Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Mayo de 2004, K. 17. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

K. 17. XXIV.

ORIGINARIO

K., D.L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Vistos los autos: "K., D.L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 5/17 se presenta por medio de apoderado D.L.K. e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Santiago del Estero. Dice que la interpone a los fines de interrumpir la prescripción que se operaría en la fecha y hace reserva de efectuar la modificación o ampliación de su reclamo en los términos del art. 331 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Dice que es titular del cincuenta por ciento indiviso de dos fracciones de campo ubicadas en el departamento M., cuyas características catastrales describe, las que mantuvo en condominio con su hermano E.S. y luego con J.B.S.B., quien compró la parte indivisa de aquél a raíz de un juicio de división de condominio en el cual existen constancias del acuerdo al que arribó B. con el actor para la venta del inmueble, y que en la inteligencia de facilitar esa operación el 19 de abril de 1985 transfirió a favor de su condómino su 50% indiviso. Empero, en la misma fecha, se suscribió un contradocumento por el que se reconocía que seguía siendo propietario de su fracción.

El 20 de marzo de 1990 y por escritura pasada ante la notaria M.P.U. adscripta al Registro Notarial N° 9 de la ciudad de Santiago del Estero, B. vendió su 50% indiviso a R.F.C., V.F.H. y E.B.P.C., representados en ese acto por S.H.R. de Salido, quien manifestó efectuar la adquisición para la razón social Agroforgan S.R.L. en formación. El 21 de noviembre de 1990 esta última empresa aceptó la compra, representada en la operación respectiva por Ramón

Marcial Marambio Ovalle, quien en alguna oportunidad había hecho gestiones para adquirir la totalidad del inmueble. Pero, más allá del tema de la titularidad de dominio CagregaC, lo cierto es que lo administraba y explotaba y era propietario de todas las mejoras y maquinarias existentes, y que lo hizo en forma exclusiva hasta el mes de marzo de 1990, en que fue desalojado y despojado de todas sus cosas luego de un allanamiento llevado a cabo por la policía de la provincia y particulares.

Expone que el día 24 de ese mes concurrió con un amigo a la estancia "La Luisa" y al llegar comprobó una serie de modificaciones que no había ordenado, encontrando la casa totalmente desmantelada. Por otra parte, en lugar de su encargado se apersonó un desconocido, quien le dijo haber sido puesto en funciones por una firma cuya denominación el actor no conocía. Ante ello le manifestó que él era el propietario y le ordenó que se retirara. Luego, al efectuar una recorrida por el campo, constató la falta de una serie de elementos.

Dice que el 25 de marzo por intermedio de su amigo envió cartas a su letrado y al diario "El Liberal" relatando lo acontecido.

Ese mismo día CcontinúaC entre las 18 y las 19 hs. se detuvo frente a la tranquera una camioneta con cuatro o cinco personas en su interior, una de las cuales le dijo a los gritos que quería hablar con él, a lo que le contestó que si quería hacerlo fuera el lunes acompañado por la policía. Fue entonces agredido de palabra y luego con armas de fuego, ataque que repelió hiriendo a uno de los desconocidos. A la madrugada del día siguiente se presentó una patrulla policial comandada por un oficial de apellido F., quien lo intimó a entregarse y le dijo que había herido a un policía. Decidió entonces acatar la orden y fue trasladado a la comisaría de

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Tintina, donde recibió malos tratos y se pretendió hacerle firmar una declaración.

Durante el procedimiento, la policía secuestró elementos que no le fueron devueltos y a partir de allí comenzó un largo peregrinaje que hoy continúa. Expresa que dirigió un telegrama al juez ante el cual tramitaba la causa penal instruida como consecuencia de la denuncia formulada y que ninguna medida se había tomado no solo para reponerlo en posesión del establecimiento del que había sido sacado por la fuerza pública ni para desocupar a quienes ilegítimamente lo seguían ocupando, sino tampoco para resguardar la totalidad de sus bienes y pertenencias que en él habían quedado.

