Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Junio de 2004, M. 56. XL

Actor:Moline o´connor Eduardo
Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 56. XL.

RECURSO DE HECHO

Moliné O´Connor, Eduardo s/ su remoción.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 1° de junio de 2004.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Moliné O´Connor, Eduardo s/ su remoción", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que, el doctor Eduardo José Antonio Moliné O´Connor interpuso la presente queja, por habérsele denegado el recurso extraordinario que dedujo contra la decisión del Senado de la Nación (Res. DR-1116/03), de fecha 3 de diciembre de 2003, por la que se lo destituyó del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causal de mal desempeño.

Sostiene el recurrente que ha sido violado su derecho de defensa en juicio y que se ha desconocido la garantía constitucional del debido proceso.

2°) Que, en razón de la importancia y gravedad institucional que presenta la causa traída a conocimiento y decisión de esta Corte, se considera insoslayable, desde el inicio, situar la cuestión sub examine en el marco de los principios, reglas y mandatos constitucionales bajo cuya vigencia deberá ser resuelta. En primer lugar, resulta necesario partir del principio de división de poderes que es cardinal en nuestro sistema constitucional y en cuya virtud el poder estatal ha quedado dividido en tres grandes departamentos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si bien, bajo la supremacía de la Constitución, cada uno de los poderes tiene asignada una función esencial (ejecutar, legislar y juzgar), también es exacto que cada uno de ellos ha sido dotado de un preciso catálogo de atribuciones, facultades y deberes, que deben añadirse a la función esencial asignada. En tal sentido, interesa destacar a los fines de la causa, que nuestra Constitución le ha otorgado al Congreso de la Nación la potestad de llevar adelante el juicio político del presidente y vicepresidente de la Nación, del jefe de gabinete de

ministros, de los ministros y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts.

53, 59, 60 y concordantes de la Constitución Nacional). Por otra parte, nuestra Constitución le ha reservado a la Corte Suprema el rol de intérprete final de la Constitución Nacional (Fallos:

1:340) y le ha impuesto el deber de controlar la validez constitucional de los actos de los otros dos poderes (arts.

116 Constitución Nacional y 14, ley 48), sin que ello implique autorizarla a avanzar en la esfera de sus atribuciones propias.

3°) Que, si bien la atribución y potestad del Congreso de la Nación para llevar adelante el enjuiciamiento de un miembro de la Corte Suprema no puede ser puesta en cuestión, si es debatido el asunto relativo a la naturaleza y función del Senado de la Nación en su rol de órgano emisor de la resolución por la que se destituye o absuelve al magistrado enjuiciado. La discusión gira en torno de determinar si el Senado actúa como un "tribunal de justicia" o como un "cuerpo político", derivándose de la posición que se asuma, importantes consecuencias jurídicas. En los antecedentes de nuestra doctrina constitucional y en los precedentes de esta Corte se encuentra registrado el referido debate. Si bien la tesis que afirma que el senado actúa como un "cuerpo político" ha recibido importantes adhesiones (votos del ministro de esta Corte doctor José Severo Caballero en las causas "Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/ formula denuncia" del 19 de diciembre de 1986 (Fallos:

308:2609); y "Lamonega, Jorge Enrique s/ denuncia. Recurso de hecho", del 3 de marzo de 1988 (Fallos:

311:200), entre otras y, en doctrina, Armagnague, J. F., Juicio político y jurado de enjuiciamiento, pág. 133, Depalma, Bs. As., 1995), hoy se ha impuesto la que sostiene que los órganos ante quienes se sustancian y resuelven los enjuicia-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación mientos políticos, no obstante su naturaleza, cumplen, en el caso, una función judicial, aunque dentro de los límites y alcances impuestos por la finalidad y el objetivo que se persigue con tales enjuiciamientos. La tesis que afirma que el Senado es equiparable a un tribunal de justicia, encuentra respaldo en sólidos argumentos que pueden ser agrupados, para una mejor exposición, en tres especies, de derecho positivo, de doctrina constitucional y de jurisprudencia internacional, considerando la fuente que los proporciona.

4°) Que, en primer lugar, cabe mencionar, como argumentos de derecho positivo, los siguientes: 1) de acuerdo con nuestro diseño constitucional, la Ley Fundamental ha dispuesto en su art. 59 que le corresponde al Senado "juzgar" en "juicio público" a los acusados por la Cámara de Diputados, empleando una terminología que sólo cabe predicar de los tribunales que cumplen funciones judiciales; 2) luego, refiriéndose a la resolución por la cual el Senado decide la suerte del enjuiciado, destituyéndolo o absolviéndolo, el texto constitucional (art. 60) lo califica como "fallo", fijándole los límites a los efectos que pueden derivarse de tal pronunciamiento; 3) asimismo, considerando que al llevar adelante el enjuiciamiento del acusado, el Senado cumple una función típica, específica y distinta de la función general de legislar, la Ley Fundamental requiere que sus miembros cumplan con el deber de "prestar juramento para este acto" (art. 59), juramento que resultaría sobreabundante si el enjuiciamiento fuera un acto legislativo: pues para tal misión se ha de suponer que si los senadores están en funciones, ya prestaron aquel juramento al asumir el cargo; 4) este nuevo juramento (el del art. 59) tiene por objeto el cometido de una función específica, ajena a la general de legislar, según resulta del propio Reglamento de la Cámara de Senadores cuando se constituye en tribunal a los fines de un juicio político, cuyo art.

°, refiriéndose al asunto, dispone en lo pertinente: "...los miembros del Senado prestarán ante él el juramento de 'administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación'".

5°) Que, la doctrina constitucional, argentina y comparada, también se ha expresado en el sentido indicado. J.

Story, comentando la cláusula de la Constitución norteamericana referida al juicio político, luego de enumerar las razones que justifican instituir al Senado como el órgano encargado de llevar adelante el trámite de tal juicio y de dotarlo de la potestad de resolverlo, dice "las cualidades más importantes que se deben buscar en la formación del tribunal, para el juicio político, son: la imparcialidad, la integridad, el saber y la independencia", preguntándose luego ")No reúne el Senado estas cualidades?". Mas adelante, al referirse al juramento que deben prestar los senadores para cumplir su cometido en el juicio político, afirma "Esta disposición, imponiendo a los senadores revestidos de funciones judiciales, la misma condición aplicable a los jueces y a los jurados en los demás tribunales, será ciertamente aplaudida por todas las personas..." (J. Story, Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, t. I, n° 383, pág. 470 y n° 387, pág.

473, de la 40 edición, traducción y notas de Nicolás Antonio Calvo, Buenos Aires, 1888). En nuestra doctrina, Joaquín V. González sostuvo que la Constitución le ha conferido al Senado el privilegio de ser "el tribunal adecuado a la naturaleza de la función" que no es otra que juzgar en juicio público a los funcionarios que pueden ser acusados por la Cámara de Diputados (Joaquín V. González, Manual de derecho constitucional, pág. 505).

6°) Que en materia de jurisprudencia internacional,

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Corte Suprema de Justicia de la Nación se estima pertinente mencionar los fundamentos del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, en el caso del Tribunal Constitucional del Perú, in re: "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú", en sentencia de fecha 31 de enero de 2001. En lo que atañe a la cuestión bajo análisis la sentencia de la CIDH expresa entre sus fundamentos: "De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (Cfr. Eur. Court H.R., Campbell and Fell judgment of 28 June 1984, Series A n°. 80, par. 76; y Eur.

Court H.R., case of X v. the United Kingdom of 5 November 1981, Series A n°. 46, par. 53). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". Como se ve, es claro que para la Corte Interamericana el Senado cumple Cen el caso del juicio políticoC una función equiparada a la judicial.

7°) Que, sin embargo, la determinación de que el Senado cumple una función judicial, no debe conducir al equívoco de pretender que se produce una completa asimilación con un tribunal de justicia. El Senado es siempre un órgano político que, cuando le toca actuar en un juicio político concreto, cumple una función de carácter jurisdiccional. En conse-

cuencia, se abre este interrogante )qué importancia tiene asignar al Senado función jurisdiccional en el supuesto de enjuiciamiento, si se trata de un cuerpo político? Se arriba así al nudo gordiano del asunto: la importancia de asignarle a un cuerpo político una especial y limitada función judicial, resulta de dos consecuencias fundamentales que derivan de aquella premisa: la primera radica en que le es exigible al órgano político juzgador, la observancia de las reglas de procedimiento que preserven las garantías de defensa en juicio y del debido proceso que debe reconocerse a toda persona sometida a un juicio que puede concluir, como concluyó el sub examine, con la pérdida de un derecho, ya que en este caso concreto implicó para el recurrente la pérdida de su derecho a "conservar su empleo" en los términos del art.

110 de la Constitución Nacional; la segunda, que la observancia de las reglas procesales relativas a la garantía de defensa en juicio adquiere el rango de materia revisable judicialmente, desde que corresponde a esta Corte el control de validez constitucional de tales procedimientos, sin que ello implique el re examen de la solución de fondo que puede dictar el cuerpo político, pues las decisiones de fondo quedan en la zona de exclusión donde residen las cuestiones políticas no justiciables.

8°) Que, con respecto al rigor con que deben observarse las reglas procesales, desde los albores del constitucionalismo norteamericano se viene sosteniendo que un cuerpo político llamado a juzgar a un funcionario "no está obligado a observar las formalidades rigurosas de los tribunales ordinarios; puede tramitar todo el tiempo que juzgue útil para llegar al descubrimiento de la verdad. Ninguna forma especial ha sido prescripta para el acta de acusación: basta que sea clara y precisa. Aun pueden agregarse nuevas causales en todo

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Corte Suprema de Justicia de la Nación estado de causa, al menos mientras el acusado no haya establecido sus medios de defensa" (J. Story, Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, t. I, n° 392, pág.

476, 40 edición, traducción y notas de Nicolás Antonio Calvo).

En similar sentido se ha expedido el señor Procurador General subrogante en su dictamen de fs. 421, al señalar que el juicio político previsto en nuestra Constitución, si bien reúne las características materiales de un juicio no rigen en él "con toda estrictez las garantías judiciales propias del ámbito penal". Y luego concluye: "la destitución de un magistrado por parte del Senado, dadas sus características y particular naturaleza, no requiere un estándar tan elevado de formalidades procesales". Cabe sin embargo destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado una doctrina un tanto más severa en sus pronunciamientos, al señalar que "Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 'sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' (Cfr.

Garantías judiciales en Estados de Emergencia Arts.

27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A N° 9, párr. 27) a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos": CIDH, in re: "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs.

Perú" (considerando 69), doctrina que reitera la que fuera sentada en otro precedente de la CIDH, sentencia dictada en el "Caso Paniagua Morales y otros", del 8 de marzo de 1998; Serie C, N° 37, párr. 149, entre cuyos fundamentos se lee:

"Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, labo-

ral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal".

Se ha de tener presente, por último, que los señores jueces Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano lo eran del Tribunal Constitucional del Perú, circunstancia de la que se colige que la reseñada doctrina de la CIDH es invocable, incluso, por magistrados de los más altos tribunales de un país y no solamente por los jueces inferiores. En síntesis, de acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que es deber del órgano político cuando actúa como tribunal de enjuiciamiento, observar las reglas procesales que garanticen el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, si bien no con el rigor que le es exigible a un tribunal penal, pero sí con la precisión y el cuidado que deje a salvo el derecho de defensa del enjuiciado, lo que se entenderá logrado únicamente cuando éste ejercite efectivamente ese derecho.

9°) Que, la segunda consecuencia que resulta de considerar que el órgano enjuiciador debe ser equiparado a un tribunal de justicia, radica en que el procedimiento de juicio político es materia susceptible de revisión judicial, en tanto las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso pueden constituir materia federal en los términos del art. 14 de la ley 48.

Cabe aquí, por su importancia, efectuar una breve reseña de los precedentes de esta Corte que muestran una interesante evolución. a) Con respecto al enjuiciamiento de jueces de provincia, en procesos llevados a cabo tanto por las legislaturas provinciales (juicio político propiamente dicho) como por

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Corte Suprema de Justicia de la Nación organismos especiales (jurados o juris de enjuiciamiento) esta Corte viene sosteniendo la doctrina de que tales enjuiciamientos "configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso". Así se decidió a partir del caso "Graffigna Latino" en sentencia del 19 de junio de 1986 (Fallos: 308:961) y se reiteró en "Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez", sentencias del 19 de diciembre de 1986 y 29 de diciembre de 1987 (Fallos: 308:2609 y 310:2845, respectivamente); "Llamosas, Oscar Francisco" del 6 de octubre de 1987 (Fallos: 310:2031); "Retondo, María D. de Spaini", del 26 de mayo de 1988 (Fallos: 311:881); "Cantos, José María s/ juicio político c/ Dr. Velloso Colombres", del 28 de febrero de 1989 (Fallos: 312:253); "Caballero Vidal, Juan Carlos s/ solicita enjuiciamiento del titular del Cuarto Juzgado Penal Dr. Carlos Horacio Zavalla", del 21 de abril de 1992 (Fallos: 315:761), entre otros. b) Esa misma doctrina se sostuvo cuando el magistrado enjuiciado fue un juez nacional o federal. En efecto, en el recurso planteado por el doctor Alberto Oscar Nicosia, que fuera destituido del cargo de juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, esta Corte reiteró la doctrina de que las garantías de defensa en juicio y del debido proceso constituyen materia federal a los fines del recurso extraordinario cuando son invocadas por el recurrente.

Se consideró, en consecuencia, que, sea que se trate de un juez de provincia o de un juez de la Nación, en todo enjuiciamiento concurren dos hechos fundamentales, por un lado, "el relativo a que los mentados procesos están protegidos por la garantía de defensa en juicio consagrada por la Ley Fundamental (art. 18); por el otro, el concerniente a que la violación de dicha garantía que irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, de estar reunidos los restantes recaudos de habilitación judicial, puede y debe ser

reparada por los jueces de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad judicial y difuso (art. 31 y concs.)" (caso "Nicosia", Fallos: 316:2949). Más recientemente, esta Corte reafirmó esta doctrina, cuando trató la destitución de un juez federal, en el precedente B.450 XXXVI in re "Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento", de fecha 11 de diciembre de 2003. c) Cabe plantearse ahora qué doctrina habrá de observarse en los casos de enjuiciamiento de los miembros de esta Corte, como ocurrió en el sub examine, en atención a que no existe al respecto ningún precedente de este Tribunal. Del análisis de los textos de la Constitución vigentes después de la reforma de 1994, se advierte que los miembros de la Corte Suprema y los jueces inferiores han recibido, en punto a nombramiento, remoción, requisitos jubilatorios y demás regímenes, un tratamiento distinto. En lo que atañe a su designación, mientras los miembros de la Corte son designados por el Presidente con acuerdo del Senado, previa audiencia pública, los jueces inferiores deben ser propuestos en terna al Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y prueba de oposición. Con respecto a su remoción, mientras los jueces inferiores deben ser destituidos por el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, los miembros de la Corte Suprema pueden ser destituidos por juicio político substanciado por las Cámaras del Congreso de la Nación. Esta diversidad de tratamiento podría inducir al intérprete a suponer que la doctrina sentada a partir del precedente "Nicosia" para los jueces nacionales no resultaría aplicable a los jueces de la Corte Suprema, en tanto la designación y remoción de éstos Ca diferencia de aquéllosC tuvo y tiene carácter absolutamente político. Por tratarse de la

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Corte Suprema de Justicia de la Nación primera oportunidad que esta Corte tiene de emitir pronunciamiento respecto de la cuestión planteada, deviene inexcusable asumir una posición concreta.

En tal sentido, corresponde dejar establecido que el control de constitucionalidad del procedimiento de destitución mediante juicio político también puede ser aplicable, por la vía del art. 14 de la ley 48, al enjuiciamiento de un miembro de esta Corte, en mérito a los siguientes fundamentos:

I) La circunstancia de que el enjuiciado ostente la máxima jerarquía en la estructura del Poder Judicial de la Nación no altera la naturaleza de la cuestión bajo análisis, que es idéntica a la que se presenta cuando el enjuiciado es un juez inferior, en tanto la decisión del órgano encargado de destituir o absolver, puede determinar la pérdida de un derecho amparado por la Constitución Nacional, que en el caso de los jueces, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores, está expresamente reconocido en el art. 110 de la Constitución Nacional.

II) Por la apuntada razón, el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (art. 18 Constitución Nacional) pueden estar también en juego cuando el enjuiciado es un miembro de esta Corte, siendo tales garantías invocables por éste ante el tribunal encargado del control de constitucionalidad.

III) Privar a un juez de esta Corte del derecho de solicitar el control de constitucionalidad del procedimiento que culminó con su destitución, con el argumento que tal destitución es una cuestión política no justiciable, importa desconocer la letra del art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la doctrina sentada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El citado art. 25, bajo el título "Protec-

ción judicial", dispone en su inc.

1° "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Luego, por el inc. 2°, la convención establece que los Estados Partes se comprometen: "a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y; c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". La Corte Interamericana, al interpretar la cláusula 25 de la Convención, dijo que la citada cláusula incorporó el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos.

Luego, en los casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 91 y 92, respectivamente, la Corte ha señalado que, según la Convención "los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción". En otro pronunciamiento, al responder a

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Corte Suprema de Justicia de la Nación una consulta que le dirigió el gobierno de la República Oriental del Uruguay, la CIDH dijo: "Según este principio (el del art. 25), la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.

No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando...por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial" (CIDH, opinión consultiva del 6 de octubre de 1987, "Garantías judiciales en estados de emergencia. Arts. 27.2, 25 y 8° convención americana sobre derechos humanos, solicitada por el gobierno de la República Oriental del Uruguay). De esa doctrina se concluye, en definitiva, que si "toda persona" tiene derecho a un recurso judicial, nada autoriza a excluir de esa tutela a quien se desempeñara como juez de esta Corte.

Cabe destacar que se considera oportuna la mención de la sentencia del tribunal internacional antes citada, en tanto interpreta los textos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que tal tratado integra nuestro derecho interno por mandato e imperio de los arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

10) Que, recapitulando lo expuesto hasta aquí, establecido que el Senado cumple materialmente una función equiparada a la judicial cuando actúa como órgano de decisión en un enjuiciamiento político, admitido que el procedimiento

observado, en tanto involucra el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (art. 18 Constitución Nacional), puede constituir materia federal a los fines del recurso extraordinario (art. 14, ley 48) y en el entendimiento de que el control de constitucionalidad puede ser invocado por un miembro de esta Corte, corresponde ahora establecer los límites dentro de los cuales debe actuar el referido control.

El establecimiento de los precisos límites del control de constitucionalidad es también fundamental, pues de ninguna manera se puede poner en riesgo el delicado equilibrio que debe existir entre los distintos poderes del Estado y alterar el sistema de "frenos y contrapesos".

Es doctrina de esta Corte, reiterada recientemente en "Brusa" que la revisión de lo actuado ante el Senado debe llevarse a cabo dentro de pautas rigurosas y precisas. A tal fin Cdijo el señor Procurador General en el dictamen que precedió aquel pronunciamientoC "resulta muy ilustrativo el considerando 19 del voto concurrente del aludido caso 'Nicosia', donde Ccon cita de EstradaC V.E. afirmó que la Constitución garante al acusado, hasta cierto punto, la libertad de la defensa, evitando que sea juzgado sin conocimiento completo del asunto y parcialmente; y se concluyó siguiendo a Alexander Hamilton que, no obstante ello, la naturaleza de un procedimiento como el presente 'nunca puede trabarse por reglas tan estrictas, ya en la explicación minuciosa de las ofensas por los acusadores, ya en su interpretación por los jueces, de manera que en los casos comunes sirvan para limitar la discreción de los tribunales en favor de la seguridad personal'". Esta, por otra parte, es la opinión que sustenta la doctrina más autorizada, como se desprende de esta afirmación de Joaquín V. González: "el Senado no está obligado a seguir las reglas del procedimiento judicial común, y tiene toda la

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Corte Suprema de Justicia de la Nación discreción necesaria para cumplir su misión" (Manual de derecho constitucional, pág. 506). En definitiva, el control de constitucionalidad debe dirigirse a verificar inexcusablemente si el enjuiciado pudo, efectivamente, ejercer su derecho de defensa en el marco de un debido proceso, antes que a controlar la observancia rigurosa de las formas procesales.

11) Que, con el alcance apuntado, corresponde ahora examinar aquellos agravios invocados por el recurrente que este Tribunal considera necesario que sean analizados en el marco del referido control de constitucionalidad. Si bien el recurrente sostiene, como argumento capital, que durante la tramitación del juicio público se habrían quebrantado los principios básicos del debido proceso y la defensa en juicio, la gravedad del planteo requiere una consideración pormenorizada ya que, tal como lo ha señalado el señor Procurador General subrogante en su reseña de antecedentes, los agravios están referidos tanto a la etapa cumplida en la Cámara de Diputados, como a supuestas irregularidades ocurridas durante el juicio público llevado a cabo ante el Senado de la Nación.

