Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 6 de Agosto de 2003, O. 652. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
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O. 652. XXXVIII.

O.G. y Cía. S.C.C. c/ Coviar S.A. s/ pedido de quiebra.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - El Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes resolvió a fs.710/712 de los autos principales (folios a los que referiré de ahora en mas), desestimar el recurso extraordinario local interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial N1 2 de la citada Provincia.

Para así decidir el a-quo señaló que no incumbe al tribunal juzgar si el texto legal que se aplica resulta violatorio de las garantías consagradas en la Constitución Nacional, al no mediar introducción oportuna de la cuestión federal y porque la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico.

Destacó además que si la norma en juego importare un desacierto de política legislativa, esa cuestión resulta ajena a la función jurisdiccional, que debe mantenerse dentro de los límites de los agravios expuestos y consiste en el caso en verificar si la sentencia recurrida respeto o no la pauta básica de hermenéutica que obliga a indagar por encima de los que las leyes dicen literalmente para extractar lo que ellas dicen jurídicamente.

Agregó que conforme a ello había que atender a que la normativa concursal es derecho sustancial de excepción que responde a exigencias de una situación particular de la realidad económico financiera que requiere una regulación y valoración especifica para salvaguardar la igualdad proporcional y por tal razón dispone que los privilegios se regirán conforme a lo allí dispuesto (artículo 263 de la ley 19.551, hoy 239 de la ley 24.522).

Puso de relieve que por ello la pretensión del re-

currente de que se aplique el artículo 266 de la ley 19.551 y las disposiciones de la ley de Prenda, no posee aptitud para variar el criterio sustentado por la Cámara de Apelaciones, ya que dichas normas pueden estar referidas a los diversos rubros que el privilegio ampara, más no al momento fijado para establecer la conversión de la moneda extranjera pactada a la fecha de quiebra conforme a lo previsto en el artículo 131 de la ley 19.551, hoy 127 de la ley 24.522, que no distinguen respecto del carácter privilegiado de los créditos.

Por último afirma que parece dudoso que la interpretación efectuada por la Cámara de la norma en juego tenga directa relación con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley ya que la norma comprende tanto a los acreedores privilegiados como a quirografarios conforme a doctrina que cita, la que sostiene que lo que se persigue es uniformar en una sola moneda de pago todas las obligaciones contables de la quiebra.

- II - Contra dicha sentencia el acreedor interpone recurso extraordinario a fs. 716/720, el que desestimado a fs.729, dio lugar a esta presentación directa.

Señala el recurrente que el fallo es arbitrario porque admite saldar una deuda que de origen es de dólares canadienses 84.367,50 con la suma de 1082,68, mediante una argumentación formal ajena a toda lógica jurídica, que subsume en el régimen de la quiebra a quien ha protegido su crédito con la legislación prendaria.

Agrega que el exceso de jurisdicción en el que teme incurrir el Superior Tribunal local que consistiría en argumentar sobre la primacía del régimen prendario, no se compadece con un pronunciamiento objetivo que de protección a las garantías constitucionales, al extender al crédito pretendido

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Procuración General de la Nación por la ley de prenda las disposiciones del artículo 131 de la ley 19.551 en cuanto a la fecha para calcular el valor de los créditos contra el fallido.

Pone de relieve que al propio sentenciador le surge la duda sobre el desacierto legislativo, pero se excusa de hacer otra interpretación posible que no agravie a la ley concursal, ignorando una compresión que atienda a todas las disposiciones del sistema jurídico, que permiten deducir que la normativa de la ley concursos no puede apartarse de las situaciones reguladas especialmente, porque lo general no deroga lo específico.

Manifiesta que de prosperar el criterio del tribunal apelado los que vendieron de buena fe bienes con prenda registrada, no sólo no ven protegido su crédito contratado con una moneda especifica, sino que queda congelado en moneda de quiebra, como si no existiera la legislación especial que la protege.

Expresa que además el fallo desconoce la doctrina legal sentada por V.E. en los precedentes "Marrone", "Copaca" y "Manufactura Textil San Justo" , donde en situaciones similares a la del caso de autos, se sostuvo cual era el criterio de interpretación que más se ajustaba a la ley, evitando el despojo del acreedor, al señalar que el privilegio del acreedor aún en caso de quiebra, se extiende no sólo al capital verificado y los intereses sino a su ajuste hasta el efectivo pago, y ello es independiente de que este se opere por aplicación de algún índice o por haberse contratado en moneda extranjera.

- III - Cabe señalar de inicio que si bien V.E. tiene dicho que el recurso extraordinario no tiene por objeto revisar en una tercera instancia la interpretación que han asignado los

jueces de la causa a normas de derecho común en el marco de las facultades que le son propias, ha hecho excepción a tal criterio cuando la decisión incurre en arbitrariedad, como sucede en el caso por atenerse a una aplicación meramente literal de la disposición legal ignorando otras también vigentes, tanto de la ley de concursos cuanto de la norma especial que rige el caso que conducirían a una solución ajustada del litigio que no provoque una agravio irreparable a la garantía constitucional del derecho de propiedad pretendido.

