Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 16 de Septiembre de 2003, M. 1148. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1148. XXXVI.

M., A.R. c/ Prestaciones Comerciales S.A. s/ acc. ac. civil.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Contra el decisorio de la Sala V, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de Capital Federal, que confirmó en un todo la sentencia del Inferior, dedujeron el accionante, y su representante letrada por derecho propio, recurso extraordinario federal, los que fueron concedidos por la Alzada, con fundamento en que prima facie se encontrarían reunidos los requisitos exigidos en los artículos 14 y 15 de la ley N° 48, razón por la cual los reputó formalmente admisibles (v. fs. 606/609, 557/572, 612/617, 618/622 y 641 respectivamente).

- II - En cuanto a los antecedentes del caso, creo conducente poner de resalto que el actor, inició demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 5, contra Prestaciones Comerciales S.A. -Precomar-, y le reclamó una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios, ocasionados como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, del cual responsabilizó a la accionada.

Sostuvo el actor, que el 10 de agosto de 1990, siendo aproximadamente las 19.30 horas, se accidentó, mientras trabajaba para su empleadora, en tareas ajenas a las que habitualmente desempeñaba, las que refiere eran de carácter peligroso, y realizadas en un lugar físico no habilitado, sin infraestructura ni seguridad apropiada, por lo que a su criterio no se encontraban reunidas las condiciones mínimas necesarias para realizarlas.

Refiere que en tales circunstancias, encontrándose en la plataforma de la barcaza Cleopatra, al borde de una de las bocas que comunicaban con la bodega, la que se hallaba destapada, fue encandilado por los reflectores que iluminaban la zona, por carecer el amarradero

de iluminación propia, cayendo al fondo de la bodega, desde una altura aproximada a los 5 o 6 metros, caída que le provocó innumerables daños físicos, morales y psíquicos, que describe, cuyas secuelas, sostiene, padece en la actualidad -v. fs. 7-. Asimismo, fue objeto de reclamo por parte de la accionada, las diferencias salariales existentes, entre la categoría de contramaestre, a la que pertenecía, y la de marinero, respecto de la cual se le abonaban sus salarios, más los aumentos de convenio, que a su criterio se le adeudaban.

Fundó su derecho en lo normado por los artículos 521, 902, 904, 907 (2da. Parte), 1068, 1069, 1071, 1078, 1083, 1109, 1074, 1113 del Código Civil; artículos 75, 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y legislación concordante -v. fs.6/10-. A fojas 369 I /374 I, promovió también el actor demanda por despido incausado -v. fs. 369 I /374 I-, adujo negativa por parte de la empleadora a recepcionar los certificados médicos donde se le prescribían tareas livianas, como así también que éstas le fueran asignadas, negándosele trabajo, lo que motivó el cese de la relación laboral.

La accionada contestó demanda y opuso excepción de falta de legitimación pasiva por el accidente -v. fs. 20/23-, y por el despido rechazó la acción a fojas 389 I /392 I-; en ambos casos, negó todos y cada uno de los hechos denunciados, como así también el derecho invocado por el accionante.

Con relación al accidente sostuvo que aquel fue de carácter inculpable, y que el actor no se desempeñaba al momento del siniestro para la demandada, sino que lo hacía para T.S.A., dueña de la barcaza Cleopatra donde se produjo el siniestro, a quien solicitó se la citara en carácter de codemandada. Negó adeudar suma alguna en concepto de diferencias salariales, como así también rechazó el rubro indemnización por despido, por no corresponder su pago, toda vez que

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Procuración General de la Nación señaló, el actor se retiró por su propia voluntad.

La citada como tercero, contestó demanda e interpuso excepción de falta de legitimación pasiva para obrar.

Reconoció ser la dueña de la embarcación, pero que ésta se encontraba arrendada de palabra a la codemandada Precomar, a partir del 8 de agosto de 1990, contrato que se formalizó el 13 del mismo mes y año, por causas ajenas a su parte. Negó el resto de los hechos y derecho invocados por ambas partes -v. fs. 84/93-. El Magistrado de Primera Instancia dictó sentencia a fojas 557/572, rechazó la excepción articulada por la codemandada Precomar S.A., haciendo lugar al reclamo respecto del accidente de trabajo sufrido, cuya incapacidad estimó en el 50% de la t.o., conforme peritaje médico; y en forma parcial respecto de los demás rubros reclamados -diferencias salariales, y salarios caídos-, rechazándola respecto del rubro indemnización por despido. Con relación a la codemandada Transmin S.A., rechazó la acción, con fundamento en el contrato suscripto con la coaccionada, a quien le atribuye la responsabilidad del siniestro en su carácter de guardiana de la cosa riesgosa.

Apelaron el decisorio del Juez de Grado, la codemandada P.S.A., en cuanto al fondo de la litis; el actor, quien lo hizo parcialmente por los rubros que fueron desestimados, y la apoderada de éste por derecho propio, respecto de la regulación de sus honorarios -v. fs. 573, 577/583 y 575/576 respectivamente-.

La Alzada resolvió, confirmar el decisorio en todos sus términos -v. fs. 606/609-.

Contra dicho pronunciamiento, dedujo el accionante y su letrada recurso extraordinario federal, los que no siendo contestados por las demandadas, fueron concedidos por la

Cámara, conforme lo señalado ab initio -v. fs.

618/622, 612/617 y 641 respectivamente-.

- III - Los quejosos reprochan arbitrariedad en la sentencia.

