Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29 de Junio de 2004, C. 742. XXXIII

Actor:Coco, Fabian Alejandro
Demandado:Buenos Aires, Provincia De y Otros
Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 742. XXXIII.

ORIGINARIO

C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 29 de junio de 2004.

Vistos los autos: "C., F.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 20/31 se presenta por medio de apoderado F.A.C. e inicia demanda contra F.R., el Estado Nacional (Prefectura Naval Argentina C Destacamento Reforzado Quilmes), contra la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Quilmes y/o quien resulte propietario y/o poseedor y/o tenedor y/o usuario y/o usufructuario y/o civilmente responsable por los daños causados por y con el bote semirígido con aptitud para vuelo, matrícula Prefectura 2234 Quil.

Dice que el 24 de setiembre de 1995, en horas de la tarde, mientras se encontraba en la zona ribereña de la localidad de Quilmes disfrutando de un día de esparcimiento en el balneario municipal que se extiende paralelamente a la avenida C., observó que sobrevolaba la zona una aeronave de características muy particulares a bordo de la cual se encontraban el piloto y un pasajero. Desde tierra pudo apreciar que en la parte inferior de la aeronave aparecía sobre un fondo blanco la palabra "paseo" escrita en grandes letras de color negro.

Atraído por la posibilidad de efectuar un vuelo se dirigió a la playa que se encuentra a pocos metros del destacamento de la Prefectura ya que en ese lugar la aeronave operaba en maniobras de decolaje y acuatizaje y era allí donde se encontraba su titular y se estacionaba entre cada salida. Tomó entonces contacto con el demandado R., quien le ofreció la posibilidad de realizar un viaje, para lo cual le indicó que debía esperar aproximadamente treinta minutos puesto que tenía que cambiar la hélice que hasta ese momento estaba usando.

Después de un breve lapso el demandado lo invitó a ingresar a bordo sin darle más indicaciones que las concernientes a los lugares en los que debía pisar y al uso del cinturón de seguridad. Ante su requisitoria C. el actorC le manifestó "que no habría ningún problema, que era muy seguro".

Dice que se introdujo en la nave y que tomó asiento en la parte posterior colocándose el cinturón de seguridad. El asiento o butaca se encontraba a una altura superior con respecto al del piloto que estaba situado en la parte delantera y a escasos veinte o treinta centímetros por delante del motor de la aeronave del cual emergía hacia atrás el eje que hacía girar la hélice. Estos elementos y en especial la hélice que giraba a altísimas revoluciones a pocos centímetros de la espalda del pasajero, no contaban con ningún tipo de protección o cobertura sino que, por el contrario, estaban totalmente al descubierto aumentando de modo considerable la peligrosidad que de por sí tienen los elementos de ese tipo máxime cuando funcionan excesivamente cerca de las personas y aún más, en este caso, tratándose de pasajeros inexpertos.

Dice que una vez todo dispuesto, el conductor hizo desplazar la nave por las aguas del Río de la Plata hasta que alcanzó la velocidad necesaria para decolar y que ya en el aire fue ascendiendo hasta alcanzar una altura aproximada de cincuenta metros, siempre sobrevolando el río de espaldas a la costa. Después de unos pocos minutos CcontinúaC el piloto hizo girar la nave ciento ochenta grados y la dirigió hacia la zona de ribera y, mientras sobrevolaba la zona del Club Náutico, entre el destacamento de Prefectura y el Club Pejerrey, viró en contra del viento, lo generó una especie de temblor o cimbronazo que por lo fuerte y repentino descolocó al actor que se encontraba relajado disfrutando del paseo. Ese brusco movimiento sacudió su cuerpo y a causa de ello su mano derecha

C. 742. XXXIII.

ORIGINARIO

C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación fue succionada por el vacío provocado por la hélice al intentar mantenerse en equilibrio y sujetarse nuevamente de la nave. Ello ocasionó un gran ruido que hizo que el demandado se diera vuelta para ver que había pasado pero no pudo observar nada por lo que siguió conduciendo hasta que el actor golpeó su casco y le mostró la mano lesionada.

