Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Julio de 2003, A. 864. XXXVII

Fecha18 Julio 2003

S.C.A.864.X.A., G. y otros c/ Y.P.F.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ( v. fs. 445/448 ) -por mayoría- confirmó la sentencia de primera instancia ( v. fs.413/415 ) en cuanto rechazó el reclamo dirigido al Estado Nacional, que pretendía la reparación del perjuicio ocasionado a los actores al haber sido excluidos del Programa de Propiedad Participada -en el proceso de privatización, regulado por la ley 23.696 de Reforma del Estado-, cuando se produjo la extinción del contrato laboral dependiente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF).

Para así decidir, la mayoría del tribunal -en síntesis- sostuvo que el nacimiento del eventual derecho de los reclamantes surge del art.16 de la citada ley, que resulta una norma con carácter programático, en cuanto el legislador había delegado expresamente en el P.E.N. la futura posibilidad de otorgar preferencias en orden a una ulterior reglamentación que pudiera reconocer ciertas expectativas de un beneficio que nacería a partir del ejercicio reglamentario del Poder Administrador, pero no un derecho consolidado.

Agregó que la formulación gramatical del decreto -que al referirse sobre las sociedades "a privatizar", la forma que se adoptaría, la aplicabilidad del PPP, la propuesta sobre las preferencias en razón de los sujetos adquirentes, la determinación de la proporción del capital accionario a cada uno de ellosdetermina una situación futura que excluye la noción de operatividad. Reiteró que la reglamentación también dispuso la intervención del Ministerio de Trabajo en todo proceso de privatización en el que pudiera adoptarse un PPP, con la facultad de determinar la factibilidad de la implementación de dicho programa. Agregó que tampoco el decreto n1 2778/90 había

dado nacimiento al beneficio reclamado, más allá de enunciar su intención de implementarlo. Culminó en que del decreto n1 584/93, en su art.31, se desprende la posibilidad de la no inclusión del sistema participativo en el proceso de privatización.

Afirmó -en lo que interesa- que el art.16 del decreto 584/93 dispuso que las acciones pueden ser transferidas dentro de las misma categoría de adquirentes, para lo cual se creó un Fondo de Garantía y Recompra que permitiría obtener las acciones de aquellos que cesaren en la relación laboral por muerte, renuncia o cualquier causa de retiro y que, entonces, dejasen de pertenecer al programa. Añadió que el Banco Fideicomisario resulta ser el administrador del mencionado Fondo de Garantía y Recompra (arts. 24 y 25 del 584/93).

Señaló que se había aprobado el proceso de cancelación del saldo del precio de las acciones adeudadas por los empleados adherentes del sistema de PPP de YPF, mediante el decreto 628/97, autorizándose la venta y transferencia de las acciones por cuenta y orden de los empleados a quienes resultaren compradores en los términos de la propuesta que menciona dicho decreto.

Explicó que a los beneficios de la mencionada propuesta pudieron acceder todos los empleados adherentes al sistema, registrados en el Banco Fideicomisario. Afirmó que el precio de cada una de las acciones fue fijado en la suma de $19 y que el Banco de la Nación Argentina quedó facultado para determinar el saldo de precio de venta adeudado por los empleados adherentes del sistema de PPP e implementar las medidas que correspondieren en relación con la propuesta de cancelación regulada por los arts. 6 y 7 del decreto 628/97.

En definitiva, concluyó en que los actores no tenían nada más que reclamar, porque -entendióhabían realizado la venta voluntaria de sus acciones.

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación Contra tal pronunciamiento los actores dedujeron el recurso extraordinario federal ( v.fs.453/458 ) cuya denegación ( v.fs.472 ) dio origen a la presentación directa ante V.E.

-II-

En primer término, cabe precisar que los agravios traídos por los apelantes configuran cuestión federal suficiente para declarar procedente el recurso interpuesto, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas de carácter federal y la decisión cuestionada es contraria al derecho que aquellos fundan en ellas (Fallos 310:1873; 320:735; entre otros).

En segundo término, debo decir que en tales supuestos, el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado con plena amplitud de criterio (cfr.Fallos 308:647; 310:727; 316:2636).