12) Que, comenzando con los agravios referidos a las anomalías en que se habría incurrido en la Cámara de Diputados, el recurrente sostiene que la acusación que se formuló en Diputados es nula, lo que traería consigo la invalidez del fallo dictado por el Senado. La nulidad de la acusación estaría dada por dos razones: 10) "la omisión completa y total de responder a todos y cada uno de los planteos realizados (por la defensa) en todas las instancias del juicio político", según se afirma textualmente en el recurso; 20) la irregular conformación de la comisión de juicio político en Diputados, con renuncias y reemplazos que crearon incertidumbre respecto de la nómina de diputados miembros de la Comisión que debían actuar. Examinados cada uno de estos agravios este Tribunal

considera que carecen de suficiente entidad como para tener por acreditado que se ha vulnerado el derecho de defensa o que se infringió la garantía del debido proceso.

En efecto, con relación al primero (omisión en responder los distintos planteos de la defensa), además de tratarse de un alegato genérico e impreciso que no permite conocer qué planteo, en concreto, habría puesto en crisis el derecho de defensa, basta considerar que la Comisión de Juicio Político de Diputados Csegún resulta de su propio reglamentoC lleva adelante una tarea de investigación cuyo objetivo es determinar, en primer lugar, si existen elementos de convicción suficiente para considerar que concurren, en el caso, causales graves que hagan a la procedencia del juicio político; en caso afirmativo, se decide abrir la instancia, ordenándose la producción y recepción de pruebas, lo que puede concluir con un dictamen acusatorio que luego deberá ser tratado por el pleno.

En ese marco, el art. 13 del reglamento contempla la citación del acusado para que haga su descargo, citación que, debidamente cumplida, deja a salvo el ejercicio del derecho de defensa. En los anales de la Comisión de Juicio Político de Diputados se recuerda el caso del enjuiciamiento llevado a cabo contra el ministro doctor Augusto César Belluscio, oportunidad en la que se había decidido omitir su citación para oír su descargo con el argumento que tal descargo podría hacerse, luego, al tramitarse el juicio público ante el Senado.

Esa omisión, sí hubiese comprometido el derecho de defensa en juicio garantizado por la Constitución, que no llegó a consumarse porque el pleno desestimó la acusación; en el sub examine, en cambio, el recurrente fue citado y pudo efectuar su descargo, tal como resulta de las constancias de autos. Con relación al segundo agravio (irregular composición de la Comisión de Juicio Político de Diputados) tampoco resulta aten-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación dible, en tanto la misión de la comisión es investigar para, en su caso, aconsejar al pleno que formule acusación, de donde se sigue que lo preponderante Ccomo lo ha señalado el señor Procurador General subroganteC es la función investigadora que allí se cumple, función que reside en el órgano y no en los miembros de la comisión individualmente considerados.

13) Que, sostiene el recurrente que en violación de expresas normas procesales aplicables y, en especial, contrariando la cláusula 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión de Juicio Político de Diputados le confirió escasos cuatro días y medio hábiles para formular su descargo, plazo que se redujo en un día, ante la negativa de la comisión de reconocer la personería que invocó uno de los letrados representantes del recurrente. Si bien, en principio, el otorgamiento de plazos reducidos puede comprometer el derecho de defensa en juicio, en el sub judice, en razón de las particularidades propias de esta causa, se considera que el agravio debe ser desestimado, en mérito a las siguientes razones: 10) cobra aquí relevancia el hecho de que no siendo el juicio político un proceso penal, el rigor de la formas procesales no puede ser exigido con la solemnidad de tales causas; 20) lo que interesa, a los fines del control de constitucionalidad, es que el funcionario o magistrado sujeto a enjuiciamiento haya podido, efectivamente, ejercer su derecho de defensa; en autos, está acreditado que pudo hacerlo, pese a lo reducido del plazo que se le concedió; 30) el recurrente no alcanzó a acreditar qué defensa o qué prueba se vio privado de incorporar a la causa, con motivo del reducido plazo que tuvo para efectuar su descargo; 40) no acreditó, por ende, qué incidencia tuvo la brevedad del plazo en la solución final adoptada por el Senado, configurando su agravio una petición de nulidad por la nulidad misma; 50) esa es, por otra parte, la doctrina sentada por esta Corte in re:

"Recurso de hecho deducido por Ricardo Jaime Del Val c/ H.

Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz" del 3 de diciembre de 1991 (con la disidencia de los jueces Cavagna Martínez y Barra, Fallos: 314:1723).

14) Que, el siguiente agravio expuesto por el recurrente se refiere a la presunta violación del art. 12 del Reglamento de la Comisión de Juicio Político de Diputados ya que, sostiene, ese texto requiere, como condición necesaria para abrir la instancia sumarial, el previo estudio del expediente y demás documentación pertinente, todo lo cual debe ser puesto a disposición del acusado para su defensa. Afirma el recurrente que en el sub judice, entre la fecha en que la comisión comenzó el tratamiento de la denuncia (3 de julio de 2003) y la fecha en que se notificó al denunciado que la documentación estaba a su disposición (10 de julio) pasaron apenas 7 días, de donde dedujo que era previsible que no se hubiese reunido Cen ese escaso lapsoC la totalidad de la documentación pertinente, razón por la cual solicitó a la comisión una serie de medidas tendientes a colectar mayor prueba instrumental, al tiempo que propuso incorporar la declaración testimonial de 15 personas. Esas peticiones probatorias no sólo no fueron atendidas sino que, sin estar incorporada al sumario toda la documental que debía consultarse, la comisión procedió a recibir el descargo y a emitir dictamen acusatorio.

Al proceder así, la comisión, a juicio del recurrente, habría violado el art.

12 del reglamento y habría vulnerado su derecho de defensa al impedir la incorporación de prueba conducente.

Este agravio debe ser desestimado, por las siguientes razones: I) La Comisión de Juicio político se constituye para, en una primera etapa, llevar a cabo una investigación preliminar tendiente a tomar "conocimiento" (art. 53 de la

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Constitución Nacional) sobre la existencia de causas de responsabilidad por las que pudieran formularse cargos al investigado; II) La potestad de investigar le ha sido conferida a esa comisión y si bien el investigado debe ser oído y puede ofrecer la prueba que estime pertinente, en ejercicio de aquella potestad la comisión no está obligada a aceptar la totalidad de la prueba que le sea ofrecida, pudiendo limitarse a producir parte de ella, o sólo aquélla que estime suficiente para formar convicción de que existen, prima facie, causas de responsabilidad; III) Lo contrario importaría desplazar la potestad de investigar desde la comisión hacia el investigado, desnaturalizando su función específica; IV) Por otra parte, siempre quedará a salvo el derecho del acusado de reiterar o ampliar sus defensas durante la substanciación del juicio público ante el Senado, siempre que se acredite que tales pruebas tendrán una incidencia determinada en la decisión final a adoptarse; V) Por último, siendo atribución del Congreso de la Nación sancionar las disposiciones legales que regulen el procedimiento de enjuiciamiento, no resulta atendible la alegada inconstitucionalidad de los arts. 4° y 6° del Reglamento del Senado.

15) Que, los restantes agravios que el recurrente expone respecto de la etapa cumplida en Diputados están relacionados, desde diversas perspectivas, a la concurrencia de causales de recusación o excusación de los diputados que, al no haberse apartado de intervenir, habrían viciado el procedimiento de nulidad al desconocer el principio de imparcialidad, con menoscabo del debido proceso. Puesto que la cuestión de la recusación también fue planteada respecto de los senadores, estos agravios serán tratados en conjunto cuando se considere lo relacionado con lo actuado ante el Senado (infra, considerando 17 de este voto).

16) Que, como quedó expresado, el recurrente también

invoca como agravios supuestas violaciones del derecho de defensa que habrían ocurrido durante la tramitación del juicio en el Senado. Con ese propósito afirma que ese derecho fue vulnerado porque se rechazó la producción de pruebas que ofreció oportunamente y, además, porque se ordenó producir prueba que no fue ofrecida en su momento por la acusación. A lo ya expresado en el considerando 14, que es válido también para fundar el rechazo de este agravio, cabe añadir que el recurrente no demostró qué incidencia pudo tener en la decisión final la presunta omisión probatoria que denuncia y, por ello, se trata de una petición de nulidad por la nulidad misma, en el sentido que no favorecería la posición del recurrente ordenar la producción de la prueba que solicitó, pues, cabe reiterarlo, no ha demostrado qué incidencia pudo tener esa prueba en la decisión final adoptada.

17) Que, también afirma el recurrente que se siente agraviado por que no se aceptaron las recusaciones que oportunamente planteó ni se produjeron las excusaciones que, según su criterio, correspondían. Sin embargo, todo el alegato que sobre este tema construye el recurrente no encuentra correlato en los precedentes de esta Corte que, ante planteos substancialmente idénticos al que se concreta en el sub examine, ha dejado establecido que admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario "hubiera llevado a desintegrar el órgano" establecido por la Constitución para efectuar el control interpoderes, bloqueando el sistema. En efecto, esa consecuencia tendría lugar, pues de acuerdo con el sistema de integración de las Cámaras del Congreso por los representantes del pueblo previsto en nuestra Constitución, no resulta factible proveer la subrogancia parcial o ad hoc de los diputados o senadores apartados con otros funcionarios, "pues cualquier modo de

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Corte Suprema de Justicia de la Nación reemplazo que se hubiera elegido podría haber sido cuestionado de inconstitucional ya que, al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el sistema, éste quedaría destruido" (Fallos: 314:1723, considerando 9°).

18) Que, en razón de lo que se lleva expuesto, si bien el juicio político es un proceso, aunque ventilado ante órganos políticos, en que se debe asegurar la inviolabilidad de la defensa y demás presupuestos del debido proceso, éstas garantías constitucionales se ejercen de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio. En consecuencia, quien pretenda el ejercicio del control de esta Corte debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo de las reglas del debido proceso, además de la relevancia que ello pudo tener para variar el destino de la causa.

19) Que, la mayoría de las impugnaciones realizadas, según resulta del análisis de los agravios, carecen de entidad suficiente para tener por acreditado que se ha violado en forma nítida o concluyente, como se afirma en el considerando anterior, la garantía de defensa y sobre todo, porque no se acreditó que una eventual alteración de las circunstancias procesales ocurridas durante la tramitación del juicio, alteración en el sentido solicitado por el recurrente, lo hubiese favorecido o hubiese desvirtuado la decisión final.

20) Que, en efecto, en relación con la invocada violación de la garantía de defensa en juicio, dentro del acotado margen de apreciación que permite la instancia, no se verifica la existencia de una efectiva privación o restricción de ese derecho.

Ello, en tanto no se demuestra cómo las cuestiones que plantea el recurrente Cmuy vinculadas a la apreciación de las pruebasC le han cercenado su derecho de defensa durante la tramitación del juicio de remoción. Por el contrario, destaca el escrito recursivo que el recurrente ha tenido oportunidad de ser asistido, de contestar el traslado,

de ofrecer pruebas y alegar, sin que la circunstancia de que se le hubiera denegado alguna de las medidas probatorias que propusiera oportunamente conduzca a un razonamiento distinto.

21) Que, otras impugnaciones del recurrente están dirigidas a cuestiones que constituyen materias vinculadas al ejercicio de poderes reservados al parlamento, que excluyen la posibilidad de intervención del Poder Judicial, en tanto se trata de actuaciones realizadas en el marco de potestades constitucionalmente conferidas (arts. 53, 59 y concordantes de la Constitución Nacional), mediante las que se posibilita los procedimientos destinados a hacer efectiva la responsabilidad política de los magistrados. Criterio contrario, convalidando la revisión judicial de tales materias, implicaría desconocer la competencia constitucionalmente atribuida al Congreso y alterar el principio cardinal de división de poderes consagrado en nuestro sistema constitucional.

22) Que, por último, se considera imperativo poner de relieve que se debe reafirmar el principio de independencia del Poder Judicial que, en materia de enjuiciamientos políticos, se traduce en la imposibilidad de destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias. Que, en el sub examine, si bien tal es el argumento que expone el recurrente, se considera que la decisión destitutoria reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y en los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión de que les ha conferido la Constitución Nacional.

Para expresarlo sin tapujos, se considera que la destitución del recurrente no estuvo vinculada al contenido de sus pronunciamientos, sino a la configuración de la causal de mal desempeño que el Senado tuvo por acreditada, estimación que no puede ser alcanzada por el poder de revisión conferido a esta Corte.

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Que, no se puede dejar de destacar, asimismo, que para la destitución del recurrente se pronunciaron en función acusatoria las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y adoptaron la decisión de destituirlo las dos terceras partes del Senado de la Nación; desconocer la voluntad de tal abrumadora mayoría implica desconocer la voluntad popular expresada por sus representantes, con menoscabo para las instituciones democráticas.

23) Que, debe quedar en claro, como colofón, que esta Corte entiende que no hubo violaciones al derecho de defensa, en los términos en que esa garantía es exigible a un órgano político que conoce en el juicio público previsto por los arts. 59 y sgtes. de la Constitución Nacional. Se procedió, por ende, a la mera revisión de si hubo o no ejercicio efectivo del derecho de defensa, arribándose a la respuesta afirmativa; ello, por cuanto hasta allí se extiende la facultad de revisión en esta instancia extraordinaria, sin que ello signifique emitir opinión sobre el mérito de las motivaciones de fondo, pues éstas son exclusivas del Congreso de la Nación que actúa como órgano político y, por ende, ajena a nuestra competencia y sólo evaluables por las cámaras legislativas investidas de la voluntad soberana de quienes las eligen y expresada a través de la mayoría de los dos tercios de los votos en cada Cámara.

Por todo ello, y el dictamen concordante del señor Procurador General subrogante, se desestima la queja. Notifíquese y archívese. WAGNER GUSTAVO MITCHELL - JORGE OSCAR MORALES - ERNESTO CLEMENTE WAYAR - ROMAN JULIO FRONDIZI (en disidencia)- MIRTA DELIA TYDEN DE SKANATA (según su voto)- JAVIER MARIA LEAL DE IBARRA (según su voto) - JOSE ALEJANDRO MOSQUERA (según su voto)- HUGO RODOLFO FOSSATI (en disidencia)- ARTURO PEREZ PETIT (en disidencia).

VO

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Corte Suprema de Justicia de la Nación

TO DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON JOSE ALEJANDRO MOSQUERA Considerando:

1°) Que los antecedentes del caso que han dado lugar al enjuiciamiento público y a la destitución del cargo, por ante el Congreso de la Nación, del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eduardo Moliné O´Connor, así como los agravios que, como de naturaleza federal, se plantean para conocimiento de este Tribunal por parte del vencido en la instancia del art. 14 de la ley 48, han sido adecuadamente relacionados y sintetizados en el dictamen del señor Procurador General subrogante así como, en lo pertinente, en los otros votos que integran esta sentencia, por lo que a ellos se remite para evitar reiteraciones innecesarias que, además, dificultarían la adecuada comprensión del núcleo conceptual de este voto que concurre a formar mayoría.

2°) Que la Constitución Nacional, con arreglo al texto sancionado por los padres fundadores de 1853 y mantenido inalterado por todas las reformas llevadas a cabo hasta la actualidad, ha establecido un mecanismo para juzgar la responsabilidad política de los miembros de la Corte Suprema y privarlos, eventualmente, de la garantía de la inamovilidad funcional que prevé el art. 110 de la misma Ley Suprema, el cual se asienta sobre ciertos pilares insoslayables, que singularizan en nuestra República el modo y el alcance con el cual se instrumenta este control institucional al que está sometida la cabeza del Poder Judicial de la Nación, dentro del tradicional sistema de frenos y contrapesos que caracteriza al Estado de derecho y a todo gobierno democrático (arts. 53, 59 y 60; cláusula transitoria decimocuarta de la reforma de 1994). Estos pilares son:

1.- El órgano encargado de ejercer el mentado control es el Congreso de la Nación, a cuyo efecto compete a la Cámara de

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Diputados la atribución acusatoria, mientras que a la Cámara de Senadores sólo le corresponde la función juzgadora.

2.- Las causales que dan lugar a la responsabilidad política son regladas, consistiendo únicamente en las de mal desempeño o delitos cometidos en ejercicio de las funciones, o la comisión de crímenes comunes.

3.- Las mayorías necesarias para que ambas cámaras legislativas puedan llevar a cabo las funciones encomendadas son calificadas, pues cada una puede, en su caso, acusar y declarar culpable al enjuiciado sólo con los dos tercios de los miembros presentes.

4.- Las actuaciones cumplidas por las cámaras legislativas se tramitan en una causa, en la cual la función juzgadora se lleva a cabo mediante un juicio público.

3°) Que con particular referencia a las expresiones lingüísticas "causa" y "juicio", jamás puede predicarse que los constituyentes hubiesen utilizado tales vocablos con un sentido equívoco o dual, cuyo contenido estuviese librado a la particular comprensión que pudieren asignarles los intérpretes en función de las circunstancias políticas, históricas o sociales existentes; de posiciones ideológicas o filosóficas; a partir de una exégesis dinámica o estática.

En efecto, cuando la Constitución expresa que la responsabilidad política de los miembros de la Corte Suprema se lleva a cabo a través de un juicio, no está utilizando cualquier expresión conceptual sino una cuyo alcance es nítido e inequívoco, que ha sido utilizada en el art.

118 para referirse a los asuntos que corresponden a la competencia del Poder Judicial de la Nación, al expresar que "Todos los jui- cios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados...La actuación de estos juicios..., el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio".

°) Que desde los albores del funcionamiento de las instituciones republicanas, constituye dentro de la comprensión asignada por los integrantes de los denominados Poderes Políticos Cel Poder Ejecutivo y el Congreso de la NaciónC que el procedimiento tendiente a ventilar la responsabilidad política de los miembros de la Corte Suprema es un mero juicio político, como si tal calificación de político devaluara hasta anular la comprensión de la existencia de un juicio, al extremo de que tal calificación de político configura una suerte de salvoconducto insustituible para ignorar a la Constitución Nacional, arrasar con las garantías establecidas y destruir los pilares que sostienen el sistema de frenos y contrapesos en la República.

5°) Que más allá de lo que después se precisará en cuanto a la recta comprensión de los textos constitucionales en juego, cabe rescatar que el uso de la expresión político para calificar al juicio público que contempla el art. 59 de la Carta Magna, lejos está de desmerecer o de entenderse peyorativamente a la actuación que se trata. Por el contrario, la política en el sentido más alto, como arte para arribar al poder en su faz agonal y como ciencia en la conducción cuando se llegó a la etapa de gobernar, es esencial e insustituible para la vida en una comunidad políticamente organizada, para evitar la anarquía, el recurso de la violencia y la disolución del Pacto.

Acaso no haya más que observar y evaluar las funciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para detectar que una de las cualidades imprescindibles con que debe contar el Alto Tribunal es sopesar las consecuencias políticas de sus decisiones jurisdiccionales y, de este modo, convertirse en un actor esencial y garante del proceso político de gobierno.

Como lo ha enseñado y subrayado el maestro Alberto

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Antonio Spota en su póstuma obra ("Recurso extraordinario", págs. 21/22 y 65) "No hay duda que en los quehaceres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son tribunales fundamentalmente políticos, vestidos o diseñados de jurídicos en sí y en sus quehaceres...", porque "...guste o no guste, la historia enseña mal que nos pese y nos desagrade que en la inmensa mayoría de los supuestos, es lo político lo que condiciona a lo jurídico y no al revés...", pues "...sin duda el recurso extraordinario es un instrumento con finalidades políticas, que aparece vestido jurídicamente".

6°) Que con esta comprensión, jamás puede racionalmente aceptarse que la circunstancia de ventilarse la responsabilidad política de los miembros de la Corte Suprema a través de un juicio político, permita soslayar, neutralizar, minimizar o distorsionar la esencia de lo que configura un juicio.

Si la Constitución ha utilizado una denominación común para las actuaciones que lleva a cabo el Senado de la Nación y para todas aquellas otras que tramita el Poder Judicial C"Causas" (art. 116 y cláusula transitoria decimocuarta)C y también lo ha hecho para los procedimientos cumplidos en las sedes enunciadas C"Juicios"C, la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional de que "es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos", alcanza a todo juicio constitucional que se siga en la República, sea para hacer valer una responsabilidad penal o patrimonial ante el Poder judicial de la Nación, fuera para dirimir una responsabilidad política ante el Congreso de la Nación.

De ahí, pues, que al enjuiciado ante el Senado de la Nación le corresponden todas las garantías de defensa en juicio con un alcance análogo al que corresponde a las causas judiciales: tribunal natural e imparcial, acusación, audiencia y prueba.

