Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Diciembre de 2003, C. 1604. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación

Competencia N° 1604. XXXIX.

Ríos P.P. c/ Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Surge de las actuaciones que el actor -P.P.R.- promovió demanda contra la Provincia de Tucumán, peticionando el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios, derivados del supuesto accidente que invoca haber sufrido, que le ocasionó, según dice, lesiones incapacitantes, en ocasión del cumplimiento de las tareas por él realizadas en su condición de profesional de la medicina y que le fueran asignadas en virtud del contrato de servicio celebrado con el Hospital del N.J. dependiente de la provincia aquí demandada. Fundó el reclamo en lo normado por los artículos 1109; 1113 y concordantes del Código Civil. Además, peticionó, genéricamente, la inconstitucionalidad de la Ley 24.557.

A fs. 62/3, la Sala N1 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del citado estado provincial se declaró incompetente para entender en la causa con basamento en que la pretensión del actor cae bajo la órbita de los preceptos contenidos en los artículos 6, 21 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, normativa que, según señaló, prevee la actuación de la justicia de excepción.

El titular del Juzgado Federal N1 2, de la citada Provincia, resistió a la radicación de la causa -haciendo suyos los fundamentos de la Señora Fiscal Federal (fs. 67 y vta.)- en cuanto entendió que, más allá de no encontrarse configurados los extremos requeridos por la L.R.T. que justifiquen la actuación de la Justicia Federal, la pretensión se ha fundado centralmente en el marco de una relación de empleo público, circunstancia ésta, por la que, señaló, autoriza a enmarcar a la presente acción en el ámbito del fuero contencioso administrativo local (fs. 68/9).

En tales condiciones, se suscitó una contienda ju-

risdiccional de las que corresponde dirimir a V.E., en virtud de lo dispuesto por el artículo 24, inciso 71 del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708.

- II - Debo indicar que del examen de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos cabe atender de modo principal para determinar la competencia (Fallos: 306:1056; 308:229, entre otros), surge que el actor interpuso acción contra la Provincia de Tucumán reclamando el pago de una indemnización por daños y perjuicios -daño emergente, lucro cesante, daño moral y estético-; lesiones incapacitantes, derivadas del accidente sufrido como consecuencia del riesgo o vicio de las instalaciones del establecimiento medico asistencial mientras daba cumplimiento a la tarea asignada por dicho hospital provincial como profesional de la medicina en el marco de un contrato de locación de servicios celebrado entre ambos, por lo que fundó su reclamo sobre la base de los preceptos contenidos en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil (Ver fojas 9/10 y vta; 55/7 y vta.).

Por lo expuesto, de acuerdo con el encuadre jurídico que realiza el actor que lo vincula a la demandada (contrato de locación de servicios), desde que el contrato referido se encuentra regido por el derecho común -civil-, ámbito en el que el demandante centra su pretensión cuyo objeto parece ser una reparación integral por responsabilidad derivada de actos ilícitos con fundamento -reitero- en los artículo 1109 y 1113 del mencionado código, soy de opinión que no compete a la justicia federal, conocer en el juicio.

En tal sentido y desde que en ningún momento el accionante enmarca su reclamo en la ley de accidentes de trabajo, ni en eventuales diferencias que pudieran adeudársele con motivo de una indemnización abonada en el marco de una

Competencia N° 1604. XXXIX.

Ríos P.P. c/ Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación relación laboral, dentro del limitado marco cognoscitivo en el que deben resolverse las cuestiones de este tipo, estimo que, la presente demanda debe dilucidarse en el ámbito de la justicia local, a la que compete determinar los tribunales que en concreto deberán intervenir (V. Doctrina de Fallos: 314:

1854; 310: 1495; 324: 165, entre otros).

En virtud de lo expuesto, entiendo que corresponde que V.E. dirima el presente conflicto, declarando competente para entender en la causa la justicia local con el alcance indicado.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.

N.E.B.