Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 17 de Septiembre de 2003, S. 599. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 599. XXXVII.

S.J.A.S.A. c/ AFIP Cley 25.085C dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 383/386, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar lo resuelto a fs. 312/314 en la instancia anterior, declaró que la tasa establecida por la ley 25.085 -sobre los fondos colectados por el sistema de "monotributo" (ley 24.977)- sólo es aplicable a la recaudación percibida a partir de su vigencia.

Para así decidir, ratificó que dicha detracción posee el carácter de "tasa", al ser exigida en forma obligatoria por el Estado, a raíz de la actividad recaudatoria desarrollada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante), que afecta al obligado a su pago.

En el mismo orden, rechazó el planteo de confiscatoriedad, por no demostrarse la absorción de una parte sustancial del capital o de la renta, como consecuencia del pago del tributo.

También desestimó el pedido de inconstitucionalidad, que la actora fundó en la supuesta doble imposición generada por la implementación de similares tasas a través del decreto 863/98 y -posteriormente- de la ley 25.345, al considerar que la doble imposición solo será inconstitucional cuando -por su conducto- se viole alguna garantía de la Ley Fundamental o se extralimite la competencia territorial del poder que sancionó el gravamen, hipótesis no verificadas en el caso.

- II - Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 389/406, que fue concedido a fs. 414.

En primer lugar, negó el carácter de "tasa" atri-

buido al instituto sub examine, al entender que se trata de una "afectación" de los fondos recaudados por el régimen de "monotributo". Esto -en su criterio- no resulta válido, pues el Estado sólo puede decidir sobre la "afectación" de fondos propios, más no sobre aquellos que no le pertenecen, como es el caso de los aportes de los trabajadores, con destino a sus cuentas de capitalización individual.

Alegó violación de los derechos adquiridos al amparo del régimen de la ley 24.241, bajo el cual las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) decidieron incorporarse al sistema. Especificó que dicha ley las había eximido de costo alguno por los gastos que irrogue la recaudación, fiscalización y distribución de fondos, los cuales pesaban exclusivamente sobre el Estado Nacional, razón por la cual la "afectación" creada por la ley 25.085 modifica unilateralmente, y de manera arbitraria, las reglas del juego establecidas.

Respecto de la confiscatoriedad, manifestó que no se configura sobre el quantum a ingresar a favor del Fisco, sino sobre el objeto de la pretendida tasa, y su repercusión. Ello es así pues, por ínfimo que sea el porcentaje, recaerá sobre los fondos de los afiliados/contribuyentes -administrados por las AFJP-, lo cual será siempre de carácter sustancial y violatorio del derecho de propiedad.

Reiteró, por último, que existe un supuesto de doble imposición inconstitucional, al superponerse la tasa bajo examen con la creada por el art. 14 de la ley 25.345, máxime cuando ambas retribuyen el mismo servicio.

- III - A mi modo de ver, el remedio intentado es formalmente admisible, en tanto se ha puesto en tela de juicio la

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Procuración General de la Nación inteligencia de normas de carácter federal (ley 25.085 y art.

14 de la ley 25.345) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 31, de la ley 48).

- IV - Pienso que un orden jurídicamente lógico impone examinar la legitimación de la actora en forma previa al tratamiento de sus agravios, puesto que, de no configurarse tal requisito, se estaría ante la inexistencia de un "caso", "causa" o "controversia", en los términos del art. 116 de la Carta Magna, que tornaría imposible la intervención de la Justicia.

En este orden de ideas, cabe indicar que, como lo recordó este Ministerio Público en los dictámenes recogidos en Fallos: 303:893 y 322:528, desde antiguo V.E. ha declarado que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos:

2:253; 24:248; 94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397, y muchos otros).

Así, ya desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y 292), el Tribunal negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos:

12:372; 95:51 y 115:163) pues, como lo afirmó en Fallos: 242:353, el fin y las consecuencias del control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen que este requisito de la existencia de "caso" o "controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de

la división de poderes, según lo expone el juez Frankfurter con fundamento en la jurisprudencia norteamericana (341 U.S.

149).

Es por tales motivos que el art. 21 de la ley 27 preceptúa que la Justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Así lo ha entendido V.E. en su invariable doctrina, según la cual "si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como 'un pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento', según el concepto de M., la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso en que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta Fundamental" (Fallos:

156:318; 227:688; 245:552; 322:528, entre muchos otros) (énfasis, añadido).

En esta inteligencia de la cuestión, la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.

En este orden de ideas, ha expresado V.E. en Fallos 322:528, cons. 91, que, como lo ha destacado acertadamente la jurisprudencia norteamericana, "al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer", el cual "resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal" ('Flast. v. Cohen', 392 U.S. 83),

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Procuración General de la Nación y, en definitiva, como fue señalado por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, A.S., a fin de preservar al Poder Judicial de la sobrejudicialización de los procesos de gobierno ("The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 Suffolk Univ. L.R., 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte" debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial", esto es, que posean "concreción e inmediatez" bastante para poder procurar dicho proceso.

