Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 7 de Octubre de 2003, M. 1585. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1585. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Iri- zar, J.M..

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 117/119 de los autos principales (a los que se referirán las siguientes citas), el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial de fs 95/96. Este último había confirmado la sentencia dictada por el Juzgado Civil y Comercial N1 1 (fs. 51/54), que mandó llevar adelante la ejecución fiscal y rechazó las excepciones opuestas.

Para resolver así, el a quo afirmó que la decisión de la Cámara no resultaba definitiva, por tratarse de un proceso de ejecución fiscal donde las cuestiones debatidas podían ser replanteadas en un juicio ordinario posterior, conforme lo establece el art. 553 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (CPCCP, en adelante).

En conexión con lo anterior, negó la existencia de una hipótesis excepcional, que autorice asimilar como definitiva a la resolución en crisis, pues los agravios del apelante se encuentran íntimamente vinculados a la causa de la obligación, que no puede ser discutida en juicios como el presente.

Aclaró que la alegada violación de derechos constitucionales y arbitrariedad no suple la falta de sentencia definitiva a los fines del remedio intentado.

Por último, declaró que el accionado omitió su obligación de acreditar, en el memorial, que el monto del litigio supera el mínimo exigido por la ley para la habilitación de la jurisdicción extraordinaria. Con cita de sus pro-

pios precedentes, sostuvo que no es función de ese Alto Cuerpo suplir las omisiones de los recurrentes, investigando y tratando de desentrañar si en definitiva se observó o no el monto mínimo exigido por la ley, ya que la demostración del cumplimiento de tal recaudo procesal es tarea propia e inexcusable del interesado y debe surgir de su propia presentación, en forma clara y categórica.

Por ello, consideró que el remedio intentado no satisfacía los requisitos formales exigidos por la ley adjetiva y, en consecuencia, lo declaró inadmisible.

- II - Disconforme, la demandada presentó el recurso extraordinario que obra a fs. 124/141, que, denegado por el a quo a fs. 165/167, dio origen a la presente queja.

En primer término, remarcó el error del Superior Tribunal al negar carácter definitivo a la sentencia de Cámara, pues rechaza defensas que no podrán ser replanteadas en un juicio ordinario posterior, por imperio de lo dispuesto en el art. 553 del CPCCP.

Luego señaló que la resolución judicial atacada, al omitir pronunciarse sobre las defensas opuestas, desconoce el orden de prelación de las normas, sentado por el art. 31 de la Constitución Nacional, da curso a una ejecución fiscal por una deuda inexistente, permite el cobro de una tasa por un servicio que nunca fue prestado, que carece de individualización y sólo responde al interés general.

Para finalizar, acusó la existencia de una doble arbitrariedad en el pronunciamiento, al carecer de fundamento normativo para exigir que se "acredite" que el monto del litigio supera el mínimo legal, mientras que -al mismo tiempodesconoce la mención que, en tan sentido, se realiza en el

M. 1585. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Iri- zar, J.M..

Procuración General de la Nación acápite 4.2 de su memorial impugnativo.

- III - Tengo para mí que el remedio federal intentado por la ejecutada fue mal denegado -ya que resultaba formalmente admisible- pues, si bien en principio las sentencias en los juicios ejecutivos no reúnen el carácter de definitivas a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente el tema, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el ejecutado, mediante la vía de repetición (Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros), en la presente causa se ha controvertido lo relativo a la procedencia de la excepción de prescripción (art. 544, inc. 6, del CPCCP, ley 2335 y sus modificaciones) y falta de legitimación activa, de tal forma que lo aquí ha resuelto, al rechazar ambas defensas, no podrá ser replanteado posteriormente (art. 553, tercer y cuarto párrafo del CPCCP, y arg. de Fallos: 271:158; 294:363; 315:2954; 321:706, entre otros).

Por otro lado, también los restantes agravios del recurrente suscitan -desde mi óptica- cuestión federal bastante para su examen por la vía elegida, sin que obste a ello que las cuestiones debatidas sean de hecho, prueba y derecho público local y, como regla, ajenas al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que lo decidido sobre temas de esa índole admiten revisión en supuestos excepcionales cuando -como en el presente- se omiten ponderar argumentos conducentes para la correcta solución del pleito, e importan la aplicación mecánica de un precepto legal.

