Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 de Julio de 2003, A. 2447. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

A. 2447. XXXVIII.

R.O.

Aero Club Salta c/ Estado Nacional s/ ordinario posesión veinteañal medida cautelar.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 4 de julio de 2003.

Vistos los autos: "Aero Club Salta c/ Estado Nacional s/ ordinario - posesión veinteañal - medida cautelar".

Considerando:

  1. ) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta por el Aero Club Salta contra el Estado Nacional a fin de que se declarara la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva sobre una porción de 144 hectáreas de un inmueble de propiedad de aquél que la actora ocupa en el campo General Belgrano situado en esa provincia.

    Contra ese pronunciamiento, la actora interpuso el recurso ordinario de apelación (fs. 234), que fue concedido (fs. 239).

  2. ) Que según conocida jurisprudencia de esta Corte, para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causas en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que "el valor disputado en último término" Co sea aquel por el que se pretende la modificación de la condena o "monto del agravio"C excede el mínimo legal a la fecha de su interposición (Fallos: 246:303; 297:393; 302:502; 310:2914; 316:2568, entre otros).

  3. ) Que el apelante no ha acreditado en oportunidad de interponer el recurso el cumplimiento del citado recaudo, toda vez que las tasaciones agregadas a fs. 232/233 no alcanzan para demostrar en forma precisa, concreta y suficiente la sustancia económica del pleito. Sin embargo, esta última surge del art. 1° del convenio agregado a fs. 212/215 por el Estado Nacional, en el que se determina que la tasación promedio de dos organismos oficiales respecto de 362 hectáreas del Campo General Belgrano Cen el que se ubica la porción que se

    pretende adquirirC asciende a $ 4.623.316,40.

  4. ) Que el juez de primera instancia rechazó la demanda pues consideró que el bien en cuestión pertenecía al dominio público del Estado Nacional y, en consecuencia, era imprescriptible. Con el mismo fin hizo referencia a las leyes 24.177 y 24.758 mediante las cuales, respectivamente, se concedió al Aero Club Salta el uso por 99 años del terreno que ocupaba, y se declaró área de conservación al inmueble propiedad del Estado Nacional denominado Campo General Belgrano, que debería permanecer bajo la jurisdicción del Ejército Argentino y se prohibió su enajenación y arrendamiento (fs.

    157/161). La actora apeló la sentencia, se agravió de la calificación realizada por el juez y sostuvo que Ca su juicioC las leyes 24.177 y 24.758 resultaban "absolutamente irrelevantes" para la solución del caso, pues su sanción fue de fecha muy posterior a la adquisición del bien por usucapión (fs. 183 vta.). Se quejó también de que el juez no hubiera considerado la prueba aportada sobre la posesión invocada.

  5. ) Que la cámara confirmó la sentencia apelada. En primer lugar, admitió el agravio del apelante referente a que el juez no debió considerar que el inmueble pertenecía al dominio público. En esas condiciones, pasó a examinar si concurrían los requisitos exigidos para acceder a la usucapión perseguida, es decir, si estaba debidamente acreditada la posesión pacífica a título de dueño por medio de actos posesorios durante el plazo legal, aspectos que no habían sido examinados por el magistrado de la instancia anterior.

    En este sentido, la cámara consideró que al demandar, la actora se limitó a relatar los supuestos actos posesorios realizados, pero no acreditó con qué título se inició en la posesión del campo, lo que era esencial para dar sustento a su pretensión, habida cuenta de que aquél era de pro-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación piedad de la Nación y en él tenían asiento cuarteles del Ejército y una zona de maniobras. En consecuencia, consideró aplicable la doctrina de los arts. 2352 y 2353 del Código Civil.

  6. ) Que a esa conclusión no obstaba C. el tribunalC el carácter público de la ocupación del inmueble, pues de acuerdo a las pruebas producidas y otras constancias de la causa no surgían fehacientemente acreditados actos o hechos de especial naturaleza y relevancia susceptibles de calificarse como propios de la condición de propietario (art. 2458 del código citado). Asimismo descartó las alegaciones de la actora en cuanto a que según un informe de la Dirección General de Inmuebles y de acuerdo a lo consignado en los manuales para pilotos y de aeródromos y helipuertos el terreno en cuestión estaba a su nombre.

    Concluyó en que no existía una demostración insospechable, clara y convincente de que la demandante hubiera ejercido la posesión a título de dueño con las características que exige el Código Civil para adquirir el dominio.

