Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Agosto de 2003, T. 64. XXXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

T. 64. XXXIX.

RECURSO DE HECHO

T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 12 de agosto de 2003.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de F.J.T. en la causa T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas en el sub lite resultan, en lo pertinente, sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por el Tribunal en Fallos: 320:2105 (voto de la mayoría) a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.

Por ello y oído el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

Acumúlese la queja al principal. H. saber y devuélvase.

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- E.S.P. (en disidencia)- EDUARDO MOLINE O'CONNOR - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -A.R.V. -J.C.M. (en disidencia)- J.O.M. (según su voto) - E.L.F. (en disidencia).

VO

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T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON J.O.M. Considerando:

Que analizadas detenida e integralmente las razones invocadas por los recurrentes y los antecedentes de la presente causa, adelanto desde ya que soy partidario de que el recurso de queja interpuesto debe ser admitido. En efecto, sin perjuicio de que a partir del caso "G." (Fallos: 318:514) se ha considerado que la Cámara Nacional de Casación Penal actúa como tribunal intermedio para garantizar el principio de la doble instancia consagrada en el art.

8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entiendo que en el caso bajo examen, por la materia sobre la cual versa el decisorio cuestionado, el fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala VI es insusceptible de ser adecuadamente revisado a través de los recursos previstos en los arts. 457 y 458 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por consiguiente, sostengo que a los fines de la procedencia formal del recurso extraordinario deducido por la defensa de T., la Cámara Nacional en lo Criminal y C.S.V. resulta ser el superior tribunal de la causa (art. 14 de la ley 48) y son de aplicación los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contenidos en Fallos: 313:1030, 1045; 324:1632 y especialmente 324: 3952.

Que, en punto a la cuestión de fondo, soy de opinión que debe declararse procedente el recurso extraordinario articulado, dejándose sin efecto la sentencia apelada y devolviendo los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

Ello es así, pues comparto plenamente los argumentos del señor Procurador General, máximo órgano titular de la

acción penal pública, en lo atinente a que la sentencia condenatoria dictada en contra del procesado en sede provincial no se encuentra firme y por lo tanto no constituye "un hecho nuevo", según la expresión literal empleada por el tribunal a quo, por lo cual corresponde denegar la libertad provisoria pretendida por el interesado. Sobre todo, teniendo en cuenta que al resolver la Corte el recurso de queja anteriormente articulado en esta misma causa, dejando sin efecto el fallo denegatorio del beneficio oportunamente peticionado, la existencia de ambos procesos no era una circunstancia desconocida para el máximo Tribunal. Por consiguiente, estimo que al no hallarse firme dicha condena, por haber sido la misma recurrida, sus consecuencias no pueden ser ponderadas en perjuicio del imputado, sin afectar seriamente el principio de inocencia que obra en su favor. Tengo la convicción de que toda medida de coerción personal debe ser interpretada y aplicada con suma prudencia (arts. y 280 del Código Procesal Penal de la Nación) y que los jueces deben arbitrar todos los medios necesarios para que la libertad ambulatoria del encausado protegida constitucionalmente tenga real y efectiva vigencia mientras dure la sustanciación del proceso.

De allí concluyo que el fallo del tribunal a quo produjo un agravio de tal magnitud en el ámbito de los derechos humanos fundamentales del procesado que constituye cuestión constitucional suficiente para habilitar la intervención de esta Corte.

Por otra parte, resulta evidente que no concurriendo las circunstancias previstas en el art.

319 del Código Procesal Penal de la Nación que impidan la soltura provisional del procesado, nada obsta para que se conceda la libertad caucionada en función de los arts. 316, inc. 1°, y 317 del referido cuerpo legal, como lo ha entendido la Corte al fallar

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Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese sentido el 18 de diciembre de 2002, coincidiendo en lo medular con el criterio expuesto por el señor Procurador General.

A mayor abundamiento, no puede soslayarse que el plazo máximo de prisión preventiva previsto en el art. 1° de la ley 24.390, modificada por ley 25.430, reglamentaria de la garantía reconocida en el art. 7°, inc. 5°, de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica) se encuentra hartamente cumplido, por lo cual, la prolongación del estado de privación de libertad del procesado, en este contexto, a mi modo de ver, resulta absolutamente irrazonable. En ese sentido se ha dicho:

"...la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que se precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio solicitado" (caso "E.", Fallos: 320:2105). En ese mismo sentido Fallos:

322:2683.

Por ello y lo dictaminado por el señor P. General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Acumúlese la queja al principal. H. saber y devuélvase. J.O.M..