Los recurrentes se agravian porque a su entender la decisión de la cámara rechaza la demanda con fundamento en resoluciones que carecerían de toda eficacia jurídica. Sostienen que las normas reglamentarias (Res.

Del ME y OSP N172/95 y la Res. Conjunta MEYOSP y MTSS n11507/94 y 1270/94), mediante las cuales se estableció la adhesión al P.P.P. y el Acuerdo General de Transferencia, carecen de virtualidad jurídica porque no fueron publicadas ni dadas a conocer de forma alguna. Añaden que resultaría incongruente la decisión que reconoce a esa normativa como de dudosa exigibilidad y luego rechaza el reclamo con implícito fundamento en la misma (ver fs.457 vta.).

En este sentido, cabe recordar que en el precedente

"A.", ya mencionado, se habían cuestionado las mismas disposiciones ministeriales impugnadas en esta oportunidad y V.E. sostuvo que ellas habían avanzado sobre la reglamentación de los PPP realizada por el P.E.N. en los decretos 2686/91 y 584/93, al restringir el número de trabajadores que podían ser adherentes (cfr. consid. 9).

Puntualizó, específicamente, que por resolución n1 72/95 del MEyOSP se había instruido al banco a fin de que proceda a distribuir las acciones clase C de YPF entre todos los empleados de la empresa que al 7 de julio de 1993 se encontraban en relación de dependencia (consid. 8). En este sentido, explicó que las leyes reguladoras del sistema no habían delegado la determinación sobre qué debía entenderse por "personal de la empresa".

El significado de dicha expresión legal había que comprenderse referido a los trabajadores existentes al momento de la privatización de la empresa. En ese contexto, la literalidad del texto regulatorio del marco de propiedad participada hace permanente referencia al empleado adquirente del ente a privatizar (cfr.art.22 LRE) y no a quien reúne tal condición en uno ya privatizado (cfr. consid.91). Razón por la cual, se entendió que la generación del derecho a favor de los trabajadores resultó a partir de la vigencia del decreto 2778/90 ratificado por la ley 24.145, es decir el 11 de enero de 1991.

Los impugnantes señalan que el at.30 de la LRE dispuso que el sistema de pago establecido por el programa para la adquisición de las acciones clase "C", no debía entenderse como limitativo de otros modos de cancelación que pudieran acordarse. Estiman que nada hubiera obstado a que los trabajadores adherentes hubieran pagado, al cesar en el empleo, el precio de las acciones y, una vez levantada la prenda, vendérselas al Fondo de Recompra (ver fs.457 vta.). Sin embargo, los recurrente parecen ignorar que en autos precisamente se

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación demostró de manera efectiva que a cada uno de ellos se le reconoció la titularidad de las acciones y como consecuencia de tal actitud se les efectuó la mencionada "recompra" (ver fs.372).

Cabe aclarar que el art.37 de la ley 23.696, en cuanto dispone sobre la libre disponibilidad de las acciones, sólo resultaría aceptable en la medida que éstas fuesen pagadas en su totalidad. Esto es, liberadas de la prenda y asignadas en tales condiciones a los adquirentes, salvo que existiese convención en contrario.

Aseveran que no están obligados por el A.G.T. porque faltan las firmas de dos, de las tres partes contratantes (Estado y Banco fideicomisario, es decir Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos y el Banco de la Nación Argentina respectivamente). Añaden que no se realizó la Asamblea de Adherentes al programa, la que se habría suplido mediante las resoluciones señaladas que designaron al banco como pagador, cuando resultaba solamente fideicomisario. Enfatizan que aún cuando se admitiera el A.G.T. -del cual surgiría que estaban exigidos a desvincularse, a vender las acciones liberadas y a rescindir el contrato de compraventa respecto de las acciones prendadasninguna norma legal, previa a éste, había establecido una condición resolutoria sobre las acciones no pagadas como lo dispuso dicho el A.G.T. en la cláusula 7.5.

"B" (ver fs.347).