°) Que desde esta base conceptual no puede constitucionalmente aceptarse otra conclusión de aquella que postula la existencia de control judicial sobre lo actuado por el Senado de la Nación en torno al cumplimiento de dichos contenidos mínimos y esenciales de la garantía de defensa en juicio, tal como lo ha admitido la Corte Suprema en la doctrina constitucional concorde de los precedentes "Nicosia" y "Brusa", instancia judicial que se lleva a cabo exclusivamente por este Tribunal en la instancia del art. 14 de la ley 48 a fin de llevar a cabo el control de constitucionalidad del juicio tramitado por ante el Congreso de la Nación.

8°) Que en lo que concierne a la ausencia de imparcialidad del Senado de la Nación por haber estado integrado por la cónyuge del presidente de la Nación, senadora que presidió la comisión ante la cual tramitó el procedimiento, basta con traer a cuento la añeja doctrina de la Corte Suprema sentada para casos judiciales, con arreglo a la cual cabe hacer una interpretación estricta y rigurosa de las causales legales de recusación, de entre las cuales no surge un enunciado descriptivo que contemple la situación invocada por el recurrente. A lo expresado, cabe agregar que si bien el instituto de la recusación no es ajeno a esta clase de enjuiciamientos, no cabe soslayar que el principio enunciado precedentemente se acentúa en la medida en que frente al apartamiento de un legislador no cabe, como si lo permite la actuación ante los tribunales de justicia, la posibilidad de sustitución por otro integrante del tribunal que, en el caso, sea representante del pueblo de las provincias como son los senadores, con lo cual de adoptarse un criterio diferente del postulado se arribaría a la inaceptable conclusión de que el Senado de la Nación (Tribunal de Enjuiciamiento) podría quedar desintegrado para llevar a cabo la función que insusti-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación tuiblemente le impone la Constitución Nacional.

9°) Que en lo que concierne a las irregularidades invocadas durante la sustanciación de la acusación y del juicio, más allá de que, en lo sustancial, corresponde remitir a las consideraciones y conclusiones efectuadas en el dictamen de la Procuración General, corresponde subrayar que el recurrente no ha cumplido con el decisivo recaudo de demostrar en qué medida si se hubiera procedido de otro modo, en cuanto a la substanciación del proceso o a la producción de las pruebas, el resultado del enjuiciamiento hubiese sido distinto en exclusivo orden a los cargos aceptados por el Senado de la Nación como para dar lugar a la destitución.

En otras palabras, más allá de las graves irregularidades denunciadas en cuanto al ofrecimiento y a la producción de pruebas y del impacto que tales expresiones producen para quienes sólo cuentan con una comprensión mediata, genérica y abstracta del conflicto, el debido control judicial sobre la afectación de las garantías constitucionales, a cargo de esta Corte en la instancia del art. 14 de la ley 48, sólo se lleva a cabo a partir de una concreta y fundada demostración en el expediente de que el resultado del proceso hubiese sido diferente en el caso de no haberse incurrido en las inobservancias invocadas. Y sobre este aspecto central, medular e insustituible de la cuestión, el recurrente no ha atinado a señalar qué medio probatorio, qué trámite incumplido, qué intervención o actuación pendiente, hubiese modificado el veredicto adoptado por el Tribunal de Enjuiciamiento en orden a los cargos que consideró demostrados y suficientes para destituir al señor ministro doctor Moliné O'Connor.

10) Que resta por considerar el agravio concerniente a si la decisión adoptada por el doctor Moliné O'Connnor, como miembro de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Meller", da lugar a la consumación de la causal de mal desempeño de las

funciones que prevé la Constitución Nacional.

11) Que al respecto es absolutamente necesario esclarecer que constituye un grave atentado contra la independencia del Poder Judicial que el Congreso de la Nación pretenda revisar, mediante el procedimiento de enjuiciamiento público, el criterio con el cual son falladas por la Corte Suprema las causas en que el Tribunal es llamado a intervenir.

Si tal criterio que se impugna se consagrara, ello significaría lisa y llanamente el fin de la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes del gobierno, y aun de los reclamos u opiniones populares que pudiesen reflejarse en la representación parlamentaria. Y el fin de la independencia del Poder Judicial es el fin del régimen republicano de gobierno que consagra la Constitución Nacional. Así lo expresó hace ya más de dos siglos el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "Toute société dan laquelle la garantie des droits nést pas assurée, ni la séparation des pouvouirs d´terminée, n´a point de constitución" (Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución).

Cabe recordar aquí que con motivo de la defensa de otro miembro de la Corte Suprema también enjuiciado políticamente, pero hace más de cincuenta años, se ha sostenido:

"Debo destacar que la mayor parte de los cargos de la comisión acusadora se refieren a la interpretación de acordadas, resoluciones, o sentencias de la Corte, que dentro de nuestro régimen institucional no pueden ser controladas por ninguno de los otros poderes, pues de lo contrario el sistema republicano sería una ficción. Igualmente corresponde establecer que los tribunales de Justicia tienen potestad soberana para modificar la jurisprudencia, de acuerdo con el

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Corte Suprema de Justicia de la Nación interés social y el progreso jurídico, como se advierte todos los días en todos los países, y que acusaría ignorancia des- conocer esa atribución"; "...porque así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judi- cialmente ni molestado por las opiniones que emita en desem- peño de su mandato (artículo 60 de la Constitución Nacional), ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales (art. 95 de la Constitución), recíprocamente los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos, porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de la separación de poderes".

12) Que, no obstante, es decisivo subrayar que el doctor Moliné O´Connor no ha sido destituido por el Senado de la Nación por el mero contenido de la sentencia dictada por la mayoría de la Corte Suprema en la causa "Meller" (Fallos:

325:2893, con disidencias de los jueces Fayt, Petracchi, y Belluscio), sino por los cargos de haber, a través del voto que efectuó para formar mayoría en dicha sentencia, legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y de haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48.

13) Que en el punto los señores senadores de la Nación, constituidos en Tribunal de Enjuiciamiento y actuando como jurados, llegaron a la conclusión de que la conducta del doctor Moliné O´Connor al dictar el pronunciamiento que tomó en su voto en la causa "Meller", ha incurrido en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones según los cargos puntualizados con anterioridad.

Y sobre esta decisión del cuerpo al cual la Constitución Nacional le ha confiado juzgar la responsabilidad política de los jueces de la Corte Suprema, no puede ni debe

haber control judicial sino, por el contrario, pleno acatamiento hacia lo resuelto, so riesgo de transgredir la Constitución Nacional.

Los constituyentes han atribuido la consideración y decisión sobre la responsabilidad política de los jueces de la Corte Suprema a la sabiduría y la prudencia de los representantes del pueblo que integran el Congreso de la Nación, otorgando a una cámara legislativa la función de acusar y al otro cuerpo la de juzgar, sin interferencias de las otras autoridades de la Nación, con la salvedad del control judicial sobre la violación de las formas esenciales que conciernen al derecho de defensa.

Este es el sistema de la Constitución, el que no es dable modificar ni sustituir por vía interpretativa a la luz de pareceres judiciales. Al infrascripto pueden no parecerle convenientes una o varias normas de la Constitución Nacional; también pueden disgustarle ciertas disposiciones normativas sancionadas por el Congreso de la Nación y, más aún, discrepar marcadamente con algunas de las políticas generales o sectoriales fijadas por el Poder Legislativo. Pero su función como magistrado constitucional es abstraerse de tales opiniones individuales y, en cambio, preservar la supremacía de la Carta Magna por sobre todo el ordenamiento jurídico, dejando de lado para tan augusta misión sus preferencias personales o sus particulares opciones éticas que, por cierto, no se superponen ni se mimetizan con la supremacía de la Constitución.

14) Que, en conclusión, el juicio político como tal no puede ser entendido de otra manera; la política es la madre de la democracia; los partidos políticos ya cuentan con reconocimiento constitucional (art. 38) y este es el fecundo mérito del Estado de Derecho; sin democracia como forma de vida y sin partidos políticos para acceder a la función re-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación presentativa, se desnaturalizan y degradan las instituciones, a cuyo respeto debemos todos nuestros esfuerzos: "Para ser libres hay que ser esclavos de la ley", y la cúspide de todo el ordenamiento normativo es la Constitución Nacional.

Para vivir en paz hay que respetar el Estado de Derecho, la política es el medio; la guerra y la violencia son el fracaso de la política.

La voluntad del pueblo expresada en elecciones libres nos llevan a conformar una institución fundamental consagrada por nuestra Constitución Nacional, el Congreso de la Nación, al que concurren representantes de todas las expresiones políticas, mayoritarias y minoritarias, nacionales y provinciales, que lo convierten en la mayor expresión de la democracia.

La democracia vive y palpita en ambas cámaras legislativas y sus decisiones pueden y deben ser controladas por el Judicial de la Nación, siempre dentro del marco constitucional y legal que la misma Constitución Nacional impone a la actuación de este Poder, el debido proceso en algunos casos y la legalidad en otras situaciones, mas respetando los extremos infranqueables para nuestras decisiones judiciales.

El mérito, la oportunidad y la conveniencia de los actos políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, son irrevisables judicialmente, so riesgo de alterar la división de poderes diseñada por nuestros constituyentes desde 1853. De igual manera que la apreciación judicial no puede ni debe sustituir a la que deben llevar a cabo los poderes políticos para la determinación de las políticas generales del gobierno, aún de la llamada política judicial, el Congreso de la Nación se ha expresado en este enjuiciamiento con una mayoría calificada para acusar por varios cargos al doctor Moliné O´ Connor, dos de los cuales fueron admitidos también por una mayoría calificada.

Los representantes del pueblo han dado su veredicto definitivo, considerando que el doctor Moliné O´Connor ha incurrido en la causal constitucional de mal desempeño y que tal conducta justifica su remoción del cargo.

Sobre esta conclusión no hay lugar en las actuaciones para opiniones personales de los miembros que integran esta Corte Suprema, sino sólo acatamiento a lo decidido por el órgano al que le corresponde el juzgamiento por mandato de la Constitución Nacional, cuyas normas todos quienes integramos este Tribunal juramos cumplir.

Si el Congreso de la Nación no puede constituirse en una instancia revisora de los fallos de la Corte Suprema, en una suerte de cuarta instancia, tampoco puede aceptarse que esta Corte de conjueces se convierta en un tribunal de revisión de lo resuelto por el Senado de la Nación, en una quinta vía de decisión. Todavía alguien, llevando este esquema hasta el límite de su propia lógica, podría entender que lo decidido por esta Corte es susceptible de controlarse a través de la instancia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento para remover a los infrascriptos, creando una sexta instancia, cuya decisión, por cierto, también sería recurrible por ante la Corte Suprema en los términos del precedente "Brusa", llegando ya a una séptima instancia.

Parece claro que, por su condición de circular y absurdo, no es este el sistema de la Constitución, que manda fenecer las causas como la juzgada en el Senado de la Nación y cuando dicho cuerpo concluye en que hubo mal desempeño, no hay ningún tipo de juicio posterior.

Sólo el de la conciencia individual y el de la historia de las instituciones, exentos de la autoridad de los magistrados.

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y archívese.

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Corte Suprema de Justicia de la Nación JOSE ALEJANDRO MOSQUERA.

VO

TO DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON JAVIER MARIA LEAL DE IBARRA Considerando:

11) Que por resolución DR-1116/03, el Senado de la Nación destituyó al doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Contra ese pronunciamiento, el nombrado dedujo la apelación federal, cuya denegación origina la presentación directa en examen.

21) Que en la decisión impugnada a través del recurso extraordinario, el mentado cuerpo legislativo dispuso "...Destituir al acusado, doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en virtud de: haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48'; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Nacional; con la declaración de que no queda inhabilitado para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación...".

31) Que en lo que se refiere tanto a los antecedentes fácticos de la causa como a los agravios en los que el recurrente fundamenta su planteo, resulta pertinente Cpor razones de brevedadC remitirse a lo reseñado por el señor Procurador General subrogante en el dictamen de fs. 421/442.

41) Que asimismo, y tal como lo destaca el representante del Ministerio Público en el punto IX del dictamen ya mencionado, la decisión recurrida, en la medida en que dispuso destituir de su cargo a un magistrado judicial sometido a enjuiciamiento, reviste el carácter de definitiva en los

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Corte Suprema de Justicia de la Nación términos exigidos por el art. 14 de la ley 48 y la jurisprudencia de esta Corte.

51) Que sentado ello, cabe destacar que en cuanto se vincula a la posibilidad de cuestionar una decisión de un tribunal de enjuiciamiento por la vía aquí intentada, esto es el recurso extraordinario federal, esta Corte interpretando distintas disposiciones constitucionales según su redacción anterior a la reforma sancionada en 1994, tras recordar su orientación jurisprudencial respecto de las decisiones dictadas en la esfera provincial en los llamados juicios políticos o de enjuiciamiento de magistrados, consideró aplicables análogos criterios cuando se cuestionase un enjuiciamiento político proveniente del ordenamiento federal. El Senado de la Nación CdijoC constituye un órgano equiparable a un tribunal de justicia a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario y que Csin menoscabo del aspecto político del enjuiciamiento previsto en el art. 45 y concs.C corresponde al senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, en proceso que culmina con su fallo (Fallos:

321:2339 y sus citas).

61) Que en los precedentes a que se hace referencia en el considerando anterior el Tribunal ha reconocido, en esencia, el carácter justiciable de los enjuiciamientos políticos cuando se alega que en éstos se ha producido una real violación a los derechos de defensa en juicio y del debido proceso, siendo ilustrativo al respecto, rememorar la cita que se efectúa en la sentencia publicada en Fallos: 316:2940 del pronunciamiento dictado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso "United States v. Nixon" C418 U.S. 683C, sobre inmunidades del presidente de la Nación, en el que se expresó "Reafirmamos Cdijo el justice Burger, exponiendo la opinión de la mayoríaC que es de la competencia y del deber de esta Corte 'decir qué es la ley' con respecto

al reclamo de inmunidad formulado".

71) Que en ese orden de pensamiento, no resulta ocioso recordar aquí las reflexiones formuladas por esta Corte en el precedente invocado en el considerando anterior, a fin de poner de resalto las razones por las que el reconocimiento de los derechos establecidos en el art. 18 de la Carta Magna, deben ser deslindados de aquellos aspectos cuya revisión Cpor diversas circunstanciasC le está vedado al Poder Judicial.

Así, expresó este Tribunal que "...la 'inviolabilidad' de la 'defensa en juicio de la persona y de los derechos', consagrada en el art. 18 de la Constitución, posee un sentido sumamente fuerte. Esto es así, tanto por el delicado bien que protege, cuanto por la muy significativa razón de que es a aquélla a la que le corresponde el honor de haber institucionalizado en forma específica y expresa el mencionado derecho, no obstante la diversidad de constituciones que vieron la luz, tanto en América como en Europa, durante el siglo XIX...".

Agregó también el Tribunal en la recordada sentencia que "...'Las formas sustanciales de la garantía constitucional de la defensa' incluyen la de asegurar al imputado la posibilidad de ofrecer prueba de su inocencia o de su derecho (Fallos: 196:19), sin que corresponda diferenciar causas criminales (Fallos: 134:242; 129:193; 127:374; 125:10), juicios especiales (Fallos: 198:467; 193:408) o procedimientos seguidos ante tribunales administrativos (Fallos: 198:78; 233:74); todos deben ofrecer a quienes comparezcan ante ellos ocasión de hacer valer sus medios de defensa y producir prueba, proscribiendo los procedimientos que conducen necesariamente a la condena del imputado, porque no le permiten sino la apariencia formal de su defensa (Fallos:

189:34).

'La tradición del Tribunal ha sido la de asegurar celosamente las garantías

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Moliné O´Connor, Eduardo s/ su remoción.

Corte Suprema de Justicia de la Nación consagradas en el art. 18 de la Constitución contra todo orden de disposiciones reglamentarias que las restrinjan' (Fallos:

237:193)...".

81) Que destacado ello, resulta de suma utilidad, a fin de contar con parámetros concretos que permitan establecer un marco de precisiones respecto de las cuestiones que se encuentran Cen procesos como el de autosC fuera del alcance de la revisión judicial, la referencia que en el Punto VIII del dictamen del representante del Ministerio Público se efectúa respecto de las pautas directrices que fijó esta Corte Suprema en el considerando 20 de la sentencia dictada en la causa "Nicosia".

Allí se dijo que, a fin de compatibilizar la naturaleza del juicio político con el resguardo de la garantía de la defensa en juicio, "...la Constitución ha conferido al procedimiento del juicio político una naturaleza que no debe, necesariamente, guardar apego estricto a las formas que rodean el trámite y decisión de las controversias ante el Poder Judicial, pero que igualmente, debe observar requisitos que hacen a la esencia y validez de todo 'juicio', en el caso: el de 'defensa', inexcusablemente 'inviolable'. En segundo lugar, cuadra también reconocer que la Ley Fundamental ha dado a quienes conocen en ese juicio, facultades suficientes para reglarlo y conducirlo en forma acorde con su especificidad, aunque en concierto con la esencia del derecho y garantías aludidos. Finalmente, se infiere que si bien la Constitución no ha excluido que, en esos terrenos, los jueces puedan tener un determinado grado de autoridad con motivo de un 'caso', su intervención debe ser, amén de excepcional, adecuada a las particularidades del enjuiciamiento político...".

91) Que las pautas que han sido mencionadas, son el fruto de la interpretación del Tribunal en la resolución de controversias que han involucrado a magistrados de tribunales inferiores sean provinciales o federales; las que si bien

resultan aplicables al sub examine corresponde, en razón de que el recurrente se desempeñaba como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, efectuar algunas reflexiones que atiendan a esta particular circunstancia.

10) Que en ese orden de ideas, es menester poner de relieve que del examen de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 surge, sin lugar a dudas, la reafirmación del carácter esencialmente político que tiene el enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Suprema, frente a lo que podría denominarse como una judicialización del procedimiento de remoción de los jueces de instancias inferiores.

11) Que a esa conclusión cabe arribar, a partir del estudio de diferentes circunstancias, algunas plasmadas en la propia Carta Magna y otras en distintas disposiciones normativas cuales son, en primer lugar la integración del "tribunal" que debe juzgar a los magistrados de la Corte Suprema. En este aspecto, los integrantes del Senado de la Nación Ca quien corresponde juzgar a los miembros del Alto Tribunal como lo dispone el art. 53 de la Constitución NacionalC están sólo sujetos a las condiciones previstas en el art. 55 del texto constitucional para poder incorporarse al cuerpo legislativo.

En cambio, los jueces de los tribunales inferiores, son juzgados por un "Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados" el que está integrado Csegún lo dispuesto por el art. 22 de la ley 24.937C, por tres jueces que serán: 'Un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elegido por sus pares, en carácter de presidente, dos jueces de cámara elegidos por sus pares', tres legisladores 'dos por la Cámara de Senadores, elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría y un legislador perteneciente a la Cámara de Diputados de la Nación elegido por mayoría de votos' Ctodos deben tener la profesión de abogadoC y tres abogados de la matrícula federal.

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Moliné O´Connor, Eduardo s/ su remoción.

Corte Suprema de Justicia de la Nación 'Elegidos, dos en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el uno en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por el mismo sistema utilizado para elegir los miembros del Consejo'".

12) Que la distinción que se enuncia en el considerando 91 de la presente, y que como ya se ha señalado trajo como consecuencia reafirmar el carácter político que al enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Suprema le ha otorgado la reforma constitucional del año 1994 se visualiza asimismo, en el modo en que la Carta Magna dispone sean designados los jueces de las diferentes instancias. Así, en lo que se refiere a los integrantes de la Corte Suprema, la reforma constitucional mencionada no modifica en ningún aspecto el modo en que aquéllos son nombrados, el que continúa llevándolo a cabo el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto por decreto 222/03 (B.O del 20 de junio de 2003), disposición que no desnaturaliza, en esencia, dicho sistema.

13) Que en cambio, y reafirmando lo expresado en el considerando 91, respecto de los jueces de las instancias inferiores, el art. 114 de la Constitución Nacional confía al Consejo de la Magistratura, la facultad de "Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores" y de "Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores"; a lo que se debe añadir el rígido procedimiento de selección reglado en el art. 13 de la ley 24.937.

14) Que en esta línea de pensamiento, por la que se pretende describir la distinta naturaleza que en esencia tienen los procedimientos de remoción de los jueces de la Corte Suprema frente al establecido para los magistrados de los tribunales inferiores a partir de la manera en que son designados que fuera descripta en el considerando anterior, cuadra

señalar también que dicha distinción se manifiesta en el modo y las condiciones en las que pueden acceder a los beneficios jubilatorios, para la que resulta ilustrativo hacer hincapié en las disposiciones de la ley 24.018, de prestaciones previsionales para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

15) Que en tal sentido, el art. 11 de esa norma prevé que "El presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones". Asimismo, el art. 21 de esa ley establece que "Los jueces de la Corte Suprema de Justicia adquieren el derecho a gozar de la asignación mensual cuando cumplan como mínimo cuatro años en el ejercicio de sus funciones" (el resaltado no es original).