DISI

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T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, al confirmar la decisión del juez de instrucción, denegó la excarcelación solicitada por la defensa de F.J.T. con sustento en que el imputado en otro proceso tramitado ante un juzgado de transición de la Provincia de Buenos Aires recientemente había sido condenado a cumplir la pena de ocho años de prisión por considerárselo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta continuada por las operaciones "off shore" hechas por el ex Banco de Crédito Provincial. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja.

  2. ) Que es jurisprudencia de esta Corte que las decisiones que deniegan la excarcelación "en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata" (Fallos:

    314:791 y sus citas).

  3. ) Que, por otra parte, la sentencia denegatoria de la excarcelación proveniente de una cámara nacional de apelaciones es susceptible de ser impugnada por vía del recurso extraordinario de apelación, conforme al art. 6 de la ley 4055, puesto que contra ella no cabe ninguno de los dos recursos Ccasación e inconstitucionalidadC cuyo conocimiento el Código Procesal Penal de la Nación atribuye a la Cámara Nacional de Casación Penal ya que no está comprendida en los

    arts. 457 y 474 de dicho código.

  4. ) Que, en cuanto al fondo del planteo, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que "...el beneficio excarcelatorio tiene reconocido el carácter de garantía constitucional, lo que exige que su limitación se adecue razonablemente al fin perseguido por la ley, y que las disposiciones que lo limiten sean valoradas por los jueces con idénticos criterios de razonabilidad, conciliando el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta, con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente" (Fallos: 322:

    2683).

  5. ) Que también se ha sostenido que "el art. 316 del Código Procesal Penal impone a los jueces apreciar la posibilidad de aplicar condena de ejecución condicional y al ser dicha apreciación una imposición legal, no puede sostenerse que ella importe un juicio anticipado ni que viole garantías constitucionales" (Fallos: 322:1605).

    También el Tribunal ha considerado que "el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso" (Fallos: 321:1328).

  6. ) Que del análisis del sub lite surge que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no se observa que el tribunal de la causa haya incurrido en vicios que justifiquen la existencia de cuestión federal, ya que se ha limitado a la aplicación razonable de las normas de derecho sustancial y procesal que rigen el caso, en consonancia con los principios antes reseñados, así como de las circunstancias concretas de la causa.

  7. ) Que, en efecto, el a quo consideró que como F.J.T. había sido condenado en otro proceso a

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación la pena de ocho años de prisión como autor del delito de administración fraudulenta, ello permitía "...presumir que, de recaer condena también en estos actuados, la sanción resultante deberá unificarse necesariamente con la impuesta en el fallo de mención y sería de lógico cumplimiento efectivo".

    Esta conclusión no parece una decisión irrazonable ni se puede asimilar a aquellas otras situaciones donde con el objeto de coartar infundadamente la libertad ambulatoria del imputado se toma livianamente el catálogo de delitos que conlleven una pena mayor a la de ocho años de prisión, sin vinculación alguna con las constancias de la causa, y de este modo denegar el beneficio excarcelatorio, por cuanto se trata de una calificación legal dispuesta por una sentencia condenatoria.

  8. ) Que, por otra parte, la decisión impugnada en modo alguno desconoce el anterior pronunciamiento de esta Corte en estos autos. En efecto, en aquella oportunidad el a quo negó la excarcelación por considerar que si liberaba a T. "intentaría eludir la acción de la justicia" por cuanto anteriormente no había estado a derecho en la causa que se le seguía ante la justicia bonaerense y porque una vez capturado por las autoridades brasileñas logró fugarse para ser detenido nuevamente casi ocho meses después. Ahora el a quo invoca como "hecho nuevo" precisamente la condena de ocho años de prisión impuesta a T. en otro proceso.

    En otras palabras, las actuales circunstancias no son las mismas que esta Corte tuvo en cuenta al resolver el anterior pedido de excarcelación de T., de modo que no se trata aquí de un desconocimiento anterior de un pronunciamiento de la Corte.

  9. ) Que, por otra parte, si bien la sentencia condenatoria mencionada no se encuentra firme, exigir dicha firmeza al solo efecto de resolver este incidente de excarcela-

    ción no parece razonable. Esta última conclusión se compadece con espíritu de la ley 24.390 cuyo art. 2° Cmodificado por la ley 25.430C señala que "los plazos previstos en el artículo precedente [referido al tiempo de duración de la prisión preventiva] no se computarán a los efectos de esta ley, cuando los mismos se cumpliesen después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrare firme" (el énfasis no es original).