Pero este argumento, sin embargo, parece ignorar que la norma reconoce el derecho a ser "sujeto adquirente" siempre y cuando se haya incorporado en las condiciones que la ella dispone, extremo que subordina la titularidad de la acción a una compleja red de exigencias que imposibilitan la actuación autónoma del beneficiario. El capital accionario de la empresa "sujeta a privatización" podía ser adquirido, en todo o en parte, a través de un "P.P.P." (art.21 de la Ley de

Reforma del Estado) y mientras las acciones no hayan sido pagadas ni liberadas de la prenda, su manejo resultaba obligatoriamente sindicado y el ejercicio de los derechos políticos emergentes de las acciones objeto del P.P.P., debía ser regulado por el Convenio de Sindicación de Acciones suscrito por todos los sujetos adquirentes. Este acuerdo establecería reglas específicas para los miembros, la obligación de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y por mayoría de acciones nombrar un representante o síndico para que ejerza el derecho a voto de todos y adoptar las posiciones a sostener en la Asamblea de la sociedad, con fuerza vinculante para todos (cfr. art.38 de la citada ley).

En virtud de este último aspecto, es que no parece suficiente el argumento de que a los actores, como "sujetos adquirentes", les resultaría inoponible el A.G.T. por no haberlo subscripto, porque la exigencia aparece del propio texto legal que creó el sistema. Además de que la ley subordinó a lo que establezca el A.G.T. respecto del precio en número de anualidades y del modo o lo que pudiera acordarse (cfr. art.30). Es el decreto reglamentario de aquélla, el que dispuso la creación del "Fondo de Garantía y Recompra" a fin de obtener las acciones de los sujetos adquirentes que dejasen de pertenecer al P.P.P. por muerte, renuncia, despido, retiro o por cualquier otra causa legal o estatutariamente prevista y vender dichas acciones a los originarios sujetos adquirentes o a aquellos que ingresaren con posterioridad (cfr.art. 16 del decreto 584/93).

Por tal razón, resulta al menos insuficiente limitar la discusión al A.G.T. si la "retroventa" de las acciones venía impuesta por el decreto reglamentario que no ha sido cuestionado.

El planteo del escrito de demanda (ver fs.25/27) se apoya en que los actores fueron excluidos del PPP, no fueron

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación notificados para participar en él, ni de la posible venta de acciones. A su vez, se sostuvo que la exclusión del PPP resultaba ilegítima, porque no se observó el procedimiento previsto, ni la convocatoria, ni la asamblea de sindicación de acciones. También se destacó que tomaron conocimiento con el dictado del decreto 628/97. A ello se añadió que n o se notificó el número de cuenta pero se correspondía con el que se realizó los pagos parciales efectuados por las acciones liberadas. Por último, aunque no se precisó fecha ( según fs.6/7 acompañados por la actora, los comprobantes son del año 1995 y fs.194/235, acompañados por la demandada, pero no reconocidos por aquella ), los impugnantes plantearon, sin mencionar qué norma supuestamente les asistiría en este punto concreto, que el importe percibido debía considerarse con carácter de "a cuenta de mayor cantidad" ( v.fs. 27 ).

En la sentencia de primera instancia -confirmada por la cámara- se destacó que la única forma -tanto para instrumentar la participación primero, como la desvinculación de los trabajadores de YPF del programa y la compraventa de acciones después- resultaba posible a través de la celebración de un acuerdo general de transferencia (cfr. art.9 del decreto 584/93), mediante cual necesariamente cada trabajador debía intervenir (cfr. art.10 de cuerpo normativo citado).

Se explicó que no se podía participar del programa, ni comprar acciones -ni menos aún venderlassin la firma de dicho acuerdo. En atención a esa afirmación, el magistrado interviniente se preguntó; "cómo pudieron los actores vender las acciones de las que ya eran titulares hasta el monto de los dividendos producidosYcuando, según sostienen, no fueron notificados de la fecha para decidir su participación en el programa ni consultados para la venta de las acciones" (v. fs.414).

