Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Noviembre de 2003, M. 1915. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1915. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

M.O., E. s/ su juicio político.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 234/297, el doctor E.M.O.'Connor se presenta en queja ante la Corte, por habérsele denegado el recurso extraordinario que dedujo contra la resolución del Senado de la Nación, constituido como tribunal de enjuiciamiento político, tomada en la sesión plenaria de los días 3 y 4 de septiembre de 2003, mediante la cual rechazó sus pedidos de recusación con causa de la senadora C.F. de K., presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de aquel órgano legislativo.

Afirma, en síntesis, el carácter justiciable del asunto sometido a conocimiento del Tribunal y que debe admitirse su planteo de recusación contra la mencionada legisladora, pues resulta nítido e inequívoco que, a raíz del vínculo matrimonial que la une con el presidente de la Nación, se ve comprometida su imparcialidad e independencia en el proceso de juicio político al que está sometido, así como que existieron irregularidades en las sesiones del Senado en las que se votaron las resoluciones que impugna.

En su concepto, todo ello lesiona el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio que garantizan los arts. 18 de la Constitución Nacional y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte las resoluciones cuestionadas son equiparables a definitivas, por sus efectos, y deben ser descalificadas por ser arbitrarias, infundadas y no constituir derivación razonada del derecho vigente, al mismo tiempo que configuran un supuesto de gravedad institucional.

Después de relatar los antecedentes de la causa, concreta sus agravios en los siguientes términos: a) las de-

cisiones del Senado Cque desestimaron sus pedidos de recusación y el recurso extraordinarioC carecen de motivación y de fundamentos necesarios para que pueda ejercer su derecho de defensa, pues dicho órgano se apoya en afirmaciones dogmáticas, tales como la imposibilidad de plantear recusaciones en el trámite del juicio político, o en la irrevisibilidad de sus actos jurisdiccionales; b) las resoluciones fueron adoptadas sin la debida imparcialidad, conclusión que extrae de la lectura de las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se trataron su primer pedido de recusación y el recurso extraordinario que dedujo contra la decisión adoptada en el plenario de desestimarla, que demuestra que fueron presididas por la senadora recusada; c) las decisiones impugnadas están revestidas de vicios manifiestos, porque antes de adoptarse la primera Crechazo de las recusacionesC, se produjeron irregularidades en el trámite, tales como la firma en el dictamen de un senador que estuvo ausente en la sesión de Comisión y la falta de dictamen escrito y fundado. En cuanto a la segunda decisión, dice que rechazó su apelación extraordinaria sin fundamentos; d) el Senado, al desconocer la revisibilidad de los actos jurisdiccionales que se emiten en un enjuiciamiento político, se apartó de la doctrina de la Corte sobre tales cuestiones, que surge del caso "Nicosia".

Al criticar la resolución denegatoria del recurso extraordinario, sostiene que el Senado se limitó a desestimarlo sin fundamentos, aplicando irrazonablemente la doctrina de la irrevisibilidad judicial de las decisiones del Cuerpo y sin considerar que su apelación se fundaba en una recusación contra una senadora que tiene clara injerencia en el curso del proceso.

En cuanto al fondo del asunto debatido en el sub

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Procuración General de la Nación lite, afirma que la cuestión federal se configura por la transgresión al juramento que la Constitución Nacional impone a cada senador para erigirse en juez (art. 59); la violación a la garantía de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial (art. 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica) y de ser oído con justicia por un tribunal independiente e imparcial (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Manifiesta que las decisiones que recurre fueron dictadas en medio de una serie de irregularidades que exceden el mero ámbito de lo formal y se proyectan sobre la legalidad y eficacia del pronunciamiento. Tales defectos CalegaC no son susceptibles de repararse por la votación en el plenario del Cuerpo y, en concreto, son los siguientes: (i) en la sesión del 26 de agosto de 2003, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no se respetó el procedimiento legal para tratar su primer pedido de recusación, porque la senadora recusada presidió la sesión y dirigió el debate, lo que trajo consecuencias Ca las que califica de gravesC que provocan su nulidad.