A lo dicho, cabe agregar que, como también lo ha sostenido V.E. (arg. Fallos: 311:1435, cons. 51 -a contrario sensu- y C.1329, L.XXXVI, in re "Casime, C.A. c/ Estado Nacional", sentencia del 20 de febrero de 2001" -que remite al dictamen de este Ministerio Público Fiscal-), se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.

En este orden de ideas, cabe advertir que esta carencia de legitimación en quien demanda (o en la accionada) puede aparecer en forma manifiesta al momento de realizar su presentación ante la Justicia -cuando quien lo hace luce desprovisto de todo interés concreto en el dictado de un pronunciamiento-; o bien puede no ser manifiesta, sino permanecer oculta o disimulada durante el trámite de la causa, o requerir algún tipo de investigación, para hacerse ostensible recién al momento de dictar la sentencia (arg. art. 347, inc. 31, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En este último caso, debe ser resuelta igualmente de manera previa, ya

que su ausencia imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto discutido, so riesgo de realizar un pronunciamiento en abstracto.

- V - Sobre la base de tales criterios, en su aplicación al sub lite, considero que la actora carece de legitimación para esgrimir la pretensión que dedujo frente al Estado Nacional, pues no ha demostrado tener un interés concreto en el dictado de un pronunciamiento judicial que la beneficie -o perjudique-, que remueva -o no- el obstáculo al que atribuye la lesión de los derechos invocados (arg. Fallos: 306:1125; 317:335, entre otros).

En efecto, a partir de la sanción de la ley 25.085 se estableció, en forma coactiva, una contraprestación a favor de la AFIP, por el servicio de recaudación y verificación del "impuesto integrado", establecido por el "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes" o "monotributo" (ley 24.977).

Del análisis del art. 11 de la ley 25.085 se desprende que la AFIP procederá a detraer un 2,5% del total recaudado a través del sistema de "monotributo" y lo imputará como contraprestación por el servicio de recaudación y verificación que realiza. El remanente será girado a las cuentas recaudadoras nacionales, y a las distintas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en los porcentajes que correspondan.

Por su parte, la ley 24.241 -al instituir el sistema integrado de jubilaciones y pensionescreó el "fondo de jubilaciones y pensiones" como un patrimonio independiente y distinto de la AFJP, que pertenece a los afiliados (cfr. art.

82). El citado articulo establece, en forma expresa, que la administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él.

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Procuración General de la Nación Sobre la conjunción de ambas normas es que sostengo la carencia de legitimación de la actora, pues resulta claro que el tributo grava con un 2,5% los importes abonados por los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado establecido por la ley 24.977.

Ellos resultan los sujetos pasivos de la tasa, pues soportan -en definitiva- la ablación patrimonial en el aporte mensual que destinan a su cuenta de capitalización.

Por ello, no advierto que la actora experimente daño alguno a raíz de la sanción de la norma atacada, toda vez que el cobro del gravamen recae sobre un patrimonio independiente y distinto al suyo (art. 82 de la ley 24.241). Tampoco ha alegado -y mucho menos probadoque la nueva gabela, al disminuir el monto de la base sobre la cual percibe su comisión, torne imposible o excesivamente gravoso el desenvolvimiento de su actividad, conforme a los parámetros establecidos por V.E. en Fallos:

150:419; 179:98; 201:202; 205:131; 203:275 y 210:1129, entre otros.

Sobre la base de este razonamiento, considero improcedente examinar los agravios vinculados con la naturaleza jurídica del gravamen, la violación de derechos adquiridos y la confiscatoriedad planteados, pues -en mi criteriono existe afectación suficientemente directa o sustancial sobre la recurrente como para habilitar su tratamiento.

- VI - Desde mi óptica, idéntica respuesta merece el agravio vinculado a la existencia de doble imposición, pues resulta requisito -para que ella se verifique- que la capacidad contributiva sobre la cual inciden los tributos impugnados sea la misma (Fallos: 183:319; 187:234; 195:250 y 270; 193:397; 210:172; 220:699; 236:22; 255:66; 262:366, entre otros).

Pienso que esta condición no se cumple en la especie, dado que la tasa bajo examen y la creada por el art. 14 de la ley 25.345, recaen sobre diferentes sujetos pasivos y, por ende, sobre diversas capacidades contributivas.

Como se explicó en el acápite anterior, la primera grava a los importes abonados por los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado establecido por la ley 24.977.

La segunda, por el contrario, faculta al Poder Ejecutivo a fijar una tasa de hasta el 0,7% sobre el total de la recaudación correspondiente a los aportes personales destinados al régimen de capitalización de la ley 24.241 y de las contribuciones patronales de la ley 24.557, y debe ser abonada por las AFJP y las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART), previo a la transferencia de los recursos que correspondan. En este segundo supuesto, es claro que quienes soportan la carga del tributo son las mismas AFJP y ART.

Esto sella la suerte adversa de la pretensión de la actora pues, en mi criterio, no se verifica la identidad de capacidad contributiva que torne procedente la superposición alegada.

- VII - En virtud de lo expuesto, opino que debe confirmarse la sentencia de fs. 383/386, en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003 Es Copia N.E.B.