Destacó que tampoco existía una explicación por

parte de los actores de cómo llegaron a ser titulares de acciones del programa y las vendieron personalmente. Todo llevó a suponer la existencia de un acuerdo con todos los instrumentos necesarios para efectivizar dicha participación, corresponda o no a las fotocopias acompañadas (ver fs.194 a 245), ya que fueron negada su autenticidad y no se produjo prueba sobre la misma. Hizo la salvedad de que distinta resultaba la situación de quienes tuvieron derecho a integrar el programa y fueron desvinculados de la empresa antes de generarse los dividendos para el pago de las acciones, de aquellos que -como los reclamantes- formaron parte del programa y cancelaron su participación en los términos del art.16 del decreto 584/93 cuyos alcances conocieron y aceptaron.

Aún en el mejor de las hipótesis para los actores, si se admitiese que en el caso no existió el A.G.T., no se puede ignorar que en el presente reclamo sí existió una suerte de acuerdo tácito que sirvió de convalidación.

Ello se manifestó ostensible al momento en que, a través de un acto jurídico, relevante y plenamente eficaz, cada uno de los actores cobraron dividendos, sin perjuicio de que la documentación de fs.194 a 245 ha sido desconocida, aunque en el escrito de demanda se reconoce, es innegable que el informe contable corrobora la adquisición de acciones con dividendos y su posterior recompra (v.fs.372), lo que no fue materia de impugnación (ver fs.379). Esos dividendos hubiesen sido imputables a la cancelación parcial de las cuotas devengadas para la adquisición de acciones, pero como ya no pertenecían a la empresa fueron pagadas como beneficio liquido que ingresó al patrimonio de los sujetos adquirentes en concepto de precio de (re) venta de las acciones. Todo ello más allá del corte, a seguir cobrando dividendos para cancelar el resto de las acciones, que se produjo con la extinción del contrato laboral

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación dependiente -totalmente legítimo en virtud del art.16 del decreto 584/93 mencionado-, pues ya no se compartiría la comunidad de intereses con los que permanecían en la empresa.

En definitiva, lo que resultó relevante para los jueces y no ha sido materia de impugnación, al menos de manera concreta y razonada, es la venta -casi un año después de que se desvincularon- que cada uno de los actores realizó de las acciones que el Estado Nacional había reconocido a ellos su titularidad, en una situación jurídica distinta a la de los trabajadores que mantuvieron su vínculo laboral, o de los que se alejaron pero no las vendieron.

Cabe precisar que en la presente causa no se encuentra en discusión que los actores tuvieron acceso al PPP, se les reconoció la titularidad de las acciones clase "C" y, ante la extinción del contrato laboral, se las compraron (v.fs.372). Razón por la cual, no se darían en el caso las mismas circunstancias que V.E. tuvo en cuenta al decidir en la causa "A.", (cfr. Fallos 324:3876). En consecuencia, carece de total relevancia el planteo referido a la fecha corte para acceder al P.P.P., ya que en el caso ninguno de los actores habían quedado fuera del programa, ni menos aún que hubiesen cesado el vínculo en el lapso entre 1-01-91 y 7-07-93 como se sostiene en el recurso, desde que, por el contrario, la mayoría de los actores ingresaron a la empresa en ese período ( cfr. fs.21 vta./22 vrg.

  1. 18-02-1992 a 30-08-1994; B. 18-12-1992 a 30-08-1994; F. 18-12-1992 a 30-08-1994; C. 12-01-1992 a 28-03-1994), salvo el caso del co-actor G. (12-10-1990 a 15-11-1993).

A pesar de la escasa antigüedad, la empresa reconoció, mediante un acuerdo de extinción, una suma importante a cada uno, en concepto de pago indemnizatorio por despido, preaviso e integración mes de despido e imputable a cualquier reclamo

futuro ( ver por ejemplo, a fs.55, F., sobre la base de un salario de $1.136 mensuales, se reconoció la suma de $26.636,79; v. fs.57, G., sobre $1519 mensuales, la suma de $38.633; v. fs.59, B., sobre $1287 mensuales, la suma de $43.397; v. fs.61, A. sobre $1.854 mensuales, la suma de $42.708,79).

