Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de Marzo de 2004, C. 3189. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 3189. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    C.E., D. y otros s/ falso testimonio.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 9 de marzo de 2004.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la querella en la causa Carro Evangelista, D. y otros s/ falso testimonio", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada.

    Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. H. saber y archívese. E.S.P. -A.C.B. -A.B. -A.R.V. (en disidencia)- J.C.M. -E.R.Z..

    D.

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    C.E., D. y otros s/ falso testimonio.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió rechazar la vía casatoria en orden a la absolución dictada a favor de D.C.E., M.G. y A.R. y declararla inadmisible en cuanto ese recurso fue dirigido contra la absolución de M.A., en el juicio que tramitó por el delito de falso peritaje ante el Tribunal Oral N° 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, la querella dedujo recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja.

    2. ) Que para así resolver el a quo consideró que el hecho investigado resultaba atípico en razón de que los imputados no revestían la especial calidad de autor prevista en el art. 275 del Código Penal, por ende no produjeron un peritaje en sentido formal, sino un informe técnico; que el fallo recurrido había dado suficientes razones de sus conclusiones conforme las normas aplicables al caso; y que la pretensión de exigirle al tribunal de mérito una condena por falsedad instrumental atentaba contra la debida defensa en juicio por cuanto los imputados no habían tenido oportunidad de defenderse por ese hecho. Asimismo, en relación a M.A., expresó que la pretensión punitiva del querellante impedía el acceso a la casación conforme la limitación impuesta por el art. 458, 1ra. parte del Código Procesal Penal de la Nación, por tanto la impugnación debió haberse canalizado directamente a través del recurso extraordinario.

      Por último, en lo que respecta al remedio federal posteriormente articulado sostuvo C. remisión a lo dictaminado por el agente fiscal ante la casaciónC que los argumentos

      expuestos por el recurrente no cumplían con el requisito de fundamentación autónoma exigido por el art. 15 de la ley 48.

    3. ) Que el recurrente sostiene que la sentencia impugnada debe ser descalificada conforme la doctrina sobre arbitrariedad de la sentencia. En efecto, argumenta el querellante que el fallo cuestionado adolece de errores de fundamentación que han provocado la desigualdad entre las partes y la violación del derecho de defensa en juicio, garantía ésta que asegura a todos los litigantes por igual, derecho a obtener una sentencia fundada, existiendo una absoluta falta de tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas. En tales condiciones el fallo en crisis vulnera el debido proceso y la defensa en juicio.

    4. ) Que los agravios intentados por la recurrente vinculados con el fondo del asunto, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias del tribunal de la causa y ajenas Ccomo regla y por su naturalezaC al remedio del art. 14 de la ley 48. En consecuencia corresponde la desestimación de los mismos por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

    5. ) Que, distinta es la cuestión referida a la inadmisibilidad del recurso de casación intentado por la querella contra la absolución de M.A.. En efecto, el recurso extraordinario deducido resulta admisible en tanto ha sido puesta en tela de juicio la validez de una ley nacional (arts. 458 y 460 del Código Procesal Penal de la Nación) por ser contraria a normas de la Constitución Nacional y de un tratado internacional al que ella hace referencia, y la decisión ha sido adversa al derecho fundado en estas últimas (art.

      14 de la ley 48 ).

    6. ) Que no empece lo anterior, la deficiente funda-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación mentación del recurso articulado. Ello es así, pues en rigor, el carácter de interprete final de esta Corte como "supremo custodio de las garantías constitucionales" (Fallos: 279:40; 297:338; entre otros), permite el control Caun de oficioC de constitucionalidad, esto es, la misión de velar por la observancia de los derechos constitucionales de los ciudadanos, toda vez que la eventual afectación de una garantía constitucional no podría ser confirmada. Dicha facultad compete a los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales. En tal sentido, si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, no lo es menos que, como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente Ctrasuntando en el antiguo adagio iura novit curiaC incluye el deber de mantener la supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional).

    De dicha disposición constitucional se desprende la facultad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se presentan a su decisión, comparándolas con el texto y la significación de la Constitución para averiguar si guardan conformidad con ella; facultad que por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede estar supeditada al requerimiento de las partes (confr. doctrina de Fallos: 324:3219 Cvoto del juez VázquezC considerandos 9° a 21, a cuyas consideraciones y fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad).

    1. ) Que por ello, y si bien el planteo de inconstitucionalidad no fue oportunamente introducido para su tratamiento por los jueces de la causa, resultaba indispensable el estudio sobre la validez constitucional de la norma procesal

      aplicable, lo que torna procedente el recurso en este aspecto.

    2. ) Que así las cosas, corresponde tratar la limitación cuantitativa impuesta al fiscal C.. 458 del Código Procesal Penal de la NaciónC que impide también al querellante C. remisión del art. 460 del mismo cuerpo legalC, interponer el recurso de casación contra la sentencia absolutoria, en relación con el alcance de la denominada garantía a la doble instancia.

    3. ) Que es doctrina del Tribunal que la garantía constitucional de la defensa en juicio como posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia (Fallos: 281:235; 310:2184; 311:700; 314:697; 315:545; entre otros), no resulta comprensiva del derecho a impugnar toda sentencia adversa. Desde antiguo, esta Corte ha declarado que la multiplicidad de instancias judiciales no constituye requisito de naturaleza constitucional (confr. doctrina de Fallos:

      244:516; 251:274; 284:100; 290:120; 311:274; entre otros).