Por último, la sentencia ha sido dictada por el superior tribunal que establece el ordenamiento local para estos casos (art. 145, Constitución provincial, y art. 285 y

sgtes. CPCCP).

- IV - El art 553 del CPCCP establece: "Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución".

Dentro de las excepciones oponibles, el art. 544, inc. 5), del CPCCP, menciona la "prescripción".

Por su parte, aún cuando la "falta de legitimación activa" no se encuentra detallada en la enumeración que realiza el artículo citado en el párrafo anterior, es doctrina de V.E que ello no obsta a su introducción en toda clase de juicios, incluso ejecuciones fiscales, toda vez que la misma, por hacer a la irregularidad del proceso, debe tenerse por admisible, figure o no legislada como tal (Fallos: 288:416, cons. 15).

Al declarar la inadmisibilidad del recurso intentado, el Superior Tribunal expresó que la decisión de la Cámara no reviste el carácter de definitiva, toda vez que las cuestiones debatidas pueden ser replanteadas en un juicio ordinario posterior.

M. 1585. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Iri- zar, J.M..

Procuración General de la Nación Desde mi punto de vista, esta conclusión se aparta de lo fijado por el art. 553 del CPCCP transcripto supra, pues resulta evidente que ha quedado vedada la discusión -en el juicio ordinario posterior- de las interpretaciones legales efectuadas por la sentencia ejecutiva en torno a la prescripción decenal y la falta de legitimación de la actora.

Por ello, ante la claridad de los arts. 544 y 553 del código ritual provincial, y la omisión deliberada del tribunal en considerar la cuestión sometida a fallo, estimo pertinente el agravio, ya que lo resuelto priva al recurrente de la posibilidad de rever un punto sustancial de la litis, en que funda su derecho para oponerse a la condena de que ha sido objeto (Fallos: 267:354; 278:168).

- V - A mayor abundamiento, cabe recordar que, tratándose de juicios de apremio, V.E. ha admitido en forma excepcional la procedencia de la vía extraordinaria, cuando resultaba manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario implicaba privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos:

278:346; 298:626; 302:861, entre otros).

Conforme a ello, los tribunales inferiores también se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en tales pleitos, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos: 312:178).

En el sub lite la demandada opuso, desde su primera presentación en juicio (fs. 17/32), la defensa basada en la inexistencia de deuda, pues esgrimió que la ordenanza que establece el tributo no ha sido publicada en el Boletín Ofi-

cial provincial. Para fundar este aserto, ofreció prueba informativa y documental en poder de la actora.

Al contestar las excepciones, el Municipio sólo realizó una negativa genérica sobre la cuestión, sin acompañar copia de la publicación cuya existencia afirma, ni especificar el día o el número de boletín en que tal acto ha ocurrido (cfr. fs. 45, pto. 11).

Sin embargo el a quo, al igual que las instancias anteriores, no se hizo cargo del planteo sino que, por el contrario, eludió su tratamiento con el argumento de que excedía el estrecho marco del proceso y se encontraba íntimamente vinculado a la causa de la obligación, cuya discusión se encuentra vedada en este tipo de procesos.

Contrariamente a lo sostenido, pienso que -en rigorla solución definitiva del caso sólo requiere la simple constatación de la publicación oficial de la mencionada ordenanza, acto requerido para la satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad del texto de aquellas decisiones de contenido normativo general (Fallos: 293:157, cons. 61).

Considero que, en la especie, la sencilla verificación de tal extremo no afecta el carácter ejecutivo de la acción promovida.

En tal aspecto, es mi opinión que la sentencia recurrida no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que correspondería atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto (Fallos: 318:1151).

- VI - Por último, la sentencia también declara inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley, frente la omisión del

M. 1585. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Iri- zar, J.M..

Procuración General de la Nación recurrente en "acreditar", en su memorial, que el monto del litigio supera el mínimo exigido por la ley.