En su concepto, no se cumplieron los trámites que prevé el Código Procesal Penal Ccuerpo normativo al que remite el reglamento del Senado para el procedimiento del juicio políticoC para resolver el incidente de recusación de un magistrado; (ii) otra irregularidad es la falta de dictamen escrito y fundado de la decisión de la Comisión. En tal sentido, dice que solo se le notificó el dictamen de la Comisión referente al otro punto tratado en aquella sesión Cel pedido de excusación de un senadorC, pero no se hizo lo mismo con el correspondiente a la recusación que planteó. Recién en la sesión plenaria del Senado, constituido como Tribunal de Enjuiciamiento Político, salió a la luz que ese dictamen nunca exis-

tió, o que, por lo menos, no estaba suscripto en el momento de someterse el tema a decisión de la Cámara (v. fs. 276 vta./277 vta.); (iii) en la sesión de Comisión del 26 de agosto de 2003, "participó" un senador que estuvo ausente, ya que la senadora F. de K. leyó una nota enviada por el senador Y., en la que manifestaba no poder concurrir a la reunión por encontrarse enfermo, pero al mismo tiempo anticipaba su voto sobre las dos cuestiones que se iban a tratar en esa oportunidad. Ese voto CdiceC es manifiestamente inválido y resulta intrascendente si fue o no necesario para formar mayoría, pues en cualquier caso se afecta el proceso de formación de la voluntad del cuerpo colegiado. Cabe aclarar que las manifestaciones que formula a fs.

278/282 de la presente queja se refieren a vicios que le imputa a las sesiones del 1° de octubre del corriente año, de la mencionada Comisión y del pleno de la cámara, en donde se consideró su recurso extraordinario y, por tal motivo, no los incorporo a este relato.

Por último, señala que el principal y esencial argumento que exhibe la decisión del Senado es considerar que no es posible formular recusación con causa contra sus miembros, por el carácter político del órgano, en el que cada senador ejerce la representación de su provincia y, por ello, no se contempla su reemplazo o sustitución.

Rechaza esta línea argumental, porque aquella representación política no desplaza a la alta responsabilidad que tienen los senadores de administrar justicia con imparcialidad y rectitud en el proceso de juicio político.

También sostiene que las dos recusaciones que formuló contra la senadora F. de K. no recibieron tratamiento alguno en cuanto al fondo de la cuestión, porque aquélla no informó acerca de su existencia ni el Senado se

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Procuración General de la Nación pronunció respecto de su alto compromiso con la política que expresa el presidente de la Nación Csu esposoC destinada a remover a varios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los que se encuentra. Así, después de resumir nuevamente los fundamentos de sus pedidos, afirma que la recusación debe ser admitida, porque el proceso continúa con una composición defectuosa del tribunal, que se ve agravada por la condición que reviste la recusada en la comisión que atiende todas las cuestiones que planteó hasta ahora en el proceso.

-II-

A fs. 298, los magistrados C.S.F., A.B., E.P., A.B., G.L., A.V. y J.C.M. se excusaron de intervenir en todos los asuntos vinculados con el juicio político del juez M.O.'Connor, por motivos graves de delicadeza y decoro y ordenaron que se proceda a integrar el Tribunal según lo previsto por el art. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58.

La disposición fue notificada al apoderado del juez M.O.'Connor, conforme surge de la cédula obrante a fs.

299/299 vta.

El 15 de octubre de 2003, el S. General de la Corte fijó la fecha y hora de la audiencia para proceder a la integración del tribunal con nueve conjueces, en los términos del art. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58, en mérito a las excusaciones señaladas, la imposibilidad de intervenir del ministro sometido a juicio político y la vacante producida por la renuncia del doctor J.S.N. (fs. 300).

Esta decisión fue notificada al apoderado del recu-

rrente (fs. 301/301 vta.), a la Cámara de Diputados de la Nación CComisión de Juicio PolíticoC (fs. 302/302 vta.) y a la Mesa de Entradas de la mencionada cámara (fs. 303/303 vta.).

El 17 de octubre ppdo., se realizó la audiencia para efectuar el sorteo previsto en el precepto antes indicado, con el resultado que surge del acta obrante a fs.

304.

Así, resultaron desinsaculados en carácter de titulares los presidentes de las siguientes cámaras federales de apelación:

de Corrientes, el doctor J.M.; de La Plata, el doctor R.F.; de Córdoba, el doctor A.M.; de Posadas, la doctora M.T. de Skanata; de Civil y Comercial, el doctor G.A.; de General Roca, el doctor A.P.P.; de Comodoro Rivadavia, el doctor J.L. de I.; de Tucumán, el doctor E.W.; de Casación Penal, el doctor G.M..

Cinco de los conjueces designados manifestaron que aceptaban el cargo (doctores M., F., P.P., M. y M. conforme surge de fs. 391, 392, 395, 396 y 399, respectivamente, mientras que el doctor Guillermo A.

Antelo, planteó su excusación para intervenir en la causa (v. pedido de fs. 397/398). En este último caso, se resolvió tener presente la excusación formulada para su consideración por los señores conjueces (fs. 398 vta.).

