Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31 de Octubre de 2003, T. 513. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

T. 513. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

T., F.J. s/ incidente de excarcelación Ccausa n° 91.833/51 TC.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

I La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa de F.J.T., contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, provincia de Buenos Aires, que denegó la excarcelación -ordinaria y extraordinaria- del nombrado (fojas 369 a 373 vuelta del incidente respectivo).

Contra ese pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario federal, el que fue denegado por la Suprema Corte de Justicia provincial (fojas 399 y vuelta) dando origen a la presente queja.

II 1. La Corte Suprema de Justicia provincial consideró que el recurrente no refutó la postura de la cámara, en cuanto a que, a posteriori del fallo de V.E. (que hizo lugar a la queja planteada por la defensa, declaró procedente el recurso extraordinario, y dejó sin efecto la sentencia dictada por ese tribunal que denegaba la excarcelación de F.J.T.) hubo un hecho nuevo: el dictado de una condena no firme a ocho años de prisión, susceptible de fundar la presunción de que el imputado intentará eludir la acción de la justicia.

A ello se agrega que el sistema de enjuiciamiento penal vigente -artículo 189, inciso 61 del Código de Procedimiento Penal bonaerense- manda revocar la excarcelación cuando se dictare sentencia condenatoria, aunque ésta no se encuentre firme, por lo que, con mayor razón, impide en igual supuesto la soltura.

. El recurrente sostuvo que, en la condena impuesta a T., no se aplicó el precedente "J.P." (P.744, XXXVI) del Tribunal, por lo que se valoraron de manera más gravosa los distintos hechos de fraude societario que habría cometido el nombrado, con lo cual la valoración jurídico penal habría sido arbitraria, quedando afectada la presunción de acierto de las sentencias no firmes.

Por otro lado, dice la defensa que cuando V.E. se expidió en este asunto, en el proceso obraba ya un pedido fiscal de pena a nueve años de prisión y, a pesar de ello, consideró que la excarcelación era procedente.

Finalmente se agravia de que, no obstante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye la máxima instancia en la pirámide judicial y, por lo tanto, sus fallos son inapelables, el dictado oportunamente en este incidente fue revisado por los jueces inferiores, lo que configura un alzamiento contra el Tribunal.

  1. El a quo no concedió el recurso extraordinario interpuesto por la defensa, por los argumentos expuestos por el Procurador General de la provincia, y que consistían en que la parte no refutó los fundamentos de la sentencia del máximo tribunal provincial, sino que su crítica estuvo dirigida hacia las resoluciones de los jueces que intervinieron en instancias anteriores.

    Por otra parte, se hacen referencias a violaciones de normas ajenas a la vía intentada por ser de orden local -artículo 352 del Código Procesal Penal de la provinciay, para el caso de que pudiera plantearse una cuestión federal compleja, también se incurrió en un defecto de argumentación en tanto no se confronta dicha norma con una cláusula constitucional.

  2. En su escrito de queja, la parte, al defender la admisibilidad de su recurso extraordinario, dice que el fun-

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    Procuración General de la Nación damento principal del agravio federal reside en el hecho de que la resolución cuestionada viola la ley en cuanto está en pugna con el ordenamiento jurídico que establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues se ha desobedecido un fallo de la Corte que disponía que se dictara una resolución acordando la libertad provisional de F.J.T..

    Al mismo tiempo, se ha aplicado erróneamente la ley, al denegar la excarcelación sobre la base de un hecho supuestamente nuevo, cuyos antecedentes habían sido ponderados en su totalidad por V. E.

    III En primer lugar -y como ya se dijo en el dictamen producido en S.C. T.64. L. XXXIX, donde se trataban estas mismas cuestiones y con respecto a idéntico encausado- considero que estamos ante un remedio federal que resulta formalmente procedente con sustento en la doctrina del Tribunal que establece que la decisión que restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, puede equipararse a una sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, ya que podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que exige tutela inmediata (Fallos:

    280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 311:358; 314:791, entre otros).