Resulta significativo que en la expresión de agravios los actores señalaran que dichos acuerdos no estaban vinculados con el art.15 de la L.C.T. sino con el art.241 del mismo cuerpo normativo mediante el cual se puso fin a la relación laboral, por mutuo acuerdo ( ver fs.424 vta. ). Norma según la cual no genera pago indemnizatorio alguno. A la hora de explicar qué imputación habría que atribuir a ese pago, los reclamantes sostuvieron que de ningún modo podía extenderse a la condición de accionistas de los actores. Al momento de precisar cuál había sido el verdadero motivo de esos pagos señalan, en contradicción con lo dicho en primer término, que debían comprendérselos como pagos por rubros indemnizatorios y diferencias salariales y mencionan las normas referidas a indemnización por despido, accidentes de trabajo y las derivadas por daños y perjuicios propias del derecho común ( v. fs. 425 ).

Es decir, por la forma en que se produjo la extinción del contrato -según los actores- no se generó el nacimiento de ningún crédito indemnizatorio derivado del despido.

Además no existe -al menos no se encuentra en el expedientereclamo alguno por accidente de trabajo, o enfermedad a los que pudiera imputarse concretamente dicho pago, aunque sea entregado a cuenta y no sea considerado cosa juzgada.

En cualquiera de las hipótesis, no podría ignorarse el pago realizado frente a un reclamo dinerario. Todo lo cual tiene eficacia, en la medida que resulte de lo que ha sido la intención

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación de las partes al querer imputarlo a cualquier reclamo futuro con la pretensión de liberar -aunque sea parcialmenteal empleador (cfr. doctrina de Fallos 321:869, 321:1592, entre otros) y aunque no hubiera sido homologado el acuerdo en los términos del art.15 de la L.C.T. (Fallos 313:342, entre otros) .

En este sentido, el sentenciador de primera instancia declaró "extinguida" la acción -cabe recordar que el reclamo consistió en el pago de una suma reparadora del daño por la diferencia entre el valor de las acciones de libros y aquel que se cotizó en bolsa según fs.27- contra Y.P.F., promovida por A., B., F. (v. fs.294) subsistiendo respecto de G. porque no había acta de homologación y de C. porque no hubo acuerdo (ver fs.374 vta. in fine).

Los actores impugnaron aquella decisión ante la cámara (ver fs,.424) y aunque no fue tratado por el tribunal (ver fs.445/448), no ha sido materia de impugnación en el remedio federal (ver fs.454/458).

No se me escapa que la dilación en la implementación del programa condujo a desplazar a numerosos trabajadores con expectativa de acceder a la titularidad de aquellas acciones y con posibilidad de liberarlas de la prenda mediante su cancelación con el pago de dividendos. La ruptura del vínculo impidió cubrir dicha perspectiva que se subsanó con la confirmación de aquellos pronunciamientos que reconocieron una reparación por daños, ante la imposibilidad de realizar la titularidad de las acciones por parte de los sujetos adquirentes que perdieron su condición de dependientes, como en el caso "A.".

También lo hizo el Congreso de la Nación al sancionar la ley 25.471, que fue vetada totalmente por el decreto 1477/02 (B.O. 23/11/2002) y promulgada de hecho conforme la

insistencia del Poder Legislativo del 3 de octubre de 2002 (B.O. 4/10/2002). Por su parte, el P.E.N. en virtud del decreto 1077/03 (B.O. 6 de mayo de 2003) establece el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado Nacional reconoce a los ex-agentes de Y.P.F. S.A. mediante aquella norma y reglamenta el procedimiento a seguir en cada caso. El art.2 de la ley 25.471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al P.P.P., por causa ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación económica resulta de valuar la cantidad de acciones que cada ex-agente hubiera debido percibir según las pautas del art.27 de la ley 23.696, sobre la base de los datos de ingreso y egreso -si correspondiere-, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa (inciso a).

Además contempla la diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones -el que hubieran debido saldar los ex-agentes-, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta (inciso b).

El anexo que acompaña el decreto 1077/03 establece el valor de mercado por acción en $29,25, mientras que el valor de libros por acción resultó de $18,05, ambos vigentes a julio de 1997, con una tasa de interés equivalente a la tasa activa cartera general del Banco Nación Argentina desde esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2002.