CIIIC A fs. 314, se presenta el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y comunica al Tribunal que el órgano que representa a dicho cuerpo en el juicio es la Comisión Acusadora designada por la Presidencia del Cuerpo el 20 de agosto de 2003 (v. copia de fs. 377), constituida por tres miembros: los diputados J.F. (PJ), N.G. (Frepaso) y Carlos Iparraguirre (UCR)

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Procuración General de la Nación (cfr. resolución que se aprobó el 13 de agosto de 2003 por Orden del día 2399, que adjunta a fs. 317/376).

Anoticia, también, que la Comisión Acusadora fue tenida por parte en el juicio político por resolución del 3 de septiembre de 2003 del Senado de la Nación.

En consecuencia, entiende que la notificación referida a la fijación de la fecha de la audiencia para proceder a la integración del Tribunal ante la excusación de sus miembros y el procedimiento de selección, estuvo mal dirigida.

CIVC Con posterioridad, la Cámara de Diputados de la Nación, por intermedio de su Comisión Acusadora, se presentó ante la Corte para señalar que no le reconoce competencia ni jurisdicción alguna al Poder Judicial para controlar las decisiones políticas adoptadas por el Senado de la Nación dentro del ámbito de sus facultades constitucionales, entre las que se incluye el rechazo de la recusación planteada contra la senadora C.F. de K., que el juez acusado pretende revisar por esta vía (fs. 387/388).

También sostiene que no deben actuar como conjueces en esta causa los presidentes de las cámaras de apelaciones, sino abogados de la matrícula, porque los primeros carecen de independencia o imparcialidad plena para juzgar, sin que esto afecte sus dignidades funcionales y personales.

La comisión legislativa afirma que mientras la mayoría de la Corte mantenga vigente la doctrina "Magariños" o "D. de R.", por la que abusivamente se arroga facultades disciplinarias sobre los magistrados del Poder Judicial, éstos no pueden ni deben ser jueces en un caso donde se dirime la remoción de uno de los integrantes de esa mayoría que, eventualmente, si no es destituido, puede entender como

superior en una cuestión disciplinaria. Por ello, indica que V.E. debió prever esta cuestión y desinsacular jueces que, de ordinario, no estén bajo el influjo sancionador directo de la Corte. Estos CdiceC son los abogados que forman la lista de conjueces y así pide que se haga.

Asimismo, deduce incidente de nulidad al entender que la notificación de la audiencia para la designación de conjueces fue mal dirigida a la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados y que, de ese modo, la Comisión Acusadora Cparte en el juicio político seguido al magistradoC se ha visto privada de oponerse a la desinsaculación de conjueces prevista por el Tribunal. En este sentido, solicita la nulidad de todos los actos procesales subsecuentes a la resolución del 15 de agosto de 2003 por falta de adecuada notificación a una de las partes en el pleito.

Para el supuesto que no se haga lugar a su pedido, recusa a todos los conjueces desinsaculados en el sorteo del 17 de octubre ppdo.

En su petitorio, además del rechazo in limine del recurso interpuesto por el doctor E.M.O.'Connor, requiere que se dé vista a la Procuración General "...por encontrarse de por medio una cuestión de jurisdicción" (fs.

388 vta.).

En ese estado del trámite, a fs. 401, el presidente de la Corte, doctor C.S.F., por disposición del Tribunal, confiere vista a esta Procuración General, cuando todavía aquél no se había conformado.

CVC Ante todo, es preciso señalar que, más allá de lo indicado, en cuanto a las condiciones en que fue solicitada mi intervención, estimo que la importancia de las cuestiones en

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Procuración General de la Nación juego, así como la premura que demanda su resolución Cal punto que el recurrente solicita su pronto despacho, por las razones que expone en su escrito de fs. 400C, autorizan a que de todas formas me pronuncie en este momento, en mi carácter de titular del Ministerio Público Fiscal y en cumplimiento de los deberes que me imponen la Constitución Nacional (art. 120) y la Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946 (art. 33).

CVIC Previo a todo, con relación a la presentación de la Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados de la Nación de fs. 387/388, entiendo que no hay cuestión federal sobre la que deba expedirme.

En efecto, respecto de la integración del Tribunal corresponde, ante todo, recordar lo dispuesto por el art. 22 del decreto-ley 1285/58 (texto según ley 23.498):

"En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en número de diez (10), serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en personas que reúnan las condiciones establecidas en el art. 4 de esta ley y tendrá una duración de tres (3) años.

Esa duración se extenderá al solo efecto de resolver las cau-

sas en que el conjuez hubiere sido sorteado, hasta tanto se dicte pronunciamiento".

De la simple lectura de la disposición queda claro cuál es el procedimiento que se debe llevar adelante para casos como el presente.

Sin embargo, no puedo dejar de hacer notar la incidencia que podría tener, sobre la conformación del Tribunal, la cobertura de la vacante existente a la fecha de la designaron de los conjueces C. renuncia del doctor J.N. con la designación y toma de posesión del cargo del doctor E.Z., el 31 de octubre próximo pasado Cposterior a todos los trámites de la quejaC, ni tampoco la excusación planteada por uno de los conjueces designados en el acto del 17 de agosto.

