Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25 de Agosto de 2003, R. 2332. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

R. 2332. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

R., M. y V., D. s/ habeas corpus a favor de R.C.M..

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

I La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, resolvió, por mayoría, hacer lugar al hábeas corpus planteado en favor del Cabo Primero R.C.M., declarando la inconstitucionalidad del art. 278 de la Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar para la Armada, aprobada por Decreto 8785/67, disponiendo su inmediata libertad y la anulación de las consecuencias de la sanción de veinte días de arresto que le fue impuesta por el Comandante del Submarino A.R.A.

"Salta".

Contra esa resolución los representantes de la Armada Argentina, interpusieron recurso extraordinario federal, el que fue concedido a fojas 62 a 64, por verificarse el supuesto previsto en el inc. 31 del art. 14 de la ley 48, y negado, por omiso pronunciamiento, en cuanto se sustenta en la concurrencia de la hipótesis del inciso 11 del mismo artículo, lo que dio lugar a la presente queja.

II En aras de una mejor comprensión de cuanto se dirá en orden a la procedencia formal del recurso, estimo apropiado dejar sentado, en primer lugar, qué fue lo resuelto en la instancia anterior y las razones en que se funda, así como también las críticas de que es objeto por parte de la recurrente.

  1. Con sentido preliminar, la Cámara, aventando toda confusión con el régimen penal militar, sitúa la materia debatida en el ámbito disciplinario, y, tras admitir que la disciplina es de la esencia de las fuerzas armadas y reconocer la legalidad del sistema sancionatorio, considera que el

    procedimiento previsto en el art. 278 de la Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar para la Armada (en adelante R.J.M.), en tanto admite la aplicación de sanciones "sin forma de juicio y por la sola autoridad del superior que (la) impone", resulta incompatible con los preceptos de la Constitución Nacional.

    Para así concluir tiene en cuenta, por un lado, que la documentación presentada por la autoridad requerida no satisfaría el concepto de "orden escrita" que dimana del artículo 18 de la Carta Magna y, por el otro, que la ausencia de "un cierto contradictorio que admita la posibilidad de descargo (...) previo a la imposición de la sanción" importaría la inexistencia de juicio previo, en franca contraposición con lo que al respecto prevé la norma citada.

    Colisión ésta que no se superaría con la posibilidad de reclamo posterior ante el superior que impuso el castigo, porque impediría eludir su cumplimiento.

  2. Los agravios que sustancialmente fundan el recurso presentado transitan por dos andariveles diferenciados:

    uno pasa por la inconstitucionalidad de la norma, y el otro por los alcances de la jurisdicción del a quo en el marco excepcional del remedio establecido por la ley 23.098, cuyos argumentos, sintéticamente, se explican a continuación.

    En el primer caso, la impugnante entiende que, contrariamente a lo argüido por la Cámara, el cuestionado artículo 278, en su contexto normativo, se encuentra en armonía con los derechos y garantías del debido proceso.

    Precisamente, critica el fallo por el aislado análisis de esa disposición, en detrimento del conjunto que la contiene, con el cual se integra y encuentra sentido.

    Para esa demostración acude a la enumeración y examen de diversos preceptos legales que rigen la disciplina

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    Procuración General de la Nación castrense -básicamente el Código de Justicia Militar y la reglamentación del Decreto 8785/67-, por medio de los cuales justifica la facultad del superior para imponer una sanción de plano -que conlleva el deber de previa comprobación de la falta, la que a su vez se encuentra catalogada con anterioridad, cuyo castigo también tiene prevista una escala, dentro de la cual la autoridad tiene un margen predeterminado para su individualización- y la forma en que se instrumenta.

    Justamente esta forma es la que, a criterio de la recurrente, desecha la Cámara como si fuera ilegal, por comparación con el sumario escrito, y la lleva a concluir que no hay orden escrita, cuando está reglamentariamente previsto, y así se cumplió en este caso, que se efectúe una "Solicitud de sanción disciplinaria", que se comunique a la oficina administrativa ("Detall") y que se deje constancia en el "Libro de sanciones" (arts. 286, 289, 295 y Anexo XIII del Reglamento).