Ocurrido el infortunio el piloto hizo acuatizar la nave a unos doscientos metros de la orilla y ante su retardo en desplazarse hacia la playa, se vio en la necesidad de arrojarse al agua y caminar en busca de auxilio. Cuando llegó a la guardería náutica "Malibet" donde estaban sus familiares y amigos, un médico allí presente comprobó la gravedad de las lesiones y se comunicó con el Sanatorio Modelo Quilmes S.A. donde fue atendido constatándose la amputación parcial de la falange distal del dedo anular y del mayor y la del dedo índice a la altura de la falange proximal. Estas lesiones, su alcance y consecuencias, constan en el informe médico elaborado por el doctor G.G.M. que acompaña.

Dice que el daño sufrido ha alterado su vida, afectando su integridad física y espiritual y ocasionándole importantes gastos. Por ello reclama por el daño físico y el moral, los gastos de atención médica y psicológica y los de farmacia. También demanda el daño estético.

Expone los fundamentos de la responsabilidad del demandado R. basada en los daños causados con una cosa riesgosa lo que hace aplicable al caso el segundo párrafo del art.

1113 del Código Civil y en la carencia de habilitación de la nave y del propio piloto. Asimismo atribuye responsabilidad a los entes estatales que CsostieneC no han ejercido idóneamente el poder de policía de seguridad que a cada uno le competía.

II) A fs. 39/41 comparece la Municipalidad de Quilmes. Realiza una negativa de carácter general y plantea la

falta de legitimación pasiva a su respecto. En ese sentido sostiene que del juego armónico de los arts. 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente en la Provincia de Buenos Aires se desprende que no existe jurisdicción del municipio que pudiera comprometerlo en un caso como el de autos, producido en un ámbito ajeno al poder de policía comunal.

III) A fs. 153/160 se presenta la Prefectura Naval Argentina.

Plantea en primer término la excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que el espacio aéreo en el cual aconteció el accidente sufrido por el actor no está bajo la jurisdicción de ese organismo. A tal fin no sólo hace mérito de los propios dichos de la demanda sino de lo dispuesto por la ley 18.398, que delimita el ámbito de actuación exclusiva y excluyente de la Prefectura.

En cuanto al fondo de la cuestión, reconoce el accidente, que el vehículo era conducido por F.R. y que aquel se habría producido en vuelo sobre el Río de la Plata.

Asimismo que el actor abonó un arancel al citado codemandado lo que motivó la apertura de un sumario administrativo. Niega las restantes afirmaciones contenidas en la demanda.

IV) A fs. 190/199 contesta la Provincia de Buenos Aires. Opone la excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que no hay antijuricidad de conducta que le sea imputable y porque, además, la provincia transfirió en su momento, por medio del convenio aprobado por el decreto 2847/77, la administración, explotación y el uso y goce de las playas ribereñas como asimismo la respectiva jurisdicción a la Municipalidad de Quilmes.

Cita la jurisprudencia de este Tribunal a partir del caso seguido contra la provincia por M.E.R. y otros, sentencia del 7 de noviembre de 1989

C. 742. XXXIII.

ORIGINARIO

C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 312:2138), y en cuanto al fondo del debate realiza una negativa de carácter general, cuestionando el comportamiento del actor que asumió los riesgos de la actividad deportiva en la que participó. Impugna el monto de los reclamos efectuados.

V) A fs. 223/239 contesta F.R.. Expone una negativa de carácter general respecto de los hechos relatados en la demanda y rechaza las indemnizaciones pretendidas. Opone, también, la prescripción del art. 855 del Código de Comercio aplicable en el supuesto de entenderse que medió un contrato de transporte.

Niega que la nave sea una cosa peligrosa y que sea aplicable la segunda parte del art. 1113 del Código Civil.

También que la hélice del aparato constituya la causa del supuesto daño puesto que no está colocada a escasos centímetros de la posición del acompañante sino a 0,75 m. Además CafirmaC entre dicha hélice y el acompañante se interponen como cobertura el motor y el caño de escape, tal como surge de la prueba instrumental, las fotografías y el video acompa- ñados, que demuestran que el bote semirígido no es ni más ni menos que un aparato deportivo con similitudes al ala delta o al planeador. Por lo tanto, la afirmación de que sea una cosa riesgosa es falsa. Rechaza la invocada falta de habilitación para volar y que el aparato careciera de ese recaudo. Dice que no lo utilizaba con fines lucrativos y niega que haya cobrado al actor por el vuelo.

