Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 24 de Febrero de 2004, A. 183. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 183. XXXVII.

    RECURSO DE HECHO

    Abdelnabe, J.C. s/ asociación ilícita, etc. Ccausa n° 41.990C.

    Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

    I El Tribunal Oral en lo Criminal n1 30 de esta ciudad, no hizo lugar al planteo de nulidad del auto de procesamiento de fojas 1224/35 que había formulado la defensa de J.C.A. (fs. 17/19). Esa decisión fue impugnada por la asistencia letrada mediante recurso de casación que fue declarado inadmisible (fs. 36/37). Interpuesta la respectiva queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, su Sala III también la rechazó (ver fs. 105 de la causa n1 3054 de ese tribunal, que corre por cuerda). Contra esa resolución, la defensa dedujo recurso extraordinario cuya denegatoria (fs.

    85) ha generado esta queja in forma pauperis por parte del procesado.

    El recurrente cuestiona lo resuelto por el a quo por falta de motivación, al haberse rechazado su impugnación con remisión a las razones expuestas por el F. General, afectando de ese modo las garantías del debido proceso y defensa en juicio cuya reparación pretendía ante la decisión adversa de la instancia anterior.

    La señora Defensora Oficial ante la Corte, en ocasión de dotar de fundamentación técnica el recurso de su pupilo (fs. 141/143), opuso la nulidad de lo actuado por el Tribunal Oral n1 30, pues entendió que luego de haber adquirido firmeza la nulidad del auto de elevación a juicio que declaró a fojas 3576/77 de los autos principales, carecía de competencia para resolver el planteo de nulidad del auto de procesamiento de fojas 1224/35 que había formulado la defensa de Abdelnabe con anterioridad, y cuyo rechazo ha suscitado esta queja.

    II Frente a los términos de la presentación efectuada

    por la defensa, corresponde en primer lugar examinar si, como ha sido planteado, lo resuelto a fojas 3576/77 despojó al tribunal oral de su potestad jurisdiccional, pues en tal caso la apelación aquí introducida por su asistido se tornaría abstracta. Ello aun cuando ese análisis pueda vincularse con aspectos netamente procesales, ajenos por regla al recurso extraordinario, e inclusive pueda exceder la materia sometida a V.E. por el propio recurrente, pues podría afectar la garantía del debido proceso que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional (conf.

    Fallos:

    308:2658; 311:1199; 312:579; 314:1846).

    Al respecto, el señor F. General interviniente ya sostuvo a fojas 3691/2 que, como surgía de los considerandos de la resolución de fojas 3576/77, aquella declaración de nulidad se limitaba al hecho que damnificaba a D.S.A.

    -objeto procesal de la causa n1 488 acumulada a la presente- y no a la totalidad del legajo, razón por la cual el tribunal continuaba habilitado -tal como lo venía haciendo- para actuar en la causa.

    Este temperamento, además de haber sido consentido por la anterior defensa particular de A. en tanto no sólo impugnó la resolución que aquí se cuestiona -dictada con posterioridad a esa declaración de nulidad- sin formular reparos al respecto, sino que continuó planteando incidencias ante el mismo tribunal (v.gr. fs.

    3628, 3641, 3718, 3719 y 3782 del principal), también fue implícitamente admitido por la Cámara Nacional de Casación Penal al conocer en ese recurso sin efectuar objeciones (ver fs. 105 de la causa n1 3054, ya citada). Cabe destacar sobre este último aspecto, que según surge de la copia del oficio que luce a fojas 3675, con anterioridad a su decisión esa cámara había sido informada por el tribunal oral de la nulidad declarada.

    Esa interpretación del representante del Ministerio

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    RECURSO DE HECHO

    Abdelnabe, J.C. s/ asociación ilícita, etc. Ccausa n° 41.990C.

    Procuración General de la Nación Público Fiscal, a la que cabe agregar el defecto formal con relación a la acción civil intentada, también advertido por el tribunal oral, mantiene vigencia aun cuando luego de dictarse la resolución aquí cuestionada se haya cumplido con la devolución de las actuaciones al Juzgado de Instrucción n1 38, tal como se había ordenado, pues como surge de fojas 3934, 3944 y 3961 lo actuado en esa instancia se ha limitado, al margen de las nuevas presentaciones allí introducidas por los procesados (ver fs. 3943 y 3957/58), a los aspectos señalados por el tribunal oral en la resolución de fojas 3576/77.

    Resulta pertinente señalar que, según surge de fojas 3932/33 de los autos principales, el tribunal oral cumplimentó la devolución al juzgado de instrucción luego de certificar que la Sala III de la Cámara de Casación Penal había rechazado el recurso extraordinario interpuesto por A. contra la inadmisibilidad resuelta por esa cámara en la ya citada causa n1 3054 que, recuérdese, es el antecedente de esta queja. En mi opinión, tal circunstancia también concurre a abonar el criterio que ahora cuestiona la defensa pública, pues de prosperar el planteo del imputado sus consecuencias podían afectar los limitados alcances que se habían fijado a la nulidad declarada a fojas 3576/77.

    A esta altura del relato, cabe recordar que es criterio de V.E. que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos:

    295:961; 298:312; 302:221; 306:149 y 1360; 310:1880; 311:1413 y 2337; 323:929, entre otros).

