio de 1984.

De los antecedentes relatados, entiende que no puede extraerse renuncia al reclamo efectuado, máxime aun, cuando clara y expresamente incluyó en el convenio y en presentaciones posteriores la voluntad de reservarlo hasta las últimas consecuencias.

En tales condiciones, dice que la cláusula impuesta como "condición previa e indispensable a la aplicación de las disposiciones contenidas" en el acuerdo sólo puede interpretarse a la luz de la restricción incluida expresamente en la misma convención -Anexo III, parte integrante del convenio-.

Así pues, sostiene que, al no haber renunciado a los derechos que expresamente se reservó, debió aplicarse el principio del art. 874 del Código Civil, en cuanto establece que la renuncia no se presume y que la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva.

- III - Ante todo, cabe recordar que lo atinente a las

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Procuración General de la Nación obligaciones derivadas del contrato de obra pública y de los convenios complementarios que vincularon a las partes, así como la interpretación de sus cláusulas y la precisión de sus alcances, remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y local, propias de los jueces de la causa e irrevisables por su naturaleza, como principio, en esta instancia extraordinaria (confr. doctrina de Fallos: 307:146).

Sin embargo, V.E. ha reconocido excepción a dicho principio cuando los jueces asignan a las cláusulas del contrato un alcance reñido con la literalidad de sus términos y la clara intención de las partes, y omiten ponderar argumentos conducentes para la correcta solución del pleito (Fallos: 312:1458) Considero que, en el sub lite, no cabe apartarse del principio general y excepcionar la regla establecida, toda vez que, en mi concepto, el tribunal a quo no sólo efectuó una inteligencia del convenio suscripto el 23 de noviembre de 1984 ajustada a sus términos sino que, a la vez, atendió al claro propósito que tuvieron las partes al celebrarlo. En efecto, cabe recordar que por el aludido convenio se acordó modificar el sistema de ajuste de precios originariamente pactado en el contrato de obra, con el fin de corregir los factores de distorsión existentes y que su otorgamiento se concretó luego de sucesivas presentaciones de las que da cuenta la actora, a través de las cuales ésta ponía de manifiesto los diversos factores operantes sobre los costos en el mercado no ponderados en las fórmulas establecidas en el contrato, las cuales habían llevado al creciente deterioro y defasaje del sistema vigente para el reconocimiento de mayores costos. Por ese motivo, solicitaba su modificación y reemplazo por otro que mantuviera el equilibrio de la ecuación económica financiera. Tales circunstancias llevan a concluir que las

respectivas estipulaciones pactadas tendían a superar los obstáculos que existían para restablecer el equilibrio económico financiero del contrato, reacondicionando las condiciones contractuales, para corregir las distorsiones existentes (v. alcance 183, del expte. 2416-3509/82).

Así pues, a mi modo de ver, no se advierte arbitrariedad en la decisión sub examine, toda vez que, como sostuvo el tribunal a quo "La recomposición contractual debe valorarse con sujeción integral a sus previsiones expresas. No resulta procedente la posterior actitud unilateral de modificar las reglas acordadas". Al respecto, cabe recordar el principio según el cual los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198 del Código Civil), principio que es aplicable al ámbito de los contratos administrativos (Fallos: 305:1011, considerando 91 y sus citas, entre otros), por lo que es exigible a los contratantes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conductas perjudiciales, y debe desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte (Fallos: 315:890, entre otros).

Vale reparar que, según los términos contractuales, expresamente, se acordó "...Como condición previa e indispensable a la aplicación de las disposiciones contenidas en este convenio, las empresas contratistas deberán ratificar la re- nuncia expresa e irrevocable ante el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a todo reclamo resarcitorio y/o indemnizatorio por gastos improductivos, lucro cesante u otros conceptos que pudiesen haberse devengado en su favor por las distorsiones de las variaciones de precios, causadas o

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Procuración General de la Nación fundamentadas en hechos, actos y circunstancias acaecidas desde el origen de la contratación y hasta la fecha del pre- sente" (énfasis agregado) (v. cláusula G), fs. 40/41, alcance y expediente administrativo citados).

