Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 4 de Noviembre de 2004, L. 1568. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 1568. XXXIX.

ORIGINARIO

L., M.A. c/ Corrientes, Provincia de y otros (Estado Nacional entre otros) sobre acción de amparo.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

M.A.L., en su carácter de Intendente de la Municipalidad de A. de la Provincia de Corrientes, con domicilio en dicho Estado local, interpuso acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, contra el Estado Nacional y/o Ministerio del Interior, contra el Instituto de Previsión Social (-IPS- entidad autárquica provincial según la ley local 4917), contra el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes y/o contra el Banco de Corrientes S.A. (sucursal La Cruz), con domicilio en la Capital Federal, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del empréstito en CECACOR (Certificado de Cancelación de Obligaciones de Corrientes), que obtuvo R.A.S., en su condición de Interventor del Municipio de A., bajo el régimen instaurado por la ley nacional 25.236, de Intervención a la Provincia de Corrientes (que fue extendida a los municipios de esa jurisdicción por los decretos locales 89/99, 43/00 y 79/00), el que se descontó de la cuenta en pesos a nombre de la Intendencia, abierta en el Banco de Corrientes S.A., sucursal La Cruz, n1 03-1-10089/8.

Cuestionó dicho préstamo en cuanto no se ajustó a las disposiciones de la ley nacional 25.236 y de ley local 4752, Orgánica de M., dado que se celebró el contrato sin contar con la previsión de fondos de amortización, lo cual tuvo como consecuencia que los descuentos se efectuaran de los recursos propios y coparticipables del Municipio.

A su vez, lo impugnó en razón de que se llevó a cabo su cobro a una cotización irreal, equiparándose un peso a un

CECACOR, en vez de realizarse el descuento de la cuenta que posee la Municipalidad en igual moneda en que fue tomado el empréstito, que también tiene en aquél banco (Cta.

Cte.

CECACOR Serie Cn1 003-8-10089/8 y Serie C2 n1 2-003-7-10089/8).

Asimismo, indicó que el Banco de Corrientes S.A., por aplicación de los decretos provinciales 6625/90, 76/92 (modificatorio) y 1068/00, que le fueron comunicados mediante notas por la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno local, hizo una retención indebida de los recursos provenientes del régimen de Coparticipación Federal, desde diciembre de 2001, del 82% del 43 % de los fondos coparticipables a favor del I.P.S. y del 18% a favor del I.O.S.C.O.R.

-Instituto Obra Social de Corrientes- (ambos locales), la que debería recaer sólo sobre los recursos diarios provenientes del régimen de Coparticipación Provincial.

Por lo tanto, adujo que dichas medidas lesionan los derechos patrimoniales del Municipio, en cuanto absorben la totalidad de sus ingresos, impidiendo de este modo el normal desenvolvimiento de la Comuna ante la disminución ilegal de sus recursos necesarios para el cumplimiento de los servicios públicos básicos y el pago de gastos generales, como así también el principio de igualdad, puesto que dicho Municipio conjuntamente con el de La Cruz son los únicos afectados por la situación detallada.

Solicitó una medida cautelar innovativa, en los términos del art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que cesen las retenciones sobre los depósitos y los saldos de los recursos de la Coparticipación Federal, como así también, para que se suspenda la amortización del crédito tomado en CECACOR por el Interventor Federal, medida que fue concedida a fs. 29/31.

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L., M.A. c/ Corrientes, Provincia de y otros (Estado Nacional entre otros) sobre acción de amparo.

Procuración General de la Nación A fs. 134, el Juez Federal, se declaró competente, en razón del territorio y por la materia en debate y, a fs.

253, dispuso la acumulación de los autos "L., M. c/ Estado Nacional y/o Provincial, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos provincial y Banco de Corrientes S.A. s/ amparo" (expte. n1 1-9403/03, también en trámite ante ese Tribunal), a la presente causa, en virtud de la estrecha relación existente entre ambos pleitos.

Allí se indicó que, con posterioridad al 12 de septiembre de 2003 y con fundamento en el decreto provincial 1979/03, las retenciones efectuadas por el Poder Ejecutivo local llegaron a abarcar el 100% de los recursos que le correspondían al Municipio en concepto de Coparticipación Federal y Provincial, en abierta violación de lo dispuesto en el art. 91 de la ley local 5494, Acuerdo Nación-Provincia sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (respaldada por el decreto nacional 1579/02, art.

41, y ratificada por la ordenanza municipal 03/03), en cuanto garantiza que la totalidad de los servicios de la deuda pública no debe superar el 15% de afectación de los recursos municipales provenientes de la coparticipación, en contradicción del propio decreto 1979/03, en tanto no otorga la facultad de retener el 100% de esos recursos, y del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 51 y 123 de la Constitución Nacional.

En virtud de la acumulación efectuada, a fs.

