Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30 de Septiembre de 2003, C. 732. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 732. XXXV.

    RECURSO DE HECHO

    Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación c/ Gobierno Nacional CMinisterio de Defensa y Dirección Nacional de Policía AeronáuticaC.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 30 de septiembre de 2003.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación c/ Gobierno Nacional CMinisterio de Defensa y Dirección Nacional de Policía AeronáuticaC", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    1. ) Que la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición DNPA 294/98 por considerar ilegítimos los requisitos que imponía al desenvolvimiento de las empresas de seguridad privada en los ámbitos en los que la Policía Aeronáutica desempeñaba sus funciones. Contra este pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario que, denegado, motivó la presente queja.

    2. ) Que para resolver del modo indicado, el tribunal consideró que en el Código Aeronáutico (ley 17.285) se establecía que la autoridad aeronáutica era responsable del poder de policía y que, de acuerdo con lo previsto en la ley 21.521, el poder estatal en el ámbito de los aeropuertos estaba representado y ejercido por la Policía Aeronáutica Nacional. De manera que la disposición impugnada Cen la que se contemplan exigencias respecto de la capacitación, cancelación y suspensión de la habilitación de las empresas que realizaban tareas de vigilanciaC había sido dictada por la autoridad competente en uso de atribuciones específicamente conferidas en las normas vigentes.

    3. ) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se ha cuestionado la validez de un acto de autoridad nacional como violatorio de garantías cons-

      titucionales y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 1° de la ley 48).

    4. ) Que en el art. 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) se establece que "cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización (...) A este fin, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptará y enmendará, en su oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que trate de (...) cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea". A su vez, en los arts. 54 y 90, se dispone que el Consejo de la O.A.C.- I. adoptará estas normas, métodos y recomendaciones internacionales, que se incorporarán al convenio como anexos o enmiendas de anexos.

      Sobre la base de estos preceptos, la O.A.C.I. adoptó el Anexo 17 relativo a la seguridad; en particular, a la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Elaboró, a su vez, el "Manual de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil Contra los Actos de Interferencia Ilícita" (Documento 8973), que constituye un texto complementario del mencionado anexo y sirve de guía para su aplicación, y que "comprende procedimientos y textos de orientación detallados sobre los aspectos de la seguridad aeronáutica y su finalidad es ayudar a los Estados a llevar a la práctica los programas nacionales de protección de la aviación civil estipulados en disposiciones de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional" (ver Preámbulo del Anexo 17). En este documento, se establecen los lineamientos para la confección de un programa completo de

  2. 732. XXXV.

    RECURSO DE HECHO

    Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación c/ Gobierno Nacional CMinisterio de Defensa y Dirección Nacional de Policía AeronáuticaC.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación instrucción en materia de seguridad de la aviación civil (arts. 3.1.1 del Anexo 17, y 7.1.1. del Manual de Seguridad).

    En particular, en el art. 7.6 se dispone que el personal de seguridad de los aeropuertos y el contratado por los explotadores debe recibir formación e instrucción que "debe concentrarse primariamente en lo siguiente: a) amenazas locales a la seguridad del aeropuerto y de las aeronaves; b) técnicas utilizadas por los delincuentes para evadir las medidas y procedimientos de seguridad (...); d) plan de seguridad de aeropuerto y de los explotadores (...); e) evaluaciones e inspecciones de seguridad; f) medidas de seguridad en tierra (...)".

    1. ) Que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional fue aprobado por nuestro país mediante el decreto-ley 15.110/46 y posteriormente por la ley 13.891.

    2. ) Que cabe recordar que es doctrina de esta Corte que "cuando un país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, máxime si éstos están descriptos con una concreción tal que permita su aplicación inmediata".

      Por ello, "la prescindencia de las normas internacionales por los órganos internos pertinentes puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino" (Fallos: 318:2639).

    3. ) Que con invocación de las previsiones establecidas en dicho convenio, el director de la Policía Aeronáutica Nacional dictó la disposición DNPA 294/98 en la que se establecieron requisitos para el funcionamiento y habilitación de las empresas de vigilancia dentro de su jurisdicción.

    4. ) Que con posterioridad a la interposición del recurso en examen, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, mediante la resolución 617/99, aprobó el "Pro-

      grama Nacional de Seguridad Aeroportuario" con el objeto de garantizar en la República Argentina la observancia de las normas y procedimientos en materia de seguridad en la aviación civil nacional e internacional, en razón de las obligaciones resultantes de su condición de signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

      En dicho precepto se ratificaron las previsiones contenidas en las disposiciones 1/95, 58/95, 77/96 y 294/98 en lo atinente a las normas y procedimientos de actuación de las empresas de vigilancia en el ámbito aeroportuario, así como los programas de capacitación e instrucción de su personal.

    5. ) Que, en consecuencia, y toda vez que en la disposición DNPA 294/98 sólo se dio cumplimiento a obligaciones asumidas por el Estado Nacional en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, no resulta posible sostener que mediante ella la Policía Aeronáutica se hubiera arrogado funciones legislativas que excedieran su competencia.

      Por otra parte, aun cuando se considerase que en virtud de las previsiones de la ley 21.521 sólo corresponde al jefe del Estado Mayor del Ejército dictar las normas que regulan la actividad de la Policía Aeronáutica, lo cierto es que mediante el dictado de las resoluciones 617/99 y 383/01 dicho funcionario habría saneado el vicio de incompetencia en razón del grado que podría imputarse a la disposición en cuestión (confr. previsiones de los arts. 14, inc. b, y 19, inc. a, de la ley 19.549).

      10) Que, por lo demás, las manifestaciones del recurrente tampoco resultan suficientes para demostrar la irrazonabilidad de la disposición impugnada, puesto que la escueta y genérica alegación de inconstitucionalidad de una norma no basta para que esta Corte ejerza la atribución que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones

  3. 732. XXXV.

    RECURSO DE HECHO

    Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación c/ Gobierno Nacional CMinisterio de Defensa y Dirección Nacional de Policía AeronáuticaC.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación que pueden encomendarse a un tribunal de justicia y acto de suma gravedad que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 322:919; 323:2409; 324:920).

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor P. General de la Nación, se declara formalmente admisible la queja y el recurso extraordinario, y se confirma la sentencia apelada. Reintégrese el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (confr. fs. 32/34). N., agréguese la queja al principal y devuélvase. CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -A.R.V. -J.C.M..