Menciona los numerosos reclamos dirigidos a las autoridades, tanto provinciales como nacionales, y hace una reseña de los bienes faltantes como resultado del despojo sufrido.

II) A fs. 28/29 y a consecuencia de lo requerido a fs. 27, el actor manifiesta que concretamente en estas actuaciones se pretende la reparación de los daños causados por actos y hechos realizados por agentes de la policía de la Provincia de Santiago del Estero y tolerados, en el mejor de los supuestos, por el Poder Judicial provincial y más adelante destaca que tal como había expresado en el escrito de demanda el día 25 de marzo de 1991 (énfasis agregado), agentes policiales acompañados por un civil se habían introducido en el establecimiento sin orden de allanamiento alguna y lo habían atacado con armas de fuego que le provocaron heridas. Al repeler el ataque y herir a su vez a una persona de civil que posteriormente se estableció que revistaba en la institución policial, logró la retirada de los efectivos de su propiedad.

Señala que al día siguiente se presentó un contingente más numeroso de la policía y que tales actitudes com-

prometen la responsabilidad de la provincia.

III) A fs. 36 comparece la Provincia de Santiago del Estero y a fs. 52/57 contesta demanda. Agrega prueba documental, entre ella un informe del Registro de la Propiedad que evidencia que a la fecha en que se produjeron los hechos descriptos en la demanda el actor no era propietario del bien.

Asimismo, invoca la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y contesta la demanda realizando una negativa de carácter general sobre los hechos denunciados.

Plantea la excepción de defecto legal, niega legitimación al actor para demandar y opone la prescripción del art. 4037 del Código Civil toda vez que, según el propio actor, la supuesta actividad ilegítima de la autoridad policial habría tenido lugar el 25 de marzo de 1990, mientras que la demanda se inició el 26 de ese mes del año 1992.

F., finalmente, consideraciones sobre el concepto de la responsabilidad del Estado.

Considerando:

Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Que corresponde en primer lugar resolver la prescripción opuesta con fundamento en lo dispuesto en el art.

4037 del Código Civil.

Que en su escrito de fs. 28 el actor, tal como surge de los antecedentes reseñados, reconoció que el 25 de marzo de 1990 (cita erróneamente el año 1991) el personal dependiente de la policía provincial irrumpió en el inmueble sobre el que se atribuye derechos, ataque que se reiteró al día siguiente (ver fs. 28 in fine). A aquella fecha alude nuevamente a fs.

65 vta. y 66 vta.

Toda vez que está en juego la responsabilidad ex-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación tracontractual del Estado, lo que hace aplicable la norma legal antes citada, y que la demanda respectiva fue iniciada el 26 de marzo de 1992 a las 11, cabe concluir que al momento de la presentación del reclamo se había operado la prescripción.

Por ello, se decide: Hacer lugar a la defensa de prescripción y, en consecuencia, rechazar la demanda seguida por D.L.K. contra la Provincia de Santiago del Estero.

Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor H.R.M. en la suma de cuarenta y seis mil trescientos pesos ($ 46.300); los del doctor R.C. en la de doscientos treinta y un mil quinientos pesos ($ 231.500) y los de los doctores Luis A.

Carabajal Campos, J.M. delC., M.A.M., J.C.G. y R.A.S., en conjunto, enla de cuatrocientos treinta y seis mil quinientos pesos ($ 436.500).

N. y, oportunamente, archívese.

E.S.P. -A.C.B. -C.S.F. -A.B. -A.R.V. -J.C.M. -E.R.Z. (según su voto).

VO

TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.R.Z. Considerando:

11) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

21) Que corresponde en primer lugar resolver la prescripción opuesta con fundamento en lo dispuesto en el art.

4037 del Código Civil.

Al respecto y según fue expuesto en el relato efectuado en la demanda, más allá de los hechos que antecedieron a la detención del actor, la pretensión se encuentra dirigida al reconocimiento de un resarcimiento sedicentemente originado en el desalojo del inmueble y el posterior despojo de ciertos bienes.