16) Que al propio tiempo, y en lo que se refiere a los haberes previsionales de los magistrados de los tribunales inferiores, el art.

9 de la ley 24.018 dispone que "Los magistrados y funcionarios que hayan ejercido o ejercieran los cargos comprendidos en el art. 81, que hubieran cumplido sesenta años de edad y acreditasen treinta años de servicios y veinte de aportes computables en uno o mas regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio, tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el art.

10, si reunieran además los requisitos previstos en uno de los siguientes incisos:

a) Haberse desempeñado por lo menos quince años continuos o veinte discontinuos en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al régimen de reciprocidad jubilatoria o en la Fiscalía Nacional de In-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación vestigaciones Administrativas; de los cuales cinco años como mínimo en cargos de los indicados en el art. 8, b) Haberse desempeñado como mínimo durante los diez últimos años de ser- vicios en cargos de los comprendidos en el art. 8" (el resaltado tampoco en este caso pertenece al texto original).

17) Que la descripción que fuera efectuada, de la que surge a las claras la distinta naturaleza que a partir de la propia Constitución Nacional y de normas de distinto rango e índole se le ha otorgado a la designación y remoción de los jueces de la Corte Suprema frente a los de las demás instancias, persuade a este Tribunal de, amén de mantener las pautas de interpretación que fueron volcadas en el considerando 71 de la presente sentencia, imponer en el sub examine un criterio de revisión que, dada la naturaleza del cargo que ostentaba el recurrente, debe ser francamente riguroso.

18) Que, a partir de esa premisa, y en lo que particularmente incumbe a la cuestión en examen por este Tribunal, será necesario corroborar si han sido preservadas formalmente las exigencias para que el derecho de defensa del recurrente fuera efectivamente resguardado o sí por el contrario, a partir de la necesaria demostración por parte del interesado se acredita que aquellas formalidades resultan aparentes y encubren un real desconocimiento de dichos requisitos en los términos fijados por el Tribunal en el precedente de Fallos:

316:2940, compatibilizándolos con las consideraciones efectuadas en particular en los considerandos 81 al 16 de este pronunciamiento.

19) Que desde esa perspectiva, y por los fundamentos que expone el señor Procurador General subrogante en los puntos IX y X del dictamen de fs. 421/442 que esta Corte comparte y a los que se remite brevitatis causae, los planteos que el recurrente formula en el recurso extraordinario, resultan insuficientes para demostrar en forma inequívoca y

concluyente que en el proceso de enjuiciamiento que concluyó con el dictado de la resolución DR-1116/03 del Senado de la Nación, se haya afectado el debido proceso o el derecho de defensa del apelante en los términos y con las precisiones que se han desarrollado a lo largo de este pronunciamiento y en los precedentes que le han servido de sustento.

20) Que por último, este Tribunal no puede soslayar la consideración de dos aspectos señalados por el recurrente en el punto IV A. del escrito de apelación federal, y que están vinculados por un lado, a la eventual similitud que tendría la situación fáctica que ha motivado el sub examine, con la que diera origen al pronunciamiento del 31 de enero de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú" y por el otro, la afirmación por la que se descalifica la imputación que se le efectuara a raíz del dictado de un pronunciamiento, sobre la base de considerar que esa resolución "...no fue dictada por él, sino por la Corte Suprema a través del voto de cinco de sus miembros...".

21) Que en cuanto a la primera cuestión se refiere, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, y tal como se describe en el dictamen del señor Procurador General subrogante, la plataforma fáctica en la que reposó la decisión del mencionado Tribunal internacional, difiere sustancialmente de la presente, pues en aquél fallo, como se señala a fs. 426, "se había privado a los jueces sometidos a juicio político de todo conocimiento de los hechos materia de la acusación y de cualquier posibilidad de presentar pruebas y examinar las que se habían producido".

22) Que la sola transcripción de algunos párrafos de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de enero de 2001 demuestran, sin duda alguna, la distinta

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Corte Suprema de Justicia de la Nación situación de hecho que motivó esa decisión con la que está siendo motivo de estudio. Así, se señaló en el capítulo X, punto 64 ap. g, de ese pronunciamiento que "...el tránsito seguido por la Comisión Investigadora del Congreso violentó el debido proceso en razón de que dicha comisión fue creada para examinar hechos enunciados por la magistrado Revoredo sobre la sustracción de documentos del Tribunal Constitucional y no para revisar actos jurisdiccionales de dicho Tribunal...".

Asimismo, se destacó en el ap. h del punto 64 que "...en este caso, se violentaron las siguientes garantías del debido proceso: conocimiento previo de la acusación (art. 8.2.b. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); defensa personal o a través de un defensor elegido libremente y con quien el acusado se pueda comunicar en forma libre y privada (art. 8.2.d); derecho a interrogar a los testigos y obtener que comparezcan otras personas que colaboren en el esclarecimiento de los hechos (art. 8.2.f); derecho a la presunción de inocencia (art. 8.2) y derecho a contar con el tiempo y los modos adecuados para preparar la defensa (art.

8.2.c)..." 23) Que los hechos y conclusiones a que se hace referencia en la decisión parcialmente transcripta, afectaron las garantías del debido proceso y de defensa en juicio de los magistrados de la República del Perú, circunstancia que, como fuera puesto de relieve en este pronunciamiento ni se advierten, ni el apelante ha logrado acreditar que se produjeran en el sub examine.

24) Que abordando la segunda cuestión referida en el considerando 20, corresponde decir de ella que resulta conjetural y por tanto de inadmisible consideración por la vía intentada (Fallos: 312:290, entre muchos otros), por cuanto esta Corte ha sido llamada a resolver respecto de la decisión adoptada por el Senado de la Nación vinculada a un magistrado

de un tribunal colegiado contando, dicho cuerpo legislativo, con la aptitud y la facultad para adoptar en el futuro idéntico temperamento Ca partir de las atribuciones que posee frente la particular naturaleza del "enjuiciamiento político" que fuera enfáticamente destacada en la presenteC respecto de otro u otros integrantes de aquel órgano judicial colegiado y por las mismas razones que motivaron el pronunciamiento cuya descalificación aquí se pretende.

25) Que en ese orden de ideas, este planteo sólo podría tener virtualidad en el supuesto de haberse cuestionado también en este proceso de enjuiciamiento, la conducta de otro u otros de los jueces que suscribieron la resolución cuestionada y respecto de ellos, la decisión del cuerpo legislativo hubiese sido absolutoria.

26) Que por tanto, y a la luz de los argumentos que fueron desarrollados, las garantías constitucionales cuyo desconocimiento se invoca, no guardan con lo decidido la relación directa e inmediata que exige el art. 15 de la ley 48.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General subrogante, se desestima la queja. Notifíquese y archívese. JAVIER MARIA LEAL DE IBARRA.

VO

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Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DE LA SEÑORA CONJUEZ MIRTA DELIA TYDEN DE SKANATA Considerando:

Que adhiero al voto del señor conjuez doctor Javier María Leal de Ibarra en la votación de la causa por sus fundamentos, y agrego las razones que a continuación paso a exponer:

1°) Que, en relación a la invocada violación a la garantía del derecho de defensa en juicio, no se verifica su privación o restricción. Ello, en tanto no se advierte cómo las cuestiones que plantea el recurrente Cmuy vinculadas a la apreciación de las pruebasC le han cercenado su derecho de defensa durante la tramitación del juicio de remoción.

Por el contrario, el propio escrito recursivo destaca que el doctor Moliné O'Connor ha tenido la oportunidad de ser asistido, de contestar traslados, de ofrecer pruebas y alegar; no demostrando en qué manera las medidas denegadas hubieran conducido a un resultado distinto.

Que además, la crítica al actuar del legislativo se ve debilitada por el hecho que, así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene derecho a abrir o no la instancia extraordinaria según su "sana discreción" (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el Poder Legislativo se encuentra facultado constitucionalmente para actuar con la discreción con que lo hizo.

2°) Que, la permanencia en el empleo establecida por el art. 110 de la Constitución Nacional para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de excepción Cy no se está cuestionando en manera alguna su justificaciónC y vinculada a la forma democrática y republicana adoptada por el gobierno de la Nación (arts. 1, 36, 50, 56, 86 y 90 de la Constitución Nacional).

Que tal particularidad Cque no es prerrogativa, privilegio, ventaja, monopolio, ni favorC se

vincula principalmente con los conceptos de buena conducta (art. 110 de la Constitución Nacional) e idoneidad (art. 16 de la Constitución Nacional).

Que, la idoneidad es condición de admisibilidad para el empleo; ergo, para su permanencia que, en el caso, excede los requisitos del art. 111 de la Carta Magna; es decir, la buena conducta no podrá existir sin idoneidad, cuya ausencia es constitutiva de mal desempeño (art. 53 de la Constitución Nacional).

Que ello no puede juzgarse en un proceso judicial, sino a través de lo que la Constitución designa como causas de responsabilidad, juicio político, extraños Cen principioC a la jurisdicción de los tribunales judiciales y con el único efecto de destituir, privar del cargo al funcionario y, según fuere el caso, declararlo incapaz para el futuro de ocupar otro empleo en la Nación.

3°) Que, no cabe sino aceptar que la Nación tiene derecho a prescindir de alguno de sus funcionarios Cen este caso un ministro del máximo tribunalC por medio de sus representantes, cuando a su juicio, ellos no reúnan los requisitos establecidos constitucionalmente para desempeñarse en el cargo. Y estas subjetividades, quedan sometidas en su consideración solo al criterio de las mayorías obtenidas en la Cámara de Diputados para acusar y en la del Senado para condenar o absolver, y únicamente sujetas al control jurisdiccional cuando se violenten palmariamente las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

La elección que invistió al recurrente le ha sido revocada de manera constitucional, y es democrática en su consecuencia. Quizás, una de las formas más viscerales y descarnadas del equilibrio entre los tres poderes de gobierno.

No puede aquí volver a juzgarse lo que se cree se

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Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgó mal en el Senado, único juzgador habilitado por mandato constitucional.

4°) Que, en tales condiciones, resultaba imprescindible que el recurrente demostrara que, de no haber existido las situaciones por las cuales se siente agraviado, no se hubiera alcanzado el voto de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, pero ello, ni siquiera aparece como presumible en autos.

5°) Que, finalmente, es reconocible que la cobertura mediática, difundió situaciones del trámite que causaron, cuanto menos, extrañeza en determinados sectores de la sociedad, pero ello no justifica apartamiento de lo institucional, menos en el dictado de esta sentencia.

Por lo precedentemente expuesto, y los motivos compartidos con el doctor Leal de Ibarra debe rechazarse la queja.

MIRTA DELIA TYDEN DE SKANATA.

DISI

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Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LOS SEÑORES CONJUECES DOCTORES DON ROMAN JULIO FRONDIZI Y DON ARTURO PEREZ PETIT Considerando:

1°) Que el doctor Eduardo Moliné O'Connor interpone la presente queja por habérsele denegado el recurso extraordinario que dedujo contra la resolución del Senado de la Nación que lo destituyó del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sostiene el apelante que el fallo resulta arbitrario, y que en el curso del procedimiento se han violado de manera ostensible y reiterada su derecho de defensa en juicio y las reglas esenciales que conforman el debido proceso legal.

Asimismo, aduce que la cuestión que plantea en autos reviste gravedad institucional, y que el juicio público se ha desarrollado con violación de los arts. 14, 16, 18, 53, 59, 109, 110 y 116 de la Constitución Nacional, del art. 14 de la ley 24.397, de las reglas internacionales conocidas como "Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura" y de los arts. 8 y 25, en función del art. 1.1, del Pacto de San José de Costa Rica.

2°) Que, según afirma el recurrente, también ha sido violada la garantía de igualdad ante la ley, ya que el fallo de la Corte Suprema en el caso "Meller", que está en la base de la destitución, fue adoptado por mayoría, pero tan sólo el apelante fue suspendido en la función y luego destituido del cargo.

Sostiene, además, que con el dictado del decreto 431/2003 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quedó esclarecido que al no ingresar en el fondo de la cuestión del caso "Meller", el recurrente no legitimó judicialmente un proceso administrativo fraudulento ni abdicó de manera arbitraria de su responsabilidad de efectuar el control de constitucionali-

dad.

Expresa asimismo que su planteo trae a conocimiento de esta Corte una cuestión de gravedad institucional que guarda estrecha relación con la forma republicana de gobierno, con la debida integración de los órganos gubernamentales, con la distribución del poder "en el Estado" entre tres poderes independientes, y con las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia de uno de esos poderes Cel Poder JudicialC ante los embates que pudieran provenir de los otros dos. Advierte que están en debate cuestiones institucionales de suma gravedad por su proyección inmediata o potencial sobre la estructura constitucional del sistema jurídico-político argentino que, en rigor, superan los legítimos intereses del apelante.

Destaca que se trata de la segunda oportunidad, a lo largo de la historia constitucional argentina, en que se somete a juicio público ante el Tribunal del Senado a un ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Considera que la situación planteada ahora es análoga a la del precedente de 1947 en cuanto a la motivación que inspira la promoción del juicio público: motivos de política agonal finalizados a producir vacantes en la Corte a ser cubiertas por magistrados que guarden afinidad con el pensamiento político del titular del órgano ejecutivo. Mas, según afirma, el presente caso reviste aun mayor gravedad, toda vez que el avance sobre la independencia del Poder Judicial transitó la vía inconstitucional de la suspensión en el cargo del juez enjuiciado.

3°) Que, según el apelante, si bien el juicio público que establece la Constitución Nacional en su art. 59 para la eventual remoción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene naturaleza política, ya que la sustanciación está a cargo de un órgano político Cel Congreso

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Corte Suprema de Justicia de la Nación NacionalC, no es menos cierto que las cámaras legislativas carecen de potestades ilimitadas, arbitrarias, discriminatorias o discrecionales, por lo que la sustanciación de tal juicio debe adecuarse a las disposiciones que regulan los procedimientos, respetándose las reglas del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio, violadas reiteradamente en el caso. Alega entonces que tanto la acusación cuanto la resolución final se han apartado de las causales establecidas en el art. 53 de la Constitución, ya que, si bien se ha invocado la causal de mal desempeño, en realidad se ha removido a un juez por discreparse con el contenido de su sentencia, no obstante no haberse acreditado que hubiera incurrido en algún delito o que hubiera tenido el deliberado propósito de beneficiar o perjudicar maliciosamente a alguna de las partes.

4°) Que, con particular referencia a las violaciones al derecho de defensa y a las reglas del debido proceso legal que se habrían producido en la etapa acusatoria, anota y sustenta las siguientes:

a) Nulidad de la acusación, por vicios en la conformación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Refiere al respecto que no obstante que la Comisión de Juicio Político está formada por 31 diputados (según surge del Libro de Actas de la Comisión misma, y establece el art. 61 del reglamento de esa cámara), el 29 de mayo de 2003, se dejó constancia de que el número de diputados presentes y ausentes era de 30, y se aclaró que la vacante producida por la renuncia del diputado Sergio Acevedo será cubierta por el diputado Gerardo Conte Grand, de modo que, al renunciar Acevedo Cque era miembro y presidente de la ComisiónC, su vacante como miembro fue cubierta por Conte Grand y la presidencia fue asignada a Falú, quien ya formaba parte de esa Comisión.

Posteriormente, el 5 de junio de 2003 se dejó constancia de que "concurren además los señores diputados Obei y Conte Grand quienes integrarán la Comisión en reemplazo de los diputados Acevedo y Díaz Bancalari", aunque en la nómina de los 30 legisladores presentes y ausentes no figuran los nuevos miembros, aunque sí Díaz Bancalari. Pero Obeid Ccitado erróneamente como "Obei"C, apareció en realidad reemplazando al diputado Acevedo quien ya había sido sustituido por el diputado Conte Grand como miembro de la Comisión. Luego el 12 de junio de 2003, cuando el número de los diputados presentes y ausentes era de 30, en la nómina respectiva continuaba figurando Díaz Bancalari, pero no Obeid ni Conte Grand, pese a que se dejó constancia de que asistieron a la reunión con otros diputados:

"Daniel Esain, Alberto Natale, Atilio Tazzioli, Franco Caviglia, Carlos Sonegui y Guillermo Cantini".

Posteriormente el 19 de junio de 2003, el total de diputados presentes y ausentes continuaba siendo de 30 con inclusión de Díaz Bancalari pero sin mención de Conte Grand y de Obeid, no obstante que el 26 de mayo de 2003 tuvo ingreso en la Cámara de Diputados la renuncia a la Comisión que presentara Díaz Bancalari. El 26 de junio de 2003 el total de miembros presentes y ausentes se elevó a 31 porque en la nómina fueron incluidos esta vez los diputados Obeid y Conte Grand y excluido el diputado Díaz Bancalari. Sin embargo, el 3 de julio de 2003 la nómina en cuestión ascendió a 32 porque se volvió a mencionar al diputado Díaz Bancalari mientras paralelamente se incluía también a los diputados Obeid y Conte Grand, de modo que tanto reemplazado cuanto reemplazante aparecían simultáneamente como miembros de la Comisión, situación que se reiteró el 10 de julio de 2003, oportunidad en la que se resolvió correr traslado de los cargos al inculpado. Cabe aclarar Crelata el recurrenteC que en el Libro de Actas de la

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Comisión sólo consta la renuncia presentada por Sergio Acevedo, pero no la de Díaz Bancalari. Tal situación configura, a su juicio, un vicio de extrema gravedad en la integración de la Comisión de Juicio Político, ya que no correspondía tener integrado al diputado Conte Grand Cque estuvo presente en dos de las reuniones avalando las decisiones allí adoptadasC puesto que sólo habría de ingresar en reemplazo de quien, según el Libro de Actas, continuaba formando parte de la Comisión: Por ese motivo, sostiene que resultan nulas las decisiones adoptadas a fs. 105 y 108 del Libro de Actas. Ello determinaría la nulidad de la acusación, porque ésta se basó, a su vez, en actuaciones nulas desarrolladas en el seno de aquella Comisión, conformada al margen de lo dispuesto por el art. 61 del Reglamento de la Cámara de Diputados. b) Desconocimiento del derecho de defensa debido a la fijación de plazos arbitrarios por parte de la Comisión de Juicio Político para la presentación de los descargos. c) Nunca se sustanció sumario en el sentido que establecen los reglamentos de la comisión, ya que los cargos se dirigieron y se fundamentaron sobre la base de documentos que no se hallaban en dicha dependencia ni a la fecha de formularlos ni tampoco cuando se corrió el traslado pertinente, lo cual constituye una violación a las previsiones de los arts. 9° y 121 del Reglamento de la Comisión de Juicio Político y a las reglas que tutelan el derecho de defensa en la etapa instructoria, ya que en ese estadio ni la acusación ni la defensa pudieron tenerlos a la vista. De esa manera, la acusación se basó en pruebas documentales que nunca fueron confrontadas por la Comisión, circunstancia que fue puesta de manifiesto en sendas actas notariales de fechas 17 y 18 de julio de 2003, acompañadas por la parte.

Tampoco se dio oportunidad al apelante de producir la profusa prueba ofrecida en ese esta-

dio. d) Se ha transgredido el art. 90 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, ya que actuaron durante el juicio político un elevado número de legisladores que tenían el deber de excusarse en virtud de que se hallaban matriculados para actuar en el fuero federal, entre quienes cabe mencionar a Ricardo Bussi, Manuel Baladrón, Hernán Damiani, Eduardo Di Cola, José Falú, María América González, Simón Hernández, Carlos Iparraguirre, Guillermo Johnson, Juan Mínguez, Benjamín Nieto Brizuela, Jorge Villaverde, Gerardo Amadeo Conte Grand y José Díaz Bancalari. e) Violación del debido proceso legal debido al reiterado adelanto de opiniones de signo condenatorio por parte de los diputados Ricardo Falú, Eduardo Di Cola, Elisa Carrió y Carlos Iparraguirre durante el curso de la instrucción, ante los diversos medios de prensa, cuyo detalle brinda la parte en el escrito de queja. f) Violación del art. 7° del Reglamento de la Comisión de Juicio Político debido a que no obstante carecer los miembros de ésta de potestad de iniciativa para promover juicio político a los funcionarios y magistrados incluidos en el art.

53 de la Constitución Nacional, no sólo realizaron las denuncias respectivas sino que, además, participaron de manera directa durante la totalidad del proceso instructorio, citando el caso de los diputados Ricardo Falú, Carlos Raúl Iparraguirre y Margarita Stolbizer, respecto del caso "Meller", sin perjuicio de los demás supuestos vinculados con los demás cargos que también se mencionan. g) Violación del derecho de defensa por no haber sido resueltas previamente las nulidades planteadas como artículos de previo y especial pronunciamiento, ya que al plantearse la nulidad de la acusación ante la Cámara de Diputados, dicho

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Corte Suprema de Justicia de la Nación cuerpo difirió su tratamiento para la etapa a ventilarse ante el Senado, y esta cámara, finalmente, la rechazó por entender que no correspondía abocarse a su resolución porque había sido introducida en la etapa anterior.

