Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Abril de 2004, D. 401. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, declaró inadmisible el recurso de casación ante él interpuesto, y confirmó el fallo de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que a su vez confirmó en lo principal la sentencia de grado, que hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido el actor a raíz de publicaciones efectuadas en el diario "Jornada". La Cámara modificó, a su vez, el capital de condena y el curso de los intereses y condenó a la demandada a publicar la sentencia una vez firme (v. fs. 351/364).

Al relatar los antecedentes del caso, dijo que el actor manifestó que el 19 de septiembre de 1996, alumnas del curso de matemáticas a su cargo, le imputaron la comisión de actos obscenos, y que mientras se investigaba la veracidad de los hechos denunciados, el diario "Jornada" se refirió a ellos con títulos "amarillistas", y efectuó cometarios mendaces e improbables, que le provocaron perjuicios morales y psicológicos, ya que la actitud inescrupulosa del medio periodístico afectó su dignidad y mancilló su buen nombre y honor.

Para decidir como lo hizo, el Superior Tribunal Provincial consideró que el escrito casatorio no contenía un desarrollo adecuado de razones que autorizaron a concluir que existía una desinterpretación de la normativa aplicable que tornara arbitrario el fallo de la Cámara, evidenciando los agravios una mera disconformidad con lo decidido. Dijo que resultaba evidente que sólo se exponía un criterio distinto al sostenido en el fallo en cuanto a la interpretación y aplicación de la doctrina de la real malicia, sobre todo en lo atinente a la atribución y la carga probatoria, como lo

relacionado con las formas y tiempos establecidos para la fijación de la reparación.

Con cita de doctrina, sostuvo que la prueba de que el periodista actuó con total desconsideración hacia la verdad es harto difícil, y en la práctica importaría -en la mayoría de los casosla absolución del medio de prensa con el consiguiente desamparo del honor de las personas afectadas por la noticia falsa.

Señaló que la Alzada destacó con nitidez como argumento dirimente para consagrar la culpa de la demandada, la imprudente y notoria despreocupación por la exactitud de la publicación, la omisión del modo potencial con la finalidad de poner en duda y no afirmar sin más como hecho cierto la imputación de los actos al actor; en suma, la manifiesta negligencia del medio por indagar la veracidad del contenido de la noticia. Agregó que el recurrente soslayó rebatir estos argumentos excluyentes, y tan sólo exigió la aplicación a rajatabla de los estándares de la doctrina de la real malicia, omitiendo toda referencia concreta a la interpretación amplia de aquéllos, en cuanto consagra también como factor de atribución la culpa, la cual, como expresara el tribunal de Alzada, conlleva -como ocurre en el caso- la publicación de una noticia con notoria y evidente despreocupación respecto de los calificativos de la conducta de la persona a que aquélla se refiere.

Expresó más adelante, que ha de considerarse inadmisible el recurso extraordinario que no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia recurrida.

En definitiva -dijo-, más allá de las discrepancias que el impugnante pueda hallar en las conclusiones del fallo, los fundamentos de éste no aparecen arbitrarios, absurdos o carentes de razonabilidad, requisito indispensable para la

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación apertura del remedio intentado.

-II-

Contra este pronunciamiento la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 368/388, cuya denegatoria de fs. 393/395 vta. motiva la presente queja.

Afirma que está en juego una cuestión eminentemente federal que implica la inteligencia de normas de la Constitución Nacional como las referidas a la libertad de prensa y frente a todo este plexo normativo innegablemente federal, la sentencia ha realizado una interpretación errónea habiéndose llegado una solución inversa del litigio.

Además, tacha a la sentencia de arbitraria, y como cuestión preliminar a la crítica de los fundamentos, sostiene que el derecho de prensa no resulta ser del mismo rango que los otros derechos constitucionales.

Aduce que enfrentar a la libertad de prensa con el derecho al honor y sacrificar a la primera en aras del segundo, significa establecer una jerarquía de derechos que la Constitución Argentina no autoriza ni legitima.

Como primera causal de arbitrariedad, invoca la inexistencia de responsabilidad de parte de Editorial Jornada S.A.. Expresa que, al difundir los hechos en los que participó el actor, no transgredió ninguna norma, habiendo sido éste quien participó -voluntaria o involuntariamenteen hechos presuntamente delictivos. Por ello -afirma- corresponde concluir que su parte se limitó a ejercer su derecho de crónica o información habiéndose enmarcado su accionar dentro del ejercicio de sus facultades y también dentro del cometido de la función social que cumple como medio de prensa.

Dice no compartir los criterios esbozados respecto a la teoría de la real malicia y considera que ha sido ello lo que ha generado una nueva arbitrariedad en la sentencia.