En tal contexto no resulta factible, a los fines de juzgar sobre la aplicación del instituto en cuestión, atender en el establecimiento de su dies a quo a una fecha distinta de la correspondiente al acto mediante el cual el demandante indica que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

  1. ) Que, en tales condiciones, cabe estar a la fecha en que el actor precisó que se produjo la actuación policial a la cual le adjudica virtualidad para privarlo de la posesión del inmueble, esto es el 26 de marzo de 1990.

  2. ) Que la pretensión formulada por el actor se sustenta en la responsabilidad extracontractual del Estado, lo que en la especie hace aplicable la previsión del art. 4037 del Código Civil, de manera que al haberse presentado la demanda el 26 de marzo de 1992 cabe concluir que, a esa fecha, no se hallaba cumplido el plazo de prescripción bianual.

  3. ) Que, como consecuencia de las consideraciones formuladas, corresponde rechazar la defensa de prescripción

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación opuesta por la demandada.

  4. ) Que corresponde resolver en el sub lite sobre el fondo de la cuestión planteada.

    El actor manifiesta ser propietario Cpor escritura N° 393 del 5 de abril de 1972C del 50% indiviso de dos fracciones de terreno ubicadas en el departamento de Moreno: una de 500 hectáreas que es parte del lote Lilo Viejo (matrícula 16-1487), y la otra de 11.866 hectáreas ubicada en la parte norte de la mitad oeste de la fracción D, designada como lote M (matrícula 16-488) (fs. 7).

    Señala que en un principio mantuvo el condominio con su hermano E.S. (escritura N° 393), y con posterioridad con J.B.B. (escritura N° 53) C. compró la parte indivisa de aquél a raíz de un juicio de división de condominioC; y que el 19 de abril de 1985 transfirió a favor de este último condómino su 50% (escritura pública 135). En ocasión de esa venta, se suscribió en la misma fecha un contradocumento por el que se reconocía que el actor seguía siendo propietario de su fracción (confr. original obrante en sobre de prueba reservada y copia a fs. 428).

    El 20 de marzo de 1990 se labró la escritura pública N° 38, en virtud de la cual B. vendió su 50% indiviso a R.F.C., V.F.H., y E.B.P.C.C. en ese acto por S.R. de SalidoC quien manifestó efectuar la adquisición para la razón social Agroforgan S.R.L. en formación. El 21 de noviembre esta empresa aceptó la compra, representada por R.M.O..

    71) Que en consecuencia, de las constancias de la causa resulta la existencia de una circunstancia que reviste singular trascendencia para la solución del presente litigio y

    que no puede ignorarse; que el actor no era propietario del inmueble a la fecha en que sucedieron los hechos objeto de este pleito. A tales efectos, debe ponderarse no sólo el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble acompañado a fs. 539/546, sino también el agregado a fs. 449 vta., que indica que efectuada la búsqueda Cen el índice de propietarios pertenecientes al folio realC existente desde mediados de 1974, no se ha logrado ubicar bienes inmuebles dentro del territorio de la provincia a nombre de D.L.K.. Por otra parte, el informe del 18 de mayo de 1994 demuestra la subsistencia de la inscripción del dominio a nombre de Agroforgan Sociedad de Responsabilidad Limitada, "sin modificación en su dominio al día de la fecha" (fs. 37 vta).

    81) Que no empece a lo expuesto la existencia del contradocumento acompañado a fs. 428/429, que el actor intenta hacer valer a fin de justificar los derechos que invoca (fs.

    8, 65 vta. y 587), toda vez que la valoración de ese instrumento excede el marco cognoscitivo de este juicio, y no desvirtúa por sí misma la plena fe que suscita los demás documentos públicos valorados de conformidad con la previsión contenida en el art. 995 del Código Civil. El interesado deberá ocurrir por la vía y forma correspondiente si pretende hacer valer los eventuales derechos emergentes de ese instrumento privado.

    91) Que en lo que respecta a los bienes muebles denunciados por el actor a fs. 11/13, cuyo resarcimiento reclama a fs. 90/97, se debe arribar a la misma conclusión que la establecida en el considerando 8°.

