Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2003, S. 919. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 919. XXXVI.

Sefina S.R.L. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso adminis- trativa.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I A fs. 183/184, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió desestimar la demanda contencioso administrativa que SEFINA SRL promovió contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 111/120) -en su carácter de cesionaria de la firma Companhia Internacional de Tecnología SAICI- a fin de obtener el pago de diversas facturas por tareas de graboverificación realizadas para la entidad bancaria.

Para así resolver, sostuvo que la presentación era formalmente inadmisible, toda vez que la actora procuraba la nulidad de la resolución B.P.B.A. 1492/96 -en la cual el Directorio del Banco dispuso la rescisión del contrato con la firma cedente, por culpa de ella- y que no aparecía satisfecha a su respecto la exigencia sentada por el propio tribunal (caso "Lesieux", B-50.359, sentencia del 11 de diciembre de 1986), en punto a la obligatoriedad de contar al menos con un recurso administrativo contra el acto cuya validez se pretende enjuiciar.

Disconforme, la demandante interpuso el recurso extraordinario de fs. 187/194, que fue concedido por el a quo.

II A mi modo de ver, procede el recurso planteado, toda vez que, si bien, en principio, lo resuelto conduce al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas como regla general a esta instancia extraordinaria, en el caso existe cuestión federal bastante para apartarse de dicha regla, en tanto la resolución que es objeto del remedio federal incurre

en un injustificado rigor formal (Fallos: 268:266 y 299:344, entre otros), por lo que resulta lesionada la garantía constitucional de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

III En efecto, según ha dicho el Tribunal ante similares circunstancias, no puede soslayarse que la resolución judicial que es materia de apelación federal rechazó in límine la demanda por no haberse deducido previamente el recurso de revocatoria, con pretendido apoyo en una interpretación meramente literal y aislada de los arts. 86 y 89 de la ley provincial 7647, sin analizar el contexto normativo en que se encuentran insertas, ni el juego armónico de todas las normas que regulan o se refieren al sistema recursivo de la citada ley, ni su correlación.

También señaló la Corte que la solución del tribunal anterior en grado, consistente en vedar in límine litis la instancia judicial revisora, no halla debido sustento en los antecedentes invocados por la superior instancia provincial y se ha traducido, además, en un notable cercenamiento de la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto ésta requiere, sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle sino por medio de un proceso conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada (Fallos:

268:266; 295:906; 299:421; entre otros).

Ello significa, ni más ni menos, la real posibilidad de obtener la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva, que reconoce base constitucional, concorde con el adecuado servicio de justicia (doctrina de Fallos: 311:2082; 312:767 y sus citas).

S. 919. XXXVI.

Sefina S.R.L. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso adminis- trativa.

Procuración General de la Nación En el mismo sentido, reiteradamente V.E. ha sostenido que, en materia de acceso a la justicia, el principio rector es el de indubio pro actione, a fin de no menoscabar el derecho de defensa (Fallos: 313:83 y 316:3231; entre muchos otros).

IV Sin perjuicio de señalarse que del análisis exigido por la mencionada doctrina de V.E. no surge con nitidez que en el sub examine sea obligatoria la interposición del aludido recurso -extremo que niega la apelante- tampoco puede soslayarse, por lo demás, que, contrariamente a lo sostenido por el a quo, en parte alguna de la demanda se planteó, expresa o tácitamente, la nulidad de la resolución N1 1492 del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pues la actora sólo reclamó el pago de las sumas que -en su condición de cesionaria- entendía le eran debidas; derecho cuya dilucidación constituía, precisamente, la materia de juzgamiento en el caso.

V Por lo expuesto, en mi opinión, V.E. debería revocar la sentencia de fs. 183/184 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 15 de julio de 2003 Es Copia N.E.B.