261/264, el J.F. se declaró incompetente, al considerar que el litigio debía tramitar ante la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por resultar demandada una Provincia y el Estado Nacional, y, además, por ser la causa de naturaleza federal.

A fs. 287 vta., se corre vista, por la competencia,

a este Ministerio Público.

-II-

Cabe recordar, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 307:1379; 311:489, 810 y 2154; 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514).

Sentado lo expuesto, entiendo que la cuestión radica en determinar si en el sub lite se presentan dichos requisitos.

En primer lugar, corresponde establecer si la Provincia y el Estado Nacional, nominalmente demandados, son parte sustancial en el proceso, es decir, si tienen en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte les resulte obligatoria (Fallos: 322:190; 323:2982, entre otros), toda vez que, de ser ello así, la causa podría tramitar ante la instancia originaria de la Corte, ratione personae.

Para que ello suceda, dicho carácter debe surgir de manera manifiesta de la realidad jurídica que se invoca, dado que de otro modo quedaría librado al resorte de los litigantes la determinación de la competencia originaria de la Corte, siempre que pudiesen encontrar un mínimo punto de conexión que les permitiese vincular al Estado Nacional con una Provincia.

Asimismo, es dable poner de resalto que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y

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L., M.A. c/ Corrientes, Provincia de y otros (Estado Nacional entre otros) sobre acción de amparo.

Procuración General de la Nación exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos:

314:94; 318:1837; 322:1514; 323:1854).

-III-

En el sub lite, según se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs.

24/27, 199/202 y 222/224), la situación litigiosa que plantea el actor tuvo su origen en un contrato de carácter local -empréstito en CECACOR- y en varios actos de igual naturaleza -retenciones de los recursos coparticipables- que lo vinculan, a mi entender, con la Provincia demandada, en cuanto fueron efectuados tanto por el gobierno de la intervención federal como por el gobierno local constitucional posterior, y no así por el Estado Nacional.

En cuanto a éste último, se limitó a alegar, de manera genérica, que "...el Estado Nacional no sólo prolonga su control frente a un gobierno municipal autónomo, legítimamente constituido sino que continúa avasallando los derechos y garantías constitucionales pretendiendo cobrar el crédito ilegítimo otorgado en CECACOR por medio de descuentos en pesos a una cotización irreal..." y que "...la irregularidad que se destaca se originó en actos del gobierno de la Intervención Federal a la Provincia, siendo estas consecuencias directas de dicho accionar...".

Al respecto, cabe recordar que es doctrina del Tribunal que los actos de los interventores federales en una provincia no pierden su carácter local en razón del origen de la investidura de dichos funcionarios (208:497; 263:539; 270:346 y 410; 300:615, entre otros), aún cuando éstos sean

representantes directos del Gobierno Nacional, respecto del cual asumen la condición de agentes (Fallos: 323:711 y sus citas), es decir que no son funcionarios de las provincias, pues sustituyen a las autoridades locales y ejercen las facultades que la Constitución Nacional, la provincial y las leyes respectivas les reconocen (Fallos: 297:384; 314:1437).

Debido a que tales actos no pierden su naturaleza local, pienso que es la Provincia de Corrientes quien resulta sustancialmente demandada en el pleito y que por lo tanto nada autoriza a dirigirse por ese evento contra el Estado Nacional, al no revestir el carácter de titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, por lo que entiendo que no tiene un interés directo en la causa y, en consecuencia, no es parte sustancial en la litis (confr. in re E.224, XL, PVA, Estado Nacional s/ su presentación en autos:

"Quintela, R.C. intendente de la ciudad capital de la Provincia de La Rioja c/ Estado Nacional s/ acción de amparo", del veinticuatro de agosto de 2004).

Sentado el carácter local de los actos que se pretenden impugnar, corresponde también dejar en claro que el planteamiento que efectúa la comuna tampoco se funda exclusivamente en normas de carácter federal, como lo requiere una antigua jurisprudencia de la Corte para que proceda su instancia originaria (Fallos: 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279), sino que por el contrario, además de fundar su pretensión en artículos de la Constitución Nacional y en una ley nacional, invoca leyes locales y una ordenanza de igual naturaleza y es sabido que la eventual necesidad de hacer mérito de ellas obsta a la radicación de la causa ante este Tribunal (Fallos: 249:165; 314:620 y 810).

En consecuencia, pienso que el proceso debería tramitar ante la Justicia de la Provincia de Corrientes, en vir-

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L., M.A. c/ Corrientes, Provincia de y otros (Estado Nacional entre otros) sobre acción de amparo.

Procuración General de la Nación tud de que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales requiere que sean los jueces locales los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de esa naturaleza, sin perjuicio de que las de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado en el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas).

En tales condiciones, opino que la acción de amparo intentada es ajena a la instancia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2004 R.O.B.