CVIIC Sentado lo anterior, conviene recordar que el recurso extraordinario, así denominado por una inveterada jurisprudencia y la doctrina pertinente, sin que figure expresamente con ese nombre en las leyes 48 y 4055, aunque luego fue recogido en distintas legislaciones, es aquel que excepcionalmente se acuerda para que la Corte asegure la primacía de la Constitución y determine la inteligencia de los tratados, de las leyes federales y de las comisiones ejercidas en nombre de la autoridad nacional (Fallos: 213:349). Se trata de uno de los medios para acudir al Tribunal en procura del ejercicio de su jurisdicción apelada y, como tal, debe versar sobre un pronunciamiento concreto para que aquél pueda confirmarlo o revocarlo (Fallos: 234:791), por oposición a la jurisdicción originaria, la otra forma de acceder a la Corte (art. 117 de la Constitución Nacional).

Es excepcional y de aplicación restrictiva, por su fin y naturaleza. Excepcional, por la gravedad de la función

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Procuración General de la Nación que, por esa vía, cumple la Corte (Fallos: 190:466), mientras que la otra característica se sustenta en que las normas del art. 14 de la ley 48, como todas las atinentes a la competencia de los tribunales federales, deben interpretarse restrictivamente, en atención a la naturaleza excepcional de esa competencia.

A su vez, es preciso tener claro que el objeto del recurso extraordinario es el mantenimiento de la supremacía constitucional y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia, a juicio del recurrente (Fallos: 194:220), ya que aquél no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener, como queda dicho, la supremacía nacional (Fallos:

235:972; 247:173; 316:64, voto de los jueces B., B. y B.; 316:1146 y 1213, en ambos casos voto del último de los jueces mencionados, entre muchos otros).

En tales condiciones, para habilitar la instancia de excepción del art. 14 de la ley 48, el recurso extraordinario debe satisfacer requisitos tanto en cuanto a su admisibilidad formal como a su procedencia sustancial.

La doctrina especializada ha planteado diferentes clasificaciones, aunque cabe señalar que, más allá de la inclusión de alguno de aquéllos en una u otra categoría y que éstas no son verdaderas ni falsas, sino útiles o inútiles, todos los autores concluyen en que tales requisitos pueden sintetizarse en comunes, propios y formales. Los primeros son comunes a los demás recursos del proceso judicial (existencia de tribunal de justicia, que la intervención haya tenido lugar en un juicio, que se haya resuelto una cuestión justiciable, que la decisión apelada cause gravamen y que tales requisitos subsistan al momento en que la Corte se pronuncie), mientras que los propios, que atienden a sus condiciones específicas o particulares, pueden

subdividirse, a su vez, en condiciones de admisibilidad relativos a los aspectos formales del recurso, o formales en otras clasificaciones (introducción y mantenimiento de la cuestión federal, la existencia de una sentencia definitiva, emanada del superior tribunal de la causa, que resulte contraria al derecho federal invocado, así como otros que se refieren a su deducción, tramitación específica, oportuna y formal) y en condiciones de procedencia (cuestión federal, gravedad institucional, relación directa e inmediata con la litis) (cfr. S., N.P., "Derecho procesal constitucional Recurso extraordinario" 30 ed. act. y ampl., Editorial Astrea, 1992, pág. 327).

Corresponde, entonces, examinar si en el sub lite concurren los requisitos legales y jurisprudenciales, que permitan declarar admisible el recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja. Solamente después de despejar este punto, en sentido afirmativo, se podrá considerar su procedencia sustancial.

CVIIIC El primer tema que debe ser analizado en esta causa se relaciona con la existencia de una cuestión susceptible de ser sometida a decisión del Poder Judicial, pues hay que recordar que, tradicionalmente el proceso de enjuiciamiento y remoción de los magistrados judiciales, tanto provinciales como nacionales, fue considerado como una de las cuestiones políticas no justiciables.

En tal sentido, cabe recordar que, cuando tuve que pronunciarme en la causa publicada en Fallos: 324:3358, donde también se discutía si el ejercicio de una atribución por parte de una de las cámaras del Congreso constituía uno de los temas incluidos en esta categoría, sostuve que la existencia

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Procuración General de la Nación de cuestiones políticas no justiciables todavía se encuentra abierto a debate, tanto en la doctrina cuanto en la jurisprudencia y que ha concitado la permanente atención de los estudiosos del Derecho y de los tribunales de justicia, nacionales y extranjeros. Es que su importancia se pone de manifiesto cuando se advierte que se relaciona en forma directa, por un lado, con el principio reiteradamente sostenido por la Corte desde 1864, en cuanto a que ella es la intérprete final de la Constitución (Fallos: 1:340) y, por el otro, con aquel que señala que la misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes (conf. Fallos: 155:248 y muchos otros).