    En cuanto a la supuesta ausencia de procedimiento contradictorio que afirma la Cámara, interpreta la parte que ello obedece a un transvase indebido del concepto jurídico-penal de juicio al ámbito administrativo, sin reparar en su diferente naturaleza. Es que esa premisa genera la exigencia de una posibilidad de contradicción en una instancia que avasalla el funcionamiento mismo de la organización militar -cuyas piedras angulares son el mando y la obediencia-, cuando es por esa razón que el propio sistema salvaguarda el derecho al cuestionamiento, difiriéndolo a una instancia posterior, sea mediante una aclaración o reclamo ante el mismo superior, o ante las sucesivas autoridades en el orden jerárquico, hasta la máxima instancia.

    Tales son las razones por las que la recurrente tacha de arbitraria la interpretación que el a quo efectuó del artículo 18 de la Constitución Nacional, al examinar la

    conformidad del mentado artículo 278 con aquél.

    La segunda línea del cuestionamiento viene dada por la amplitud con que se ha relevado la cuestión por este medio excepcional, que implicó la admisión de una impugnación tardíamente interpuesta -desde que se dejaron vencer los términos para deducir recursos administrativos-, y al mismo tiempo trajo aparejada una temprana e indebida intromisión del Poder Judicial en un ámbito que es privativo del Poder Ejecutivo, en la medida en que sustituye los criterios de mérito, oportunidad y conveniencia que competen a este último, en el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente conferidas en materia de fuerzas armadas, extremo que se evidenciaría a partir de las recomendaciones que incluye el fallo sobre el modo de legislar para el futuro en el punto que trata.

    Por lo demás, critica la recurrente el devenir del proceso, en cuanto el beneficiario no fue oído a pesar de que los médicos determinaron que se hallaba en condiciones de declarar, lo que ha privado del conocimiento de cuestiones de hecho que podrían haber esclarecido lo sucedido.

    III 1. En lo que atañe a la procedencia de la queja, cabe mencionar que la recurrente se agravia por cuanto el remedio federal intentado abarcaría dos de las hipótesis comprendidas en los apartados del art. 14 de la ley 48 -incisos 11 y 31-, por lo que circunscribir la cuestión debatida al supuesto del inciso 31, como lo hace la cámara de apelaciones, implicaría una limitante que deja fuera de discusión la constitucionalidad de la norma inferior.

  3. En mi opinión, corresponde que el recurso de hecho sea favorablemente acogido, pues se verifican en autos los dos supuestos contemplados en el artículo 14 de la ley 48.

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    Procuración General de la Nación Por un lado la existencia de una cuestión federal compleja directa, cual es el conflicto entre una norma emanada de autoridad nacional y la Constitución de la Nación, y la decisión ha sido contra la validez de la primera, esto es, la inconstitucionalidad de un reglamento aprobado por decreto del Presidente de la República.

    Y por el otro, una cuestión federal simple, en cuanto también están en juego los alcances que la Constitución y la ley asignan al hábeas corpus como medio para remediar toda detención ilegítima (Fallos: 302:772 y 1112; 311:2311, 312:1082, entre otros), materia de indiscutible índole federal a partir de su incorporación al texto fundamental (art. 43, último párrafo de la Constitución Nacional).

    Sin embargo, no dejo de advertir que ambas cuestiones pueden ser supuestas dentro de una unidad conceptual, toda vez que están relacionadas directamente con la interpretación de la facultad disciplinaria militar, cuestión que, por otro lado, resulta ajena al derecho común (art. 75, inc. 21, a contrario sensu y 116, ambos de la Constitución Nacional).

    En lo atinente al órgano judicial del que debe provenir la resolución impugnada mediante el recurso extraordinario federal, no obstante la opinión vertida en el dictamen publicado en Fallos: 321:3555, cabe atenerse a lo decidido por V.E. in re "L., M.V. s/ hábeas corpus", resuelta el 22 de diciembre de 1998 (en igual sentido Fallos: 321:3646) y, en tales condiciones, puede tenerse por cumplido el requisito de superior tribunal de la causa.

    Es por ello que estimo procedente la queja y paso a expedirme sobre las cuestiones traídas ante V.E., con la amplitud que se propicia, es decir, comprendiendo aquí, también las planteadas en el recurso extraordinario concedido parcialmente por el a quo.