Destaca la conducta temeraria del demandante.

Recuerda sus antecedentes en la práctica deportiva para la cual cuenta con los registros respectivos, y se refiere a las características del flying boat para resaltar su seguridad al punto que no existen antecedentes en el mundo de accidentes producidos por el aparato, que es de construcción

italiana.

Hace referencias al vuelo realizado con C. y dice que le explicó con precisión cómo sentarse y comportarse, ajustándole el cinturón de seguridad. Expone que el vuelo era normal hasta que comprobó que el actor se movía de manera brusca, forzada e inédita según su larga práctica y que cuando advirtió que tenía su mano ensangrentada acuatizó. En esas circunstancias se ofreció a acompañarlo sin obtener respuesta favorable. Agrega que visitó al demandante en el Sanatorio Quilmes y que en esa oportunidad éste reconoció su imprudencia, señalando que en su afán de saludar a sus amigos en tierra se había puesto de costado forzando el cinturón y estirando el brazo de tal manera que sus dedos habían golpeado las paletas de la hélice.

Cuestiona la pretendida succión provocada por este elemento y reitera la conducta temeraria del actor que lo convirtió en víctima del riesgo asumido (si lo había, aclara). Reitera que el bote no es una cosa riesgosa y que se trata de una embarcación deportiva y afirma que la culpa fue de C..

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que corresponde en primer lugar estudiar la falta de legitimación pasiva planteada por la Prefectura Naval, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes.

  3. ) Que la carencia de legitimación se configura cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión con prescindencia de que esta tenga o no fundamento (Fallos 310:2943; 324:1838; causa E.74.XXXV. "Estado Nacional C Estado Mayor General del Ejército c/ Misiones, Provincia de s/ inconstitucionalidad",

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunciamiento del 21 de noviembre de 2000 y sus citas).

  4. ) Que resultan plenamente aplicables al sub lite las conclusiones vertidas en Fallos:

    312:2138 y 313:1636, reiteradas en fecha más reciente en Fallos: 323:305 y 318. En efecto, el actor atribuye la responsabilidad en la omisión del deber de seguridad al que están obligados los distintos órganos estatales demandados. "En síntesis" C. en su alegato a fs.

    733 vta.C "ninguna autoridad pública nacional, provincial o municipal ha ejercido efectiva e idóneamente el poder de policía de seguridad a fin de prevenir el accionar del codemandado R.".

    Expresado el reproche en términos tan genéricos cabe recordar C. se dijo en el primero de los casos citadosC que "el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado "no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarla tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa" (ver considerando 5°).

  5. ) Que tal conclusión del considerando anterior, si bien apropiada para definir la situación de la provincia demandada y la de Municipalidad de Quilmes no resulta extensible al caso de la Prefectura Naval Argentina.

    En su defensa esta repartición se apoya en que el hecho por el cual fue traída a juicio se produjo en el espacio aéreo ámbito ajeno a su jurisdicción.

    Para sostener tal postura, la repartición se limita a aquella afirmación dogmática y a reproducir las partes pertinentes de la ley 18.398.

    Pero es del caso señalar que la presunta omisión en el ejercicio del poder de policía de seguridad que se le imputa consiste en la inobservancia de los recaudos que debía exigir al bote semirígido propiedad de R., que operaba habitualmente en las márgenes del Río de la Plata, a corta distancia de las instalaciones del Destacamento Quilmes y utilizando para su despegue las aguas ribereñas (ver fs. 68 vta., 76 vta., 84 vta. del expediente administrativo Q 20.127, posiciones del codemandado R. y declaraciones testimoniales de fs.

    356/359, 360/362, 364/368, 369/371 y 372/374 de estos autos).

    Cabe consignar, no obstante, que los datos más concluyentes sobre el punto los da la circunstancia de que la Prefectura haya habilitado el aparato para la navegación acuática (única habilitación que tenía ya que carecería de la aérea, ver fs. 78 vta. y 79 del sumario y 472 de esta causa), que, según el codemandado R., ese día se hiciera presente ante la autoridad marítima "a los efectos de obtener el rol de salida de la aeronave" (fs. 76 de las actuaciones administrativas) y que pidió autorización a la Prefectura para efectuar vuelos (fs. 353 de estos autos). Por último asume relevancia el comportamiento de ese organismo que sólo en la convicción de que el caso correspondía a su jurisdicción pudo instruir el sumario en el cual aplicó una sanción pecuniaria a R.. Admitir lo contrario importaría reconocer que el acto administrativo pertinente fue dictado contrariando el principio de legalidad y afrontando el riesgo de su nulidad (arts. 7° inc. a y 14 inc. b de la ley 19.549).