Es del caso señalar que dicha norma faculta el acceso al Programa de Propiedad Participada al personal de la empresa Y.P.F. S.A., que se desempeñaba en relación de dependencia al 11 de enero de 1991 y que hubiere comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha (cfr.art.1).

En virtud de este dispositivo, los trabajadores que ingresaron

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación con posterioridad a esa fecha de corte no tendrían derecho a dicha reparación legal.

En tal caso, sólo se encontraría comprendido por esta norma -en el caso de resultar aplicable conforme las consideraciones que esta Procuración General tuvo en cuenta en el precedente G.670.XXXVII "G.R.E. y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro", dictaminado el día 17 de junio de 2003"- el co-actor G.; que ingresó con anterioridad al 11 de enero de 1991 y su contrato laboral dependiente se encontraba vigente a esa fecha (art. 11 de la ley 25471).

En mi opinión, en atención a las consideraciones vertidas, el escrito que se introduce como recurso, no resulta entonces una crítica concreta y razonada del fallo en el punto que los jueces entendieron decisivo para resolver como lo hicieron, lo cual descalifica al planteo (doctrina de Fallos 310:1147, entre otros).

No obstante, más allá de las cuestiones formales mencionadas, cabe señalar que la decisión hizo hincapié en el pago recibido por la entrega de acciones al Estado Nacional, las que resultaban titulares los actores al momento de producirse la ruptura del vínculo. En este sentido, se suceden dos cuestiones claramente definidas: por un lado las condiciones que se establecieron en la ley de reforma del Estado para tener derecho a las adquisición de acciones y, por el otro, la forma en que serían titulares de ellas.

Aquella condición, en el tema que nos ocupa, es el mantenimiento de la relación laboral dependiente (art.22 inciso a de la LRE), la subsistencia de la comunidad de intereses que da la razón de ser al P.P.P. Por otra parte, la posibilidad de adquirirlas solamente con dividendos y bonos de participación (cfr arts.30 y 31 LRE y 230 de la 19551), ya que cualquier otra forma de pago, que establece el art.30 citado, no ha sido acordada como exigía la ley. Todo ello se encuentra

indisolublemente ligado con la permanencia de la relación laboral, lo cual es una restricción que pertenece a la hermenéutica legal y se corresponde con el mandato expreso del art.41 de la LRE. En los procesos de privatización se debía proteger el empleo y evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Como se ha dicho en los párrafos anteriores, la mayoría de los reclamantes extinguieron su vínculo por su propia voluntad, sin que tal ruptura resulte reprochable a las demandadas y menos aún al Estado Nacional; que al momento de poner las acciones en el mercado libre de valores y privatizar la empresa (7-07-1993) todavía conservaba el vínculo con los reclamantes.

Es decir, que cuando estos reclamantes vendieron las acciones que poseían ya no estaban dentro de la tutela que la ley les reconocía como sujetos protegidos. Cabe recordar que la subsistencia de la situación jurídica laboral se mantenía con cada uno de ellos aunque fuesen sujetos adquirentes en un P.P.P. (art.45 de la LRE) y mientras durase el proceso de privatización (art.42 de la LRE). Pero la ley no garantizaba que el paraguas protector perdurase más allá de la ruptura del vínculo laboral dependiente.

El acto de compraventa de acciones que celebraron los actores en el año 1995, no estaba regido por normas protectoras a las que acuden cuando señalan que el pago recibido debía ser considerado a cuenta, como si en el caso pudiese resultar aplicable el art.260 de la L.C.T. de haberse mantenido el vínculo, sino por la regla general establecida en el art.724 del Código Civil, sin que del planteo propuesto en el remedio federal se advierta alguna circunstancia oponible al efecto cancelatorio que significa la recepción del precio de venta de las acciones.

Sin perjuicio, por ende, de la particular situación del co-actor G. respecto de la vigencia de la ley

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro Procuración General de la Nación 25.471, al que correspondería extender -por razones de brevedad- las consideraciones que este Ministerio Público tuvo en cuenta en el precedente "G." citado en los párrafos precedentes, estimo que corresponde hacer lugar a la queja y admitir el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 18 de julio de 2003.-Felipe D.O..

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