No es ocioso recordar que, conforme reiterada doctrina del Tribunal, el examen de los requisitos de admisibilidad del recurso es facultad privativa del tribunal de alzada, por ser una cuestión de hecho y de derecho procesal, ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 286:177; 287:34; 306:951, entre otros).

Sin embargo, una de las excepciones a este principio lo configura el apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, pues es condición de las sentencias judiciales que constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias del proceso (Fallos: 288:373; 298:218; 291:382; 292:254; 301:108). Ha puntualizado V.E. que, si lo que se cuestiona no es la interpretación de una norma de derecho común o procesal, sino que se aduce su aplicación inadecuada, que la desvirtúa y torna inoperante, la tacha de arbitrariedad debe prosperar (Fallos: 278:35; 294:363; 295:606 y sus citas).

Pienso que, como sostiene la demandada, tal situación se verifica en el sub lite, pues el art. 295 del CPCCP (texto según ley 3541) se limita a exigir, como condición para la procedencia del recurso, que el monto del litigio supere los dos mil pesos ($ 2.000).

Y el cumplimiento de este requisito se encontraba suficientemente cumplido en autos, conforme surge no sólo de los títulos ejecutivos obrantes a fs.

5/7 (arg.

Fallos:

315:2369 y 322:337) -cuyo cobro había prosperado totalmente en las instancias anteriores-, sino de las propias manifestaciones de la recurrente en el acápite 4.2. de su memorial impugnativo (cfr. fs. 100 vta.), sin que pueda pretenderse -al mismo tiempo- una "acreditación" al respecto, deber que no

surge del texto legal, y sella la suerte adversa de las defensas planteadas, según se explicó en el punto IV del presente.

En tales condiciones, estimo -con arreglo a la doctrina de esta Corte Suprema sobre arbitrariedad de las sentencias (Fallos: 301:865; 303:160 y sus citas)- que la decisión impugnada resulta descalificable como acto jurisdiccional.

A mayor abundamiento, frente a lo actuado en la causa y a los principios que gobiernan la materia (cfr. art.

36 CPCCP), cualquier duda acerca de la exacta cuantía de lo discutido pudo fácilmente despejarse intimando a la recurrente a precisarlo, con lo cual se habría evitado transformar el proceso en un conjunto de solemnidades desprovistas de sentido (Fallos: 243:84; 303:1150).

En otros términos, el a quo pudo, y debió, conjugar los deberes procesales con la búsqueda de verdad objetiva y la garantía de defensa de juicio, de modo que, como se ha dicho, "en las formas se realicen las esencias" (Fallos: 315:106; 317:1333).

Cierto es, desde luego y por vía de principio, que es propio de los jueces de la causa determinar cuando existe negligencia procesal sancionable de las partes, así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos. Pero ni una ni otra consideración son bastantes, en mi criterio, para excluir de la solución a dar al caso, su visible fundamento de hecho, porque -como manifestó el Tribunal- la renuncia consiente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia (Fallos:

238:550; 261:322; 240:99; 305:944 y 307:1174).

Más aún cuando, desde el inicio del pleito, el demandado ha cuestionado la norma local como contraria al Código

M. 1585. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Iri- zar, J.M..

Procuración General de la Nación Civil, lo cual -como señaló V.E.torna necesaria la intervención del superior tribunal de provincia, en su carácter de irrenunciable custodio de los derechos y garantías de la ley fundamental, sin que puedan invocarse leyes locales o precedentes jurisprudenciales que impidan tal ejercicio (Fallos: 308:490; 311:2478).

Por ello, en las circunstancias reseñadas, considero que el a quo, al clausurar sin más la instancia abierta por el apelante, aplicó en forma inadecuada un principio procesal en desmedro de las constancias del expediente, así como relegó de su función de director del proceso y, por ambas vías, hizo gala de un ciego ritualismo, incompatible con el debido proceso adjetivo, por lo que -reitero- debe descalificarse la sentencia como acto judicial válido (Fallos: 312:61).

- VII - En virtud de lo hasta aquí expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la presente queja, revocar la sentencia de fs. 117/119 y ordenar que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 7 de octubre de 2003.- Es Copia N.E.B.