Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 17 de Septiembre de 2003, M. 503. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación

M. 503. XXXVII.

M.C., F. delC. de Jesús c/ Administración Nac. de Seg.

Social s/ despido.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

En el marco del trámite de ejecución de la condena dispuesta en autos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social en concepto de indemnización por despido, se decretó el embargo de los fondos. La demandada apeló y, además, solicitó que se aplique la ley 25.344, a los efectos de que la deuda quedara consolidada.

A fs. 362/369, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala II-confirmó el embargo trabado y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.344 y del art. 19 de la ley 24.624 para el caso particular. En cuanto a la primera ley mencionada, consideró que el estado de salud del actor y sus circunstancias personales y sociales, permiten afirmar que, de quedar la deuda consolidada, se produciría la aniquilación del derecho, en los términos de la doctrina sentada en el caso "Iachemet". Agregó que las normas de consolidación "consagran una mecánica diversa a la habitual para el cumplimiento de la condena, sistemática que si bien puede adoptar diversas pautas la dilación que ella involucre no puede exceder el límite de lo razonable teniendo en cuenta la índole del crédito y la condición del sujeto titular" y que la indefinida postergación podría llevar al desconocimiento de la virtualidad de la cosa juzgada al hacer permanecer sin restaurar el derecho lesionado del acreedor laboral.

En cuanto al levantamiento del embargo previsto por el art. 19 de la ley 24.624, puso de resalto que la accionada, sin explicación suficiente, no realizó la previsión presupuestaria del crédito adeudado en estas actuaciones, que la Secretaría de Hacienda difirió su cumplimiento a la reserva para el 2001, que ignora las diversas situaciones que emergen

de los acreedores y que "recrea la postergación del cumplimiento de una obligación" de carácter alimentario que, en las particulares circunstancias del actor, puede llevarlo prácticamente a la indigencia. Añadió que, en el tiempo transcurrido, se advierte "la observancia y diligencia del acreedor a la ley de consolidación y la inexplicable respuesta negativa de la obligada", quien además contaba con fondos disponibles en sus cuentas.

-II-

Disconforme con este pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario a fs. 375/379.

Aduce violación del derecho de defensa en juicio al no haberse conferido traslado en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad solicitada por el actor y a su estado de salud y demás circunstancias personales. Añade que no se configura en autos una situación análoga a la del caso "Iachemet", puesto que el accionante tiene 43 años de edad y no se determinó que tuviera una incapacidad absoluta para trabajar.

Pone de resalto que se probó en autos el cumplimiento de la previsión presupuestaria del crédito adeudado, aunque luego el Poder Ejecutivo decidió efectuar un "recorte presupuestario para el año financiero 2000" y agrega que no cuenta con facultades para otorgar partidas para cancelar sus obligaciones, sino que los créditos se satisfacen dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto General. Finalmente, se agravia de que la inconstitucionalidad declarada extiende las razones personales del actor para adelantar incorrectamente el pago en efectivo a los créditos de los letrados y peritos intervinientes en estas actuaciones.

M. 503. XXXVII.

M.C., F. delC. de Jesús c/ Administración Nac. de Seg.

Social s/ despido.

Procuración General de la Nación -III-

Ante todo, cabe señalar que de los dos fundamentos del recurso extraordinario -aplicación de la ley 25.344 de carácter federal y ser la sentencia arbitraria- corresponde considerar en primer término este último, pues de existir arbitrariedad no habría sentencia propiamente dicha (v. Fallos: 312:1034; 317:1455; 321:407, entre otros).

-IV-

Estimo que los argumentos desarrollados por el a quo tendientes a excluir la aplicación de la ley 25.344 a la condena impuesta en el sub lite en virtud de la gravedad del estado de salud del actor y su condición de padre de siete hijos menores de edad, constituye un fundamento sólo aparente que invalida el pronunciamiento como acto judicial válido.

En efecto, para considerar inaplicable al caso el régimen de consolidación de deudas, la Cámara sólo tuvo en cuenta los certificados acompañados por el actor al contestar el traslado de fs. 355/358, de los cuales no se corrió vista a la demandada, circunstancia que, como V.E. ya advirtió en el precedente de Fallos: 324:3679, afecta gravemente su derecho de defensa en juicio, pues privó al interesado de cuestionarlos y de defender la legalidad de la norma que se tachó de inconstitucional con anterioridad a la sentencia (v. arts.

261 y 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que exige el traslado a la contraparte cuando se alegan hechos nuevos o se agregan nuevos documentos).

En este sentido, procede recordar que la garantía constitucional mencionada, en su aspecto más primario, se traduce en el principio de contradicción o bilateralidad que supone, en sustancia, que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se pide, dándole oportunidad de defensa. Ello es así, máxime cuando se ha ejercido una de las

más delicadas funciones que pueda encomendarse a un tribunal de justicia al declarar la inconstitucionalidad de una norma (Fallos: 312:851; 320:1789).

En tales condiciones, lo resuelto por el a quo guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, por lo que -sin perjuicio de lo que corresponda decidir en cuanto al fondo del asunto una vez cumplidos los trámites omitidos- entiendo que debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, solución que exime de tratar los restantes agravios de la recurrente.

-V-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones a fin de que se dicte una nueva con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003 Es Copia N.E.B.