    10) Que finalmente cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a la garantía prevista en el art. 7°, inc. 5, de la Convención Americana sostuvo que "...el Estado parte no está obligado (por la convención) a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de sus circunstancias..." (caso 10.037 del 13 de abril de 1989). En dicho informe la Comisión parafraseando a la Corte Europea de Derechos Humanos señaló que "El Tribunal opina igualmente que para apreciar si, en un determinado caso, la detención de un acusado no sobrepasa el límite razonable, corresponde a las autoridades judiciales nacionales investigar todas las circunstancias..." (caso "Nemeister", sentencia del 27 de junio de 1968, TEDH, pág. 83, "Fundamentos de Derecho", parágrafo 5).

    De lo expuesto surge que las conclusiones del a quo se sustentan en una razonable hermenéutica de las normas en juego así como de los hechos de la causa, que más allá de su acierto o no, lo legitiman como acto jurisdiccional válido.

    Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente y a su fiador a que, dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación Notifíquese y archívese, previa devolución de los autos principales. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.

    DISI

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que el tribunal que dictó la sentencia contra la que se dirige el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja, no es el tribunal superior según el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 318:514 y 320:2118 Cdisidencia de los jueces P. y BossertC).

    Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente y a su fiador a que, dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

    N. y, oportunamente, archívese, previa devolución de los autos principales. E.S.P..

    DISI

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    T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.C.M. Considerando:

  10. ) Que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, al confirmar la decisión del juez de instrucción, denegó la excarcelación solicitada por la defensa de F.J.T. con sustento en que el imputado en otro proceso tramitado ante un juzgado de transición de la Provincia de Buenos Aires recientemente había sido condenado a cumplir la pena de ocho años de prisión por considerarselo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta continuada por las operaciones "off shore" hechas por el ex Banco de Crédito Provincial. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja.

  11. ) Que es jurisprudencia de esta Corte que las decisiones que deniegan la excarcelación "en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, debe equipararse a sentencia definitiva en los términos del art.

    14 de la ley 48, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata" (Fallos:

    314:791 y sus citas).

  12. ) Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ccuyas opiniones sirven de guía a esa CorteC, al referirse al derecho que tiene el imputado a la doble instancia, ha expresado que "el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes" (caso 11.137, informe 55/97, CIDH/OEA/ser/L/V/II.97).

    No hay dudas que el pedido de excarcelación, por su relación directa con el derecho a la libertad ambulatoria,

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser considerado como uno de los "autos procesales importantes" del proceso que queda sometido al doble conforme previsto en el Tratado Internacional Interamericano.

  13. ) Que esta Corte en el precedente "Giroldi" (Fallos: 318:514) señaló que la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia prevista en el art. 8°, inc.

    2, ap. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos era con la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal, pues esta "...ha sido creada, precisamente, para conocer, por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad Cy aún de revisiónC de las sentencias que dicten, sobre los puntos que hacen a su competencia, tanto los tribunales orales en lo criminal como los juzgados en lo correccional" (considerandos 9° y 10).

  14. ) Que en autos se trata de un planteo de excarcelación, que ha sido rechazado por el juez de primera instancia y por la cámara nacional de apelaciones, consecuentemente, con la intervención de este último tribunal ha quedado satisfecha la garantía al doble conforme que prescribe el ap. 2, inc. h, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, de modo que la posterior intervención de la cámara de casación implicaría, en todo caso, una tercera instancia revisora no exigida por él en aquella norma.

  15. ) Que cabe recordar que la Cámara Nacional de Casación Penal además de ser un órgano operativo de la garantía prevista en el ap. 2, inc. h, art. 8 del Tratado Internacional Americano, también en su carácter de tribunal intermedio entre los jueces y esta Corte tiende y facilita a cimentar "las condiciones imprescindibles para que [este] Tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado, propósito al que contribuye la existencia de órganos judiciales

    "intermedios", sea porque ante [aquella] puedan encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir a la Corte Suprema, sea porque el objeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más elaborado" (Fallos: 308:490). Pero lo cierto es que no parece aceptable que tales razones de eficacia puedan anteponerse Ccomo legítima política institucional de este tribunalC sobre el derecho del imputado a obtener una decisión definitiva y sin más dilaciones procesales sobre la legitimidad de la medida que dispuso la pérdida de su libertad ambulatoria.

