Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Agosto de 2003, P. 187. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

P. 187. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

Pomponi, J.F. y otros s/ robo en poblado y en banda con efracción.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de esta ciudad resolvió, en lo que aquí interesa, regular los honorarios profesionales del arquitecto E.A.A. y del ingeniero J.M.C. en cincuenta y dos mil pesos y en cincuenta mil pesos, respectivamente (fs. 51/291).

Contra esa decisión los nombrados interpusieron recurso de casación que fue declarado mal concedido (fs. 6/17 y 21/23, respectivamente). Tal pronunciamiento motivó la apelación extraordinaria de fs. 34/40, cuya denegatoria origina esta presentación directa (fs. 41, 43/46, respectivamente).

II En su escrito de fs. 34/40, los recurrentes sostienen la inconstitucionalidad de la interpretación formulada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal por la que consideró que los honorarios regulados por los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal no son revisables por la vía casatoria.

En este sentido, entienden los apelantes que la doble instancia, si bien no es requerida constitucionalmente, integra la defensa en juicio cuando la ley la ha instituido y, con base en ello, invocan que el art. 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Cque entienden aplicable en función del silencio de la ley 23.984 con relación al tema C prevé que toda regulación judicial será apelable.

De ese modo, justifican el derecho que poseen los peritos judiciales de recurrir las regulaciones de honorarios y de acceder a una segunda instancia, al mismo tiempo que se agravian de la desigualdad respecto de aquellos que intervie-

nen en procesos regulados por el primero de esos cuerpos legales.

En ese orden de ideas, afirman que, en el caso, sólo la Cámara Nacional de Casación podría ser la que asegure esa revisión, en tanto que, desde la sanción de la ley 23.774 y de conformidad con lo resuelto por la Corte en el precedente de Fallos: 318:514, el recurso extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia.

Asimismo, manifiestan que el carácter de "tribunal intermedio" en que V.E. situó a aquél órgano en la sentencia publicada en Fallos: 316:1524, no sólo debe extenderse a las cuestiones de fondo, sino también a sus accesorios, que como tales gozan de las mismas vías procesales de revisión y, a partir de ese carácter, sostienen la aplicación del art. 8, inc. 2, ap. h, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En definitiva, sostienen que el a quo incurrió en un excesivo rigor formal que los privó del derecho de revisar el fallo y, en consecuencia, conculcó las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, propiedad y retribución justa.

Finalmente, alegan la existencia de gravedad institucional.

III Creo conveniente recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de V.E., las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos interpuestos ante los tribunales de la causa no justifican, dada su naturaleza procesal, el otorgamiento de la apelación extraordinaria (Fallos:

302:

1134; 307:474; 311:357; 313:77 y 319:399).

No obstante ello, la Corte ha resuelto en numerosos

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RECURSO DE HECHO

Pomponi, J.F. y otros s/ robo en poblado y en banda con efracción.

Procuración General de la Nación precedentes que, ante las particularidades que presentan determinados casos, el análisis de aspectos como los señalados permite la excepción posible a dicha regla con base en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, toda vez que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:29 y 321:1909).

En mi opinión, en el sub lite se configura una de estas situaciones excepcionales. En efecto, es doctrina de V.E. que el carácter fáctico y procesal de las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias no obsta ni siquiera a la procedencia del recurso extraordinario cuando lo decidido aparece privado de razonabilidad no se encuentra suficientemente fundado de conformidad con las circunstancias concretas de la causa (Fallos: 300:

1246; 303:578; 311:1039; 319:1612 y 325:324).

Sobre esas bases, pienso que adquiría plena vigencia la doctrina de V.E. por la cual se estableció que en el ordenamiento procesal actual la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados involucran una cuestión federal, como lo es la arbitrariedad alegada en el presente caso (Fallos: 318:514 y 319:585).

Por lo tanto, estimo que la negativa del a quo a revisar lo resuelto en la instancia anterior adolece de un excesivo rigor formal que la especifica como acto jurisdiccional válido (Fallos: 308:90 y 312:623).

Por todo ello, opino que V.E. debe hacer lugar a la

presente queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar el fallo apelado, a fin de que se dicte una nueva sentencia con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2003.

N.E.B.