Sostuvo el actor, que la resolución del a quo omitió el tratamiento de los agravios opuestos por su parte, con lo cual estimó que el decisorio incumplió con los requisitos exigidos por los artículos 34, inciso 4° y 163, inciso 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En tal sentido, refiere que el fallo recurrido carece de fundamentación suficiente, y no respeta el principio de congruencia, al no contemplar las pretensiones deducidas por la parte o hacerlo en forma confusa e incompleta, con lo cual, estimó se vulneraron derechos y garantías de raigambre constitucional -artículos 17,18 y 31 de la Constitución Nacional-.

En cuanto a los honorarios de la letrada apoderada del actor, se agravió ésta, por considerar que los mismos fueron regulados por debajo de los porcentajes establecidos en la ley de aranceles, violando los derechos y garantías conculcados en los artículos 14 bis y 17 de la Carta Magna.

- IV - Con relación a la controversia planteada, tiene dicho V.E. para situaciones similares, que si bien la determinación del alcance de las peticiones de las partes y de las cuestiones comprendidas en la litis remiten al examen de extremos de índole fáctico y procesal extraños a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para que pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando -como en el caso- la decisión de los tribunales de la causa, traduce un apartamiento de las constancias del expediente, y de la adecuada interpretación de los principios que informan el

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Procuración General de la Nación debido proceso adjetivo consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 311:645; 302:358, entre otros).

Respecto del planteo efectuado por el accionante, estimo le asiste razón al quejoso, conforme lo entendiera la propia Cámara al concederle el remedio extraordinario interpuesto, por considerar prima facie reunidos los requisitos de los artículos 14 y 15 de la ley 48.

Refiere el apelante, que la Alzada omitió el tratamiento de los agravios vertidos por su parte respecto del decisorio del Juez de Grado, al rechazar la demanda respecto de T.S.A., sin fundamento y apartándose de lo normado por el artículo 1113, segunda parte del Código Civil, en que se fundó el reclamo. En tal sentido destaca, y a mi criterio razonablemente, el expreso reconocimiento efectuado por la citada, en cuanto manifestó en su responde, ser dueña de la embarcación donde se accidentó el actor, carácter que subsiste pese al contrato celebrado, respecto del cual, cabe señalar, fue suscripto en fecha posterior al accidente objeto del reclamo, debiendo interpretarse conforme la normativa civil, atento la opción efectuada en los términos del artículo 17 de la ley 9688, respecto de lo cual se agravia el accionante, atento su inobservancia por parte del sentenciante -v. fs.

82/83-. En tal sentido, es preciso señalar que la responsabilidad del dueño y la del guardián de la cosa (art. 1113 del Código Civil), son dos obligaciones independientes, por cuanto cada uno responde por un título distinto frente al damnificado, quien puede demandar a cualquiera o a ambos conjuntamente por el todo, con abstracción de la responsabilidad que corresponde atribuir a cada uno de ellos; y que en los casos en que el daño ha sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, para que funcione la eximente de responsabilidad del

dueño o guardián en virtud de la culpa de un tercero por quién no debe responder, debe tratarse de un tercero que carezca de vínculo con el demandado, circunstancia que no se configura en el sub lite.

Asimismo fue objeto de agravio, por haber sido desestimadas por el a quo: la indemnización peticionada por el daño psíquico que padece el actor como consecuencia del siniestro, el que consideró debidamente acreditado con el peritaje médico de fojas 270/275; y el monto estimado por el Inferior y ratificado por la Alzada respecto del daño material, el que estimó adolece de fundamento fáctico y jurídico, si consideramos que la pericia contable no pudo concretarse por responsabilidad exclusiva de las accionadas -v. fs. 536 y 543-.

A la luz de la doctrina, se advierte que el a quo, al ratificar la sentencia del Juez de Grado, omitió examinar y rebatir adecuadamente los argumentos vertidos por el quejoso en lo que fue objeto de agravios.

En cuanto a los agravios traídos por la apoderada del actor, respecto de la regulación de sus honorarios, el Tribunal ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que las cuestiones pertinentes a la imposición de costas en las instancias ordinarias son por su naturaleza ajenas -como regla- a la apelación extraordinaria, así como, que la doctrina establecida acerca de la arbitrariedad es de aplicación especialmente restringida en la materia. Sin embargo también tiene dicho V.E., que existe cuestión federal, si la decisión no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa.

En tal sentido, V.E. ha sostenido que aunque los agravios dirigidos contra la regulación de honorarios se refieran al examen de materias de naturaleza procesal, ello no

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Procuración General de la Nación constituye óbice para invalidar lo resuelto cuando los tribunales de la causa han excedido el límite de su competencia decisoria, con menoscabo de las garantías reconocidas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (v. doctrina de Fallos: 320:2925).

En consecuencia, estimo, que la sentencia recurrida vulnera en forma directa e inmediata las garantías constitucionales que asisten a la recurrente, por lo que debe descalificarse la regulación que fijó los honorarios en valores inferiores al mínimo de la escala legal aplicable, conforme lo advirtió la Alzada al conceder, en lo pertinente, el remedio de excepción interpuesto (v. doctrina de Fallos: 316: 1577; 317:461).

Concluyendo, cabe señalar, que no se nos escapa, que no es potestad de V.E. terciar como un juzgador de una tercera instancia en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean al sub lite, más no es ello lo que en verdad propicio, sino tan sólo advertir el error en que incurrió el a quo, lo que importa, de por sí, una muy ligera actividad analítica que dista de constituir lo que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio.

Porque si bien es muy cierto que los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso continuar haciéndolo con los restantes, pero en cambio no es un principio válido en el extremo en que el o los elegidos estén distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada, no configurando el cumplimiento de la debida fundamentación que debe contener una sentencia judicial.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos, y

disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo señalado.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2003.

N.E.B.