Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 4 de Noviembre de 2003, B. 701. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 701. XXXVII.

    RECURSO DE HECHO

  2. de Romano, T.M. y otros c/ Estado Nacional.

    Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

    -I-

    A fs. 378/382, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, confirmó la sentencia de fs. 323/339, por la que se rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda de la señora T.M.B. de Romano, acreedora -en virtud de una sentencia firme de la Justicia del Trabajo de Tucumán del 14 de octubre de 1992- tendiente al cobro de una indemnización por despido incausado a raíz de un juicio laboral entablado contra la Compañía Azucarera Bella Vista S.A. (en liquidación).

    -II-

    Disconforme, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs.

    394/410 que, denegado, motiva la presente queja (fs. 99/120).

    Sostiene que la sentencia contraría sus derechos constitucionales del debido proceso y de propiedad, en tanto pretende ejecutar la decisión de un órgano judicial de la Provincia contra el Ministerio de Economía de la Nación por la mera circunstancia de que, al momento de dicha sentencia, era el titular del 98,66% de las acciones de la Compañía Azucarera Bella Vista S.A. -en liquidación- con motivo de un acuerdo transaccional por el que concluyó el juicio "Gettas, J.R.Y.F., Elías c/ C.I.F.E.N. s/ reivindicación de acciones y rendición de cuentas". Aduce que, del modo en que resolvió el a quo, se confunde la indemnización pactada entre partes distintas de la actora, con el resultado de una liquidación final inexistente.

    Por tanto, el fallo, al autorizar la ejecución de

    una sentencia contra el Estado Nacional cuando la deudora es una persona jurídica privada, no solo es arbitrario sino que constituye una violación a la ley federal de presupuesto 24.624 -que establece que el Estado Nacional no puede afectar fondos del Tesoro para solventar deudas contraídas por personas privadas- y sus similares 19550, 21.976 y 24.522.

    Afirma que de los antecedentes agregados a la causa y del procedimiento especial que se estableció para la liquidación de la empresa privada surge que, de ningún modo, se operó sustitución de parte alguna; que la sociedad azucarera no se convirtió en estatal; que el Estado Nacional no es depositario de ninguna suma y que, en definitiva, los actores deben hacer valer el derecho que dicen les asiste en el proceso universal por el cual se rige la liquidación de la Compañía Azucarera Bella Vista S.A.

    Según expresa, dado que la liquidación estaba en manos de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, no cabe dirigir ni aceptar una demanda contra el Ministerio de Economía, en tanto al entender el a quo que repercuten en un mismo centro de imputación, se opone a lo establecido respecto de las competencias en el art. 100 de la Constitución Nacional y en el art. 31 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

    Finalmente, sostiene que los hechos y el derecho son valorados de manera contradictoria e ilógica, según más convenga a los actores, y vulnera las reglas de la razonabilidad al procurar, exclusivamente, convertir en responsable al Estado Nacional de una suma que no adeuda.

    En síntesis, aduce que la sentencia soslaya elementos probatorios conducentes y que carece de la debida fundamentación, pues se basa en suposiciones emergentes de resoluciones tomadas en juicios ajenos a la causa.

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  4. de Romano, T.M. y otros c/ Estado Nacional.

    Procuración General de la Nación -III-

    Tiene dicho la Corte, en forma reiterada, que los pronunciamientos judiciales no son factibles de ser revisados por la vía excepcional del art. 14 de la ley 48 cuando las objeciones del recurrente suscitan el examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, que constituyen materia propia de los jueces de la causa (Fallos: 308:1078; 312:184; 324:3674, entre otros). No obstante, también ha expresado que es condición de validez de los veredictos que sean fundados (Fallos:319:2264), exigencia que, al decir del Tribunal, no se satisface cuando se omite un análisis razonado de cuestiones conducentes para la dilucidación del pleito (Fallos:

    310:1707). En este sentido, dijo que la doctrina de la arbitrariedad no se propone convertir al Tribunal en una tercera instancia, ni corregir fallos que se reputen equivocados, sino que sólo tiende a resguardar casos excepcionales -como ocurre en el sub examineen los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden sostener que el decisorio es una sentencia fundada en ley (Fallos: 311:786).

    Por otra parte, cabe atribuir a la sentencia carácter de definitivo por causar un agravio de insusceptible reparación posterior, ya que lo cuestionado es la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional en autos y lo decidido sella definitivamente la cuestión sin posibilidad de que pueda ser planteada en adelante (conf. args. Fallos 324:2184).

    -IV-

    Sentado ello, a mi entender, asiste razón al Estado Nacional al sostener que no es titular de la relación jurídica sustancial que se debate en el sub lite.