    IV A. 1. En primer lugar, conviene poner en claro que, a mi modo de ver, la resolución de la Cámara que por esta vía se ataca, importa, en el caso concreto, una suerte de revisión de la sanción disciplinaria, ya firme y parcialmente cumplida, impuesta a M. en su calidad de Cabo Primero de las Fuerzas Armadas.

    Repasemos brevemente los hechos.

    Como consecuencia de haber "faltado a la verdad sin llegar a incurrir en delito" (art. 319, ap. 18 del R.J.M.), el comandante del Submarino A.R.A. Salta castigó a M. con veinte días de arresto, a cumplir, sin privación del arma, con prestación de sus servicios dentro de los límites del buque y prohibición de salida; amén de otra sanción simultánea, que no abarca la decisión del a quo porque entendió acotada su jurisdicción apelada a ese respecto.

    Transcurrido el término previsto para la apelación en ese orden administrativo (art. 323 y sgtes. del R.J.M.), mientras se encontraba cumpliendo el arresto y ante la ocurrencia de un acto lesivo contra su persona -cuyas circunstancias no aparecen clarificadas en las constancias tenidas a la vista, mas habría ocasionado una denuncia de su parte y la extracción de testimonios por el juez federal (fs. 19, punto resolutivo 31)-, sus abogados reclamaron su libertad ambulatoria por la vía del hábeas corpus, petición que a la postre fue favorablemente acogida, dejando sin efecto la sanción.

    De manera tal que la cuestión primera que, a mi criterio, aquí se debate pasa por dilucidar si el tribunal de alzada pudo, válidamente, resolver el hábeas corpus tal como lo hizo, en ese contexto fáctico.

    La respuesta negativa se impone a poco que se repare

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    Procuración General de la Nación en que el agraviado consintió la medida dispuesta en su contra, sometiéndose a la autoridad del superior, sin ejercitar los mecanismos de impugnación a su alcance, máxime si se tiene presente que, como lo tiene dicho la Corte, "por su incorporación a los cuerpos armados, los ciudadanos sin perder su derecho a la protección de las leyes civiles y generales, asumen obligaciones especiales quedando sometidos a ciertas formas de contralor en la conducta y en su vida a las cuales no se hallaban sujetos en aquella condición.

    La fundamental de tales obligaciones es la de obedecer a las disposiciones de los códigos y leyes militares, admitiendo para el caso de violación o desconocimiento la jurisdicción de los tribunales de ese orden creados especialmente por esas leyes..." (Fallos:

    175:166).

    No cabe, entonces, sino suponer que libre y voluntariamente M. tomó esa decisión en aquel momento, privándose de articular la vía pertinente.

    Y no puede admitirse que una vez terminado, el asunto sea revisado judicialmente, con riesgo de afectación al principio de la cosa juzgada administrativa, mucho menos mediante este procedimiento, previsto, en cuanto aquí interesa, para sanear toda limitación de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente (art. 3, inc. 11, ley 23.098), en la medida en que las leyes no hayan previsto otro proceso idóneo para amparar el derecho restringido (confr. mutatis mutandi el dictamen de esta Procuración in re "Capussi, M.P. s/ solicita suspensión de prisión preventiva", causa C. 242, L. XX, resuelta por V.E. el 9 de octubre de 1985, citado en la opinión publicada en Fallos:

    310:57), dado que éste no está para reemplazar las instituciones procesales vigentes (Fallos: 311:2058).

    Cabe agregar, con la adecuación que el caso reclama,

    que si bien del art.

    61 de la ley 23.098 -referente a la inconstitucionalidad declarable de oficio- podría extraerse una ampliación del objeto del remedio que ella instituye, tal conclusión, que no cede ante la actual previsión del texto constitucional (art. 43), sólo sería válida en tanto se demostrase concretamente la ineficacia de la vía recursiva ordinaria, pues de lo contrario se operaría una sustitución del juez natural de la causa y de los procedimientos establecidos que excedería el ámbito excepcional del amparo (Fallos:

    308:2236).

    No se me escapa que el fallo se cimienta, parcialmente, en la supuesta falta de escritura de la orden restrictiva (supuesta, porque en realidad sí fue escrita, según da cuenta el Libro de Sanciones), pero ello no aparece sino como una forma errónea de ingresar en esta particular esfera del derecho -regida por principios diferentes a los de la justicia civil y dirigida al mantenimiento de la disciplina, base del buen funcionamiento de los ejércitos-, en una oportunidad que, cuanto menos, no resulta propicia.