  7. ) Que al adentrarse en el examen particular de cada uno de los hechos que la actora invocó para fundar su pretensión, la cámara consideró que el uso que aquélla dio al predio y algunas construcciones que realizó constituían complementos que servían para el esparcimiento de los socios, otros eran imprescindibles para las operaciones aéreas y la guarda y el mantenimiento de las aeronaves y que su emplazamiento no había sido entorpecido por el Estado sino, antes bien, auspiciado al adicionar al uso del espacio de su propiedad la realización de obras o actividades lícitas tendientes a lograr el cometido para el que se instaló el aeroclub.

  8. ) Que asimismo entendió que el arrendamiento de la

    explotación de la pileta de natación fue un modo de lograr el mantenimiento de esa infraestructura en beneficio de los socios, además de allegar fondos al club por las entradas de los que no lo eran. A ello agregó que, incluso en la hipótesis de considerarse a ese arrendamiento como acto posesorio, individualmente no servía para el objeto perseguido por la actora, pues databa del mes de octubre de 1990 y no aparecía debidamente probado, ya que no bastaba el contrato en instrumento simple acompañado por aquella parte, aun cuando apareciera corroborado por la declaración de un testigo (fs. 101), toda vez que la actora no había demostrado que las construcciones hubieran sido efectivamente ejecutadas y su explotación llevada a cabo, para lo que disponía de medios idóneos (informe pericial, planos, fotografías, asientos en libros contables, etc.).

    Esta última observación la consideró aplicable al resto de los actos enumerados por la demandante. Sostuvo, al respecto, que la cesión del campo a terceros para siembra se pretendió probar con libros de actas o declaraciones testimoniales pero no se demostró que efectivamente se hubiera verificado, por ejemplo, mediante constancias de pagos de arriendos. Por otra parte CaseveróC aun cuando esas labores agrícolas hubieran existido, tampoco podían calificarse como actos a título de dueño, a poco que se advirtiera que ellas servían al control de las malezas, razón por la cual eran un medio eficaz para la seguridad de las maniobras de aeronavegación y bien pudieron haber sido admitidas por el Estado en el marco del auspicio antes referido.

  9. ) Que el a quo también consideró insuficientes los elementos probatorios de la invocada cesión de terrenos al Auto Club Salta para la realización de una prueba automovilística (transcripción del convenio en el libro de actas y

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación declaración testimonial), pues no se habían agregado constancias documentales acerca del efectivo trazado del circuito y mucho menos que se hubiera llevado a cabo competencia alguna, y en igual sentido resolvió respecto del alegado préstamo de instalaciones al club "La Tuerca". En lo relacionado a las carreras de "cafeteras", consideró inoficioso tratarlo pues el hecho denunciado era de reciente data (año 1995, conf. contrato de fs. 5/7) y en consecuencia carecía de virtualidad a los fines pretendidos.

    10) Que la cámara entendió que el alquiler de parte del local del club para su uso como "boîte" implicó para la demandante privarse de una porción de sus instalaciones como modo de allegar medios al desenvolvimiento de la institución, sin que con ello se comprometiera una fracción del campo con la trascendencia que aquélla intentó asignarle. Por análogas razones carecía de entidad el denominado arrendamiento de una casa del club, a lo que se sumaba que el supuesto arrendatario, conforme a las constancias del libro de actas, había ocupado con su familia el inmueble como retribución de su trabajo de cuidador de las instalaciones, incluida la limpieza de los aviones, el hangar y sus adyacencias.

    11) Que finalmente el tribunal descartó los argumentos relativos a que, según informe de la Dirección General de Inmuebles, el terreno figuraba a nombre de la actora, pues ello se derivaba de una simple mención del ocupante de la fracción, y a que en dos manuales figurara el campo como de propiedad del aeroclub, pues la Dirección de Tránsito Aéreo que los había publicado carecía de competencia para efectuar un reconocimiento de esa especie.

    12) Que los agravios de la recurrente pueden resumirse así: a) la sentencia apelada confirma el pronunciamiento de primera instancia con argumentos que introduce, en la

    alzada, de oficio. Sostiene que el tribunal no pudo actuar como lo hizo porque la demandada no mantuvo sus defensas ante esa instancia; b) el Estado Nacional admitió en la contestación de la demanda la existencia de los actos denunciados por su parte, y sólo cuestionó su eficacia como expresión de la posesión con ánimo de dueño. Por lo tanto, la alzada no podía introducirse en la falta de prueba de la existencia de aquéllos; c) la cámara efectuó una valoración incorrecta de la prueba de la realización de los actos posesorios. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el art. 4016 del Código Civil, no tenía relevancia con qué título su parte comenzó a ejercer la posesión; d) en la sentencia apelada no se consideró la antigüedad en la posesión y las mejoras denunciadas, que surgían de declaraciones de testigos.