    Y si bien ello no basta para habilitar la instancia extraordinaria en tanto no se involucre la inconstitucionalidad de las normas impeditivas de la excarcelación o concurran graves defectos en el pronunciamiento denegatorio (Fallos:

    314:791 y la jurisprudencia allí citada) lo cierto es que en el sub lite se ha configurado una cuestión federal simple, en la medida en que está en juego la aplicación del artículo 1 de la ley 24390, reglamentaria de la garantía reconocida en el

    artículo 7, inciso 51, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 221 de la Constitución Nacional), y la resolución es contraria al derecho invocado (precedente "Bramajo", publicado en Fallos:319:1840).

    Amén de ello, la parte ha invocado y fundado correctamente el caso federal, al intentar demostrar que la denegatoria a la excarcelación de T. por parte de las autoridades judiciales bonaerenses, desconoce el fallo dictado por V.

    E. en estos mismos autos y lesiona la supremacía constitucional (artículos 31, 108 y 116 de la C.N.) Por lo tanto, considero que el remedio federal ha sido mal denegado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, debiendo V.E., abrir la presente queja.

    IV En cuanto al fondo del asunto, considero que las cuestiones planteadas ya han sido resueltas por V.E. en los ya citados autos "Recurso de hecho en Trusso, F.J. s/ excarcelación -causa n1 19685-" (T. 64. XXXIX), y en donde el Tribunal se remitió, en razón de brevedad, a lo tratado y resuelto en el precedente de Fallos: 320:2105 (voto de la mayoría).

    Ello es así, porque en esa oportunidad, y en una causa por defraudación que se le sigue a T. en jurisdicción capitalina, también se planteaba, como hecho nuevo, la condena no firme dictada en su contra en el proceso provincial que aquí se invoca.

    De todas maneras, me permitiré transcribir lo que dije en mi dictamen de aquella oportunidad, puesto que, en mi opinión, tales alegaciones no han perdido vigencia:

    "Discrepo con el argumento de que la condena impuesta por el tribunal local, constituye "un hecho nuevo" con

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    Procuración General de la Nación aptitud para relevar a la cámara de la obligación legal de dictar una nueva resolución acorde a lo ordenado por la Corte Suprema, por dos motivos principales: primero, porque el fallo no se encuentra firme; y segundo, porque al momento de dictar sentencia, V.E. ya conocía que había un pedido fiscal de nueve años de prisión, acto procesal documentado en autos, por lo que era previsible que se produjera esta situación -y en tal caso carecería de toda novedadno obstante lo cual, adoptó un temperamento liberatorio.

    "En consecuencia, la causa debe volver al a quo para que cumpla con lo ordenado en la sentencia anterior, sin perjuicio de lo cual, haré otras consideraciones que estimo pertinentes para fundar mi postura.

    "En el anterior dictamen, se había encuadrado el derecho de T. a ser excarcelado, en la hipótesis prevista en el artículo 1 de la ley 24390, según la redacción de la ley 25430, esto es, en el cese de la cautela ante la posible lesión a la garantía del plazo razonable de la prisión preventiva.

    Ahora bien, no obstante que la aplicación de este supuesto no es automática (Fallos: 310:1476 y 319:1840) y que se dictó una condena -la que no se encuentra firme- en su contra, lo cierto es que el tiempo de encarcelamiento de Trusso -tres años al 7 de abril de 2003- sigue aconsejando sobre la pertinencia de esta posibilidad liberatoria, para una mejor observancia de lo dispuesto en el artículo 7, punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    "Máxime que no concurren en la especie las causales por las que este Ministerio Público podría oponerse a la soltura (artículo 3 de la ley citada), puesto que no parece que estemos ante un delito de "especial gravedad", ni hay constancias que demuestren que "existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa".

    "En cuanto a los impedimentos previstos por el artículo 319 del Código Procesal Penal, soy de la opinión de que este antecedente, por el momento, en nada hace presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, único óbice a esta altura, pues no parece posible que el imputado pueda ya "entorpecer las investigaciones".