    Es que lo que la Cámara pone en tela de juicio, en realidad, es el procedimiento mediante el cual se impuso el castigo a M., y las críticas que efectúa, aunque fueren valederas, no se corresponden con el medio procesal sumarísimo en que son vertidas.

    Ello es así porque al convalidarse en la resolución las legítimas facultades de la autoridad que dispone el arresto, el examen de las particularidades con que se ejerció esta competencia ejecutiva (art. 120, C.J.M.) excede el marco jurisdiccional que prevé el art. 3, inc. 11 de la ley 23.098.

    En ese sentido, ha sostenido V.E. que los planteos tendientes a demostrar lo injustificado de la detención por autoridad competente, o las falencias en el procedimiento, no

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    Procuración General de la Nación pueden resolverse por la vía del hábeas corpus e incumben a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio, deberán hacerse valer los medios legales correspondientes (Fallos: 310:57 y sus citas).

    Doctrina ésta que ya se asienta en el precedente de Fallos:

    9:533 y está explícita desde el dictamen del Procurador General E.C. en la causa "Soto" (Fallos: 35:92).

    La inteligencia que precede, trasladada en lo pertinente al sub examine, significa que M. debió ejercitar las vías de impugnación naturalmente previstas para obtener, si así lo consideraba, la subsanación de los errores de hecho o in procedendo de que adoleciera la decisión del superior a su respecto.

    C. forzoso de lo propuesto es que el a quo se ha extralimitado en la evaluación de esta singular restricción de la libertad, acudiendo a una declaración de inconstitucionalidad, recurso de ultima ratio a que lo habilita el art. 61 de la ley que se trata, que no atiende el espíritu y la finalidad con que el legislador lo proveyó (Fallos:

    314:407; 315:923; 324:3345, entre muchos otros).

    Al respecto, en los fundamentos de la ley de hábeas corpus se indica que "cuando un precepto legal autorice a emitir la orden escrita a una autoridad que según la propia Constitución no puede ser competente para ello, la declaración de inconstitucionalidad de la norma puede ser resuelta por los juecesYde oficio" (cfr. Dr. F. de la Rúa, Servicio de Información Parlamentaria n1 48, pág. 810, marzo 7 de 1984, citado en el dictamen de Fallos: 314:1220).

    De allí cabe colegir, a mi criterio, que la norma ciñe o, mejor dicho, pauta este análisis, a la consideración de la legalidad de la privación de libertad a partir de la autoridad de la cual emana la restricción y el precepto legal

    que la habilita a obrar en consecuencia, lo que no está discutido en autos; pero no implica el ingreso irrestricto a cuestiones que por su naturaleza requieren de un tratamiento que se contrapone con la sencillez y sobriedad que caracterizan a esta acción reparadora, cuya "excelencia consiste en el fácil, pronto y eficaz remedio que acuerda para toda prisión ilegal, y que la libertad personal no queda solamente entregada para su seguridad a una declaración genérica o abstracta del derecho" (J.V.G., "Manual de la Constitución Argentina", pág. 185, Editorial Estrada, XXVIII edición).

  4. Más allá de lo expuesto, la admisión de la revisión judicial de la sanción disciplinaria -como se afirma en el fallo- y la mención de la Cámara respecto del efecto no suspensivo de la vía de impugnación prevista ante las autoridades naturales, me obligan a precisar algunas distinciones.

    Con ese ánimo, estimo esclarecedoras para establecer la diferenciación entre los dos aspectos que involucra la jurisdicción militar, las palabras vertidas en la Cámara de Diputados de la Nación, por el miembro informante de la mayoría, en ocasión del debate parlamentario que precedió a la incorporación del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar:

    "...En principio debemos efectuar una distinción, que es esencial para la comprensión del texto de ese artículo que consiste en que, por un lado, el Código de Justicia Militar sanciona las faltas disciplinarias. Se trata de un típico poder disciplinario y las figuras que constituyen las faltas no están tipificadas sino simplemente enunciadas como violaciones de las ordenanzas o reglamentos militares.

    Y, por otro lado, junto con ese régimen disciplinario vinculado con las faltas militares, existe un régimen penal relacionado con los delitos militares.