En tales condiciones, no puede afirmarse que la reserva -según la cual "Las empresas abajo firmantes dejan expresa constancia que no renuncian a la reclamación emergente de la utilización del índice del B.H.N. del mes anterior al de efectiva ejecución de los trabajos y su correlativo anterior al básico de contrato, aplicados a los certificados que corren desde abril de 1982 hasta el mes de abril de 1984, ambas inclusive, debiendo sustituirse dicha metodología por el régimen de computar las variaciones de precios mediante la utilización del índice B.H.N. del mes de efectiva ejecución de las obras (con la corrección parabólica) y el mes básico del contrato"- que se hizo constar al pie del Anexo III del acuerdo (fs. 44, alcance y expediente administrativo citados) tenga virtualidad para borrar, por sí sola, la estipulación pactada, pues ello implicaría hacer prevalecer un párrafo aislado para atribuir a la convención un efecto que no condice con el tenor general del arreglo y que contraría expresamente la voluntad allí expuesta por los contratantes (Fallos:

305:1011).

V.E. ha sostenido que la doctrina de los actos propios sirve para descalificar ciertos actos que contradicen otros anteriores en tanto una solución opuesta importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (Fallos: 323:3035, considerando 15 y sus citas, entre otros). Desde esa óptica, no es arbitraria la decisión de desestimar la pretensión de la actora sobre la base de invocar tal doctrina, pues en definitiva,

las declaraciones hechas por las partes en el convenio referido, a mi modo de ver, comportaron el reconocimiento de derechos y la asunción de deberes recíprocos, sin que las voluntades aisladas puedan interpretarse con prescindencia de los hechos que les dieron origen, ni haciendo prevalecer párrafos separados para atribuirle al acto efectos que no condicen con el carácter general de la declaración, ni con la voluntad inequívocamente manifestada en ella.

En ese orden de ideas, a mi juicio, deben desestimarse los agravios referidos a que la intención de las partes fue excluir ciertos reclamos resarcitorios y que la reserva formulada, al haber sido aceptada por los organismos competentes debió aplicarse el principio según el cual, existiendo duda debe resolverse a favor de quien no intervino en el contrato, al igual que la prescindencia por el a quo de aplicar el art. 874 del Código Civil, puesto que, sin perjuicio de señalar que dichos argumentos remiten a cuestiones de hecho y de interpretación de derecho común ajenas, por naturaleza, al recurso extraordinario, la cláusula G) contiene una renuncia "expresa" a "todo reclamo" interpuesto por distorsiones en los precios. Tampoco puede admitirse su planteo de arbitrariedad en el proceder del a quo, en cuanto habría resuelto en forma contraria a la posición adoptada en otro fallo del mismo tribunal en una causa que califica de idéntica, por aplicación de la jurisprudencia de V.E. que señala que no abre la instancia extraordinaria el hecho de que la solución acordada se encuentre en contradicción con precedentes emanados de otros tribunales o aún dictados por el mismo tribunal, mientras no se demuestre que los jueces hayan actuado en forma irrazonable o discriminatoria (Fallos:

302:768; 303:1572 y 323:3139).

De cualquier modo, debe recordarse que la aplicación

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Procuración General de la Nación de las normas y de los principios jurídicos pertinentes a las circunstancias fácticas del litigio es facultad privativa de los magistrados competentes para resolverlo, por manera que la doctrina de la arbitrariedad -de carácter estrictamente excepcional- no autoriza a revisar las decisiones que ellos dicten en tanto las mismas no excedan las facultades de apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su ministerio, y cuyo acierto o error no incumbe a la Corte apreciar (Fallos: 302:247 y sus citas).

- IV - En las condiciones descriptas, entiendo que, al no mediar entre lo decidido y las garantías constitucionales cuyo contenido se invoca, la relación directa e inmediata que exige el art.

15 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario, corresponde desestimar la presente queja.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2004.- R.O. BAUSSET Es Copia