  6. ) Que corresponde, asimismo, decidir sobre la prescripción opuesta por el codemandado R. con fundamento en el art. 855 del Código de Comercio para el supuesto de que "se considerara el caso encuadrado en los términos del contrato de

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación transporte" (fs. 238/239).

    El hecho que dio origen a estas actuaciones puede ser comprendido como una actividad aeronáutica destinada a ofrecer vuelos calificables como de "bautismo" a terceros, aun cuando no pudiese considerarse una operación de transporte por no importar el traslado de un lugar a otro, y ha de reglarse por analogía según las normas correspondientes a los supuestos ordinarios del transporte aéreo (confr.

    V. Escalada, F., "Derecho Aeronáutico", tomo IV-B págs. 798 y 811).

    Este marco legal conlleva la aplicación del plazo de prescripción anual del art. 228 del Código Aeronáutico, que se encontraba vencido al tiempo de entablar la demanda. Por ello, corresponde admitir la excepción de prescripción opuesta por el codemandado R..

  7. ) Que en cuanto al fondo de la cuestión, resultan particularmente relevantes los antecedentes del sumario instruido por la Prefectura y las conclusiones del peritaje técnico de los que se desprende la responsabilidad de aquella repartición.

    Resulta conveniente señalar que el bote semirígido estaba habilitado para la navegación acuática y que, si bien quien lo conducía, contaba con una habilitación para la aeronavegación, aquel artefacto carecía de ella toda vez que no tenía matrícula (fs. 97 y 322) y no había sido "clasificado ni homologado por la Dirección Nacional de Aeronavegación" (ver peritaje, fs.

    472).

    No obstante ello, se operaba con habitualidad (ver fs. 76, 352/353, 369 vta.) hasta el momento del accidente que motivó la instrucción del sumario. En estas actuaciones, la Asesoría Técnica informó que la embarcación "no contaba con la mínima indicación de la presencia de la hélice descubierta" y señalaba "el peligro potencial que ello significaba" (fs. 121), lo que motivó que se le formularan

    cargos por no adoptar las "medidas básicas de seguridad, al no colocar a bordo aviso o señal luminosa en donde exista peligro de producir accidentes, arriesgando con ello la integridad física de un transportado" (fs. 125/127).

    Por su parte el informe pericial de fs. 386/390 y su ampliación de fs. 472/476 contiene conclusiones importantes. A fs.

    387 la ingeniera aeronáutica Sosa describe las características del bote semirígido o "Flying boat" destacando que "la distancia medida entre la hélice y la posición normal (perpendicular) del acompañante (entre el centro del plano de giro de la hélice y el punto medio del plano vertical del asiento del acompañante) es de 65 centímetros".

    En determinadas situaciones, por ejemplo si el acompañante moviese el brazo para saludar o realizara otra maniobra parecida, "fácilmente el conjunto brazo-mano...[podría ser] llevado hacia atrás a causa de la magnitud de la presión dinámica", la que depende directamente de la velocidad relativa entre el aire y el aparato en cuestión y no de la succión de la hélice (fs. 387/388). La experta destaca, también que si en reiteradas oportunidades el artefacto fue usado en vuelos con acompañante ello indicaría su aptitud (fs. 389).