5°) Que, en cuanto a las violaciones al derecho de defensa y a las reglas del debido proceso legal que habrían ocurrido en la etapa de juicio ante el Senado de la Nación, menciona y desarrolla las siguientes:

a) Violación de la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso producidas por la ostensible actuación parcial de los senadores Fernández de Kirchner, Gioja, Mazza y Yoma que ha afectado gravemente la imparcialidad del Tribunal.

Ellos fueron recusados por el apelante con pie en su evidente interés en el resultado del juicio como resulta de los diversos y puntuales fundamentos sustentados por la parte. La recusación fue rechazada por el Senado con sustento en argumentos ajenos al Código Procesal Penal, ley ritual aplicable de manera supletoria a todos los actos de procedimiento del juicio público conforme estatuye el reglamento interno. b) Violación del derecho de defensa por la decisión Ccarente de fundamentación suficienteC de rechazar la mayor parte de la prueba ofrecida por el apelante. La imposibilidad de contar con esa prueba, trascendente para la estrategia procesal de la parte, restringió de manera notoria e incausada su derecho a la prueba. c) Violación del derecho de defensa, del debido proceso legal y del principio de igualdad procesal de las partes, en virtud de haberse incorporado en la etapa de debate numerosa prueba documental que no había sido ofrecida por la parte acusadora en tiempo oportuno.

En efecto, por acta notarial del 17 de julio de 2003, se constató que en la Comisión de Juicio Político se

encontraban los expedientes TAOP 2346/98 y 10711 ENTEL referentes al caso "Meller", los que habían sido recibidos con posterioridad a que se notificara al inculpado el traslado de los cargos. Asimismo, mediante el acta notarial del 18 de julio de 2003, se constató que también se hallaban en dicha Comisión las causas penales promovidas con relación al caso "Meller", los autos caratulados "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Telefónica Argentina S.A. s/ contrato administrativo", expediente N1 40.522/95 y la causa N1 9618/01 caratulada "N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario", y los expedientes TAOP N1 2346/98 y expedientes del Ministerio de Economía S01:0285493/2002 y 0288520-02. Además, mediante acta notarial del 15 de septiembre de 2003 se constató que en la Comisión de Asuntos Constitucionales no se hallaban los documentos citados precedentemente. Sin embargo, con fecha 19 de septiembre de 2003, a 13 días de vencido el plazo para ofrecer prueba, la Comisión de Asuntos Constitucionales dejó constancia, al folio 18.968/ 18.970, con nota de agregación suscripta por el secretario parlamentario del Senado, doctor Estrada, que en esa fecha recibió la siguiente documentación:

1. Expediente N° 9618/2001 (Cuerpo I). Poder Judicial de la Nación.

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7, caratulado: "NN s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles (art. 265), defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta". Denunciante: Garrido, Manuel. Denunciante: Oficina Anticorrupción, Ministerio de. Querellante: Oficina Anticorrupción. Fecha de inicio: 11 de julio de 2001, en doscientas (200) fojas útiles.

2. Expediente N° 9618/2001 (Cuerpo II). Poder Judicial de

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Moliné O´Connor, Eduardo s/ su remoción.

Corte Suprema de Justicia de la Nación la Nación.

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7, caratulado: "NN s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles (art. 265), defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta". Denunciante: Garrido, Manuel. Denunciante: Oficina Anticorrupción, Ministerio de. Querellante: Oficina Anticorrupción. Fecha de inicio: 11 de julio de 2001, en ciento noventa y una (191) fojas útiles.

3. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Letra M, N° 681, libro XXV, año 1999. Recurso de hecho deducido por la demandada en los autos "Meller Comunicaciones S.A. U.T.E c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones", en doscientas veintinueve (229) fojas útiles.

4. Expediente N° 19.442/2003. Poder Judicial de la Nación.

Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Secretaría N° 3, caratulado "Meller S.A.

- Meller Comunicaciones S.A. - U.T.E c/ P.E.N Ley 25.561, Dto. 1570/ 01, 214/02 (Caja de Valores) s/ proceso de conocimiento - Ley 25.561", en doscientas catorce (214) fojas útiles.

5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficina Anticorrupción. Carpeta referencia N° 826. Institución denunciada: Ex Entel (e.l.). Motivo de la investigación: diversas anomalías y/o irregularidades de pago y tramitación en expedientes N° 8946/94 y N° 1. Por reclamos impulsados por denunciante: Sindicatura General de la Nación. Fecha de inicio: 18 de agosto de 2000. Investigador: Marcelo Colombo. No contiene ningún tipo de foliatura y consta de ciento ochenta y cinco (185) fojas útiles.

6. CUDAP. Expediente S01:0285493/2002. Organismo: MECON.

Fecha: 3 de diciembre de 2002. En respuesta a su nota Expte. N°

.711/96, en doscientas ocho (208) fojas útiles.

7. CUDAP. Expediente S01:0028166/2003. N° original: Expte 10.711/96. Organismo: MECON. Fecha: 20 de febrero de 2003.

Reclama rendición final de cuentas Meller S.A. Comunicaciones, en doscientas cuatro (204) fojas útiles.

8. Meller (Páginas Doradas) 10.227. Anexo I, en doscientas diecisiete (217) fojas útiles.

9. Meller (Páginas Doradas) 10.227. Anexo II, en ciento treinta y cuatro (134) fojas útiles.

10. Meller (Páginas Doradas) 10.227. Anexo III, en doscientas veinte (220) fojas útiles.

11. CUDAP. Expediente S01:0208527/2002. N° original: Exp.

MECON ex 090-002201. Organismo MECON. Fecha, 31 de julio de 2001. Notificación de sesión Meller S.A. CMeller Comunicaciones S.A.C a favor del Banco de Galicia y Buenos Aires, en cuarenta y nueve (49) fojas útiles.

12. CUDAP. Expediente S01:0268060/2002. Organismo: MECON.

Fecha: 6 de noviembre de 2002. Autos: "Meller Comunicaciones S.A. UTE c/ ENTEL s/ Expte. 10.711", cédula 40.104/02, en sesenta (60) fojas útiles.

13. Cuerpo que inicia con una nota al señor Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Díaz del 27 de agosto de 1999, firmada por el doctor Eleazar González, gerente de Asuntos Legales (e.l.), en doscientas veintiocho (228) fojas útiles.

14.

CUDAP.

Expediente S01:0028166/2003.

N° original:

Expentel. 10.711/96. Organismo: MECON. Ref. reclama rendición final de cuentas - Meller S.A. Comunicaciones. Cuerpo II, en doscientas diecinueve (219) fojas útiles.

15.

CUDAP.

Expediente S01:0028166/2003.

N° original:

Expentel 10.711/96. Organismo: MECON. Ref. reclama rendición final de cuentas - Meller S.A. Comunicaciones. Cuerpo III, en

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Corte Suprema de Justicia de la Nación ciento cuarenta y siete (147) fojas útiles.

16.

CUDAP.

Expediente S01:0028166/2003.

N° original:

Expentel 10.711/96. Organismo: MECON. Ref. reclama rendición final de cuentas - Meller S.A. Comunicaciones. Cuerpo IV, en trescientas veintiséis (326) fojas útiles.

17. CUDAP. Expediente S01:00297563/2002. Organismo: ME- CON. Fecha 23 de diciembre de 2002. "Acompaña documentación, según memo CESSLEGASC 10.374/2002 y nota SL y A N° 37 y nota SS AD y NP N° 32/02 Cvinculada a las actuaciones promovidas por la U.T.E. M.S.A y Meller Comunicaciones G.T.E.C, en cuarenta y siete (47) fojas útiles.

18. CUDAP. Expediente S01:0061826/2003. Organismo: MECON.

Fecha 11 de abril de 2003. Expte. Ex ENTEL N° 10.711/96, en setenta y seis (76) fojas útiles.

19. Expediente Meller (Páginas Doradas). Ref.: Pago de intereses por mora. Exp. N° 10.277, en cuatrocientas quince (415) fojas útiles. d) Fijación de audiencias para recibir la prueba testimonial los días 4 y 11 de noviembre de 2003 violando lo establecido en el art. 359 del Código Procesal Penal, privando a la defensa de contar con plazo suficiente para articular las preguntas a los testigos. e) Clausura del período probatorio con antelación al vencimiento establecido por la ley ritual, y mientras estaba pendiente de producción prueba que había sido despachada favorablemente y que no había sido desistida por la defensa. f) Inconstitucional delegación de la sustanciación de la prueba ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, lo que condujo a que se adoptasen diversas decisiones trascendentes y a que se celebrasen las audiencias testimoniales en presencia y con la participación de una mínima can-

tidad de senadores, no obstante revestir la totalidad de los integrantes del cuerpo la calidad de jueces que debían participar en la decisión definitiva del caso. g) Violación de los principios de inmediación y de oralidad, pues durante el transcurso del juicio no estuvieron presentes, en todo momento, la totalidad de los senadores que, luego, con su voto, adoptaron la decisión final no obstante no haber podido captar con sus propios sentidos los debates y pruebas producidos. h) Violación del principio de identidad física del juzgador, ya que hubieron senadores a quienes tocó actuar como jueces y por ende fallar la causa, que no asistieron a la totalidad de las sesiones en que se celebró el juicio. Hace hincapié en que algunos senadores prestaron el juramento previsto en el art. 59 de la Constitución Nacional, de manera escalonada y, en un número importante, con posterioridad a haberse iniciado la etapa de debate ante el Senado, y que, en algunos casos, recién se incorporaron a la cámara al momento de los alegatos (senadora Leguizamón), o bien escasos días antes (senador Miranda). i) Violación del principio de concentración, al transgredirse la directiva del art. 396 del Código Procesal Penal, puesto que la deliberación y votación recién tuvo lugar días después de cerrado el debate, no obstante que la norma en cuestión establece una relación de inmediatez entre ambos actos, que deben cumplirse sin solución de continuidad. j) Inconstitucionalidad de los arts. 41 y 61 del Reglamento del Senado constituido en Tribunal para la sustanciación del juicio público reglado en los arts.

59 y 60 de la Constitución, por conculcar los preceptos constitucionales y las normas de los tratados internacionales.

En el primer caso, porque sólo es viable la suspen-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación sión de un magistrado judicial cuando se tratare de un juez inferior, y hubiera sido dispuesta por el Consejo de la Magistratura, ya que es la única excepción al principio de inamovilidad de los jueces que fue establecida expresamente con motivo de la reforma constitucional de 1994 en el art. 114, inc.

51, de nuestra Ley Fundamental, mas sin establecerse previsión alguna respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En cuanto al art. 6°, no sólo porque en realidad no existe ninguna Comisión de Juicio Político en la Cámara de Senadores, sino porque, además, dicha norma habilitaría a sustanciar la etapa probatoria, de importancia decisiva, sin la presencia de la gran mayoría de los jueces que deben dictar sentencia, contrariando el principio elemental del juicio oral de que el tribunal sólo puede ponderar el valor convictivo de aquellas pruebas cuya producción cayó bajo los sentidos de los juzgadores.

Se agravia también porque la validez de tales normas no fueron establecidas por una decisión del tribunal del Senado sino que sólo se produjeron manifestaciones individuales, a favor y en contra de la validez de aquéllas, que no configuran motivación bastante. De ello se derivaría su nulidad, conforme lo establecido por el art. 123 del Código Procesal Penal, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el art. 27 del Reglamento del Senado sobre juicio público. k) La sentencia que dispone su destitución no está fundada ni en los hechos ni en la prueba ni en derecho, por cuya razón resulta arbitraria, máxime que ha omitido el tratamiento de las defensas esgrimidas por la parte.

6°) Que, con relación a la cuestión federal, el recurrente subraya que ha cumplido con su debido planteo en cada una de las oportunidades en que cuestionó el desarrollo

del proceso de juicio público, tanto en la etapa instructoria cuanto en la de juicio. Así lo hizo en ocasión de formular el descargo, cuando planteó la nulidad de la acusación y la invalidez de los arts. 41 y 61 del Reglamento del Senado como tribunal en un "juicio político".

La decisión del Senado frente a ese planteo, a juicio del apelante, dio primacía a las normas de un simple reglamento interno sobre las cláusulas constitucionales y de los tratados internacionales invocados por la defensa, vulneró la doctrina de la "división de poderes" que conforma la base del sistema republicano de gobierno impuesto por el art. 11 de la Constitución Nacional, privó a un magistrado de la Corte Suprema del ejercicio de su cargo y de su derecho de defensa.

El apelante también entendió violado el art. 14 de la Constitución Nacional, ya que, sin que exista norma constitucional que lo avale Cy mediante un procedimiento en el cual fueron desconocidas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso legalC el Senado le impidió ejercer su mandato constitucional de juez de la Corte Suprema de Justicia; el derecho resultante del art. 19 de la Ley Fundamental y del art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se lo privó del derecho a la inamovilidad en el cargo e intangibilidad de las remuneraciones, sin que exista norma constitucional que justifique ni semejante decisión ni el procedimiento irregular que la precedió. Asimismo, se habría lesionado el principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la Ley Fundamental, el art. 71 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que se ha sometido a juicio tan sólo al recurrente sobre la base del contenido de un pronunciamiento Cen un principio eran tres los fallosC

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Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado por el voto de la mayoría de un tribunal colegiado cual es Corte Suprema de Justicia.

7°) Que en relación al agravio, ya citado, atinente a la sustanciación de las pruebas ante una Comisión del Senado, y no ante el Tribunal en pleno tal como lo imponen los arts.

59 y 60 de la Constitución Nacional, el apelante afirma que, al así proceder, el Senado ha vulnerado, una vez más, las reglas del debido proceso legal y, en particular, las atinentes al juez natural de la causa. Ello así por cuanto la mayoría de los senadores no intervinieron en la etapa probatoria y dos de ellos Cque también contribuyeron con su voto a formar la decisión finalC se incorporaron a la Cámara al concluir dicha etapa. Por lo tanto, el art. 61 del reglamento, que así lo autoriza, vulnera las garantías expuestas en el art. 18 de la Ley Fundamental; el art.

XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 81 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los arts. 81 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los arts.

31 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En suma, el apelante afirma que la invocación de los poderes implícitos no faculta al Senado a incrementar o alterar las potestades que le reconoce la Constitución, entre las que no se encuentra la de suspender a un juez de la Corte Suprema; tampoco la de privarlo de las garantías de la inamovilidad en su cargo ni de la intangibilidad de sus remuneraciones; ni la de desvirtuar el funcionamiento del Senado como Tribunal en un juicio público; ni la de concretar un proceso irregular y al margen de la ley. No puede el Senado, mediante la invocación de esos poderes implícitos Cque son medios y no finesC, desconocer el principio de supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos

(arts. 32 y 75, inc. 22, Constitución Nacional) dictando reglamentos que colisionan con los principios contenidos en esas normas de jerarquía superior.

8°) Que, en síntesis, los agravios descriptos precedentemente denunciarían la afectación de las garantías constitucionales de debido proceso y de defensa en juicio, desde las más amplias perspectivas, acontecida durante el curso del procedimiento y en su culminación con la destitución, a la vez que describirían un defectuoso cumplimiento, por parte de los órganos políticos, del cometido que la Constitución Nacional les impuso en la delicada misión de ejercer el juzgamiento público que, en este caso, afecta a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

9°) Que en la causa "Nicosia" (Fallos: 316:2940), esta Corte Cdespués de lo decidido en "Graffigna Latino" para los enjuiciamientos políticos llevados a cabo en las provinciasC examinó y resolvió el primer caso en que se ponía en debate la validez de un enjuiciamiento político tramitado en el marco de la Constitución Nacional. Consideró entonces conveniente desarrollar con amplitud los motivos que explican el estándar de revisión de tales procesos, y se introdujo en el estudio de las causales que dan motivo al juicio político, cuya precisa determinación es uno de los puntos trascendentales que ofrece "ese expediente extraordinario", y tanto, que su resolución "influye de una manera directa en la apreciación de los otros tópicos que le son correlativos", según las palabras de Montes de Oca, en "Lecciones de Derecho Constitucional", II, 202 (fallo citado, considerandos 11 y 12).

10) Que la formulación de consideraciones de parecida índole se impone en el sub lite, ya que la alta investidura del magistrado que requiere la intervención de esta Corte, acentúa la trascendencia institucional del fallo y rati-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación fica la conveniencia Co necesidadC de delinear los márgenes de la revisión que le compete, en tanto el caso sometido a su conocimiento involucra el desempeño funcional de un juez de la más alta magistratura nacional y la apreciación de lo actuado por las dos cámaras del Poder Legislativo de la Nación en el cumplimiento de los cometidos específicos impuestos por la Constitución Nacional, todo ello bajo la invocación de haberse violado garantías y principios constitucionales que, como la defensa en juicio, el debido proceso y la separación de poderes, constituyen pilares inconmovibles del régimen republicano de gobierno.

11) Que, desde esa perspectiva, corresponde recordar que es jurisprudencia constante de este Tribunal que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamientos de magistrados, tanto en la esfera provincial como en la federal, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso, de modo que se accede a su revisión judicial por la vía del recurso extraordinario (Fallos: 308:961, considerando 6° Ccausa "Graffigna Latino"C; 308:2609 y 310:2845 Ccausa "Magín Suárez"C; 315:781, considerando 2° y sus citas C"Juzgado de Instrucción de Goya"C; 316:2940, considerando 2° y sus citas C"Nicosia"C; 317:874, considerando 4° y sus citas Ccausa "A.T.E. San Juan"C; 323:3922, considerando 2° Ccausa "Colegio de Abogados de San Isidro"C, entre otros).

12) Que, tal como se destacó en la recordada causa "Nicosia", esa doctrina, válida tanto para los enjuiciamientos pertenecientes al ámbito de las provincias como a los cumplidos en sede federal, obedece a dos hechos fundamentales.

En primer término, a la certeza de que los referidos procesos están protegidos por la garantía de la defensa en juicio

consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. Después, a que la violación de dicha garantía, que ocasione un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad judicial vigente en nuestro régimen institucional (causa citada, considerando 3°).

13) Que, a esos fines, esta Corte efectuó un ponderado desarrollo de las razones que conducen a concluir que el Senado de la Nación es, a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario, un órgano equiparable a un tribunal de justicia (causa "Nicosia" citada, considerando 5°).

Esa conclusión, que constituye hasta el presente doctrina de este Tribunal, se asienta esencialmente en las prescripciones constitucionales que definen la actuación del Senado en el proceso de "juicio público" establecido en el art. 59 de la Ley Fundamental. Allí se le asigna la misión de "juzgar" a los acusados por la Cámara de Diputados Ctérmino de inequívoco significadoC para lo cual sus integrantes deben prestar un juramento específico, acto Ceste últimoC que reviste doble importancia, pues al imponerse a legisladores que ya han prestado juramento de desempeñar fielmente su labor, ratifica que el rol que les compete en el trámite del juicio político es diferente del que ejercen de manera habitual. A la vez, la fórmula que establece el Reglamento del Senado en cumplimiento del precepto constitucional, impone a sus miembros la obligación de "administrar justicia con imparcialidad y rectitud, conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación". Se suma a ello que el proceso se encuentra reglamentado por normas específicas y, en lo no previsto, se rige Cconforme al reglamento actualmente en vigenciaC por el Código de Procedimientos en Materia Penal que se aplica en los

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Corte Suprema de Justicia de la Nación procesos judiciales. En ese ámbito, existe una parte acusadora y una acusación, un acusado y su defensa, ofrecimiento y producción de pruebas y, en fin, una decisión o "fallo" dictado por el Senado, constituido en tribunal.

14) Que, por otra parte, en el sub lite se controvierte el alcance e inteligencia de los arts. 18, 53 y 59 de la Constitución Nacional, así como el de los tratados internacionales invocados por el recurrente, de rango constitucional según lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Ley Fundamental, de modo que se está en presencia de una neta cuestión federal (art. 14, inc. 3, de la ley 48, conf. causa "Nicosia" cit., considerando 7°).

15) Que los márgenes de justiciabilidad del enjuiciamiento político no deben afectar al régimen de división de poderes, ya que la Constitución Nacional ha asignado, en forma concreta e inequívoca, a la Cámara de Diputados la facultad de acusar y a la de Senadores la de juzgar a los altos funcionarios individualizados en el art. 53.

16) Que tal restricción es de orden constitucional y ha sido frecuentemente invocada por la Corte cuando debe ejercer el control de constitucionalidad de los actos cumplidos por los otros dos poderes, para lo cual sostiene, desde antiguo, que "la misión más delicada de la justicia de la Nación es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones" (Fallos: 155:248).

