Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25 de Noviembre de 2003, G. 20. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

G. 20. XXXV.

RECURSO DE HECHO

G., E.M. c/G., C.E. y otro.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 25 de noviembre de 2003.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por J.P.O. en la causa G., E.M. c/G., C.E. y otro", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.

Por ello y habiendo dictaminado el señor P.F., se desestima la queja. D. perdido el depósito de fs. 71. H. saber y, oportunamente, archívese conjuntamente con la presentación que se agregó por cuerda según constancia de fs. 58 del recurso de hecho G.30.XXXV. C.S.F. (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO R.V. -J.C.M..

DISI

G. 20. XXXV.

RECURSO DE HECHO

G., E.M. c/G., C.E. y otro.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, en lo que interesa, impuso solidariamente las costas al actor y a su letrado apoderado con fundamento en el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, el citado profesional interpuso recurso extraordinario federal que, al ser rechazado, dio origen a la presente queja.

  2. ) Que el recurrente solicita la descalificación del fallo por aplicación de la conocida doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencias, pues Csegún afirmaC, la decisión impugnada carece de sustento fáctico y normativo.

  3. ) Que la doctrina de la arbitrariedad invocada por el apelante, no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias, sino que requiere Cpara su procedenciaC que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.

    Pues bien, este último es el caso traído ante esta Corte. El a quo, tras destacar que la imposición solidaria de las costas al letrado no constituía una sanción, puntualizó que esa condena constituía una técnica para resguardar el interés patrimonial del trabajador ante la mala praxis en el ejercicio de la actividad profesional del abogado. Expresó que parecía lógico "que, en ese caso, el letrado cargue con la totalidad o, por lo menos, una parte de los daños que su error de apreciación de la situación, le ha hecho incurrir a su cliente", toda vez que CreiteróC "no se trata de una sanción

    sino del pago de una indemnización por daños ocasionados por mala praxis". Seguidamente, hizo referencia a los hechos que a su juicio habrían constituido la inadecuada práctica profesional, a cuyo fin aludió a la actuación del profesional en un pleito anterior y señaló que "ante la consulta que, obviamente, le realizó el actor de autos, debió asesorarle que dado la situación le era sumamente difícil de acreditar...", en relación con los extremos invocados en la presente causa y los planteados en aquél (confr. fs. 338/339).

  4. ) Que tales argumentos prescinden de una referencia concreta al texto legal que, al subsumir aquellas situaciones, justificaría la condena en costas al letrado apelante.

    Es evidente que la sola aserción según la cual la ley de fondo contiene "una técnica para resguardar el interés patrimonial del trabajador", no asume las críticas formuladas por el apelante a la sentencia de primera instancia mediante las cuales se había argumentado que la "pluspetición inexcusable" contemplada en el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo no confería fundamento alguno a la condena en costas cuestionada.

    En tales condiciones, lo decidido importa un tratamiento inadecuado del planteo propuesto y redunda en menoscabo de los derechos constitucionales invocados.

  5. ) Que esta Corte ha señalado desde antiguo que a la condición de órganos de aplicación del derecho vigente va entrañablemente unida la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus sentencias. Tal exigencia, establecida por ley, no se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura sino que procura, fundamentalmente, la exclusión de decisiones irregulares (Fallos: 319:

    2264; 320:2737; 323:35, entre otros).

    En el caso, una prudente interpretación de la citada norma de fondo C. requiere una interpretación estricta en

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    RECURSO DE HECHO

    G., E.M. c/G., C.E. y otro.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación salvaguarda del derecho de defensa en juicioC era particularmente exigible, porque aquellas decisiones emanadas de los órganos del Poder Judicial que importen un cuestionamiento a la labor profesional del abogado deben ponderar que, como principio, ese ejercicio constituye un servicio necesario e indispensable para la realización en plenitud de la justicia.

    Nuestro ordenamiento así lo ha entendido y reconocido explícitamente al exigir para los abogados un trato similar al de los magistrados (art. 58 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Antes bien, lo decidido importó aplicar un precepto legal que exige el carácter de "inexcusable" a una "pluspetición" que resulte de los antecedentes del proceso, sin que uno ni otro elemento constitutivo de la norma haya sido objeto de interpretación razonada a fin de preservar aquellos principios rectores.

    Por ello, oído el señor P. General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se deja sin efecto el fallo apelado. R. el depósito de fs. 71. Agréguese la queja al principal. Vuelva la causa al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia. N. y remítase. C.S.F..