En nuestro Derecho Constitucional, en todos los tiempos, calificados autores han propugnado la plena revisión judicial de todas las cuestiones referidas a la Constitución y, con sólidos argumentos, han cuestionado la doctrina que podemos calificar de tradicional en la materia (entre otros, se puede citar a L.M.B.B., pues a su condición de tratadista sumó su calidad de ex integrante del Tribunal y son recordadas sus disidencias en Fallos: 243:260; 248:61; 252:54; 253:386, etc.).

Respecto a las decisiones judiciales, se advierte una trascendente evolución, que muestra una tendencia, cada vez mayor, si no a la eliminación total de una categoría de actos exentos de control judicial, sí a circunscribirlos a límites precisos. Así sucede, por ejemplo, con la jurisprudencia de V.E. que, desde el lejano precedente de 1893, "C. c.L." (Fallos: 53:420), en donde la opinión mayoritaria consagró la injusticiabilidad de las aludidas cuestiones, aunque con la posición contraria del ministro doctor L.V.V., viene delineando los contornos de esta cate-

goría de cuestiones, hasta llegar a nuestros días, en donde prácticamente no existen bloques temáticos de la actividad de los Poderes del Estado que carezcan de control judicial.

Dicha tendencia se verifica en temas tan variados como la revisión de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley en el ámbito del Congreso (Fallos: 256:556); la invalidez de determinadas promulgaciones del Poder Ejecutivo (Fallos: 268:352; 323:2256), o sobre los alcances de los privilegios acordados a los miembros del Congreso por los arts. 60 y 61 de la Constitución Nacional [68 y 69 después de la reforma de 1994] (Fallos:

14:223; 41:405; 54:432; 59:434; 135:250).

En esta enumeración no puede dejar de mencionarse el cambio operado en el criterio del Tribunal, respecto del control judicial del alcance de la competencia del Poder Legislativo en materia de juicio político, primero respecto del enjuiciamiento de magistrados provinciales y, luego, de los realizados en el orden federal (Fallos: 316:2940) Csobre los que me explayaré más adelanteC, o de las atribuciones del Senado para imponer sanciones de arresto a particulares por violación de los privilegios parlamentarios (Fallos: 318:1967 y 319:1222), así como en cuestiones en donde se discutían aspectos referidos al proceso de reforma de cartas constitucionales provinciales en general (Fallos: 317:335 y 711) y, en particular, la actuación de las convenciones constituyentes reformadoras tanto provinciales (Fallos:

316:2743) como nacional (Fallos:

322:1616).

Precisamente, en este último precedente, examinó la validez del procedimiento de reforma de la Carta Magna y declaró la nulidad de una cláusula constitucional introducida por la Convención Reformadora, por exceder los límites fijados por el Congreso en la ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma. Tal proceder im-

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Procuración General de la Nación plica, por supuesto, admitir el carácter justiciable de la cuestión controvertida, tal como expresamente lo señaló el Tribunal (conf. considerandos 5° y 6° del voto de la mayoría).

Señalé también en esa oportunidad que esa evolución de la jurisprudencia de la Corte en materia de cuestiones políticas no justiciables nos alerta sobre un definido avance en la consolidación del Estado de Derecho que, siempre según mi punto de vista, no admite la existencia de bloques o con- juntos temáticos exentos de control judicial, ya sea que se les asigne la denominación de actos institucionales o se los adscriba a otra categoría sino, en todo caso, la irrevisibilidad de algunos aspectos bien delimitados, máxime cuando ello constituye un modo de asegurar, en este nuevo milenio, el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en distintos tratados internacionales de jerarquía constitucional a partir de 1994, en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema (vgr., entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Hurnanos [art. 8° y, en especial, art. 25.2.a.], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art.

14.1]) (v. capítulo VIII del dictamen que vengo citando, pág.

3373).

CIXC Sobre la base de tales premisas, que operan como pautas conceptuales para dilucidar el tema bajo examen, corresponde abordar el estudio de la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el proceso de un juicio político a un magistrado judicial, así como la posibilidad de que ello se logre por medio del recurso extraordinario.

Al respecto, es obligatorio detenerse en el examen del pronunciamiento del Tribunal en el caso "Nicosia" de 1993

(Fallos: 316:2940), pues constituye un leading case y, como se verá, considero que sus conclusiones arrojan luz para dilucidar esta materia.

