Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 8 de Marzo de 2004, P. 2364. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

P. 2364. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Plásticos Silvatrim S.A. s/ quiebra s/ inci- dente de subasta.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvió a fs. 646/647 de los autos principales (folios a los que me referiré de ahora en mas) declarar de oficio la nulidad de la subasta realizada en autos, ordenó devolver las sumas abonadas a los compradores y dispuso una nueva subasta del bien de la fallida.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, el tribunal consideró, que dicho remate, había sido dispuesto sin mayores precisiones; que medió en el caso una actuación deficitaria del martillero actuante, quién fijó la base correspondiente en forma absolutamente arbitraria y utilizando argumentos que no coincidían con las características del bien subastado.

Agregó que además el síndico prestó su conformidad sin mayores elementos de apreciación y sin atender a las discordancias existentes entre lo informado por el martillero y lo que surgía de las constancias de autos, incumpliendo con las funciones que le asigna la ley de concursos.

Puso de relieve que tampoco se cumplieron extremos exigibles en la constatación que deben efectuarse antes del remate, la que aparece sin la claridad necesaria e imprescindible para un acto de tal naturaleza, motivo por el cual considera que, mediando irregularidades de trascendencia, y tales como determinar en forma previa la titularidad de la parcela 27 del inmueble, si esta constituía un todo inescindible con el resto del inmueble integrando una unidad productiva industrial a los fines del artículo 204 de la ley 24.522, corresponde disponer la nulidad de la subasta realizada en el juicio.

- II -

Contra dicha resolución los compradores del inmueble interpusieron recurso extraordinario a fs.657/663, el que desestimado a fs.672, dió lugar a esta presentación directa.

Señala el recurrente que la sentencia es arbitraria y por ello debe ser dejada sin efecto, ya que constituye un mero acto de voluntad incompatible con el adecuado servicio de justicia, al exceder la decisión el marco de la cuestión planteada que fue materia de los agravios articulados en la apelación.

Agrega que el recurso tenía como fin resolver si se debía inscribir o no a nombre de los compradores la parcela 27, y el tribunal decretó la nulidad de la subasta, aspecto éste que no habrá sido motivo de apelación, ni planteado en el proceso por ninguno de los intervinientes o decidido por el juez de la causa.

Destaca que la subasta fue aprobada, se pagó el saldo de precio, se entregó la posesión y se inscribió el dominio de la parcela 26, todos actos que se encuentran firmes y hacen cosa juzgada al respecto. La decisión del tribunal vino a afectar dicho instituto, despojando a los legitimos adquirentes luego de dos años de hallarse a su nombre el inmueble vendido, violentando los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional que ampara de modo directo los derechos afectados.

Señala asimismo que la sentencia de Cámara no respeta el principio de congruencia y viola expresamente los artíulos 34, inciso a y 163 inciso 61 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Pone de relieve que la apelación estaba dirigida a que se corrigieran errores en que se habría incurrido en primera instancia, y por el contrario en lugar de corregirlos se castiga al apelante con una decisión que no se compadece con

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Procuración General de la Nación las constancias de la causa, resolviendo además, fuera del marco de su competencia, cuestiones que no estaban planteadas.

Se agravia también el apelante porque el fallo del tribunal no se expide sobre la cuestión que fue motivo de apelación, donde debía establecer si correspondía ordenar la inscripción de la titularidad de la parcela 27, única motivo traído en discusión en el recurso, señalando al respecto, que se había pagado el precio y otorgado la posesión de dicha parcela, la que se ejercía desde hace dos años y a la que sólo le faltaba cumplir con la inscripción formal de la titularidad a nombre de los compradores.

- III - Corresponde señalar de inicio que si bien el recurso extraordinario, no tiene por objeto, revisar decisiones que son propias del ejercicio de facultades de los jueces de la causa, relativas a la apreciación de circunstancias de hecho e interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y común, no es menos cierto que ha hecho excepción a tal criterio, cuando la decisión del tribunal, carece de los requisitos mínimos que la sustenten como acto jurisdiccional y generen agravios a derechos y garantías constitucionales de imposible o insuficiente reparación ulterior.

También ha señalado de modo reiterado que si bien lo concerniente a los alcances de la cosa juzgada, es materia ajena por principio, a la instancia del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicho principio, cuando por vía de una interpretación y ponderación de las constancias relevantes del expediente, la decisión se extiende apartándose de resoluciones firmes recaídas en la causa.

Creo que en el caso se configura tal situación, en virtud de que el a-quo, haciendo abstracción de principios procesales y constitucionales de ineludible aplicación en el

caso, en el marco de los cuales debía ejercer su capacidad jurisdiccional, dicta una resolución que excede la competencia habilitada por el recurso de apelación de los compradores.

En efecto, la cuestión sometida a tratamiento del tribunal por el recurso de los compradores, era resolver en definitiva, si la subasta realizada en autos también comprende la parcela 27 del inmueble en cuestión o sólo la numero 26, en virtud de que la primera de ellas no fue referenciada en la constatación previa, en la publicidad de la subasta, ni en el boleto de compraventa (ver. fs. 528/530).

Por otra parte, se desprende de las actuaciones, que se tuvo por oblado el precio de compra del inmueble, se dispuso y otorgó la posesión del mismo a los compradores el 10 y 29 de junio de 1999 respectivamente (ver fs.446 y 466), que se inscribió el dominio de la parcela 26 a su nombre (ver fs.512 a 527), circunstancias estas que no merecieron objeción alguna en autos, de parte del martillero, síndico, ni de terceros y dieron lugar a la aprobación de la subasta por el tribunal de primera instancia. Ello otorgó al acto carácter de cosa juzgada en cuanto a la venta de la parcela identificada como 26, antecedente que impedía su modificación, so pena de afectar los derechos adquiridos de los peticionantes compradores.

Surge también de las constancias de autos que la cuestión traída en la apelación ante la alzada, se suscita con posterioridad a dichos actos y que el recurso de los compradores, se interpuso contra la decisión del tribunal de primera instancia de no admitir la inscripción de la parcela 27, la que insisten se habría vendido en la subasta ordenada en autos, única cuestión ésta, sobre la que reitero, debía expedirse el tribunal, en virtud de que eran los agravios traídos por el apelante.

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Procuración General de la Nación Por dicha razón, la decisión asumida por el tribunal a-quo no sólo omitió el tratamiento de las cuestiones traídas a su conocimiento, sino que excedió el límite propio de su potestad jurisdiccional otorgada por la apelación, afectando decisiones firmes y una situación procesal y sustancialmente consolidada, lo cual sin dudas causa grave lesión a los principios de la cosa juzgada, al principio de preclusión, y por tanto a la defensa en juicio y los derechos de propiedad de los recurrentes y descalifica la decisión en los términos y alcances de la doctrina de la arbitrariedad acuñada por V.E.

Lo expuesto no importa anticipar opinión en cuanto a la admisibilidad del reclamo de transferencia del dominio de la parcela 27, cuestión cuya dilucidación queda a cargo de los jueces de la causa.

Por ello opino que, V.E. debe hacer lugar a la presente queja, conceder el recurso extraordinario interpuesto, revocar la resolución y mandar se dicte por quien corresponda una nueva sentencia ajustada a derecho.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2004.- F.D.O.