    En efecto, el crédito de la actora surge de una sentencia firme recaída en autos "B. de Romano, T.M. vs Cía. Azucarera Bella Vista S.A. (en liquidación) s/ indemnización p/ desido injustificado etc.

    E.. n1 862" dictada por la Cámara del Trabajo, Sala Va, de la Provincia de Tucumán.

    En su escrito de demanda (fs. 21/25), expuso que iniciaba la acción de cobro de pesos contra el Estado Nacional por el hecho de ser éste ahora el deudor del denominado "pasivo privado" de la Compañía Azucarera Bella Vista S.A. en liquidación. Para ello, sostuvo que con la homologación judicial de la causa "Gettas" (por la que el juez que intervino en una transacción dio por reconocido que el Estado Nacional se había constituido en depositario de las sumas correspondientes a las deudas de la compañía azucarera con CIFEN -fs.

    233/237-) se había dado por finalizada la liquidación de la empresa e interpretó que la transferencia al Estado Nacional de la propiedad del total de las acciones de la compañía azucarera en liquidación (art. 51 de la resolución n1 1017/92 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos -copia de fs. 12/16 del expediente principal-) entrañaba una confusión de patrimonios o un cierre de la liquidación, por lo cual correspondía el pago de la deuda a aquél.

    La relación de antecedentes y afirmaciones que surgen de lo actuado, demuestran, con suficiente evidencia, que la relación sustancial que da origen a esta ejecución de sentencia está constituida por el vínculo que existía entre la actora y su empleadora, la Compañía Azucarera Bella Vista S.A (e.l.), sin que el Estado Nacional integre el vínculo obligacional a pesar de ser propietario de las acciones de la sociedad anónima.

    La falta de legitimación sustancial se configura

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    Procuración General de la Nación cuando, como sucede en el sub lite, alguna de las partes no es el titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (conf. Fallos: 310:2943).

    Con respecto esto último, considero necesario aclarar que no se encuentra en discusión el desempeño y posterior desvinculación de la actora en el ingenio azucarero ni la sentencia recaída en el juicio laboral que motiva la ejecución del pago de la indemnización.

    De lo actuado en autos, entiendo que no corresponde calificar de parte adversa al Estado Nacional como para efectuar el requerimiento de pago en tanto no es el deudor de los créditos acerca de los cuales se esgrime la pretensión. Este aserto, a mi modo de ver, no se ve modificado por el hecho de que el Estado Nacional haya transferido a su favor las acciones de la sociedad, toda vez que ésta, en principio, sigue manteniendo su personalidad jurídica.

    La afirmación precedente tiene su sustento, por lo demás, en lo resuelto por V.E. en la causa "Sucesión Rotundo, L. c/ Compañía Azucarera Bella Vista S.A. y otro s/ordinario" del 7 de diciembre de 2001 (Fallos: 324:4026) de similares ribetes al aquí planteado. En dicho decisorio -referido al pago de la retribución del liquidador- textualmente se dijo. "Que las constancias de este expediente no permiten condenar al Estado Nacional a pagar -como obligado concurrente o solidario- una obligación que indudablemente pesa sobre la compañía azucarera codemandada, que, por lo demás, no se encuentra en estado falencial. Ello es así a pesar de la pasividad procesal que el apelante ha evidenciado hasta el alegato ..." (el Estado Nacional en aquella causa no dedujo la excepción de falta de legitimación pasiva en el plazo para deducir excepciones previas ni contestó la demanda) ..."sin

    que las pruebas producidas respecto de la participación del Estado Nacional en la negociación y celebración del acuerdo transaccional que puso fin al juicio 'Gettas, J.R. y Fiad, Elías c/ Estado Nacional s/ reivindicación de acciones y rendición de cuentas' ni los términos de la sentencia homologatoria del 29 de diciembre de 1992, permitan formar convicción sobre una supuesta obligación de pago de honorarios a cargo del Estado Nacional.....ya sea a título de deudor o de responsable." Ninguna de las constancias de autos "...permiten desvirtuar la siguiente conclusión:

    el único deudor de la retribución del señor L.R. es la sociedad codemandada Cía. Azucarera Bella Vista S.A. (e.l.) que no ha sido declarada en quiebra. El demandante no puede pretender un pago directo del Estado Nacional, obviando la personalidad jurídica de la única deudora, ni la pretensión deducida en este juicio puede transformarse en una vía oblicua que no ha ejercido." (la cursiva no es original).

    -V-

    Por lo expuesto, estimo que corresponde admitir a la queja, dejar sin efecto la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que dicte una nueva de acuerdo con lo aquí expuesto.

    Buenos Aires, 4 de noviembre de 2003 Es Copia N.E.B.