17) Que el ejercicio de este deber que la Ley Fundamental impone a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial de la Nación, pero que en el régimen de control difuso la Corte comparte con todos los tribunales nacionales y provinciales, requiere especial cuidado cuando se dirige a los actos celebrados por los poderes políticos en el ámbito de sus

respectivas competencias.

18) Que, en lo que concierne al enjuiciamiento político, ha señalado este Tribunal que el control jurisdiccional no se ejerce sobre la materia misma de la decisión del Senado erigido en tribunal, sino sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales la Constitución ha otorgado a esa Cámara del Congreso la facultad de juzgar. Ha dicho en tal sentido que: "El cumplimiento de esos recaudos hace a la validez misma de la facultad, porque ésta sólo ha sido dada bajo el modo que aquéllos establecen.

De ahí que no puede desconocerse que los problemas vinculados con dichos capítulos podrían caer bajo el control judicial, toda vez que pertenece a éste juzgar si el ejercicio de una atribución, incluso irrevisable en su fondo, ha sido hecho dentro del ámbito y con arreglo a las formalidades que estableció la propia Constitución, mayormente en el supuesto de la señalada irrevisabilidad" (causa "Nicosia", cit., considerando 17).

19) Que, recientemente, esa doctrina ha sido reiterada en la causa B.450.XXXVI "Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento", fallada el 11 de diciembre de 2003. No obstante que, en dicho caso, cabe puntualizar que el art. 115 de la Constitución Nacional contiene una norma específica referente a la irrecurribilidad del pronunciamiento del Jurado, lo que no sucede respecto del Senado de la Nación, resulta de interés recordar los conceptos vertidos por la Corte: "En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones Cnítidas y gravesC a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio" (considerando 9°).

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Corte Suprema de Justicia de la Nación 20) Que, a la luz de la mencionada doctrina, constituye objeto de la revisión judicial, comprobar si los poderes políticos se han manejado dentro del ámbito de sus respectivas competencias y facultades constitucionales, función que desde los inicios de la vida institucional de la República ha sido entendido como una atribución propia de esta Corte Suprema como intérprete final de la Ley Fundamental (Fallos:

1:340).

21) Que el alcance de esa potestad jurisdiccional, que importa el control de constitucionalidad de los actos celebrados por los poderes políticos, ha sido bien descripto en conocidos fallos dictados por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, citados frecuentemente por este Tribunal. En "Baker v. Carr" (369 US 186, 1962), aquella Corte ha dicho que decidir "...si un asunto ha sido, en alguna medida, conferido a otro poder del Estado, o si la acción de ese poder excede las facultades que le han sido otorgadas, es en sí mismo un delicado ejercicio de interpretación constitucional y una responsabilidad de esta Corte como último intérprete de la Constitución". En "Powell v. Mc Cormack" (395 U.S.

486, 1969), en el que la Cámara de Representantes había excluido a un diputado electo, por razones que no se encontraban entre los requisitos establecidos por la Constitución norteamericana, la Suprema Corte expresó que para esclarecer si el caso sometido a su conocimiento era justiciable, debía interpretarse la Constitución para comprobar si determinada atribución había sido conferida a un órgano del Estado y si había sido desempeñada de conformidad con el marco constitucional y legal que la rige. Así, señaló que dilucidar si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida Csi existe algunaC el ejercicio de ese poder puede ser some-

tido a revisión judicial.

22) Que, recientemente, esa doctrina encontró concreta aplicación en la causa "Bussi" (Fallos: 324:3358), en la que, a semejanza de lo ocurrido en el mencionado caso "Powell v. Mc. Cormack", se cuestionaba la validez de una decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que había denegado la incorporación al cuerpo de un diputado electo, por razones Cno previstas taxativamenteC a las que se atribuía una intencionalidad política. Planteada la incompetencia de dicha cámara para excluir a un legislador que había reunido todos los requisitos exigidos por la Constitución para acceder al cargo, el tribunal ratificó que se trataba de una cuestión justiciable. Dijo entonces que "...planteada una causa, no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos legislativos, judicial y ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí y con respecto a los de las provincias. No admite excepciones, en esos ámbitos, el principio reiteradamente sostenido por el Tribunal, ya desde 1864, en cuanto a que él 'es el intérprete final de la Constitución' (Fallos: 1:340)".

23) Que delimitado el ámbito de revisión jurisdiccional de la decisión del Senado de la Nación cuestionada por la vía extraordinaria, un orden lógico impone examinar aquellos agravios que, en caso de ser admitidos, tornarían inconducente o superflua la consideración de los restantes.

24) Que, desde esa perspectiva, suscita primordial atención el agravio referente al presunto exceso en que habría incurrido el Senado de la Nación al destituir al juez recurrente por causales ajenas al ámbito de sus atribuciones constitucionales. Al respecto, alega el apelante que las únicas dos causales configurativas de mal desempeño que obtuvie-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación ron la mayoría necesaria para fundar la destitución, importan el enjuiciamiento político por el contenido de las sentencias, lo que exorbita las facultades del órgano juzgador, viola el principio de división de poderes, afecta la independencia del Poder Judicial y la libertad de criterio de los jueces, e invalida de manera definitiva el fallo.

25) Que el examen de dicho agravio resulta formalmente procedente de conformidad con los rigurosos límites del ejercicio del poder jurisdiccional revisor a que se hizo mención supra. En efecto, resulta inequívoco que compete a este Tribunal verificar si el Senado de la Nación actuó dentro del marco de sus facultades constitucionales al destituir al doctor Moliné O'Connor por considerarlo incurso en la causal aludida o si, como lo alega el recurrente, sólo se ha cumplido un formalismo ritual que encubre la violación a las normas fundamentales invocadas, configurándose de tal modo el supuesto que habilita la intervención de este Tribunal (causa "Nicosia", considerando 10 in fine).

26) Que, según resulta de la resolución dictada por el Senado de la Nación el 3 de diciembre de 2003, ese órgano resolvió: "destituir al acusado, doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor, del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en virtud de haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Nacional, con la declaración de que no queda inhabilitado para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación y ordenar se comunique a quienes corresponda a los efectos consiguientes".

) Que, tal como surge del texto expreso de dicho pronunciamiento, de las causales de destitución contempladas en la Constitución Nacional Cmal desempeño, delito en el ejercicio de la función, crímenes comunesC el Senado sólo encontró configurada la primera de ellas. El "mal desempeño" en que habría incurrido el juez estaría configurado en su voto en la causa judicial "Meller". Cabe, entonces, examinar si este extremo encuadra en el concepto de mal desempeño establecido en la Constitución Nacional.

28) Que este Tribunal efectuó una síntesis de la evolución y alcance del concepto de "mal desempeño", desde las primeras organizaciones constitucionales patrias hasta el texto actualmente vigente (causa "Nicosia", considerandos 12 a 14). Del mismo modo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados realizó un detallado estudio del origen y alcance de dicho concepto en las causas "Brusa" y "Bustos Fierro" (Fallos: 323:JE 5 y 108, respectivamente).

29) Que la compulsa de tales precedentes y de sus citas lleva a la conclusión de que "mal desempeño" no es un concepto que pueda ser aprehendido bajo fórmulas sacramentales o inflexibles, sino que su configuración depende de una conducta grave, trascendente para el desempeño de la función y que prudentemente ponderada por el juzgador, revele la ineptitud del magistrado para continuar ejerciendo el cargo con que fue investido.

30) Que la exclusividad de la función asignada por la Constitución al Senado de la Nación no impide, como se ha visto, el control jurisdiccional que asegure que ha sido ejercida dentro del ámbito en que sus atribuciones le han sido conferidas y con las formalidades que la Ley Fundamental exige para su cumplimiento.

31) Que, en el contexto descripto, resulta particu-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación larmente delicado ejercer ese control jurisdiccional cuando Ccomo acontece en el sub liteC la causal de destitución se funda exclusivamente en una decisión judicial adoptada por el magistrado, suscripta CademásC en forma conjunta con otros miembros del Tribunal, y se alega frontal colisión con el principio republicano de división de poderes, traducido en la independencia de criterio de los jueces para decidir las causas sometidas a su conocimiento.

32) Que, conceptualmente, no cabe descartar que una sola sentencia pueda constituir el hipotético soporte de una inconducta susceptible de ser calificada como "mal desempeño", con aptitud para motivar la destitución del juez que la suscribió. Por el contrario, existen supuestos en que la decisión jurisdiccional es la expresión de un delito cometido en ejercicio de las funciones o la exteriorización de una manifiesta "ignorancia del derecho", tradicionalmente concebida como causal de remoción. Mas fuera de estas hipótesis excepcionales, el principio es el que veda el enjuiciamiento y eventual destitución de los magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, pues de lo contrario, el Congreso de la Nación se erigiría en tribunal de última instancia y árbitro final de las controversias judiciales, lo que importaría una inadmisible injerencia en la órbita del Poder Judicial de la Nación, que excede las facultades y competencias propias del órgano legislativo en detrimento del principio republicano de la división de poderes, a la par que representaría una afectación de la independencia de los jueces, que para fundar sus decisiones deberían estar más atentos a satisfacer el paladar de los poderes políticos que a consagrar la supremacía de la Constitución Nacional.

33) Que el control de la opinión de los jueces expresada en sus sentencias, lesiona irreparablemente la impar-

cial administración de justicia y, con ella, la división de poderes, ya que el criterio de los magistrados se verá ineludiblemente sustituido por el de los órganos políticos a quienes compete su juzgamiento.

34) Que ya Alfredo Palacios, en ocasión del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló, en 1947, que: "...así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por opiniones que emita en desempeño de su mandato; ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de separación de poderes" (Alfredo Palacios, "La Corte Suprema ante el Tribunal del Senado", Ed. Jus, Buenos Aires, 1947, pág. 252).

35) Que ese principio es universal, y ha sido reconocido por los más diversos y prestigiosos organismos nacionales e internacionales, inclusive recientemente.

Así, a modo de ejemplo, la "American Bar Association", en el informe redactado el 4 de julio de 1997, formuló "Recomendaciones" relativas a "problemas relacionados con la independencia de los jueces". Señaló allí que: "El desacuerdo con una decisión determinada de un juez no es una base apropiada para iniciar el procedimiento de acusación. Los funcionarios públicos deberán abstenerse de amenazar con la iniciación del procedimiento de acusación basado en sus percepciones de la interpretación Cefectuada por el magistradoC acertada o equivocada de la ley, en una resolución determinada". En el informe se destaca que en doscientos años, ningún juez fue removido en base a sus decisiones. Advierte también que el juez está resguardado por esa necesaria independencia, para

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Corte Suprema de Justicia de la Nación poder resistir un intento de remoción por un fallo que no conforme a los legisladores.

En la misma dirección se han pronunciado el Estatuto Universal del Juez, dictado por la Unión Internacional de Magistrados, y el Estatuto del Juez Iberoamericano, sancionado por la Cumbre Iberoamericana reunida en Santa Cruz de Tenerife (España), en 2001.

36) Que con la reforma constitucional de 1994, el orden constitucional argentino vio afianzado el principio republicano de independencia de los jueces, mediante la incorporación, con rango constitucional, de varios tratados que refieren al tema. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 8, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14, establecen que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Queda de tal modo consagrada, en forma aún más elocuente Csi cabeC la libertad de criterio de los magistrados judiciales en el ejercicio de sus funciones.

37) Que, en tal sentido, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en la causa "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Manzano vs. Perú", en fecha 31 de enero de 2001. El pronunciamiento tuvo origen en una denuncia relativa a la ilegal remoción de tres magistrados del Tribunal Constitucional del país demandado.

Los jueces habían sufrido un proceso de presión y hostigamiento por parte de los poderes políticos, que se había originado en un pronunciamiento judicial adverso al gobierno y que culminó con la destitución de los magistrados. El Tribunal receptó los argumentos de la Comisión Interamericana, en el sentido de que la independencia de los jueces, amparada por el art. 8 de la Convención, debía ser valorada con relación a la

posibilidad de los magistrados de dictar decisiones contrarias a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como así también al carácter en que debe actuar el Congreso como juez en el procedimiento de destitución de los magistrados. Dijo que:

"Cualquier acto estatal que afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención".

Juzgó que en el caso se había configurado "una confabulación de los tres poderes públicos" y expresó que:

"El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría, como efectivamente sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno".

No omitió la ponderación de lo actuado durante el proceso de remoción, pues advirtió que el Congreso había violado los criterios de "imparcialidad subjetiva", al señalar que: "la mayoría del Congreso ya tenía una convicción formada respecto al caso", pues consideró que cuarenta legisladores, entre ellos varios integrantes de las Comisiones Investigadora y Acusadora, habían tomado partido públicamente acerca del sentido en que debía haber sido resuelta la causa judicial por los magistrados que fueron finalmente destituidos.

La Corte Interamericana dijo en el caso que "uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de independencia de los jueces". Agregó que: "Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier Juez en un estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento" y concluyó que: "...es evidente que el procedimiento de juicio

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Corte Suprema de Justicia de la Nación político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el requisito de la imparcialidad del juzgador.

Además, la Corte observa que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional".

Por ello, juzgó que: "el Estado violó el derecho a la protección judicial...consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana", en virtud de lo cual y del resultado de las restantes cuestiones sujetas a decisión, impuso al Estado una severa sanción pecuniaria, consistente en el pago de los salarios caídos Cdos de los magistrados ya habían sido repuestos en sus cargosC y de las sumas fijadas por la Corte en concepto de costas y gastos.

38) Que también cabe recordar la doctrina de esta Corte en el sentido de que la jurisprudencia de los tribunales internacionales competentes para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (Fallos: 318:514, "Giroldi", entre otros).

En tal sentido, el precedente "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Manzano vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca una pauta muy importante acerca de cómo los órganos internos de la República deben interpretar las normas que rigen el juicio político para no incurrir en violación de aquel tratado internacional y no generar una

eventual responsabilidad internacional del Estado.

39) Que en ese orden de ideas, y como muestra del consenso internacional que existe en materia de remoción por el contenido de las sentencias, el art. 70, párrafo 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

40) Que la defensa de esos principios fue desde antiguo sostenida por esta Corte, que señaló que no podrá lograrse una administración imparcial de justicia si los jueces carecen de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento y si corren el riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias pudieran ser objetables (Fallos: 274:415).

41) Que también la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica refleja la misma línea de pensamiento, al señalar que: "Es un principio general de fundamental importancia de toda administración de justicia que un funcionario judicial, cuando ejerce las facultades que le han sido conferidas, tenga libertad para actuar de acuerdo con sus propias convicciones, sin miedo a sufrir consecuencias personales" ("Bradley v. Fischer", 80 U.S. 13 Wall. 335-1871).

42) Que del mismo modo, el Congreso de la Nación ha reconocido que no le corresponde interferir en la órbita del Poder Judicial, aprobando o desaprobando sus sentencias (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1899, págs.

828/829; dictamen de la Comisión de Juicio Político de rechazo in limine en los expedientes acumulados 3531-D-92, 3745-D- 92 y 158-P-92).

En idéntico sentido, ha dicho la Comisión de Juicio

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Político de la Cámara de Diputados que "no corresponde que el Parlamento interfiera en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, y ésa ha sido la doctrina que tradicionalmente ha seguido el Congreso...Sostener que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado...Desaparecería así el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento; no sólo por la enorme presión que significa en el ánimo del juez pensar en alzarse frente a la ley dictada por el órgano que tiene en sus manos removerlo, sino porque el Congreso podría destituirlo de inmediato, conservando como jueces sólo a aquellos que no declararan la inconstitucionalidad de sus leyes" (Labor Legislativa CComisión de Juicio PolíticoC año 1998, pág.

711 y siguientes).

43) Que, como lo recuerda el Jurado de Enjuiciamiento en la causa "Bustos Fierro" (Fallos: 323: JE 108, considerando 4°), en el juicio político se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, pero no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley (Sánchez Viamonte, Manual de Derecho Constitucional, Ed. Kapeluz, 1958, pág. 280).

44) Que, en función de lo expuesto, resulta ajeno, tanto a la decisión del Senado de la Nación como a la que aquí se adopte, señalar cuál debería ser la solución jurídica acertada para dirimir el litigio. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados advirtió con claridad que tal proceder es por

completo ajeno a la índole y límites constitucionales del instituto de juicio político. Dijo, en la causa "Bustos Fierro", citada, que: "...resultaría estéril confrontar en este proceso eventuales diferencias con la interpretación del derecho formulada en la acusación, ya que ello implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio que la funda, lo cual no se encuentra previsto en el marco constitucional y legal que rige ese procedimiento, no resulta propio de la actuación de un órgano que no ejerce funciones jurisdiccionales y sería inconducente a los fines perseguidos, en tanto reduciría el examen de la causal de mal desempeño a una hipotética diversidad de opiniones jurídicas entre los dos órganos a los que la Constitución asigna el cometido de llevar el proceso de remoción de los magistrados federales".

45) Que, como se anticipó, esa prevención resulta igualmente válida para este Tribunal, pues aunque su fallo es de naturaleza jurisdiccional, se encuentra circunscripto al control de constitucionalidad, referido supra, respecto de los actos celebrados por los poderes políticos que llevaron a cabo el enjuiciamiento y, como es obvio, no le cabe formular disquisiciones jurídicas sobre la solución de la causa "Meller".

46) Que, en el sub lite, la conducta configurativa del "mal desempeño" es la atribución al doctor Moliné O'Connor de "haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48".

Se trata, como emana de la sola enunciación de los cargos, de decisiones de índole jurisdiccional, adoptadas en una causa judicial.

47) Que, en efecto, y sin que ello importe juzgar

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Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del acierto o error del pronunciamiento de la mayoría en la causa "Meller" (Fallos: 325:2893) Cde hacerlo, se incurriría en tacha idéntica a la que se repruebaC, lo cierto es que según el voto de los jueces Moliné O'Connor y López que integró aquélla, el recurso de queja deducido fue desestimado con fundamento en una reiterada jurisprudencia de la propia Corte Suprema Cla que se encuentra citada en el precedente al que expresamente se remitióC, según la cual, no cabe recurso alguno respecto de las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, destacándose que, en el caso, el recurrente no había desarrollado argumentos que permitiesen apartarse de tal criterio ni se advertía un supuesto de arbitrariedad en la decisión cuestionada que justificase la intervención del Tribunal (considerando 1°).

En cuanto a los considerandos 2° y 3° del voto aludido, se trata Cen el contexto de tal pronunciamientoC de apreciaciones formuladas obiter dicta, en tanto la decisión se sustentó en las razones expresadas en el considerando 1° y en el dictamen concordante del señor Procurador General de la Nación.

Por lo demás, la doctrina de la Corte desde hacía casi medio siglo caracterizaba como irrecurribles a los fallos del tribunal arbitral de obras públicas, entre la que cabe mencionar los casos:

"Amelcom" (Fallos:

239:357; 11 de diciembre de 1957); "Servente y Magliola" (Fallos: 252:109; del 12 de marzo de 1962); "Empresa Tomagra y Sastre S.A." (sentencia del 11 de junio de 1962); "Kimbaum Ferrobeton S.A. de Construcciones" (Fallos: 261:27, sentencia del 19 de febrero de 1965); Comisión Arbitral (Fallos: 242:109 y otros); "Juan Di Nitto" (Fallos: 308:116, sentencia del 13 de febrero de 1986) y "Pirelli Cables c/ Empresa Nacional de Telecomuni-

caciones" (Fallos: 322:298, sentencia del 9 de marzo de 1999).

48) Que, habida cuenta de que no media imputación de que la sentencia "Meller" constituya en sí misma delito, las conductas atribuidas al doctor Moliné O'Connor como configuración del "mal desempeño" traducen una valoración impropia del Honorable Senado de la Nación por cuanto éste carece de potestad para revisar las sentencias del máximo Tribunal nacional y discernir, de su contenido, el eventual mal desempeño de uno de los varios magistrados que lo integran. La decisión cuestionada por el Senado sólo traduce la aplicación de una jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema y el ejercicio de facultades que le son propias, como ha sido, en el caso, la calificación Co noC dentro un estándar de creación pretoriana, cual es la arbitrariedad de las sentencias judiciales.

49) Que, a mayor abundamiento, ha de señalarse que el primero de los cargos admitidos Chaber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulentoC no permite, por sí mismo, comprender la imputación.

Para deslindar su alcance es preciso remitirse a lo alegado y probado durante la tramitación del juicio político ante ambas cámaras del Poder Legislativo, respecto de la causa judicial en que esa decisión fue adoptada.

50) Que es pacífica la doctrina que establece que las imputaciones de mal desempeño Cen el caso ya convertidas en causales de destituciónC deben reposar sobre hechos, aunque la calificación que éstos merezcan pueda variar en el juzgamiento (causa "Nicosia" citada).