    En este caso, las figuras delictivas sí

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    Procuración General de la Nación están tipificadas por el tratado tercero del Código de Justicia Militar.

    El sistema de apelación o de recurribilidad previsto en el segundo párrafo del artículo 108 que está en discusión establece las siguientes limitaciones.

    En primer lugar, solamente serán recurribles las sentencias dictadas por delitos militares.

    Esto se debe a que la particular conformación de las fuerzas de que estamos hablando exige un mayor rigor disciplinario con facilidad de ejecución.

    Por lo tanto, la recurribilidad de las faltas implicaría -esto lo admitimos- una alta distorsión en el régimen disciplinario propio de las fuerzas armadas" (Diario de Sesiones del 5 de enero de 1984, Cámara de Diputados de la Nación, pág. 429, citado en Fallos: 311:2205).

    Sobre esa base, precisamente, se ha sostenido la irrevisibilidad de las decisiones de tribunales militares en materia disciplinaria, doctrina compartible y que hago extensiva al sub lite, sin que ello implique la exclusión del derecho que todo individuo tiene de apelar ante la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario, en caso de estimar conculcados los derechos que la Constitución reconoce (disidencia parcial de los ministros E.S.P. y J.A.B. en el último fallo citado).

    Por su parte, la doctrina, al ensayar el sistema de comprensión o explicación de la legislación penal militar, también se ha encargado de delimitar los diferentes ámbitos que comprende el denominado "derecho militar".

    Se habla así de un conjunto de disposiciones de muy distinta naturaleza:

    hay normas de derecho constitucional ("...regulan la organización de la entidad militar y los respectivos poderes correspondientes al Congreso, los de mando atribuidos al Poder Ejecutivo, toda la legislación referente a la constitución misma de los ejércitos..."), se ha creado el

    derecho disciplinario militar ("...con el objeto de resguardar la severa disciplina...que resulta indispensable al mantenimiento de su orden, cohesión y eficacia...cuyo objeto es individualizar las faltas y sus correspondientes sanciones, fundado esencialmente en el deber de obediencia, y se ha establecido el consiguiente poder (disciplinario) tendiente a asegurar el cumplimiento de ese deber.") y, "finalmente, existen normas jurídicas de naturaleza penal, que son las que forman el derecho penal militar que, como todo derecho penal, debe realizarse mediante un proceso, cuya regulación da lugar al derecho procesal penal militar, que también forma parte del derecho militar" ("Derecho Penal Militar. Lineamientos de la Parte General", Z. -C., Ed. A., 1980, pág. 3 a 6).

    En cuanto a la doctrina de V.E. sobre el control judicial suficiente, de la que parece imbuirse el fallo en crisis al considerar -como aspecto negativo del sistema que reputa lesivo- que la articulación de las vías de impugnación contra el castigo aplicado, no suspende el cumplimiento de la sanción privativa de libertad, estimo que cuanto hasta aquí se ha dicho en nada contradice el precedente "Di Salvo, O. s/ hábeas corpus", resuelto el 24 de marzo de 1988, puesto que en este caso no se trata -a diferencia de aquél- de un acto administrativo del poder público que en virtud de leyes administrativas aplica una sanción a un particular, sino de una sanción disciplinaria impuesta en virtud de una falta cometida en el ámbito restringido de la institución a la que pertenece el agente, cuyas leyes y reglamentos aceptó libremente al tiempo de su incorporación; facultad disciplinaria que, por otra parte, encuentra expreso sustento en la Constitución Nacional, en tanto define las atribuciones del Poder Ejecutivo en el medio castrense, vinculadas con la existencia,

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    Procuración General de la Nación organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas -art. 86, incs. 15, 16, 17 y 18 en relación con el art. 67, incs. 23 y 24 (actual art. 99, incs. 12, 13, 14 y 15 en relación con el art. 75, inc. 27)- (Fallos: 312:1082).

    En resumen, el alcance dado por la Cámara a las normas de la ley 23.098, esto es, hacer cesar una sanción disciplinaria castrense impuesta por autoridad competente con sustento en las leyes y los reglamentos que la rigen, a la vez que desnaturaliza los fines para los cuales se la ha dictado, importa una intromisión extemporánea e inadecuada del Poder Judicial en contextos no admitidos por la Constitución Nacional, toda vez que se trata de castigos vinculados a la jurisdicción disciplinaria militar, impuestos por funcionarios habilitados para ello y que alcanzan a los integrantes de la fuerza como consecuencia de ese régimen particular que libremente aceptaron al momento de su incorporación a la institución (confr. en lo pertinente Fallos:

    311:2311 y 312:1082).