    A fs. 472/476 la experta realiza otras consideraciones. Entre ellas, que el flying boat no ha sido certificado ni homologado por la autoridad aérea, que en las condiciones que se describen en la demanda el brazo del actor pudo haber sido empujado hacia la hélice por efecto de la presión dinámica (fs. 473) y, finalmente, que entiende "imprescindible una protección (probablemente un enrejado) adecuada entre la hélice y el asiento del acompañante a fin de evitar la posibilidad de un accidente debido al riesgo intrínseco del movimiento de una hélice" (fs. 476). Antes había aludido a los "protectores enrejados que se colocan en las proximidades de

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación toda máquina rotante" citando como ejemplo las que se usan en "los aparatos que se desplazan en los pantanos de los EE.UU., donde la hélice lleva una clara protección para evitar accidentes de este tipo" (fs. 390) cuya similitud con el bote semirígido admitió el propio R. en el acápite "n" de fs. 232 vta. Tales afirmaciones si bien no ponen en tela de juicio la aptitud para el vuelo del bote semirígido, indican con suficiente certeza que ante la presencia de un elemento rotante C. suyo peligrosoC correspondía adoptar recaudos compatibles con las condiciones de seguridad necesarias para el acompañante que no se han observado. Por último, es del caso señalar que en modo alguno se ha acreditado la conducta "temeraria" atribuida a C. (ver fs. 228/229) que, por lo demás no fue siquiera insinuada en la primera declaración efectuada en el sumario administrativo (ver fs. 76/77).

  8. ) Que la responsabilidad de la Prefectura surge de la omisión del deber de seguridad que le imponía el ámbito jurisdiccional en el cual operaba el aparato. El organismo tenía pleno conocimiento de las actividades, al punto que C. se ha dichoC ese día se realizaron ocho viajes que partieron de las cercanías del Destacamento Quilmes, extremo que, por otra parte, no fue desconocido en la contestación. La evidencia del hecho, reiterado como se ha visto, debió mover a los integrantes de ese destacamento a indagar sobre la existencia de habilitación por parte de la autoridad competente para que el artefacto realizara los vuelos. Por otro lado, si entendió que existían razones para imponer una sanción por la omisión del deber de seguridad de parte del propietario del vehículo, es obvio que una verificación oportuna Cy no posterior al accidenteC pudo advertir sobre los riesgos que luego sirvieron para fundamentar la sanción. No debe olvidarse, además, que el bote debía necesariamente utilizar

    como condición previa al despegue el espacio acuático en el cual la Prefectura tenía un pleno poder de policía y que, según el testigo B. ofrecido por el codemandado R.C. afirma a fs. 586 haber volado en más de una oportunidadC "no existe la posibilidad de que la Prefectura ignorara que el señor R. hacía esta actividad" (fs. 587).

    Por otro lado, cabe señalar que con posterioridad al accidente la Prefectura dictó las directivas que corren a fs.

    632 vta., orientadas a la reglamentación de la actividad de los botes semirígidos. Una de ellas disponía "que a los fines de la seguridad, durante el vuelo, el piloto deberá mantener una separación prudencial de cualquier artefacto acuático, horizontal y vertical, a fin de no poner en riesgo la integridad física a terceros" (directiva d) en lo que parece un tardío reconocimiento de los riesgos de la navegación del artefacto.

  9. ) Que establecida entonces la responsabilidad antedicha, corresponde fijar los montos de la indemnización.

    Para ello debe tenerse en cuenta que el actor contaba al momento del accidente con 22 años de edad y que cursaba estudios universitarios en la carrera de bioquímica (ver fs.

    297) gozando de una beca estudiantil para realizar entrenamiento en un laboratorio de fertilización in vitro, microcirugía celular y genética molecular (fs. 305).

    A fs. 421/422 obra el peritaje del especialista en ortopedia y traumatología, doctor H.A.B., quien confirma que el actor sufrió la amputación del sector medio de la falange media del dedo índice derecho, como asimismo la del dedo mayor a nivel de la falange distal. En cuanto al dedo anular derecho, la amputación se manifiesta en el sector distal de la última falange con acortamiento del dedo en 7 mm.

    Los tres dedos presentan dolor al nivel de los muñones y

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación limitaciones funcionales que, entre otras, afecta la fuerza de la pinza digital entre el pulgar y el índice y disminuyen la fuerza de prehensión en la mano. Agrega que la mano derecha presenta una deformación que configura un daño estético y que el actor es diestro.

    En la respuesta al pedido de explicaciones el perito ratifica su dictamen, reitera que C. presenta dolores en la zona afectada, que pueden variar en su intensidad ante diversas exigencias, e informa que a los tres meses del accidente pudo reanudar sus tareas con limitaciones (fs. 489/490).