      10) Que sin perjuicio de ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada en los términos del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, en su art. 8 se refiere a las garantías judiciales, señalando en el 1er. párrafo que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; para luego enumerar en la primera parte del 2do. párrafo los derechos de todo inculpado y en la segunda los de toda persona durante el proceso, destacándose en el inc. h el derecho de recurrir el fallo ante

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación juez o tribunal superior.

    11) Que las distinciones aludidas entre "persona" y "persona inculpada" no pueden ser obviadas al momento de aplicar el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que en tales condiciones resulta de adaptación al caso la pauta de hermenéutica que establece que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 218:56). De esta forma, cabe concluir que la garantía de la doble instancia judicial reconocida en la mencionada Convención como un derecho fundamental de las personas, no se encuentra dirigida exclusivamente a quien resulta imputado del delito, sino también a otras partes legalmente constituidas en un proceso penal determinado, como es el caso de la presunta víctima de un delito devenida en querellante.

    Esta conclusión se deriva de la expresa disposición contenida en el art. 8, inc. 2, apartado h de la Convención, que al reconocer el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, no distingue entre inculpado y las otras partes como lo hace al tratar otros derechos inherentes a determinada situación procesal.

    12) Que ello resulta coherente con el contenido del art. 25 la Convención referido a la protección judicial, que establece en su inc. 1° que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales", reafirmado por el 2do. inciso en cuanto señala que "los Estados Partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema

    legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,...".

    13) Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya opinión resulta de importancia para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 319:1840), se ha pronunciado reconociendo que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal (conf. CIDH, informe n° 28/92, casos 10.147 y otros CArgentinaC, 2 de octubre de 1992 e informe n° 29/92 y otros CUruguayC, de la misma fecha).

    14) Que esta Corte señaló en Fallos: 318:514, pautas según las cuales constituye un principio liminar de la ciencia del derecho penal moderno la necesidad de una instancia de apelación de toda sentencia. Ello quedó incluido en la propia Constitución Nacional luego de la reforma de 1994 que confirió jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales (art. 75, inc. 22, segundo párrafo), entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su art. 8°, párrafo 2°, inc. h, dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" (considerando 5°).

    Señaló el Tribunal que el recurso extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal, en virtud de su carácter discrecional C.. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme ley 23.774C (considerando 8°), de modo tal que, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondía Cen la medida de su jurisdicciónC aplicar los tratados internacionales que integran la Constitución Nacional.

    Sobre lo expuesto se determinó que la forma más adecuada para asegurar la garantía constitucional del derecho de recurrir ante un tribunal superior era declarar la inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda al imputado la admisibilidad del recurso de casación contra sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena. Y estableció que la Cámara Nacional de Casación Penal es un órgano judicial "intermedio", al cual no le está vedada por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad de las sentencias que dicten, sobre los puntos que hacen a su competencia, tanto los tribunales orales en lo criminal como los juzgados en lo correccional (considerandos 9° y 10).

    15) Que, posteriormente, en oportunidad de juzgar el caso "A." (Fallos: 320:2145), sobre la constitucionalidad de la limitación recursiva impuesta al fiscal por el art. 458 del Código Procesal Penal, si bien el Tribunal puntualizó que de las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge que la garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada principalmente en beneficio del inculpado, lo hizo en referencia a la contraparte de dicho proceso; esto es, el Estado que ora actúa por medio de un órgano independiente Cel Poder JudicialC, ora como titular de la acción penal ejercida por Ministerio Público Fiscal encargado de instar al primero.

    En tal inteligencia las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales de las personas.

    De todas formas, se hizo notar la necesidad de remediar situaciones como la allí planteada, donde los delicados intereses confiados a la custodia del Ministerio Público y que, en definitiva, no son otros que los de protección de los derechos de la sociedad, no es recomendable que queden librados a una instancia única, toda vez que el recurso extraordinario federal no constituye una auténtica instancia de revisión (considerando 12, voto del juez V..

    16) Que por otra parte, el sub lite presenta sustanciales diferencias con el caso "A.", siendo que la acción penal es ejercida CademásC por una persona física CparticularC constituida en parte querellante contrariamente a lo ocurrido en el precedente citado, donde el Estado, a través del Ministerio Público, era el titular de la acción penal y pretendía la concreción del derecho penal represivo respecto de un delito de acción pública. Circunstancia que da especial relevancia a la garantía contenida en el art. 8, párrafo 2°, inc. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto erige como beneficiara del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior a "toda persona", sin distinción del rol procesal que desempeñe, C. víctima o imputadoC, o respecto del tipo de sentencia de que se trate Ccondena o absoluciónC.

    En esa linea de pensamiento, cabe agregar que todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandante o demandado; y en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en nuestra Ley Fundamental.

    17) Que lo expuesto determina C. las particula-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación ridades del presente casoC que la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8, inc. 2°, ap. h), es declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en los arts. 458, inc. 1° y 460 Cpor remisión de esta disposiciónC del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda al querellante la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias absolutorias en razón del monto de la pena que se hubiera solicitado.

    Por ello, con el alcance indicado, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento.

    Hágase saber, acumúlese oportunamente al principal y remítase al tribunal de origen, a fin de que se dicte un nuevo fallo conforme a lo resuelto en el presente.

    A.R.V..