    Demostrado, a mi juicio, que la cuestión resuelta por la Justicia Federal era ajena al ámbito de aplicación de la acción de hábeas corpus, soy de la opinión que ello basta para invalidar lo resuelto por el a quo.

    B.

    Sin perjuicio de las conclusiones precedentes, y para el caso en que V.E. considere aceptable el examen sobre la constitucionalidad de la norma declarada inválida, también habré de exponer mi opinión al respecto.

    De antemano cabe puntualizar que la sanción de veinte días de arresto impuesta al beneficiario del hábeas corpus fue sustentada en las disposiciones específicas que castigan las faltas de corrección personal de los militares, en la especie, "faltar a la verdad sin llegar a incurrir en delito", en función de los valores esenciales que las insti-

    tuciones armadas protegen para el mantenimiento de la disciplina (arts. 277, 281, 282, 319, ap. 18, R.J.M.), sin que se advierta un exceso en el ejercicio de las facultades disciplinarias por la autoridad competente (arts. 549, inc. 31, 550, 558, 559, 560 y 563, C.J.M. y A.X., R.J.M.).

    Por otra parte, la procedencia de tal castigo con respecto al beneficiario tiene razón de ser en su estado militar, situación ésta que importa un conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las Fuerzas Armadas (arts. 5 y 6 de la ley 19.101), y que a la vez impone la sujeción a la jurisdicción militar y disciplinaria (art.

    109, inc. 11, C.J.M.).

    De allí que esta posibilidad de ser arrestado por faltas disciplinarias sea consecuencia de la relación contractual que libre y voluntariamente aceptó M. al enrolarse.

    Y aun cuando se reconociera, por vía de hipótesis, y a contrario de la jurisprudencia del Tribunal (Fallos:

    308:1837 y sus citas, entre otros), que ese sometimiento voluntario, sin reservas, no restringe la posibilidad de cuestionar la validez constitucional de las normas que regulan su funcionamiento, estimo que en este caso, el tribunal de alzada ha efectuado una interpretación de la norma fundamental que no resulta aplicable en función de las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal.

    En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de imponer penas (Fallos: 310: 316 y 1092, 321:2086), razón por la cual carece de pertinencia pasar la norma por el tamiz del

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    Procuración General de la Nación art.

    18 de la Constitución Nacional (ver asimismo Fallos:

    316:855, considerando 71), que dispone que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, al menos sin toda consideración del particular ámbito al que cabe adecuar sus mandatos.

    Máxime frente al cuadro de situación planteado, cuya singularidad impone su particular tratamiento, en la medida en que está en juego una facultad privativa de la autoridad que decide de qué manera ha de proveerse a la estricta disciplina necesaria en los ejércitos, con influencia en la eminente función que a éstos les cabe en todo tiempo por imperio constitucional.

    En ese orden de ideas, sostiene S. que es generalmente admitido que el derecho penal disciplinario no se rige por el principio nullum crimen nulla poena sine lege ni por el de legali judicium. Debe afirmarse, continúa, sin embargo, que esto no constituye un desiderátum, y que corresponde a una administración arreglada la genérica previsión de las infracciones y de las sanciones, aunque no sea con el rigor exigido por el derecho penal común, y alguna garantía procesal de audiencia del interesado, por simple y sumario que sea el procedimiento. Generalmente, concluye el tratadista, estos derechos se hacen efectivos por la vía de recursos jerárquicos ("Derecho Penal Argentino", tomo I, pág. 9, ed.

    Tea, 51 edición).

    Ante la claridad que arrojan tales conceptos huelga abundar en explicaciones, salvo apuntar que "...las faltas disciplinarias (en contraposición con los delitos) son, de ordinario, sancionadas ejecutivamente por el presidente de la Nación o sus agentes en el mando militar, según lo dispone el art. 120 del C.J.M., conforme a las reglamentaciones que cada arma ha dictado para discernir, precisamente, las facultades

    que cada escalón en el mando militar puede ejercer y dentro de qué límites" ("Derecho Penal Militar. Lineamientos de la Parte General", Z. -C., Ed. A., 1980, pág. 14).