En dicho precedente, la Corte extendió al proceso de enjuiciamiento y remoción de los magistrados nacionales la doctrina que había desarrollado con relación a iguales procedimientos contra jueces provinciales, criterio adoptado a partir del caso "G.L." (Fallos:

308:961), en cuanto a que las decisiones adoptadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configuran una cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso, dado que entendió que las razones que sustentan esa posición Cexpuestas en numerosos casos de juicios políticos provincialesC mutatis mutandi eran aplicables a supuestos como el sub examine.

Sin perjuicio de ello, V.E. consideró necesario y oportuno esclarecer el tema en lo tocante a la actuación del Senado de la Nación, es decir, "desarrollar las bases a partir de las cuales, a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario respecto de las resoluciones relativas al juicio político nacional, aquél configura un órgano equiparable a un tribunal de justicia..." (considerando 5°, del voto de la mayoría) y, a tal efecto, después de un profundo estudio de las normas constitucionales involucradas, concluyó que, desde el punto de vista sustancial, nada obsta a que aquel órgano legislativo, constituido en "tribunal" sea equiparado a "tribunal de justicia", a los fines del recurso extraordinario.

Asimismo, después de reiterar que la Corte ha reconocido la justiciabilidad de los enjuiciamientos políticos cuando se alega que en éstos se ha producido una real viola-

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Procuración General de la Nación ción del derecho de defensa, aclaró que "...la aplicación e interpretación de dicho derecho deben ser llevadas a cabo a la luz de la naturaleza del 'juicio'", sin que ello entrañe, desde luego, negación alguna de que tan elevada consagración constitucional (art. 18) exhiba requisitos esenciales, cuya inexistencia importaría la del propio derecho (considerando 10, del voto citado).

De ahí que se imponga un criterio de revisión que, dada la especificidad del juicio político, debe ser franca- mente riguroso. Sólo patentes violaciones a aspectos esencia- les del derecho de defensa podrían tener acogida ante los estrados judiciales, y siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la reparación del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso. Preservadas formalmente las exigencias para que tal derecho pueda ser considerado bajo resguardo en el juicio político, sólo la demostración por parte del interesado de que aquellas formalidades resultan aparentes y encubren un real desconoci- miento de dichos requisitos, habilitaría la instancia de ex- cepción (considerando cit., énfasis agregado).

En síntesis, pienso que el resumen de las directrices que deben guiar el examen de casos como el presente, así como para entender por qué se justifica un criterio de control estricto y riguroso, se encuentra contenido en el considerando 20 del voto de la mayoría del Tribunal en la causa mencionada, cuando, con relación a los perfiles del procedimiento vinculados con el derecho de defensa, sostuvo las siguientes tres conclusiones:

"...En primer lugar, la relativa a que la Constitución ha conferido al procedimiento del juicio político una naturaleza que no debe, necesariamente, guardar apego estricto

a las formas que rodean al trámite y decisión de las controversias ante el Poder Judicial, pero que, igualmente, debe observar requisitos que hacen a la esencia y validez de todo 'juicio', en el caso: el de 'defensa', inexcusablemente 'inviolable'. En segundo lugar, cuadra también reconocer que la Ley Fundamental ha dado a quienes conocen en ese juicio, facultades suficientes para reglarlo y conducirlo en forma acorde con su especificidad, aunque en concierto con la esencia del derecho y garantía aludidos. Finalmente, se infiere que si bien la Constitución no ha excluido que, en esos terrenos, los jueces puedan tener un determinado grado de autoridad con motivo de un 'caso', su intervención debe ser amén de excepcional, adecuada a las particularidades del enjuiciamiento político" (pág. 2971).

CXC Admitiendo, entonces, que ciertas resoluciones del juicio político pueden ser revisadas judicialmente, siempre que concurran las condiciones que así lo permitan, tanto por la naturaleza y características de aquel proceso como por las pautas jurisprudenciales resumidas, todavía resta por considerar si el recurso extraordinario cuya denegación origina esta presentación directa es admisible formalmente.

En efecto, es claro que, para habilitar la vía de revisión excepcional del art. 14 de la ley 48, la apelación extraordinaria queda sujeta, como en todos los casos, al cumplimiento de los demás requisitos que se exigen para su admisibilidad, que, por otra parte, exigen un escrutinio muy riguroso, en virtud de la especial prudencia que debe regir toda la actuación judicial en asuntos relativos al juicio político, así como al limitado campo de justiciabilidad que éste contiene.