Recuerda que, según esta doctrina, no son suficientes para la admisión de la responsabilidad civil los términos de la publicación, pues tratándose de funcionarios públicos y de casos de relevancia pública (como en el caso de autos), opera una suerte de inversión de la carga de la prueba, pues son los supuestos afectados por la noticia quienes deben acreditar que la publicación se hizo con cabal conocimiento de la falsedad.

Sostiene que el a-quo entendió que entre nosotros la aplicación de esta doctrina implica exclusivamente un "agravamiento" de la carga de la prueba, olvidando considerar que para atribuirle responsabilidad al medio de prensa, la presunta víctima debe necesariamente probar que el medio de prensa tenía conocimiento de la falsedad de la información.

Dice que el actor nada probó respecto de ese supuesto conocimiento, a tal punto que el fallo presume la culpa del demandado a partir de cómo estaban redactados los títulos de la noticia y de que el hecho había ocurrido recientemente y, en consecuencia, según el fallo, no podía escapársele a "Jornada" que no existía ningún fallo de la justicia penal que condenase al actor.

Afirma que la presunción de culpabilidad expuesta por el fallo recurrido no tiene fundamento fáctico, pues los periodistas y el personal de "Jornada" actuaron con la urgencia que el caso merecía, sin detenerse, dada la necesidad de que la noticia saliera, en qué cuestiones podían o no pasar desapercibidas para sus sentidos -si existía sentencia penal que declararse que el actor era o no culpable-. Esta circunstancia -prosigue- es implícitamente admitida en el fallo recurrido, pues el mismo atribuye a su parte "culpa" (en ocasiones "culpa grave") pero nunca "dolo", con lo cual -según la recurrente- teniendo en cuenta que la doctrina de la real malicia prevé para la procedencia de indemnizaciones contra

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación medios de prensa la acreditación necesaria de "dolo" (el dolo específico referido precedentemente) no corresponde en el caso atribuirle responsabilidad a Editorial Jornada S.A., pues ésta no actuó con el dolo tipificante del mentado "factor de atribución".

Expone que todos los calificativos usados por el diario, hacían alusión directa a los hechos denunciados, lo cual derivó en la persona del actor, pero en forma indirecta, pues el diario, mediante los calificativos "aberrante" y "depravado" pretendía receptar y difundir la opinión que nuestra sociedad tiene del abuso de menores y no de la persona del actor.

Cuestiona, en segundo lugar, el quantum indemnizatorio, considerándolo lesivo a la libertad de prensa por censura indirecta.

Respecto de los elementos tipificantes de la responsabilidad civil, dice que no fue evaluada por la Sala actuante, la relación de causalidad relevante entre el daño y el actuar del sujeto. Dice que el fallo conecta indebidamente la totalidad de los daños alegados por el actor a las noticias emitidas por "Jornada", cuando la fama y notoriedad no fue producto de las crónicas de su parte, sino de su participación en los hechos, de los cuales "Jornada" al igual que la mayoría de los medios de comunicación locales, sólo se hizo eco, ejerciendo su derecho a informarlos a la sociedad.

Destaca que todos los daños invocados en el caso, han sido presumidos en los términos del artículo 165 del Código Procesal, sin que haya existido la mínima prueba que los acredite.

Insiste que el diario "Jornada" no fue el único medio que se hizo eco de la noticia y sin perjuicio de ello, ninguna reflexión concreta sobre este hecho emanó del Superior

Tribunal.

Con relación al daño psicológico destaca que, al margen de lo que expone la pericia, la cual tampoco da certeza de que la supuesta incapacidad sea producto directo de las notas de "Jornada" y no de la totalidad de los hechos en que intervino el actor, ninguna prueba se arrimó a las actuaciones por medio de la cual haya quedado acreditado el lucro cesante alegado por la Sala, habiendo sido éste presumido en los términos del art. 165 del Código Procesal. Añade que en el caso ninguna prueba demuestra que el 20% de incapacidad laboral que invoca el peritaje haya repercutido en la actividad laboral del actor, quien, siendo un educador, no se conoce que haya disminuido sus horas de clase.

En cuanto a la condena a publicar la sentencia, señala que se omite indicar en qué norma concreta se funda esta decisión, en tanto que la única norma que admite esa posibilidad es el art. 1071 bis del Código Civil, el cual, en el caso de autos nunca fue siquiera esbozado.

Como tercera causal de arbitrariedad, reprocha el análisis de la prueba y la subjetividad del sentenciador.

Recuerda que los tribunales deben circunscribirse al análisis de los elementos de prueba, tal como han sido producidos en el expediente y cuidando al ejercer sus facultades instructorias, sustituir la actividad probatoria que incumbe a las partes.