    Los ámbitos disciplinarios del funcionario público y del soldado coinciden en sus fines educativos y de protección, debiendo observarse que en el derecho disciplinario militar el aspecto de prevención general se destaca con mayor nitidez ("Derecho Penal", parte general, R.M. -H.Z., pág.

    16), pautas coadyuvantes a la hora de evaluar la necesidad de que ello así sea para el cumplimiento de la finalidad que persigue la facultad de intervención puesta en cabeza del superior jerárquico.

    Se sostiene, así, que "en este ámbito administrativo-disciplinario puede aplicarse correctamente la tesis (...) que ve en la falta disciplinaria una lesión a la disciplina de las fuerzas armadas y en la jurisdicción disciplinaria militar una función del mando castrense.

    El deber de mandar, tiene su correlato en el deber de obedecer, y ambos son de capital importancia en el plano castrense, donde (...) la disciplina constituye la verdadera fuerza moral de los ejércitos, puesto que sin ella es impensable su eficacia" ("Derecho Penal Militar.

    Lineamientos de la Parte General", Z. -C., Ed. A., 1980, pág. 15).

    Por otra parte, V.E. ha convalidado la imposición de sanciones de plano, como ocurrió en este caso, ante la comprobación directa y objetiva de una infracción (Fallos:

    320:1771, considerando 71), sin que se advirtieran óbices constitucionales en esa potestad disciplinaria.

    Desde otra perspectiva, es sabido que la existencia de un interés estatal insoslayable puede justificar la restricción de las libertades y garantías, aun cuando se trate de aquéllas que, como en el caso, son reconocida e indiscuti-

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    Procuración General de la Nación blemente fundamentales. Y sin lugar a duda, a mi entender, el mantenimiento de la disciplina militar constituye una de esas vitales razones, que autoriza a morigerar el funcionamiento de las reglas del debido proceso.

    En tal sentido resulta ilustrativo remitirse al fallo de la Corte Suprema estadounidense in re "Parker v.

    Levy" (417 U.S. 733), en el cual, al analizarse la facultad de los poderes públicos, bien que para limitar la libertad de palabra de los militares, se dijo lo siguiente: "...Si bien los integrantes de las fuerzas armadas no están excluidos de la protección otorgada por la Primera Enmienda, la diferente naturaleza de la comunidad y de la misión militar requiere una aplicación diferente de esta protección.

    La fundamental necesidad de obediencia y la consecuente necesidad de imponer la disciplina, puede hacer permisible dentro de las fuerzas armadas aquello que sería constitucionalmente inaceptable fuera de aquéllas..." "...Las fuerzas armadas dependen de una estructura de comando que a veces debe destinar a los hombres al combate, no sólo arriesgando sus vidas, sino también implicando, en última instancia la seguridad de la nación misma. El discurso que está protegido en la comunidad civil puede, sin embargo, llegar a socavar la efectividad de la respuesta a las órdenes.

    Si ello ocurre no queda protegido constitucionalmente..." (citado en el voto disidente registrado en Fallos: 312:1082).

    Sólo restaría decir que la delicada interpretación de las peculiares cuestiones castrenses nos lleva a admitir que la disciplina hace a la propia existencia de toda fuerza armada y su práctica necesariamente debe ser impuesta con la mayor autoridad, evitando cualquier estado deliberativo que pudiera menoscabarla; es que la formación en la obediencia es

    el camino imprescindible que ha de transitar aquél con voluntad de ser militar.

    En conclusión, opino que la imposición de una sanción disciplinaria ante la comprobación objetiva de la infracción es inherente al mantenimiento del orden que con esas potestades se persigue, esencial en el ámbito militar, sin que quepa la exigencia de formalidades sacramentales, por lo que no se advierte que por vía de esta reglamentación se hayan alterado las garantías establecidas por la Constitución Nacional.

    V Por todo lo expuesto, es mi opinión que corresponde, abriendo la queja, declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y revocar la resolución que hace lugar al hábeas corpus, declara la inconstitucionalidad del art. 278 de la Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar para la Armada y anula las consecuencias de la sanción disciplinaria impuesta.

    Buenos Aires, 25 de agosto de 2003.

    Es C.L.S.G.W.