Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 17 de Septiembre de 2003, E. 8. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

E. 8. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

Eyras, R.F. c/ Caja de Crédito Versailles y Banco Central de la República Argentina.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

- I - A fs. 626/628 de los autos principales (a los que corresponderán las citas siguientes), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala IV- confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda deducida por L.A.K. -luego sustituido por R.F.E. y otros- contra el Banco Central de la República Argentina y la Caja de Crédito de Versailles Cooperativa Limitada -en liquidación- y condenó a la entidad rectora al pago de la suma reclamada en concepto de garantía legal del depósito a plazo fijo que había realizado el actor en la co-demandada.

Para arribar a tal conclusión, estimó razonable que el Banco Central exigiera -al presentar irregularidades los registros de la entidad en liquidación y no encontrarse contabilizada la imposición de K.- el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos la posibilidad económica del presunto inversor al momento de efectuar tal imposición.

En ese sentido, valoró en su conjunto distintos elementos de hecho aportados a la causa, que entendió suficientes para hacer efectiva la garantía establecida en el art.

56 de la ley 21.526.

- II - Disconforme, el Banco Central de la República Argentina interpuso el recurso extraordinario de fs. 634/644, cuya denegatoria dio lugar a la presente queja.

Afirma, en sustancia, que la decisión del a quo es arbitraria y le ocasiona un gravamen irreparable por haber afectado su derecho de propiedad y las garantías de igualdad

ante la ley, de debido proceso y de defensa en juicio (arts.

17, 16 y 18 de la Constitución Nacional), como también los derechos derivados de leyes federales, en especial del art. 56 de la ley 21.526 -antes de la vigencia de la ley 24.144-, en cuanto prevé que el titular del certificado formule una declaración jurada para que los depósitos puedan ser reintegrados por el Banco Central que, según alega, el actor no acreditó haber presentado.

Manifiesta que el a quo omitió evaluar la prueba que aportó, referida "a la imposición efectiva y el entorno que generó la emisión del documento", la cual compromete el certificado sub examine.

- III - A mi modo de ver, el recurso es formalmente admisible y ha sido mal denegado por el a quo, toda vez que se encuentra en tela de juicio la inteligencia y aplicación de una norma de carácter federal -como lo es el art. 56 de la ley 21.526- y la sentencia del superior tribunal de la causa fue adversa al derecho que el apelante sustentó en ella (inc. 31 del art. 14, de la ley 48), sin que a tal viabilidad obste el hecho de que lo hubiese fundado en la doctrina de la arbitrariedad.

- IV - Según la reseña expuesta de los agravios, cabe dilucidar en primer lugar, si la declaración jurada prevista en el art. 56 de la ley 21.526 y su modificatoria, ley 22.051 -antes de la vigencia de su similar 24.144- es un requisito ineludible para que el Banco Central de la República Argentina, en los supuestos de no encontrarse contabilizado el certificado de depósito y tratarse de entidades que llevan irre-

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Procuración General de la Nación gularmente sus registros, proceda a la devolución de la garantía.

Es preciso destacar al respecto que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no está limitada por las posiciones de los jueces intervinientes ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 321:2683; 323:3160 y 3229, entre otros).

El aludido precepto contemplaba -según el texto previo a la vigencia de ley 24.144- que los depósitos constituidos en las entidades adheridas al régimen de garantía de depósitos a nombre de personas físicas, en las condiciones y hasta el monto que por vía reglamentaria estableciera el Banco Central de la República Argentina, serían reintegrados en su totalidad, "A ese fin -agregabapodrá disponerse que los depositantes formulen una declaración jurada referente a los depósitos que mantengan en la entidad en liquidación.

Los responsables, en caso de incurrir en inexactitud o falseamiento, quedarán sujetos a las sanciones previstas en el artículo 293 del Código Penal".

Considero que el examen de la norma transcripta debe realizarse desde la perspectiva de la finalidad que cabe suponer en la ley, toda vez que si bien la primera regla de interpretación de los textos legales es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos:

308:1745; 312:1098; 313:254), es propio de la tarea judicial indagar sobre su espíritu (Fallos: 308:1664) mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del aquél, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor

que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad la ley (Fallos: 308:1861, 322:2321, entre otros). Desde esta óptica adelanto que, en mi concepto, la omisión de presentar la declaración jurada carece en autos de la relevancia que le atribuye el apelante.

Ello es así, en primer lugar, por el carácter facultativo que tiene dicho recaudo para el Banco Central, lo cual permite configurarlo como un elemento no siempre necesario para la procedencia de la garantía. En segundo término, porque la función de la declaración jurada no es otra que la de agregar a la verosimilitud del derecho del ahorrista alcanzada en sede administrativa, la advertencia de su responsabilidad penal en caso de que haya falseado los hechos invocados para obtener el pago.

En ese sentido, V.E. (Fallos: 324:2260 -disidencia de los doctores M.O.'Connor y L.-) se ha expedido al manifestar que tal declaración "No es, por ende, un elemento de prueba -ni podría serlo, al consistir en una mera manifestación individual del interesado-, sino un recaudo para fortalecer aquellos antecedentes cuando ellos se presentan, a juicio del ente rector, relativamente insuficientes para tener por acreditada la deuda ajena a cuya cancelación debe proceder; fortalecimiento que se logra de aquel modo, esto es, por el compromiso penal que asume quien conscientemente falsea los hechos para percibir un crédito inexistente" (conf. cons. 18, Fallo cit.).