La falta de precisión en la acusación y en el fallo respecto de los actos del magistrado que habrían servido para convalidar el llamado "proceso administrativo fraudulento"

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Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a entender, como única hipótesis posible, que ello se habría concretado por la sola desestimación del recurso extraordinario con fundamento en una conocida jurisprudencia del Tribunal, que establecía la irrecurribilidad en casos análogos.

51) Que carencias de parecida índole presenta la segunda de las causales que sirvieron para la destitución del magistrado, ya que "haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48", en sí misma, no predica una actividad concreta del magistrado susceptible de examen, sino que, como la anterior causal, parece circunscribirse a la decisión de desestimar el recurso extraordinario con fundamentos que, más allá de su acierto o error, no traducen ninguna de las causales de mal desempeño admitidas por la Constitución Nacional.

52) Que cabe reiterar que en ninguna de las dos causales se imputó al doctor Moliné O'Connor la existencia de algún propósito ajeno al leal desempeño de la función jurisdiccional Cy menos aún la comisión de delito algunoC por lo que el presente examen ha de limitarse a la comprobación de la existencia de esas conductas y a su aptitud para configurar el "mal desempeño" que habilita a la destitución del juez.

53) Que, por otra parte, en la resolución del Senado de la Nación sólo se da cuenta de los votos reunidos para el progreso de los cargos formulados y el resultado de esa votación. Por ello, para comprender el alcance y sentido de las causales de destitución, es imprescindible remitirse a lo actuado durante el proceso de juicio político, a lo manifestado por los diversos legisladores que formularon la acusación y los que la sostuvieron ante el Senado y, en fin, a los numerosos debates orales y argumentos vertidos por escrito,

por la acusación y por la defensa, que definieron los puntos en cuestión, ya que la resolución del Senado no explica los motivos por los que se tuvo por configurado y probado cada uno de los cargos.

54) Que, en ese orden, son muchos los textos de las actas de sesiones y de los escritos de la acusación y de la defensa, que versan sobre las particularidades de la causa "Meller" y de la solución que correspondía dar al caso, así como del alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia que motivó la destitución del doctor Moliné O'Connor, de sus efectos en relación con un posterior decreto del Poder Ejecutivo Nacional y, en fin, de las más variadas alternativas jurídicas a las que cabía acudir para enfrentar el tema litigioso.

55) Que, en ese marco, ha de ponderarse que si se imputó al doctor Moliné O'Connor haber convalidado un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado del control de constitucionalidad, sin atribuírsele motivación alguna para esa supuesta inconducta, sólo puede concluirse que subyace en esa imputación la imposición de una solución jurídica contraria a la adoptada por el magistrado. Ello ratifica la conclusión de que la destitución radica en que, a criterio del Senado de la Nación, el juez debió haber admitido el recurso extraordinario y descalificado la decisión y no lo hizo así.

56) Que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la acusación para demostrar que el contenido de las sentencias no es inmune a examen en el juzgamiento político, en el caso no se verifica ninguna de las hipótesis en que la decisión emitida por el juez podría dar sustento constitucional a la causal de destitución. Para que ello fuese posible debería concurrir Ccomo en la totalidad de los casos citados por la acusaciónC un elemento indicativo del mal desempeño que exceda

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Corte Suprema de Justicia de la Nación el mero sentido u orientación jurídica del pronunciamiento implicado.

57) Que así, a modo de ejemplo, cabe recordar que en la destitución del juez doctor Angel Pizarro (1892) se evaluaron causales como ejercicio habitual del comercio, dictado de sentencias contrarias a las leyes que regían el caso, designaciones en expedientes de personas vinculadas por relaciones de negocios, extracción de fondos en expedientes alterando los hechos que constaban en la causa, etc. En el conocido caso del juez Ponce y Gómez, fue la propia cámara del fuero la que pidió su juicio político por numerosas irregularidades, entre las que se encontraban delitos cometidos por medio de los expedientes judiciales, tales como extracciones de sumas de dinero confiadas a su custodia. El doctor Valentín Arroyo fue destituido por haberse hallado conductas delictivas o cuasi delictivas en su accionar, además de irregularidades funcionales. En cuanto al juez Rafael de Allende, las causales de destitución se fundaron en la comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad, entre otras. Al juez de Oro se lo acusó por extracción de fondos de manera irregular y desaparición de fondos depositados en un juicio, entre otras irregularidades vinculadas con los litigantes en su juzgado.

Respecto del juez Nicosia, es de público conocimiento que las irregularidades se basaron en la designación de peritos en determinada índole de expedientes en su juzgado Cseguidos contra Ferrocarriles ArgentinosC, entre los que se discernía los "falsos" de los "legales", y se vislumbraba la comisión del delito de prevaricato.

58) Que, tal como resulta de lo expuesto, los antecedentes parlamentarios invocados no confieren sustento a la decisión dictada en el sub lite, ya que en el caso ni en la acusación ni en la sentencia que determinó su progreso, se

consigna otro elemento con aptitud para tipificar el "mal desempeño", que exceda de la simple y llana decisión jurisdiccional.

59) Que, como se dijo precedentemente, esa hipótesis colisiona frontalmente con las normas constitucionales invocadas por el recurrente, que establecen y garantizan el sistema republicano de gobierno, mediante la división de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, la libertad de criterio de los jueces y la inamovilidad en sus cargos. También contraviene el texto expreso de la ley 24.937, modificada por la ley 24.939, que en su art. 14, ap. b expresa que:

"queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias", norma que, aplicable a los jueces federales, no puede ser ajena a los que integran el máximo Tribunal de la Nación.

60) Que, por todo lo expuesto, se configura en el caso un intolerable exceso en el ejercicio de las facultades privativas del Honorable Senado de la Nación que habilita la intervención de esta Corte a la luz de la jurisprudencia del tribunal citada supra y que exige la reparación de los agravios constitucionales inferidos por el pronunciamiento apelado.

61) Que ello es así por cuanto, tal como surge de las consideraciones vertidas, la destitución del doctor Moliné O'Connor reconoce como único fundamento la desaprobación, por parte del órgano legislativo, del criterio jurídico adoptado por el magistrado para resolver una contienda judicial, sin que se haya invocado ni demostrado la existencia de ninguna de las causales de mal desempeño en el cargo previstas en la Constitución Nacional.

La decisión de destituir al juez aparece, de tal modo, inscripta fuera del marco de potestades del órgano con capacidad de juzgar en el proceso de enjuicia-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación miento político, ya que esa capacidad constitucional le es otorgada sólo bajo el modo que las normas fundamentales establecen (conf. "Nicosia" cit., considerando 17), lo que constituye requisito ineludible para su validez.

62) Que, en orden al sentido de la presente decisión, cabe examinar si conserva virtualidad el recurso extraordinario deducido contra la resolución del Senado de la Nación de suspender al recurrente en el ejercicio de su cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con privación de la percepción de sus salarios, cuya acumulación Cactuaciones M.1915/03C solicitó para su tratamiento con el presente recurso.

63) Que podría inferirse la escasa utilidad de considerar tales agravios, sobre la base de que la reposición del doctor Moliné O´Connor en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia, por las razones y con los alcances precedentemente indicados, importa la percepción de los haberes de los que fue privado el magistrado. Sin embargo, la cuestión planteada configura una de aquellas cuestiones litigiosas que se presentan con frecuencia en el curso de un juicio político, pero que, por el mero cumplimiento de los procedimientos ordinarios, difícilmente encuentran marco para ser resueltas por esta Corte, que de este modo encontraría frustrado el ejercicio de su alta misión institucional de ser el intérprete final de la Constitución.

64) Que, desde la perspectiva expuesta, y a la luz de la doctrina de este Tribunal sentada en la causa "Rios" (Fallos: 310:819 y los votos de los jueces Petracchi, Boggiano, Cavagna Martinez y Belluscio en el caso "Bahamondez", Fallos: 316:479), resulta conveniente proceder al examen de tales agravios, máxime ante la grave trascendencia institucional que presenta la cuestión planteada.

Es que dada la modalidad con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos, es harto difícil que, en la práctica, lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que aquéllas conllevan sin haberse vuelto abstractas Cen el caso la suspensión de un juez de la Corte Suprema antes de su destitución final en el trámite del juicio políticoC. Para remediar esta situación, que es frustratoria del rol que debe desempeñar todo tribunal al que se le ha encomendado la función de garante supremo de los derechos humanos, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetición, pero que escaparían a su revisión por circunstancias análogas a las antes mencionadas (confr. Fallos: 310:819 y Corte Suprema de Estados Unidos, casos "Carroll v. President and Commissioners of Princess Anne et al.", 393 US 175; "Gerstein v. Pugh" 420 US 103; "Board of School Comrs. v Jacobs" 420 US 128; "Moore v. Ogilvie" 394 US 814; "Dunn v. Blumstein" 405 US 330; "Roe v. Wade", "Doe v. Bolton" 410 US 179; "Rosario v. Rockefeller" 410 US 752; "Brown v. Chote"; "Storer v. Brown" (1974) 415 US 724; "Super Tire Engineering Co. v. McCorkle" 416 US 115; "Sosna v. Iowa" 419 US 393).

65) Que el Tribunal no comparte la opinión del señor Procurador General con respecto a que la decisión del Senado de la Nación de suspender al magistrado enjuiciado configura, por su naturaleza secundaria y cautelar, una cuestión excluida del control judicial por parte de esta Corte Suprema.

En efecto, en el leading case "Nicosia", varias veces citado, el Tribunal ha enfatizado, y reiterado recientemente in re "Brusa", que el control judicial de los procesos de enjuiciamiento político de los magistrados queda reservado para las decisiones finales que destituyan a los enjuiciados y para aquellas otras que, por sus efectos, sean equiparables a

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Corte Suprema de Justicia de la Nación definitivas. Y si de un pronunciamiento puede predicarse su equiparación a definitivo a fin de habilitar la instancia del art. 14 de la ley 48, no otro puede representarse con mayor fidelidad sino aquel que suspende a un magistrado en las funciones judiciales para cuyo ejercicio cuenta con un título válido de naturaleza constitucional y con garantías de igual naturaleza, en la medida que bajo un ropaje cautelar y provisorio afecta de modo directo e inmediato las dos garantías esenciales instituidas en beneficio de la independencia del Poder Judicial: la inamovilidad de los magistrados y la intangibilidad de sus remuneraciones.

El connatural efecto cautelar de la suspensión, en la medida en que implica un adelanto de jurisdicción según clásica expresión utilizada en la materia, priva al magistrado de su inamovilidad funcional y de su intangibilidad salarial, bastando que tal agravio se ocasione durante un solo día o sobre una porción mínima de su sueldo para interesar a las normas institucionales en juego.

De ahí, pues, que lejos de constituir una materia extraña al riguroso control judicial existente en esta clase de asuntos, la suspensión preventiva configura una de aquellas excepcionales decisiones que, por su naturaleza, está sometida al control de constitucionalidad de parte de este Tribunal en la instancia del art. 14 de la ley 48.

66) Que el art.

110 de la Constitución Nacional establece que los "jueces de la Corte...conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida de manera alguna, mientras permaneciesen en funciones". Por otra parte, el art. 114 inc. 5 de la Ley Fundamental autoriza al Consejo de la Magistratura a ordenar la suspensión CsóloC de los magistrados de tribunales infe-

riores, pues son los únicos que se encuentran bajo su jurisdicción a los fines del enjuiciamiento político.

67) Que, en ese marco constitucional, el Senado carece de facultades explícitas para suspender a un juez de la Corte Suprema de Justicia, ámbito normativo que no mereció alteración alguna durante el proceso de reforma que culminó en el año 1994. Dado que en esa oportunidad fue creado el Consejo de la Magistratura, órgano al cual le fueron otorgadas las mencionadas atribuciones, no cabe suponer imprevisión u olvido en el constituyente, sino decisión tácita de que la cuestión no debía ser reformulada en lo concerniente a los integrantes del máximo Tribunal de la Nación.

Además de la incoherencia del constituyente que implicaría postular que una atribución de igual naturaleza, la suspensión de un magistrado judicial durante su enjuiciamiento público, ha sido conferida en forma explícita a un órgano mientras que a otro le corresponde de modo implícito, tal contradicción se agrava hasta límites intolerables si se observa que, paradójicamente, la facultad concerniente al acto de mayor trascendencia institucional Csuspensión de un juez de la Corte SupremaC es meramente implícita y carente de toda limitación temporal, mientras que aquella que comprende a los jueces inferiores ha sido expresamente reconocida por el constituyente y se encuentra sometida en cuanto a su vigencia a un plazo fatal que debe acatar el jurado de enjuiciamiento.

68) Que si bien esta Corte ha admitido en otras oportunidades que el Senado de la Nación posee facultades implícitas (Fallos: 19:231), tal facultad luego fue limitada bajo la idea directriz que no es absoluta (Fallos: 28:406 y causa "Pelaez", Fallos: 318:1967), sin que deba olvidarse que, como se dijo con anterioridad (considerandos 20, 21 y concordantes), la división de poderes implica el respeto a las

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Corte Suprema de Justicia de la Nación facultades de otro poder del Estado y que si bien este Tribunal no puede juzgar sobre las facultades propias de otro poder político, sí puede analizar si éstas han sido ejercidas dentro del marco que fijan la Constitución y las leyes.

69) Que, en clara definición del perfil con que debe interpretarse el instituto, dijo esta Corte en Fallos:

322:1616:

"Sin duda, quien tiene poderes para realizar un cometido debe contar con las facultades implícitas necesarias para llevar a buen término la misión deferida. Mas predicar la presencia de poderes de dicha naturaleza es únicamente reconocer ciertas atribuciones que son imprescindibles para el ejercicio de las expresamente concedidas, que puedan considerarse adecuadas y compatibles con el diseño general de la Constitución, pero que no son sustantivas ni independientes de los poderes expresamente concedidos, sino auxiliares y subordinadas (Fallos: 300:1282 y 301:205). La invocación de la denominada teoría de los poderes implícitos no puede justificar un desconocimiento de que el principio que sostiene el diseño institucional de la república es que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido expresamente conferidas, pues si de un poder expreso pudiera implicarse otro de análoga consistencia se destruyen los límites de la concesión y no tardaría en echarse por tierra todo el aludido equilibrio de la Constitución (Fallos: 318: 1967)".

70) Que, tal como surge de lo expuesto, en el texto constitucional no ha sido conferida facultad alguna a favor del Senado de la Nación para suspender a los jueces de la Corte Suprema durante el curso del juicio político y no existe margen para considerar esa atribución como implícita, porque no sólo no es necesaria para el desempeño de ese cometido, sino que el constituyente muy recientemente omitió incorporarla al texto constitucional, no obstante haber estudiado

el tema respecto de otro organismo que cumple funciones semejantes respecto de los jueces inferiores y habérsela otorgado en forma expresa (art. 114 inc. 5 de la Ley Fundamental).

71) Que la ausencia de esas atribuciones respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia no puede ser tachada como carente de sustento ni promueve una inmovilidad paralizante en el Senado, dentro del equilibrio que deben mantener los poderes del Estado en el régimen republicano establecido por nuestra Constitución. No cabe olvidar que, aunque jueces con el poder para dar la última palabra válida sobre el derecho, los ministros de la Corte Suprema encabezan un poder del Estado para el cual CademásC es fundamental la independencia de criterio respecto de los restantes poderes, esencialmente políticos. En ese orden, parece razonable eximir a quienes integran la cabeza del Poder Judicial de la Nación, de la presión que importa el riesgo de ser apartados de su cargo, quizás temporariamente, pero con el ineludible peligro de que la conformación de mayorías de opinión jurídica en el cuerpo colegiado Cy por ende, el sentido de los pronunciamientos judicialesC pueda quedar a merced de vertientes políticas ocasionales y temporarias como sucede con la política agonal.

Y no debe olvidarse que todo cuanto aquí se considere, juzgue y concluya es inmediatamente aplicable al enjuiciamiento público del presidente de la Nación, que si Cpor vía de hipótesisC pudiera quedar sometido a una mera medida cautelar como la examinada, este simple recurso, secundario y cautelar como curiosamente lo llama el señor Procurador General de la Nación, en manos de una mayoría legislativa circunstancial, podría convertirse en un novedoso y preocupante instrumento de gobierno en la República, para someter al titular del Poder Ejecutivo de la Nación mediante la suspensión

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Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus funciones hasta que expire el plazo de su mandato, y para desconocer la independencia del Poder Judicial suspendiendo igualmente en sus funciones, sin plazo, a los integrantes de la Corte Suprema.

Una aparentemente innocua atribución cautelar y accesoria, que no nace del texto ni de los poderes implícitos admitidos por la Constitución, no puede ser reconocida en cabeza del Senado de la Nación porque, además de lo expresado, alteraría de raíz el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza el diseño institucional de la República, al punto que desplazaría el sistema presidencialista que nuestros padres fundadores han legado a las generaciones del porvenir y éstas se han encargado de mantener, entronizando un sistema parlamentario sui generis, en que, la Cámara de Senadores de la Nación pasaría a constituirse al amparo de atribuciones auto asignadas en el marco del enjuiciamiento público, en el órgano constitucional depositario de las decisiones finales que sólo formalmente corresponden al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia.

El Senado de la Nación, en la nueva distribución de las relaciones reales de poder en la República, vendría así a ejercer una suerte de instancia superior a la de esta Corte en las causas judiciales, y a ser un celoso gendarme de la administración general por parte del Poder Ejecutivo.

72) Que esa interpretación constitucional, a la vez que lesionar potencialmente el equilibrio de los poderes del Estado, importaría un apartamiento del marco de garantías que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicable al enjuiciamiento político de conformidad con los resuelto por la Corte Interamericana en el caso "Perú" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de enero de 2001, caso P.456/99-A.CIDH.1999 "Aguirre Roca y Rey Terry y

Revoredo Mansano vs. Perú").

73) Que a idéntica conclusión cabe arribar en relación a la privación del salario del magistrado recurrente, pues no sólo es consecuencia directa de la suspensión así descalificada, sino que constituye una medida innecesaria e infundada, cuya improcedencia se acentúa si se tiene en cuenta que mientras el magistrado estuvo suspendido y hasta su destitución, seguía teniendo la investidura de juez de la Nación, y, por lo tanto estaba vigente la incompatibilidad para desempeñarse profesionalmente como abogado (art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional con sus sucesivas reformas). Tal privación implica una evidente lesión a las garantías estructurales reconocidas por los constituyentes al Poder Judicial, que no pueden quedar sin reparar según los fundamentos expresados por el juez Fayt en su disidencia en Fallos: 316:451, que deben considerarse íntegramente reproducidos.

Por ello, oído el señor Procurador General subrogante, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto las resoluciones del Senado de la Nación que dispusieron la destitución y la suspensión preventiva del doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor en el cargo de ministro de la Corte Suprema de Jus-

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Corte Suprema de Justicia de la Naciónticia de la Nación. Notifíquese. Comuníquese a quienes corresponda. ROMAN JULIO FRONDIZI - ARTURO PEREZ PETIT.

DISI

DENCIA DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON HUGO RODOLFO FOSSATI Considerando:

1°) Que el 3 de diciembre de 2003, por resolución DR-1116/03, el Senado de la Nación destituyó al doctor Eduardo Moliné O'Connor del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por "haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y "haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48".

Contra este pronunciamiento, la defensa interpuso recurso extraordinario federal, el que fue denegado, dando lugar a la presente queja.

2°) Que de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es posible controlar la legalidad constitucional de los actos realizados en los procesos de juicio político en tanto se denuncie la afectación de garantías y principios constitucionales (Fallos: "Graffigna Latino", 308:961; "Carol", 311:881; "Jaef", 2320; "Caballero Vidal", 315:761; "Nicosia", 316:2940; "ATE San Juan", 317:874; "Superior Tribunal de Justicia", 1418; "Gerardo Walter Rodríguez", 318:219; "Nellar", 319:705, entre otros).

Ese Alto Tribunal sostuvo, que así como la Constitución deposita en manos del Senado la valoración de la conducta de los jueces, pone en las de la Corte Suprema, caso mediante, la eventual revisión de que el proceso respectivo no haya sido violatorio de la garantía de la defensa en juicio (fs. 2971 del citado fallo "Nicosia").

Concuerda la doctrina con la jurisprudencia citada (confr., entre otros, Humberto Quiroga Lavié, "Derecho Constitucional", Ed. Depalma, 1984, pág. 556; Miguel Angel Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo IV, Ed.

DePalma, 1997, pág. 302 y Germán Bidart Campos "Tratado Ele-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación mental de Derecho Constitucional", Tomo II, Ed. Ediar, 1986, pág. 188).

La Corte Suprema "es el intérprete final de la Constitución" (Fallos: 1:340), y a tal fin debe asegurar celosamente las garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Además, conforme ha señalado dicho Tribunal con anterioridad, la Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de las demás (Fallos: 190:571), toda vez que la Ley Fundamental es una estructura sistemática, en donde sus distintas partes forman un todo coherente (Fallos: 240:311 y sus citas).