Manifiesta que resulta improcedente la circunstancia de requerir a la parte demandada que acredite los presupuestos necesarios para su defensa, cuando ni siquiera se han demostrado los correspondientes a la acción entablada. En la causa -prosigue- no puede hablarse de una verdadera apreciación judicial de las pruebas, pues no se alcanza a comprender cómo puede sustentarse el fallo en hechos que ni siquiera han sido probados, como por ejemplo lo relativo a la culpa del

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación diario "Jornada".

Señala que no es veraz la hipótesis de que la prueba que debía acreditar resulta imposible, más aún cuando se ha establecido en reiterados pronunciamientos que prueba de aquellos hechos cuya existencia afirma una de las partes, incumbe a ésta. Con cita de jurisprudencia agrega que el incumplimiento de la carga probatoria por las partes, no puede ser suplido con la imaginación o por un forzado juego de presunciones de quienes administran justicia.

-III-

En primer lugar, estimo que existe la cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos del inciso 31 de la ley 48, toda vez que se ha cuestionado la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional, y la decisión impugnada es contraria al derecho que los recurrentes pretenden sustentar en aquéllas. Corresponde, asimismo, tratar en forma conjunta los agravios relativos a la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento en la consideración de argumentos planteados en la causa, así como en la interpretación de la doctrina de V.E., pues a ello se imputa la directa violación de los derechos constitucionales invocados, guardando, en consecuencia, ambos aspectos, estrecha conexidad entre sí (conf. Fallos:321:3596, voto de los Dres. Carlos S.

Fayt y A.B., considerando 3°).

-IV-

En cuanto a la posición preferencial que el recurrente atribuye al derecho de prensa por encima de las restantes libertades y derechos, y en especial la jerarquía que pretende otorgarle respecto del derecho al honor, cabe recordar que V.E. tiene reiteradamente dicho que la función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo

supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran la integridad moral y el honor de las personas -arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional- (v. doctrina de Fallos:310:508; 315:632; 319:2741; 321:667, 3170; 324:2985, entre muchos otros). Ha establecido, asimismo, el Tribunal, que "...el hecho de que la actividad del medio periodístico se relacione con la denuncia o la investigación de presuntos hechos de corrupción no hace que sus responsables gocen de un ámbito protectorio infranqueable o inmune a las acciones penales o civiles que el ordenamiento jurídico prevé para los casos de transgresión ilegítima a otros bienes jurídicos, tales como el honor, el prestigio, la fama, etc., no menos tutelados por la Constitución Nacional que la propia libertad de prensa." Y agregó: "La necesidad de que la sociedad cuente con una prensa libre, capaz de denunciar eficazmente la corrupción estatal o privada, no sirve por sí misma, aisladamente considerada, como argumento para negar la debida protección a cualquier individuo que pueda ser sujeto de una denuncia falsa, distorsionada, tendenciosa o inclusive mordaz en grado tal que cause una verdadera lesión a valores tan preciados como la integridad moral y el honor" (v. doctrina de Fallos: 321:2848).

Finalmente, corresponde señalar que también ha determinado que "El derecho a informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros. Por tanto, si la información es lesiva al honor, el órgano de difusión debe responder por el perjuicio moral causado."(v. doctrina de Fallos: 316:1623).

La reseña doctrinaria que antecede, desautoriza la pretendida superioridad que, en el caso, el recurrente adju-

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación dica a la libertad de prensa por sobre el derecho al honor.

-V-

Respecto de las distintas causales de arbitrariedad que invoca el apelante, se observa que constituyen una reiteración de agravios vertidos en instancias anteriores desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculadas a cuestiones de hecho, prueba y derecho común (v. doctrina de Fallos:312:1859; 313: 473 y sus citas, entre otros), y que, por otra parte, no alcanzan para refutar las conclusiones del a-quo mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio.

En este orden, se advierte que el escrito recursivo, es en gran parte de su contenido, una copia textual del escrito del recurso de casación local (v. fs. 298/317 vta.), de tal modo que las quejas aparecen dirigidas contra la sentencia de Cámara y no contra el pronunciamiento del Superior Tribunal, el cual, con acertado criterio -y como se ha visto-, sostuvo que el escrito casatorio carecía de razones que autorizaran a concluir que el fallo de la Cámara era arbitrario, resultando los agravios nada más que una disconformidad con lo decidido. Consideró evidente, asimismo, que sólo se trataba de diferencias con el criterio sostenido en el fallo en cuanto a la interpretación y aplicación de la doctrina de la real malicia, sobre todo respecto a la atribución y la carga probatoria, como lo relacionado con las formas y tiempos establecidos para la fijación de la reparación.