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Procuración General de la Nación Al respecto, cabe recordar que solamente una decisión definitiva, o una que resulte equiparable a tal, emitida por el Senado de la Nación, constituido como tribunal de enjuiciamiento político, puede ser objeto de revisión judicial por la vía del recurso extraordinario (Fallos: 318:219) y, el juez B., al votar en la citada causa, aclaró, que "...habida cuenta de que el control judicial sobre la existencia de las atribuciones del Senado y la inviolabilidad del derecho de defensa en los juicios políticos debe encauzarse por la vía del recurso extraordinario respecto de una decisión del Senado Cque a estos efectos es equiparable a un 'tribunal de justicia' con arreglo a lo demostrado en el caso 'Nicosia' cit.C, es evidente que el remedio será admisible siempre y cuando, entre otros recaudos, la resolución contra la que se lo dirija sea definitiva, esto es: que ponga fin al pleito o impida su prosecución. No es dudoso que cualquier menoscabo al mentado derecho que originara la acusación formulada por la Cámara de Diputados, sería susceptible de ser reparado por el 'tribunal' de la causa, el Senado; o bien podría llegar a perder toda entidad jurídica en la hipótesis de un posterior pronunciamiento absolutorio. Las resoluciones de ese órgano del Congreso, dictadas durante la sustanciación del juicio, no habilitarían, por ende, la instancia del art. 14 de la ley 48, a excepción de las que pudieran irrogar agravios de entidad proporcionada a las de un 'fallo' de condena, o sea, de imposible reparación ulterior. Empero, tal equiparación de los autos interlocutorios del juicio político a definitivos en los alcances de la norma últimamente citada, exigirá, en todo trance, una apreciación severa y restrictiva, a fin de no

contradecir los fines perseguidos por la Constitución mediante la determinación del órgano especialmente competente en el trámite del enjuiciamiento: el Senado" (considerando 8°, del voto cit., págs. 228/229) (énfasis añadido).

Precisamente, por aplicación de dicho criterio, en la causa "Trovato" (Fallos: 320:745), se desestimó la queja que interpuso el magistrado sometido a juicio político contra la decisión del Senado que denegó el recurso extraordinario que había deducido con el objeto de cuestionar una resolución de aquel órgano Cconstituido como tribunal de enjuiciamientoC, pues V.E. consideró que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva.

Desde esta óptica, entonces, es necesario señalar que la resolución apelada Crechazo de la recusación planteada contra uno de los integrantes del Senado de la Nación, constituido como tribunal de enjuiciamiento políticoC no reviste el carácter de sentencia definitiva, en los términos del art.

14 de la ley 48, según la jurisprudencia de la Corte.

Ello es así, porque lo atinente a la recusación de los magistrados es materia ajena al recurso extraordinario, por la naturaleza, en principio, fáctica y procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable (Fallos:

303:220; 305:1745; 311:565; 314:649; 317:771, entre varios otros), y el Tribunal ha destacado, incluso, que se deben interpretar restrictivamente las causales de recusación (Fallos: 306:1392; 310:2845).

A lo expuesto, también es preciso recordar que es doctrina consolidada de la Corte la que indica que la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso (conf.

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Procuración General de la Nación Fallos: 312:1891, 2150 y 2348; 317:1814; 322:2920 entre muchos otros).

Sin embargo, para el supuesto caso que el Tribunal estime que lo anterior no es suficiente para desestimar el recurso, cabe señalar que tampoco se configuraría otro de los requisitos necesarios para su admisión, cual es la existencia de gravamen irreparable.

En efecto, aun cuando la regla antes mencionada no es absoluta y admite excepciones, considero que ellas no se presentan en autos.

Seguidamente doy las razones que sustentan mi convicción, aunque aclaro que de ello no debe seguirse que adelanto un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que el desarrollo siguiente sólo tiene por objeto fundar esta postura.

Por un lado, considero que el apelante no alcanza a demostrar que durante el desarrollo del incidente que culminó con el rechazo de su planteo recusatorio se hayan producido irregularidades que vicien irreparablemente el procedimiento.

En efecto, cabe recordar que el magistrado sometido a juicio político pudo ejercer Cy lo sigue haciendoC plenamente su derecho de defensa, tanto en lo que respecta a la posibilidad de exponer sus argumentos como a que éstos fueran tratados y analizados por el tribunal de enjuiciamiento. Surge de las copias de las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y del plenario del Cuerpo Legislativo (del 26 de agosto y 3 y 4 de septiembre de 2003, respectivamente), acompañadas por el recurrente (v. fs. 37/54 y 55/155), que tanto en la primera como en la segunda, en este caso, el Senado constituido como tribunal de enjuiciamiento, sus miembros C. "jueces"C examinaron sus presentaciones, debatieron sobre ellas y fundaron su posición, ya sea para rechazarlas o para

adoptar otro criterio, y cabe resaltar que ninguno se pronunció expresamente por admitirlas. Las actas de ambas sesiones, que no fueron cuestionadas por el apelante, corroboran la forma en que se desarrolló el trámite de resolución de sus pedidos.