Debe tomarse en cuenta que la situación planteada en el caso se reducía a determinar si la previsión del artículo 131 de la ley 19.551, hoy 127 de la ley 24.522, que no es precisa sobre el punto, es aplicable a los acreedores privilegiados en el marco de la ejecución del bien prendado por vía del concurso especial previsto en el artículo 130 de la ley 19.551 hoy 126 de la ley 24,522, o en su caso si la conversión prevista en el artículo 131 (hoy 127), tiene los alcances de establecer en forma definitiva el modo en que el acreedor privilegiado ha de percibir su crédito, no obstante que se halla amparado en su integridad por la ley de concursos y por la legislación prendaria especial que la rige la que no se ha visto afectada por el proceso universal.

Cabe al respecto tomar en cuenta que la disposición legal cuestionada (art.131), se halla prevista en el caso de quiebra -según sostiene la doctrina- para los supuestos en que media liquidación del patrimonio y la distribución de su resultado en el pago a los acreedores y obviamente la determinación del valor de la divisa extranjera en moneda de curso legal debe hacerse a esos fines en la oportunidad de la verificación de créditos.

También señala la doctrina que la conversión tiene

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Procuración General de la Nación como fundamento aplicar el principio de igualdad en el tratamiento de los acreedores, evitando que quienes fueren titulares de crédito en moneda extranjera puedan beneficiarse o perjudicarse según la fluctuación de las cotizaciones con respecto a la moneda nacional.

Corresponde destacar que una inteligencia correcta de la disposición legal lleva a concluir que esta dirigida a resguardar condiciones de igualdad entre los acreedores, y que en el caso de quiebra se halla relacionada con el pago de los créditos en base a la distribución del resultado obtenido de la liquidación de los bienes, pero ello no es lo que sucede con los créditos privilegiados (salvo en lo que se refiere al remanente una vez agotado el valor de la cosa) los cuales se hallan diferenciados de los quirografarios, ya que dispone la ley que a los fines del cobro de sus créditos, pueden reclamar el pago mediante la realización de la cosa sobre la que recae el privilegio, el que también se puede autorizar por el Juez con fondos del expediente, tal como sucedió en el caso de autos, aclarando que dicho pago es integro (artículo 130 de la ley 19.551 hoy 126 de la ley 24.522).

La doctrina de V.E. para situaciones similares ha sostenido "que la falencia del deudor no altera ni disminuye la extensión del privilegio", y que "el principio de la pars condictio creditorum, es un criterio orientador del reparto basado en una justa distribución de los bienes, pero no implica necesariamente una mera proporción matemática entre todos".

De igual manera señaló que "tanto fuera como dentro del marco concursal, el acreedor hipotecario debe percibir su crédito actualizado, en virtud de tener en las quiebras el privilegio de tal, que comprende la extensión prevista por los respectivos ordenamientos y la falencia del deudor no altera,

ni disminuye tal extensión", cabe señalar que tal criterio interpretativo se ha hecho extensivo a los acreedores prendarios (ver Fallos 303:1708 y "Copaca S.A." s/ quiebra, sentencia del 20 de mayo de 1982.

Corresponde poner de resalto que en el precedente citado de fallos: 303:1708, V.E. -en situación asimilable al supuesto de autos que se trata de una prenda- destacó que ha tenerse en cuenta que la garantía real de hipoteca sin el complemento del privilegio y del régimen preferencial en las quiebras, carecería de sentido y utilidad práctica, pues las seguridades con ella pretendidas se frustrarían en la emergencia más delicada para el acreedor que es la insolvencia del obligado y una solución que desconozca esta realidad altera gravemente el delicado instrumento de las garantías reales, afectando de un modo insospechado la seguridad del tráfico, ya que la esterilización de las hipotecas traería el retorno a las fianzas personales o a las condiciones usurarias en los prestamos".

En tales condiciones opino que la sentencia apelada en la situación puntual que se ha dado en autos, no ha realizado una interpretación adecuada de la norma en juego en consonancia con las demás previsiones legales de la ley concursal que protegen los créditos privilegiados y que preservan los ordenamientos especiales que los regulan, afectando de tal manera de modo directo el derecho de propiedad del acreedor privilegiado, que ve disminuido de modo casi absoluto el valor de su acreencia.

Por todo ello, opino que V.E. debe hacer lugar a la presente queja, conceder el recurso extraordinario interpuesto, revocar el decisorio apelado y mandar se dicte una nueva sentencia con ajuste a derecho.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2003.

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O.G. y Cía. S.C.C. c/ Coviar S.A. s/ pedido de quiebra.

Procuración General de la Nación NICOLAS EDUARDO BECERRA