    Y ello es así teniendo en cuenta el lapso considerable que lleva en prisión preventiva y las consecuencias por demás gravosas que le deparó su contumacia, como se explicó en el dictamen anterior.

    "Así las cosas, y en consonancia con la doctrina del ya citado precedente "Bramajo" (considerando 13, a contrario sensu) podemos decir que en este caso, al no ser de aplicación las pautas del artículo 319 del Código Procesal Penal, cobra plena validez y aplicabilidad el plazo fijo establecido en el artículo 1 de la ley 24390.

    "No habría, por otro lado, motivos razonables para que las autoridades judiciales adopten en este caso un temperamento que implique una "grave derogación de los principios de la libertad individual y de la presunción de inocencia que constituye una detención sin condena" (del considerando 61, segundo párrafo, del precedente "Firmenich", publicado en Fallos; 310:1476 y la jurisprudencia internacional allí citada).

    "En otro orden de cosas, y según el certificado actuarial mencionado, sabemos que T. fue condenado por "administración fraudulenta continuada", si ello es así y teniendo en cuenta la postura de V. E. al respecto (Recurso de Hecho en "Pompas, J. y otros s/defraudación calificada", expediente P.744. XXXVI) es probable que se modifique esta calificación y que ello conlleve una morigeración de la pena, con lo cual el tiempo de prisión preventiva cumplido cobra especial relieve.

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    Procuración General de la Nación "Por último, conviene recordar la jurisprudencia del Tribunal respecto de este supuesto de excarcelación previsto en la ley 24390, sobre el que ha dicho, por ejemplo, que "la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de un decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio solicitado" (caso "E.", publicado en Fallos 320:2105).

    "Y también se ha sostenido que "la ley 24390... establece, bajo las condiciones por ella previstas, plazos perentorios de detención que resultan de imperativo cumplimiento para los jueces" (Fallos: 320:2105, voto del juez B., y Fallos: 322:2683, voto de los jueces P. y B.)." A estos conceptos emitidos en esa ocasión, quiero agregar -y seré reiterativo, puesto que las circunstancias de este asunto me obligan a ello- que T. lleva un encarcelamiento preventivo de tres años y medio (al 6 de octubre pasado), por lo que subsiste en plenitud, y a pesar de la condena no firme, la conjetura de este Ministerio Público, aceptada por V.E., de que "de las circunstancias causídicas y fácticas del caso, podemos inferir que T., de ser excarcelado, no eludirá la actuación de la justicia, pues, a esta altura, le favorece menos la rebeldía que la sujeción... Las características personales y familiares del imputado conforman un elemento más para inferir que difícilmente, y luego de las penurias del encarcelamiento en un país extranjero, esté dispuesto a reiterar la experiencia traumática de la contumacia" (dictamen del 8 de noviembre de 2002, en S.C.T. 493, XXXVIII).

    Por último, he decir que si bien el artículo 189, inciso 61, del código procesal penal local, prevé el supuesto de revocación de la excarcelación, cuando se dictare sentencia condenatoria que impusiere pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento, aún cuando no se encontrare firme, lo cierto es que tal dispositivo normativo puede ceder cuando la causa lleva un trámite bastante dilatado, se preanuncia un complejo mecanismo recursivo que demorará aún más la culminación del proceso, y está excedido largamente el plazo razonable de detención preventiva, tal como lo interpretara V.E. y según se expuso más arriba.

    Por lo demás, no debe perderse de vista, en estas delicadas cuestiones en que está en juego la libertad -y todo lo que ello significa en los demás bienes personalísimos- y las garantías constitucionales, que el sistema de la libertad caucionada es sumamente elástico, y tan es así, que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires ha previsto -artículo 170la posibilidad de la excarcelación extraordinaria, para obviar las restricciones ordinarias, con fundamento en las características de los hechos y las condiciones personales del imputado.

    V Por todo lo expuesto, opino que V.E. puede hacer lugar a la queja y, declarando procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada.

    Buenos Aires, 31 octubre de 2003.

    N.E.B.