    Dicha pretensión se funda en que "contradocumento mediante, sigue teniendo pertenencia del cincuenta por ciento indiviso del inmueble en cuestión y que con independencia de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación ello, CeraC (y sigue siendo) titular y propietario de las mejoras, ganado, plantaciones, elementos de trabajo, enseres y toda existencia material al 25 de marzo de 1990" (fs.

    66 vta.). A tales efectos también afirma que administraba y explotaba en forma exclusiva el establecimiento hasta el mes de marzo de 1990 (ver fs. 8 y 65 vta.) y que de los elementos faltantes de la propiedad se conoce que algunos fueron sustraídos, pero se ignora el destino dado a la mayor cantidad (fs. 13 y 64/65).

    10) Que en primer término es preciso poner de resalto la absoluta imprecisión del peticionario en lo que respecta a la individualización de los bienes que reclama. En efecto, si bien en el escrito de demanda afirma que puede establecer "las existencias reales del establecimiento" al 26 de marzo de 1990, también indica que no está en condiciones de presentar un inventario de los muebles existentes a la fecha de interposición de la demanda y que sólo puede agregar Ctal como lo hace a fs. 73/82 y 87/89C copia de lo que denomina "balance e inventario" de los años 1977 y 1987. Tales extremos no coadyuvan al reclamo formulado, ya que impiden que se conozca con exactitud qué bienes existían en el establecimiento a la fecha de la denunciada desposesión. El "inventario y balance" al que se hace referencia no es más que un instrumento confeccionado por el propio interesado, al igual que la denuncia unilateral efectuada en 1992 que da cuenta a fs. 83/86 y, en consecuencia, carente de valor legal alguno.

    Por lo demás, ningún elemento aporta en lo que respecta al destino de los bienes con posterioridad a su confección. En efecto, se carece de toda prueba que permita siquiera inferir qué bienes había en el campo al 25 de marzo de 1990, y cuáles al 26 de marzo de 1992 fecha de interposición de la demanda.

    11) Que, por lo demás, y aun en el caso de que los

    bienes que se denuncian hubiesen existido a la fecha de interposición del reclamo, su sola existencia no determina la propiedad que se invoca toda vez que no se ha acreditado la posesión, en la que se sustenta para pretender que le sean resarcidos los perjuicios que le habrían causado los actos provinciales. Por otro lado, no existen en la causa elementos que autoricen a reconocer la administración y explotación argüida, con las que pretende justificar la tenencia de los muebles y semovientes. Por el contrario, de los dichos del propio interesado surge que en el acto de escrituración al que se ha hecho referencia en el considerando 8°, llevado a cabo el 20 de marzo de 1990, se dejó constancia que los representantes legales del ente societario se encontraban en posesión real y efectiva del inmueble, que las fracciones de campo eran improductivas y que no se encontraban afectadas a explotación alguna (ver fs. 8). Mal puede, frente a semejante enunciación hecha por las partes intervinientes en el acto y sin ningún otro elemento de juicio, desvirtuar el principio de prueba por escrito que cabe asignarle a esa aseveración, y que, junto a la orfandad probatoria del expediente, no permiten reconocer que haya acreditado ser poseedor de los bienes que denuncia.

    12) Que, por lo tanto, el actor no ha logrado probar de un modo inequívoco el dominio alegado, sobre la base del cual reclama el resarcimiento de los perjuicios que le habría ocasionado el actuar de la policía provincial lo que sella el resultado adverso de la pretensión a la luz de lo dispuesto por el art. 1667 del Código Civil.

    Por ello, se resuelve: Rechazar la demanda seguida por D.L.K. contra la Provincia de Santiago del Estero.

    Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, archívese. E.R.Z..

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    K., D.L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónNombre del actor: D.L.K., letrados apoderados D.. H.R.M. y R.C..

    Nombre de la demandada: Provincia de Santiago del Estero.

    Letrado apoderado Dr. P.M.T..

    Fiscalía de Estado Dres. L.A.C.C. (abogado asesor), M.A.M., J.M. delC., J.C.G. y R.A.S..