En esas condiciones, si bien tal declaración "sirve de medio para responsabilizar a sus firmantes cuando no es posible comprobar de otro modo la verdad que declaran, forzoso es concluir que pierde relevancia cuando esa verdad es -como en la especieinvestigada en el ámbito de un juicio, claramente más apto para el logro de tal finalidad" (cons. 11,

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Procuración General de la Nación Fallo cit.). Lo expuesto "no implica desconocer la reiterada doctrina del Tribunal, según la cual el único requisito exigible por el Banco Central a los efectos de hacer efectiva la garantía en el citado art. 56 es la declaración jurada que la ley menciona (Fallos: 311:2746; 315:2223, entre otros), sino simplemente distinguir la diversa situación que se encuentra el ente rector según deba proceder extrajudicialmente al pago, o que, en cambio, él le sea exigido por la vía de un juicio" (cons. 12, Fallo cit.).

"Es decir, que obtenida esa certeza por otros medios de prueba, carecería de rigor lógico sostener que ella pudiera ser soslayada por no haber cumplido el actor con aquel recaudo. E importaría ir mucho más allá de la disposición legal, dado que, al traducirse en la imposibilidad de considerar que lo actuado en juicio sea apto para superar ese obstáculo el razonamiento culminaría con una virtual equiparación de ese recaudo a una especie de carga susceptible de tornar improponible la demanda" (cons. 16, Fallo cit.).

Entiendo que, como corolario de lo expuesto, de interpretarse que la declaración jurada es imprescindible para acreditar la existencia del depósito, llevaría a la irrazonable conclusión de que un instrumento concebido para complementar una demostración insuficiente, se convirtiera en un elemento de prueba insustituible, aún cuando existieran otros más idóneos para tal fin.

Cabe recordar, por otra parte que, con motivo de las interpretaciones contradictorias respecto del tratamiento de la garantía de los depósitos constituidos en las entidades comprendidas en la ley 21.526, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 2076/93, reglamentó el art. 56, a cuyo fin estableció que la obligación de devolución de la garantía contemplada en dicho artículo para los depósitos pendientes,

esté sujeta al cumplimiento estricto de los siguientes requisitos: a) que los mismos depositantes exhiban títulos material y formalmente válidos; b) justifiquen el origen y disponibilidad de los fondos depositados a través de constancias que demuestren su verosimilitud y c) que se constate el efectivo ingreso de los fondos a la entidad respecto de cada operación amparada por el Régimen de Garantía.

Ello permite inferir el carácter accesorio de la declaración jurada prevista en la ley para acreditar la autenticidad de los depósitos, pues -según surge de la motivación de dicho reglamento- se consideró necesario para la operatividad de aquella norma, concebir otros recaudos para asegurar "la existencia de un depósito real y genuino y no (que surja) de la mera tenencia de cualquiera de los títulos justificativos que se invoquen para su aplicación".

En tales condiciones, la solución adoptada por el a quo al considerar comprobado el depósito por otros instrumentos -ventas de bonos externos, cuyas cobranzas superan el valor de la imposición y acreditan el origen y la disponibilidad de fondos, no cuestionados por la demandada (v. fs. 627 vta. y 628)-, más amplios e idóneos que la simple declaración de parte para disponer su reintegro, es razonable a la luz de la normas interpretadas supra pues, a mi modo de ver, en vez de perjudicar al ente rector, redunda en una mayor protección contra el riesgo de un pago indebido al otorgarle la posibilidad de arribar a una certeza de la existencia del crédito, certeza no susceptible de lograr con aquella declaración.

- V - Por último, la simple manifestación del Banco Central referente a que el a quo omitió valorar la prueba aportada sobre "la imposición efectiva y el entorno que generó la

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Procuración General de la Nación emisión del documento", no es suficiente, a mi juicio, para tener por cumplida la carga que pesa sobre el recurrente y que indica que la doctrina de la arbitrariedad, en materia de prescindencia de pruebas, requiere tanto de la indicación concreta de las que se dicen omitidas como la demostración de su pertinencia para modificar la solución del litigio (conf.

Fallos: 304:769 y 307:2281, entre otros).

Máxime, cuando el juzgador, frente a las graves irregularidades observadas en la entidad depositaria que tornaban dudosa la operación, consideró que las pruebas aportadas por el actor que eran suficientes para desvirtuar la seria presunción creada al respecto, no fueron impugnadas por el demandado en su memorial.

En tales condiciones, deviene improcedente el recurso extraordinario pues, dado su carácter autónomo, es insuficiente la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté razonada con referencia a las circunstancias de la causa y a los términos del fallo que la resuelve, para lo cual el escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la sentencia impugnada, refutando todos y cada uno de los fundamentos en que se apoyó el a quo para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. doctrina de Fallos: 303:884 y 304:1306 y 1588, entre muchos otros).

- VI - Por las razones expuestas, opino que corresponde confirmar la sentencia de fs. 626/628, en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003.- N.E.B. Es Copia