    Desde este punto de vista, los antecedentes del trámite hasta aquí desarrollados, no permiten advertir -ni

    tampoco ha sido invocado- qué perjuicio concreto haya podido irrogar al ocasional asistido por la defensa pública la subsistencia de la jurisdicción del tribunal oral para resolver la cuestión cuya revisión se pretende.

    Según lo veo, la cuestión introducida en esta instancia por la señora Defensora Oficial parece exclusivamente dirigida a aquel objetivo formal, pues aun cuando ha invocado la afectación de la garantía del debido proceso, ello resulta insuficiente en tanto no ha explicado de qué modo pueden haberse afectado los derechos de su pupilo por la resolución dictada por el Tribunal Oral n1 30 sobre la nulidad del auto de procesamiento de fojas 1224/35. Antes bien, la revisión por parte de la Cámara de Casación Penal e inclusive el trámite de la presente queja ante V.E., contribuyen a descartar -con prescindencia del resultado obtenidocualquier gravamen sustancial en tal sentido.

    En razón de lo expuesto y en aplicación de las pautas restrictivas que la Corte ha fijado en los precedentes ya citados, opino que el planteo introducido a fojas 141/143 resulta improcedente.

    III Con referencia a la presentación directa efectuada por J.C.A. a fojas 87/115 observo que, tal como viene resuelto por el a quo, los agravios introducidos no alcanzan para hacer excepción a la regla que ha sentado V.E., según la cual las resoluciones que rechazan planteos de nulidad y cuya consecuencia es continuar sometido a proceso, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal, a los fines del recurso extraordinario, sin que la invocación de la tacha de arbitrariedad o de garantías constitucionales puedan suplir ese requisito (conf. Fallos: 310:2733; 316:341 y sus citas; 321:2310 y sus citas, y 321:3679).

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    RECURSO DE HECHO

    Abdelnabe, J.C. s/ asociación ilícita, etc. Ccausa n° 41.990C.

    Procuración General de la Nación En tal sentido y aun a riesgo de ingresar al tratamiento de cuestiones ajenas a la materia propia de la vía del artículo 14 de la ley 48, me limitaré a señalar que el alcance que el recurrente ha asignado a la supuesta cosa juzgada derivada del auto de falta de mérito firme, desconoce el carácter eminentemente provisorio de un auto de esa naturaleza (artículos 309 y 311 del Código Procesal Penal). Del mismo modo, en cuanto a los efectos de la nulidad del auto de procesamiento cuya declaración se persigue, la pretendida asimilación a la doctrina de la exclusión que V.E. ha aplicado a partir del caso "Montenegro" (Fallos: 303:1938), también desconoce que no se trata aquí de una confesión o de una prueba incorporada irregularmente al proceso, sino tan sólo de una resolución de mérito dictada por la juez interviniente frente a la cual, aun cuando pudiera prosperar la nulidad articulada, sus consecuencias procesales no encuadrarían bajo aquella regla, pues ha sido elaborada para contemplar otros supuestos.

    Asimismo, en cuanto a la afectación del derecho de defensa en juicio que se ha alegado por la falta de indagatoria previa al auto de procesamiento cuestionado, tampoco aquí se ha demostrado qué perjuicio concreto puede haberse causado al recurrente, lo que impone la desestimación del agravio según la interpretación de V.E. a la que antes se ha hecho referencia.

    Esta conclusión se aprecia con claridad si se observa que aun de haberse declarado la invalidez del auto de fojas 1224/35, ello carecería de efectos desde que, por tratarse de un interlocutorio esencialmente provisorio (artículo 311 citado), con las posteriores indagatorias de fojas 1453/64 y 1541/48 y el nuevo auto de procesamiento de fojas 1631/44, confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fojas 1760/61 y no objetado por A., se han cumplido regularmente las etapas procesales que reclama el

    nombrado y, a la vez, descartado la existencia de algún perjuicio relevante.

    Lo recién expuesto coincide con el criterio seguido a fojas 141/143 por la calificada asistencia técnica oficial al abstenerse de dotar de sustento técnico a estos agravios y limitarse a plantear, del modo considerado en el apartado II de este dictamen, la declaración de nulidad de las actuaciones a partir de lo resuelto por tribunal oral a fojas 3576/77. Y más aun, la misma defensa reconoce allí que una vez saneados los "vicios de la instrucción", las actuaciones serán devueltas al tribunal oral donde el encausado podrá efectuar todas las peticiones que hagan a sus derechos (artículo 354 del Código Procesal Penal). Al respecto, cabe recordar que la causa ya ha sido devuelta al juzgado de instrucción a tales fines.

    Por último, en cuanto a la alegada falta de fundamentación de lo resuelto por el a quo, es criterio de ese Tribunal. que la remisión al dictamen del fiscal de cámara no torna arbitrario el pronunciamiento (Fallos: 308:2352 y sus citas).

    En tales condiciones, no obstante que los términos en que se ha expedido la señora defensora bien podrían ser considerados como un desistimiento implícito de la presentación directa de su asistido, en atención a los criterios establecidos por la Corte para el ejercicio del derecho de defensa en juicio en casos como el sub júdice (Fallos: 310:2078; 320:854 y 323:84, entre otros), opino que corresponde desestimar la queja interpuesta in forma pauperis a fojas 87/115.

    Buenos Aires, 24 de febrero de 2004.

    E.E.C.