    La exigencia de agotar una tercera instancia, ante la Cámara Nacional de Casación Penal, como condición sine qua non para que esta Corte resuelva sobre el pedido de libertad de modo definitivo, en su carácter de intérprete y salvaguarda final de la Constitución Nacional y de los derechos y garantías en ésta contenidos (Fallos: 1:340, entre otros), implicaría una visión ritualista del proceso inaceptable con los bienes jurídicos en juego.

  16. ) Que un adecuado equilibrio entre las cuestiones en juego lleva a la conclusión de que cuando aquella persona que se encuentra afectada en su libertad ambulatoria quiera impugnar la decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal ante esta Corte directamente, sin agotar previamente la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal, no deben existir obstáculos para que esta Corte admita formalmente la viabilidad del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 en punto al recaudo de que provenga del superior tribunal de la causa.

  17. ) Que esta decisión no se contradice con lo resuelto por esta Corte en el precedente "Di Mascio" por cuanto la necesaria intervención de los superiores tribunales de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación provincia, además de consolidar la verdadera extensión de la jurisdicción provincial, también surge de la ley 48 en cuanto establece que "Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia..." (considerandos 11 y 13 de Fallos:

    311:2478).

    De lo expuesto cabe concluir que el recurso interpuesto por la defensa de T. proviene del superior tribunal de la causa y consecuentemente es formalmente admisible.

  18. ) Que, en cuanto al fondo del planteo, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que "...el beneficio excarcelatorio tiene reconocido el carácter de garantía constitucional, lo que exige que su limitación se adecue razonablemente al fin perseguido por la ley, y que las disposiciones que lo limiten sean valoradas por los jueces con idénticos criterios de razonabilidad, conciliando el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta, con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente" (Fallos: 322: 2683).

    10) Que también se ha sostenido que "el art. 316 del Código Procesal Penal impone a los jueces apreciar la posibilidad de aplicar condena de ejecución condicional y al ser dicha apreciación una imposición legal, no puede sostenerse que ella importe un juicio anticipado ni que viole garantías constitucionales" (Fallos: 322:1605).

    También el Tribunal ha considerado que "el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso" (Fallos: 321:1328).

    11) Que del análisis del sub lite surge que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no se observa

    que el Tribunal de la causa haya incurrido en vicios que justifiquen la existencia de cuestión federal, ya que se ha limitado a la aplicación razonable de las normas de derecho sustancial y procesal que rigen el caso, en consonancia con los principios antes reseñados, así como de las circunstancias concretas de la causa.

    12) Que, en efecto, el a quo consideró que como F.J.T. había sido condenado en otro proceso a la pena de ocho años de prisión como autor del delito de administración fraudulenta, ello permitía "...presumir que, de recaer condena también en estos actuados, la sanción resultante deberá unificarse necesariamente con la impuesta en el fallo de mención y sería de lógico cumplimiento efectivo".

    Esta conclusión no parece una decisión irrazonable ni se puede asimilar a aquellas otras situaciones donde con el objeto de coartar infundadamente la libertad ambulatoria del imputado se toma livianamente el catálogo de delitos que conlleven una pena mayor a la de ocho años de prisión, sin vinculación alguna con las constancias de la causa, y de este modo denegar el beneficio excarcelatorio, por cuanto se trata de una calificación legal dispuesta por una sentencia condenatoria.

    13) Que, por otra parte, la decisión impugnada en modo alguno desconoce el anterior pronunciamiento de esta Corte en estos autos. En efecto, en aquella oportunidad el a quo negó la excarcelación por considerar que si liberaba a T. "intentaría eludir la acción de la justicia" por cuanto anteriormente no había estado a derecho en la causa que se le seguía ante la justicia bonaerense y porque una vez capturado por las autoridades brasileñas logró fugarse para ser detenido nuevamente casi ocho meses después. Ahora el a quo invoca como "hecho nuevo" precisamente la condena de ocho años de prisión impuesta a T. en otro proceso.

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    T., F.J. s/ excarcelación Ccausa n° 19.685C.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación En otras palabras, las actuales circunstancias no son las mismas que esta Corte tuvo en cuenta al resolver el anterior pedido de excarcelación de T., de modo que no se trata aquí de un desconocimiento anterior de un pronunciamiento de la Corte.

    14) Que, por otra parte, si bien la sentencia condenatoria mencionada no se encuentra firme, exigir dicha firmeza al sólo efecto de resolver este incidente de excarcelación no parece razonable. Esta última conclusión se compadece con espíritu de la ley 24.390 cuyo art. 2° Cmodificado por la ley 25.430C señala que "los plazos previstos en el artículo precedente [referido al tiempo de duración de la prisión preventiva] no se computarán a los efectos de esta ley, cuando los mismos se cumpliesen después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrare firme" (el énfasis no es original).