Asiste asimismo razón al juzgador cuando pone de resalto la manifiesta negligencia del medio en averiguar la veracidad del contenido de la noticia, y la notoria y evidente despreocupación con que utilizó los calificativos de la conducta del accionante.

Se ha visto que el apelante se queja de que el fallo atribuye a su parte "culpa" pero no "dolo"; dicho lo cual, afirma que la doctrina de la real malicia prevé para la procedencia de la indemnización la acreditación necesaria de dolo específico por lo que no correspondería en el caso atribuirle responsabilidad a Editorial Jornada S.A.. Sin embargo, cabe tener presente que para la mentada doctrina, la razón de la distinción entre "funcionario público" o "ciudadano privado", radica en que las personas privadas son más vulnerables que los funcionarios públicos pues éstos tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y porque los particulares necesitan una amplia tutela contra los ataques a su reputación, mientras que dichos funcionarios se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias ("Gertz vs.

Robert Welch Inc." 418, U.S., 323/1974; doctrina de Fallos: 310:508, considerando 12; 316:2416, considerando 12; 321:3170, voto del Dr. A.B., considerando 12). En tales condiciones y en orden a la vulnerabilidad del sujeto de la noticia, la situación del actor no parece encuadrar en los supuestos que habilitarían factores subjetivos de atribución a la actividad periodística de responsabilidad agravados que emanan de la doctrina de la real malicia. No resulta entonces irrazonable entender que podría serle aplicable la reiterada jurisprudencia de la Corte que ha establecido que: "Mientras para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia, en cambio basta la "negligencia precipitada" o "simple culpa" en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular, para generar la

D. 401. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

D., C. c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro.

Procuración General de la Nación condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes" (v.doctrina de Fallos:310:508; 319:3428; 325:50, votos de los Dres. E.S.P. y A.B., y más recientemente, sentencia del 5 de agosto de 2003, dictada en los autos M. 1045, L. XXXVII, caratulados "M., A.C. c/ La Voz del Interior s/ sumario").

No obstante ello, aún dentro del esquema de la real malicia, coincido con el sentenciador en orden a que, en el caso, con temeraria indiferencia acerca de su falsedad o acierto, se ha incurrido en el abuso de proyectar sospechas y calificar la conducta del actor de modo tal, que se afecta su fama, honra y estimación sin justificación objetiva o subjetiva alguna. En efecto, titulares del diario con expresiones tales como "aberrante actitud de un profesor de matemáticas" o "quisieron linchar al profesor depravado", demuestran que la publicación contiene elementos que van más allá de la noticia misma, ya que realiza apreciaciones sobre una supuesta actitud del actor y lo conceptúa con adjetivos deshonrosos que, aún en los términos del estándar de la real malicia, evidencian por sí solos una animosidad en contra del profesor, y se encuentran más cerca de ser calificados como un actuar doloso que como una simple culpa, sin perjuicio de que traducen además, al menos, una audaz e imprudente despreocupación por la veracidad de la noticia.

No resulta ocioso agregar al respecto, que el doctor Carlos S.

Fayt en su obra "La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo", ha dicho:"...Aun en el ámbito de la real malicia, los jueces deberán sopesar que a mayor gravedad de la imputación vertida, mayor será la diligencia que habrá de exigir a quien la formula amparado en la libertad de informar y publicar ideas por la prensa, y que en tanto que elementos subjetivos, grandes serán las dificul-

tades de los afectados para probar el conocimiento por el imputado de la falsedad de la información o su temeraria despreocupación por averiguar el grado de certeza, lo que amplía el juego de la actividad probatoria de ambas partes y el grado de aprovechamiento judicial de la prueba indiciaria.

Así, ninguna inversión rigurosa de la carga de la prueba; por el contrario, el medio periodístico no está eximido de allegar los elementos de juicio necesarios para acreditar la improcedencia de la demanda, aunque sin llegar al extremo de probar la veracidad de lo divulgado, su fin lícito o que no se tenía conciencia de su falsedad. Pero sí incumbiéndole la demostración de que actuó responsablemente y con diligencia en la obtención de la noticia." (Autor y obra citada, pág. 196 "in fine",197).

Finalmente corresponde señalar que aquí también, como en el recurso extraordinario local, no se han refutado todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia recurrida.

Las críticas del quejoso, reitero, son una repetición casi textual de las vertidas en la casación provincial, y sólo traducen diferencias de criterio con el juzgador, no resultando suficientes para rechazar las consideraciones en que se apoya el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.

Por todo lo expuesto, estimo que debe rechazarse la presente queja.

Buenos Aires, 28 de abril de 2004.

F.D.O.