    En otro campo, la perito psicóloga designada de oficio señala que el "daño psíquico" del actor "afecta sus capacidades afectivas, familiares, intelectuales, sociales y laborales, como así también sus proyectos vitales" y que aquél "se expresa por una incapacidad parcial y permanente de grado moderado del 25% (Desarrollo reactivo)" (fs. 419, el subrayado pertenece al Tribunal).

    Esta Corte ha establecido que "cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos:

    315:2834; 321:1124; 322:1792).

    Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados el la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de refe-

    rencia, sino que deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (Fallos: 320:1361).

    Sobre la base de estas pautas, cabe fijar por este concepto la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000).

    10) Que el actor reclama indemnización por la pérdida de la chance, pues las lesiones sufridas le ocasionarían un importante daño futuro ya que, para el ejercicio de su profesión, es "esencial el pleno y perfecto dominio de sus manos, del que adolece por causa del accidente" (fs. 23 de la demanda).

    Al respecto se señala que así planteada, la pretensión Cpérdida de ganancias futuras por la lesión físicaC queda comprendida en la incapacidad permanente que ha sido objeto de reconocimiento en el considerando precedente.

    11) Que también pretende indemnización por daño estético.

    Sobre el punto, este Tribunal ha dicho que el daño o lesión estética no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso; y dado que no hay indicios de que el sufrido por C. provoque o haya provocado perjuicios patrimoniales, será considerado al establecer el daño moral (Fallos: 321:1117).

    12) Que el actor reclama también por el daño psíquico. Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 321:1124; 322:1792; S.36.XXXI. "S. y B., J.R. c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 27 de mayo de 2003). De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la in-

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación capacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso.

    En ese contexto, y de acuerdo con el resultado del informe de la perito en psicología, L.T., obrante a fs. 414/420, no corresponde admitir ese rubro indemnizatorio.

    Sí, es indemnizable el daño moral. Para establecer su monto debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima, por lo que se lo fija prudencialmente en la suma de $ 60.000, monto que abarca Cconforme con lo expresado en el considerando 11C el correspondiente por la lesión estética sufrida.

    13) Que en cuanto a los gastos médicos y farmacéuticos, corresponde señalar que el costo total de las prestaciones suministradas por el Sanatorio Modelo Quilmes S.A. susceptibles de reconocimiento ascendió a $ 801,50, toda vez que las restantes expensas por un valor de $ 2.300 fueron facturadas a la obra social respectiva. A ello deben agregarse otros gastos que no requieren comprobación, como son los de farmacia.

    Parece prudente pues, fijar por este ítem la suma de $ 5.000.

    En relación a los gastos afrontados por el actor por haber recibido atención psicológica durante el lapso septiembre 1995-abril 1996, a razón de dos sesiones por semana a un costo de $ 70 cada una (certificado de fs 14, emitido por el doctor C.A.G., consultor técnico del actor, e informe de fs. 424), cabe reconocer la suma de $4.480.

    A esta suma debe adicionarse la de $ 14.400 que se fija por el tratamiento recomendado por la perito psicóloga, que insumirá "un mínimo de tres años con una frecuencia de dos

    sesiones semanales a un costo promedio de $ 50 la sesión" (fs.

    419 cit.).

    14) Que, de tal manera, la indemnización total asciende a la suma de $ 144.681,50. Los intereses se deberán calcular a partir del 24 de septiembre de 1995 Cdía del accidenteC. Dichos accesorios deben ser computados a partir de la notificación de la presente en lo que se refiere a la suma de $ 14.400 correspondiente al tratamiento psicológico recomendado por la perito de oficio.

    Por ello, se decide: I.- Rechazar los reclamos interpuestos contra la Provincia de Buenos Aires y contra la Municipalidad de Quilmes. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); II.- Hacer lugar a la prescripción opuesta y, en consecuencia, rechazar la demanda con relación a F.R.; III.- Hacer lugar a la demanda seguida contra el Estado Nacional, condenándolo a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de $ 144.681,50 con más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando precedente. Con costas (art. 68 ya citado). Notifí-

    C. 742. XXXIII.

    ORIGINARIO

    C., F.A. c/ Buenos Aires, Pro- vincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Naciónquese, devuélvase el expediente acompañado y, oportunamente, archívese. E.S.P. -A.C.B. -A.B. -A.R.V. -J.C.M. -E.R.Z..