    15) Que finalmente cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, al referirse a la garantía prevista en el art. 7°, inc. 5, de la Convención Americana sostuvo que "...el Estado parte no está obligado (por la convención) a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de sus circunstancias..." (caso 10.037 del 13 de abril de 1989). En dicho informe la comisión, parafraseando a la Corte Europea de Derechos Humanos, señaló que "El Tribunal opina igualmente que para apreciar si, en un determinado caso, la detención de un acusado no sobrepasa el límite razonable, corresponde a las autoridades judiciales nacionales investigar todas las circunstancias..." (caso "Nemeister", sentencia del 27 de junio de 1968, TEDH, pág. 83, "Fundamentos de Derecho", parágrafo 5).

    De lo expuesto surge que las conclusiones del a quo se sustentan en una razonable hermenéutica de las normas en

    juego así como de los hechos de la causa, que más allá de su acierto o no, lo legitiman como acto jurisdiccional válido.

    Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

    N. y archívese, previa devolución de los autos principales. J.C.M..

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación

    DENCIA DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON E.L.F. Considerando:

  19. ) Que con fecha 18 de diciembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los letrados defensores de F.J.T., y declaró procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que denegaba la excarcelación del nombrado bajo cualquier tipo de caución.

  20. ) Que, posteriormente, vueltos los autos a la sala indicada, ésta no concreta la excarcelación de F.J.T. en razón de haberse presentado "un elemento que impone un nuevo análisis de la cuestión" (sic), a saber, la sentencia dictada recientemente, el 18 de diciembre pasado, por la cual se condenara en sede provincial al encauzado a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por considerárselo "autor penalmante responsable del delito de administración fraudulenta continuada..." veredicto que si bien no se encuentra firme, goza de presunción de certeza que le asiste como tal. Situación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuvo oportunidad de evaluar y que, a criterio de la cámara, lleva a no hacer lugar al pedido de excarcelación.

  21. ) Que contra ese pronunciamiento se interpone recurso extraordinario, cuya denegación da origen a la queja en análisis.

  22. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, S.S., fundamenta su decisión de rechazar el recurso impetrado en que el pronunciamiento

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación atacado no ha sido dictado por un tribunal superior a esa sala, con competencia para habilitar la vía extraordinaria, citando al respecto diversos precedentes del Alto Tribunal respecto a la necesaria intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal.

  23. ) Que estimo ajustada la decisión del a quo ya que, la Cámara de Casación Penal constituye un tribunal intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados por las instancias anteriores (v. en ese sentido, Fallos: 318:514 "G."). De allí que "el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que rechazó la excarcelación no se dirige contra la resolución dictada por el tribunal superior de la causa" (disidencia de los jueces P. y B. en Fallos: 321:3630; y 322:1605; y voto de los jueces P. y B. en Fallos: 323:1474).

  24. ) Que, por otra parte, la contingencia procesal que da vida al objeto de la queja, no constituye cuestión federal en tanto la médula de la materia que la configura obedece a la gestión del presentante que, a su riesgo, interpone el remedio procesal extraordinario, aunque sin demostrar que se dan los supuestos que prevé la ley 48, art.

    14.

    Desde esta perspectiva, el acto jurisdiccional que deniega la concesión del recurso extraordinario, por los fundamentos que lo ilustran, es inobjetable.

  25. ) Que, desde otra perspectiva, tampoco obsta lo dicho, la posible arbitrariedad del decisorio que habilite la vía extraordinaria prescindiendo de los recaudos antes referidos, en tanto, el tribunal a quo, ha valorado en su decisión nuevas circunstancias de insoslayable ponderación e incidencia para la definición de la excarcelación en favor de Francisco

    Javier Trusso Cevaluación reservada al ámbito privativo de los juecesC, no considerados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el decisorio del 18 de diciembre de 2002 y que, por tanto, habilitan un fallo ajustado a las circunstancias que presenta la causa (Fallos: 322:1605).

  26. ) Que, esa nueva decisión no implica desconocimiento del fallo de la Corte Suprema en estos actuados, pues ha sido pronunciado ponderando los nuevos hechos, autorizando en todo caso la revisión del decisorio a través del tribunal natural de alzada, en el caso la Cámara Nacional de Casación Penal, conforme señalara precedentemente.

    Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente y a su fiador a que, dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

    N. y archívese, previa devolución de los autos principales. E.L.F..