En razón de ello, la reforma Constitucional de 1994, incorporó en el texto de la Carta Magna (art. 75, inc. 22), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prevé en su art.

25 que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare contra aquellos actos que violan sus derechos.

Sin embargo, para que dicha tutela judicial sea efectiva, no se debe agotar con el libre acceso al recurso judicial, sino que, por el contrario, es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo (Conclusión de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, desarrollada en el informe 30/97 sobre el caso 10.087 y que se citara en el fallo "Brusa" del 11 de diciembre de 2003; voto de los jueces Boggiano y Vázquez).

Por último, adquiere especial relevancia el fallo "Aguirre Roca y Rey Terry y Revoredo Manzano vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de enero de 2001.

3°) La defensa se agravia Centre otras cuestiones

que más adelante serán tratadasC, por entender que se habrían violado las garantías del debido proceso tanto en la etapa acusatoria como en la llevada a cabo ante el Senado.

Dentro de las primeras, señala: a) la nulidad de la acusación por los vicios en la conformación de la comisión de juicio político; b) desconocimiento del derecho de defensa por la fijación de plazos arbitrarios por la comisión de juicio político; c) violación del art.

12 del Reglamento de la Comisión de Juicio Político, ya que los cargos que se le imputan se formularon sobre documentos que no le fueron exhibidos, a la vez que no se encontraban en la Comisión de Juicio Político cuando se le confirió traslado; d) violación del art.

90 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en tanto considera que varios de los diputados que integraban la comisión estaban inhabilitados para actuar; e) violación del debido proceso legal, por la emisión de opiniones condenatorias por los instructores antes de haber concluido la instrucción; f) violación del art. 7° de la Comisión de Juicio Político, porque entiende que la Comisión estuvo integrada por legisladores denunciantes; y g) violación del derecho de defensa por no haber sido resueltas previamente las nulidades.

Respecto del Senado, entre otros, que se tratarán más adelante: a) violación del derecho de defensa mediante el arbitrario rechazo de la prueba ofrecida; b) producción de prueba no ofrecida por la acusación; c) otros vicios insanables por violar el derecho de defensa y el debido proceso legal. A su vez, dentro de éste señala: 1) fijación de plazos al margen del art. 359 del Código Procesal Penal, 2) el cierre del período de prueba sin que se operara su vencimiento y habiendo prueba pendiente de producción, 3) delegación inconstitucional, 4) violaciones del principio de inmediación, 5) principio de oralidad, 6) principio de identidad del juz-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación gador y 7) principio de concentración.

En cuanto a los agravios señalados en el ámbito de las cámaras de diputados y de senadores, a fin de dar respuesta a ello, procede remitirse Cpor razones de brevedad y a fin de evitar inútiles repeticionesC a lo desarrollado por el Procuración General de la Nación, en su dictamen en la presente causa, de fecha 5 de mayo de 2004.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar en cuanto al punto a de la Cámara de Diputados, que el mismo fue contestado por la orden del día 2399 de la referida cámara, explicando claramente que conforme se desprendía de los libros de actas de la Comisión de Juicio Político, la situación aludida por la defensa no se había dado de esa manera (ver fs. 325/ 326).

En cuanto al punto c es pertinente reiterar la remisión Cen lo sustancialC a lo expuesto por el señor Procurador, excluyendo lo allí señalado, en cuanto a que la prueba incorporada en la causa "Meller" no podía serle desconocida al acusado, por corresponder a una causa vinculada a su actividad como juez, en razón de su endeblez para confutar el agravio defensista.

Respecto de los puntos b, c y h de la Cámara de Diputados y b, c y d de la de Senadores, es preciso destacar que el recurrente ejerció ampliamente su derecho de defensa en juicio Ccon encomiable labor desarrolladaC, máxime cuando de la lectura de los agravios en particular se advierte claramente que tomó conocimiento de cada una las pruebas que se fueron incorporando.

Por todo lo expuesto, con relación a estos puntos, no se advierte que se hayan transgredido las garantías constitucionales de la defensa en juicio.

4°) Que en cuanto al agravio relativo a la recusación de los jueces, el mismo se funda en lo sustancial, en la

violación del art. 18 de la Constitución Nacional y de diversos tratados internacionales, respecto de la garantía del juez imparcial.

Atendiendo a lo sostenido por el Alto Tribunal, en el fallo "Nicosia", en el sentido de que, tras referirse a la exégesis de la Ley Fundamental, el deslinde del ámbito de lo no justiciable debe constituir una excepción a la regla del control judicial, resulta autorizado considerar este agravio excluido de las cuestiones irrevisables.

Ello así, por cuanto los enjuiciamientos de magistrados no configuran, en principio, ámbitos vedados a su conocimiento en la medida que se acredite lesión a la garantía del debido proceso, de modo que el agravio encontraría su reparación en el ejercicio de la jurisdicción apelada del art.

14 de la ley 48 (Fallos: 313:584, disidencia del juez Carlos S. Fayt).

El fundamento expuesto, radica en que las cuestiones de recusación se encuentran relacionadas con una correcta administración de justicia, siendo la imparcialidad del juzgador, uno de los elementos de la defensa en juicio (Fallos:

257:132).

La Corte ha dicho que el juzgamiento imparcial se encuentra tan severamente cuestionado, que el derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela (Fallos: 316:826).

Es que la garantía referida es el fundamento de los principios de juez natural e independencia judicial.

Tal es la magnitud que debe dársele a la aptitud del juez o tribunal, que nuestro Código Procesal Penal (de aplicación supletoria al caso Cart. 27 del Reglamento del Honorable Senado, Procedimiento para el caso de Juicio Polí-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación ticoC) establece como uno de los supuestos de nulidad absoluta, la observancia de las disposiciones concernientes: 1) al nombramiento, capacidad y constitución del juez, tribunal o representante del Ministerio Fiscal (arts. 64 y 167 del Código Procesal Penal de la Nación).

Sentado ello, y analizado el tema a la luz de la doctrina emergente del citado fallo "Nicosia", en cuanto a que dada la naturaleza del juicio político el criterio de revisión no debe necesariamente guardar apego estricto a las formas que rodean el trámite y decisión de las controversias ante el Poder Judicial, no se observa que en el caso, se hayan lesionado las garantías del debido proceso, ya que las cuestiones que la defensa planteó en sus escritos de recusación de fechas 21 de agosto y 2 de septiembre, ambas del 2003, fueron contestadas con fundamentación suficiente.

El planteo aludió a las causales del art. 55 incs.

3°, 4° y 10 del citado código, atribuyendo a la senadora Cristina Kirchner un interés directo en el resultado de la causa, siendo que tales cuestiones fueron abordadas en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 26 de agosto de 2003 por la primera exponente, quien respondió específicamente cada uno de estos puntos, con citas jurisprudenciales de la Corte Suprema.

Igual suerte corren las nuevas causales de recusación incorporadas con posterioridad por la defensa con relación a la nombrada senadora, pues Camén de la extemporaneidad de la presentaciónC se ha dado respuesta a ello de manera suficiente como para descartar alguna clara transgresión a las garantías constitucionales en juego (confr. resolución del Senado, de fecha 9 de noviembre de 2003).

Idéntica solución y por las mismas razones antes expuestas merecen las restantes recusaciones, habida cuenta de

los fundamentos consignados en los arts. 6°, 7° y 10 de la aludida resolución del Senado.

Por último, procede aclarar que lo expuesto apunta únicamente a afirmar la improcedencia de la judiciabilidad de esta cuestión y de manera alguna importa pronunciarse sobre el fondo del asunto (voto del juez Fayt ya citado).

5°) Que, en cuanto al agravio acerca de la falta de fundamentos del fallo en crisis, primero cabe atender a los arts. 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto consagran las garantías del debido proceso legal y el principio de protección judicial, respectivamente.

Es dable subrayar sobre dichas normas, que el ejercicio de la defensa constituye un derecho y una garantía para impedir la arbitrariedad de los órganos del poder público; y, entre otras garantías, contiene la de obtener decisiones fundadas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Aguirre Roca y otros vs. Perú", del 31 de enero de 2001, Considerando 64, letra i; L.L. 2001-C, 879).

La aplicación de las "garantías judiciales" no se limita a los recursos judiciales estrictamente, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que pueda oponerse una defensa ante "cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos". Y el control del debido proceso legal no implica valoración alguna sobre actos de carácter estrictamente político atribuidos por la Constitución al Poder Legislativo (causa cit. supra, considerandos 69 y 95).

De ahí que, en lo atinente a la interpretación de la norma superior en orden a las causales de destitución por juicio político y la apreciación de los hechos materia de acusación, son ámbitos que la Ley Fundamental otorga al juicio

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Corte Suprema de Justicia de la Nación del Senado (Fallos: 316:2940).

También es útil recordar que en el citado antecedente "Nicosia" del Alto Tribunal, se señaló que la revisión judicial se ciñe a las formas que deben regir el enjuiciamiento y no concierne a lo central del juicio político, es decir, a la decisión acerca de la conducta o desempeño del acusado (considerando 17) así como que la cuestión sustancial acerca de qué debe ser entendido por "mal desempeño" o "buena conducta" está librada por entero al Senado (considerando 18).

Asimismo se concluyó que no puede la Corte sustituir el criterio del jurado (llámese aquí el Senado) en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, o sea el juicio sobre la conducta de los jueces, siendo propio de su competencia atender a las violaciones Cnítidas y gravesC, a las reglas del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio (Fallos:

316:2940, in re "Brusa", del 11 de diciembre de 2003).

A esta altura resulta indiscutible que se ha traspuesto el otrora principio absoluto acerca de la vedada revisión judicial de las decisiones de otros poderes, con el alcance señalado en los últimos antecedentes de la Corte Suprema, tantas veces citados.

Todo lo aquí expuesto resulta conciliable para autorizar la revisión de lo decidido por el Senado, en la medida que se determine el exacto límite, ya dentro del contenido de su resolución final.

Para ello, primero es menester considerar el "debido proceso" en su acepción más amplia (González Calderón, "Derecho Constitucional Argentino", T. II, pág. 110; Joaquín V. González "Manual de la Constitución Argentina", pág. 93).

Sentado ello, procede destacar que el ejercicio de facultades propias de otros poderes no puede apartarse de las disposiciones constitucionales, ni ser arbitrario o irrazona-

ble. Este principio cobra especial valor en tanto se recuerde que sólo está prohibido para el Alto Tribunal el ámbito de los juicios políticos, mientras no se afecten las garantías del debido proceso ("Jaef", Fallos: 311:2320). Y dentro de esto cabe ponderar la arbitrariedad de las decisiones que ejerce el Poder Legislativo (admitido como Tribunal de justicia, Fallos:

321:2339) tal como corresponde ahora llevar a cabo con la resolución que destituyó al recurrente, bien que con pautas limitativas en cuanto a un eventual juicio de valor en torno a las causales por las que se llegó a la destitución, integradoras del "mal desempeño", y acerca de si procede o no la remoción como consecuencia de ello. Es decir, que el examen debe limitarse a determinar si hubo fundamentos suficientes y razonables, lo que no obsta a la discrecionalidad otorgada al Senado en el sentido ya interpretado por la Corte Suprema.

Procurar el respeto por este delgado alcance en aras de un justo equilibrio, contribuye a mantener lo sostenido en Fallos: 316:2624, en cuanto enseña evitar que se llegue a un abuso o desborde de poder que, bajo aparente intención de una mayor eficacia en el logro del bienestar general rompa con el ordenamiento jurídico vigente, con prescindencia de la Constitución y la democracia (disidencia de los jueces Fayt y Belluscio).

Analizado este supuesto con las limitaciones explicadas a la luz de todos los principios reseñados, se advierte que la decisión del Senado ha violado la garantía constitucional del debido proceso. En efecto, la remoción del acusado obra en la resolución DR-1116/03, del 3 de diciembre de 2003, en la cual sólo se consignó el resultado de la votación y los cargos que determinaron la culpabilidad del enjuiciado, de acuerdo a la acusación presentada por la Honorable Cámara de Diputados, presentada el 13 de agosto de 2003, resolviéndose

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Corte Suprema de Justicia de la Nación por último la destitución del doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mención de los cargos y citas legales.

El decisorio dista de ser considerado una sentencia aun atendiendo a la propia naturaleza del juicio político, toda vez que la referida resolución proviene de lo establecido en el art. 11 del Reglamento del Honorable Senado CProcedimiento para el caso de juicio políticoC en tanto determina que en sesión pública el presidente preguntará a sus miembros si el acusado es culpable de los cargos que se hacen, correspondiendo interrogarlos asimismo por cada uno de ellos que la acusación contenga, debiendo responderse únicamente por "sí" o por "no". Por otro lado, el art. 16 de ese reglamento imperativamente dispone que el presidente con posterioridad nombrará una comisión de tres miembros para la redacción de "la sentencia", acerca de la cual no hay constancias en esta sede, no obstante que dicha norma indica que se notificará a la Corte Suprema, debiendo destacarse que la defensa menciona el incumplimiento del citado artículo.

No puede dejar de resaltarse, además, que reglamentariamente "la sentencia" debía probarse por simple mayoría y agregarse el original al proceso (art. 16). De tal modo, puede afirmarse que con la resolución por la que se destituyó al acusado, solamente se cumplió con lo prescripto en el art. 11 del reglamento de referencia. En todo caso la resolución en crisis podrá calificársela como un veredicto, pero carente de fundamentos por contener afirmaciones infundadas.

Lo esencial es que, también en los llamados juicios políticos resulta descalificable el fallo que Cal reconocer la revisabilidad judicial la decisión de la legislatura sin dar al condenado la posibilidad de individualizar las razones que

lo sustentaron para posibilitar su expresión de agraviosC satisface de manera aparente la exigencia de una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de los hechos de la causa. El concepto del "debido proceso" involucra una serie de garantías que culminan con una decisión fundada (Fallos:

317:874).

A mayor abundamiento y teniendo en cuenta el carácter supletorio de las normas del Código Procesal Penal (art.

27 del aludido reglamento), cabe destacar la jurisprudencia imperante al respecto con estricta aplicación del citado cuerpo de leyes.

Así, la exigencia de que los fallos sean fundados, deriva concretamente en que durante el transcurso del proceso se respeten ciertas formas sustanciales del "juicio" (en el sentido constitucional del término), relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, configurando la motivación de esta última, uno de esos requisitos esenciales (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, del 29 de diciembre de 1999, con citas de Fallos:

116:23; 119:284; 189:34, entre otros).

Que las sentencias sean motivadas, posibilita y asegura el control republicano sobre la conducta de los jueces, ya que ello permite demostrar cómo ha sido estudiada la causa, si se han valorado tanto los límites de la acusación como las pruebas, así como también si se han explicado las normas legales según un justo criterio de adecuación (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, del 21 de diciembre de 1999).

En virtud de lo señalado, es autorizado entonces afirmar que concurren en el caso defectos graves de fundamentación que tornan aplicable la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 298:360; 300:982).

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Corte Suprema de Justicia de la Nación 6°) Que, independientemente de la conclusión final arribada en el considerando anterior, el agravio acerca de la inviabilidad de la remoción de los jueces en razón del contenido de las sentencias es oportuno tratarlo ahora, dado que su importante significación gravita en las instituciones generando serias inquietudes y las más diversas opiniones. Se impone primero precisar distinciones para determinar en esta queja la sutil línea divisoria que evita la intromisión de las facultades atribuidas a cada poder por la Constitución Nacional, en torno a las sanciones recaídas en el juicio político fundadas en el examen del contenido de las sentencias.

Para ello es menester remitirse, brevitatis causa, a todo cuanto se dijera más arriba acerca de la garantía del debido proceso como pauta de permisión para introducirse en el análisis de los fallos.

Que sin duda no resulta aceptable un juzgamiento únicamente por la disconformidad de un fallo o sólo por cuestiones opinables en el campo de lo jurídico.

Mas, tampoco es posible afirmar que en ningún caso puedan analizarse las motivaciones por las que un juez actuó del modo que se le objeta, pues ello significa instaurar una barrera infranqueable a la evaluación de toda actividad ocurrida en un proceso judicial (voto en minoría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en causa "Bustos Fierro", Fallos: 323: JE 108).

Que es dable aclarar con relación al apartado B del art. 14 de la ley 24.937, en cuanto asegura la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias, que debe ceñirse al ámbito de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, de modo que no afecta la atribución de la Comisión de Acusación del mismo cuerpo, para analizar si de las sentencias de un juez surgen elementos

de juicio que configuren algunas de las causales que habilitan a iniciar un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, tanto por supuestos delitos en el ejercicio de las funciones, como por hipótesis de mal desempeño (El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en el XX Congreso Nacional de Derecho Procesal, por Zulema Rivera - Revista La Ley del 30 de noviembre de 1999) tema que no dio lugar a divergencias.

La sentencia es la forma por la que se manifiestan los jueces, de modo que es a través de este instrumento donde puede advertirse un desvío o abuso de poder por otros objetivos distintos a los fines públicos.

Es allí, entonces, donde debe efectuarse el control Ccon las debidas limitacionesC para evitar los efectos que por su directa consecuencia lesionan los derechos y garantías de los ciudadanos.

Ello, independientemente de la diversidad de los medios para controlar, prevenir y sancionar en las respectivas esferas, el exceso incurrido en el ejercicio del poder por el desborde y desnaturalización de los fines específicos (J.A. 2000-II, pág.

1026) como podría ser a través de un recurso procesal.

Así como no se ha admitido consentir la atribución de un poder omnipotente a los poderes políticos, habida cuenta de que pueden revisarse sus sentencias con los alcances ya conocidos (conforme a lo expuesto en el considerando anterior) por iguales razones Cpara evitar otra primacíaC contribuye al equilibrio de los tres poderes permitir la revisión de las sentencias judiciales también con las limitaciones ut supra indicadas.

Que, precisamente para entender y preservar la independencia de poderes debe primar el equilibrio entre ellos; y una de las formas de contribuir en este ámbito es que sea viable la revisión de los fallos en el sentido expuesto. Un

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Corte Suprema de Justicia de la Nación activo y eficaz control de la sociedad como mandantes a través de los poderes delegados, evidencia una mayor transparencia para erradicar concepciones erróneas que dan pie a la creencia de que los poderes son soberanos.

Los obstáculos serán allanados en la medida en que se acepten cambios o modificaciones (como lo fue haciendo el Alto Tribunal en materia de judicialidad en los juicios políticos) dejando a un lado las ideas que en contrario ahora incomodan a la sociedad como consecuencia de interpretaciones herméticas.

Mediante un dinámico ejercicio de comprensión podrán examinarse con amplitud y extensamente estas cuestiones, atendiendo a las diversas circunstancias presentes, a la vez que se adquirirá mayor confianza en los resultados, dando más fuerza y credibilidad a las instituciones ante el convencimiento de que son libres.

Sin perjuicio de la ausencia de fundamentos de la condena del Senado por la cual se lo destituye al aquí acusado, conforme se viera, lo cierto es que a aquélla, exclusivamente a los fines que ahora se analizan, no resulta autorizado adjudicarle una simple disconformidad con su voto en el caso "Meller", en virtud de que el fallo del Senado ha considerado para el dictado de la misma la acusación de la Comisión de Juicio Político, donde se han desarrollado argumentaciones suficientes para atribuirle un mal desempeño al enjuiciado.

Como corolario para el presente caso, basta con remitirse a la acusación (Orden del día 2399, impreso el 1° de agosto de 2003) para advertir Csi abrir juicio de valor al respectoC que la cuestión va más allá de una simple disconformidad, dado los extensos fundamentos que sustentaron los indicios allí indicados, sobre la base de los cuales se arribó a la conclusión acusatoria.

Esto permite desechar las apreciaciones subjetivas atribuidas por el recurrente, pues

para estos supuestos adquieren relevancia los indicios, los argumentos indirectos, las confrontaciones y todos los diversos elementos que conduzcan a la convicción acerca del sentido del accionar impugnado (voto de la minoría en causa "Bustos Fierro" antes citada).

7°) En cuanto al tema relativo a la suspensión del magistrado, motivo también de agravio, atento al resultado arribado, deriva inoficioso pronunciarme al respecto.

Por ello, oído el señor Procurador General subrogante, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto las resoluciones del Senado de la Nación que dispusieron la destitución y la suspensión preventiva del doctor Eduardo José Antonio Moliné O'Connor en el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese. Comuníquese a quienes corresponda. HUGO RODOLFO FOSSATI.

Recurso de hecho interpuesto por el Dr. Eduardo Moliné O'Connor, representado por los Dres. Eduardo Aguirre Obarrio, Gregorio Badeni y Juan Manuel Aráuz Castex Procedencia:

Honorable Senado de la Nación constituido en Tribunal de Juicio Político.