En cuanto a los vicios e irregularidades que aquél le imputa, es oportuno señalar que, en este tipo de procesos Cpor su naturalezaC, la revisión extraordinaria de la Corte persigue reparar las violaciones sustanciales del debido proceso C. que atentan contra su existenciaC, más que escrutar si el órgano legislativo se apegó literalmente al trámite formal y, sobre la ausencia de un senador en el seno de la Comisión, que envió por escrito su postura, es preciso indicar que la recusación fue considerada y resuelta antes de que la presidenta comunicara esta circunstancia, es decir, aquella ausencia no fue determinante para que la comisión Cque sesionaba con quorumC decidiera el tema.

Las otras manifestaciones del apelante se refieren al segundo punto tratado en esa oportunidad C. pedido de excusación de otro senadorC, que no tiene relación directa con el sub lite.

Vale la pena aquí traer a colación los conceptos de V.E. ya mencionados (supra cap. IX), en cuanto a que el procedimiento del juicio político no debe, necesariamente, guardar apego estricto a las formas que rodean al trámite y decisión de las controversias ante el Poder Judicial, aunque sí debe observar los requisitos que hacen a la esencia y validez de todo juicio, en el caso: el de defensa, inexcusablemente inviolable (caso "Nicosia").

Tales extremos, en mi concepto, fueron cumplidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero no está de más señalar que, en el caso de haber existido una omisión o vicio en el trámite ante aquélla, el punto fue nue-

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Procuración General de la Nación vamente considerado, tratado y resuelto por el Cuerpo en sesión plenaria, tal como surge de la versión taquigráfica obrante a fs. 55/155.

Por otro lado, no surge con toda evidencia C. modo que es menester para admitir el remedio extraordinarioC el carácter irreparable de los perjuicios que derivarían de la medida que cuestiona, porque no explica o demuestra con suficiencia la relación entre la aludida afectación al debido proceso y el rechazo de la recusación de uno de los setenta y dos senadores que conforman el "tribunal".

Máxime, cuando siempre existe la posibilidad, cierta y no meramente conjetural, de que desaparezca el agravio, por una sentencia absolutoria.

En tales condiciones, aquél no demuestra, en forma nítida, inequívoca y concluyente que, en el caso, se verifique un grave menoscabo a la garantía de la defensa en juicio (confr. M.2162 XXXVIII. "Recurso de hecho deducido por A.J.T. en la causa M.L., A. s/ enjuiciamiento", sentencia del 18 de febrero de 2003), y todo ello obsta a que se abra esta instancia de excepción.

CXIC Por último, considero importante señalar que el criterio emitido por esta Procuración General en la causa publicada en Fallos: 322:1941 Cinvocada por el apelanteC no resulta aplicable al caso de autos.

Así lo estimo, pues, si bien se trataba de un recurso extraordinario concedido contra el rechazo de un pedido de recusación de una magistrada correccional, cabe retener que V.E. decidió que, por no tratarse de una sentencia definitiva o equiparable a tal, el remedio fue mal concedido (v. sentencia del 31 de agosto de 1999, pág. 1969). Y, por otra

parte, porque en dicha causa se cuestionaba que un mismo juez acumulaba las funciones de instruir, ordenar la elevación a juicio y dictar pronunciamiento final, con posible afectación de la garantía constitucional del juez imparcial.

Como se puede apreciar, las diferencias con el sub lite son sustanciales, en tanto aquí las funciones de acusación y juzgamiento están asignadas a órganos diferentes (Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados y Senado de la Nación), al tiempo que, también cabe destacar, que el tribunal de enjuiciamiento es un órgano colegiado.

CXIIC En resumen, es conveniente recordar que el principio general que rige en materia de enjuiciamiento de magistrados indica que se trata de cuestiones que, de ordinario, no son justiciables, por ser un proceso con características especiales. No obstante, la jurisprudencia de V.E. fue extendiendo los temas que pueden ser sometidos a revisión judicial y asimilando a estos tribunales a un "tribunal de justicia" a los efectos del recurso extraordinario, aunque cabe aclarar que esta ampliación fue restrictiva y limitada a determinadas situaciones, como surge de este dictamen, así como que el apelante debe satisfacer todos los demás requisitos formales y sustanciales exigidos para la admisión del remedio excepcional.

Precisamente, en el sub lite existen impedimentos formales que tornan inadmisible esta queja, cuales son la ausencia de sentencia definitiva Cque, vale la pena reiterar, no se puede suplir con la invocación de cuestión federal o arbitrariedadC y la inexistencia de gravamen irreparable que provoque la resolución apelada, tal como se señaló precedentemente.

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Procuración General de la Nación Por las razones expuestas, considero que corresponde desestimar la queja.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2003 Es Copia N.E.B.