    13) Que el recurso ordinario debe ser rechazado, pues la apelante no se ha hecho cargo de los argumentos del fallo mediante una crítica concreta y razonada de las motivaciones de hecho y de derecho valoradas por los jueces para confirmar la desestimación de la demanda.

    En efecto, aunque la recurrente indica que, a su juicio, los actos posesorios se hallaban suficientemente probados con las escasas pruebas que produjo (en especial, documental y testimonial), no refuta las razones dadas por la alzada para restar eficacia probatoria concluyente a esas pruebas y sobre la ausencia de otros elementos de juicio que pudiesen haber corroborado los dichos de la actora, circunstancia que no responde sino a la omisión de esta última, que no dispuso o requirió la producción de otros medios probatorios adecuados para sustentar su pretensión.

    14) Que, por otra parte, la decisión de la cámara debe ser valorada sobre la base de lo resuelto por este Tribunal en cuanto a que, dado el carácter excepcional que re-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación viste la adquisición del dominio por el medio previsto en el art. 2524, inc. 7°, del Código Civil (art. 4015 de aquél), la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 de dicho cuerpo legal y el constante ejercicio de esa posesión deben haber tenido lugar de manera insospechable, clara y convincente (Fallos: 300:651; 308:1699 y 316:2297), lo cual no se puede inferir de pruebas insuficientes (Fallos: 311: 2842).

    Es decir, que no basta con que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte del demandado, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir y que sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponda los derechos que le han sido desconocidos.

    15) Que debe descartarse el agravio referente a la supuesta incompetencia de la cámara para evaluar la existencia de actos posesorios toda vez que fue la propia recurrente quien, al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia, le requirió que se pronunciara al respecto, pues el juez anterior no lo había hecho debido a los fundamentos de su fallo. Por lo demás, la cámara, para decidir la admisión o el rechazo de la demanda, no podía sino introducirse en el examen de los hechos y la prueba para determinar si se había operado la prescripción adquisitiva, una vez que hubo dado la razón al apelante sobre el agravio relativo al encuadramiento del inmueble en el régimen de dominio público.

    Además C. señalarC el tribunal no desconoció la existencia de los hechos sino de su caracterización como actos posesorios, es decir que siguió en este aspecto la línea argumentativa expuesta en la contestación de demanda. A este proceder no obstaba que el Estado Nacional hubiera omitido contestar la expresión de

    agravios ante la cámara, pues la jurisprudencia de esta Corte que la recurrente cita a fs.

    246 vta. es aplicable a los supuestos en que el vencedor en el pleito, al estar imposibilitado de apelar la sentencia que lo favorece, plantea en la alzada los argumentos o defensas desechados o cuyo tratamiento fue omitido en la instancia anterior, situación que no se configuró en autos habida cuenta de los fundamentos del rechazo de la demanda en primera instancia.

    16) Que las consideraciones precedentes tornan innecesario el tratamiento del resto de los agravios expuestos por la apelante.

    Por ello, se declara formalmente admisible el recurso ordinario de la parte actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El tribunal de primera instancia deberá intimar a la actora al pago de la porción de tasa judicial no abonada, calculada conforme a la tasación que surge de fs.

    212/215 en la proporción correspondiente a la extensión del inmueble cuyo dominio pretendió adquirir en este juicio. N. y devuélvanse los autos. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

    FAYT (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

    F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA.

    DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  10. ) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que confirmó la decisión de la instancia anterior que había rechazado la demanda interpuesta por el Aero Club Salta contra el Estado Nacional a fin de que se declarara adquirido por prescripción el dominio del inmueble de propiedad de este último que la actora ocupa en el Campo General Belgrano de la citada provincia, la parte actora interpuso el recurso ordinario de apelación (fs. 234), que le fue concedido (fs. 239).

  11. ) Que según jurisprudencia del Tribunal, para la procedencia del recurso ordinario de apelación en la tercera instancia en causas en que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, es necesario demostrar que el valor disputado en último término, o sea aquel por el que se pretende la modificación de la sentencia o monto del agravio, excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 (Fallos: 246:303; 297:393; 310:2914; 312:

    98; 316:2568, entre otros).

  12. ) Que el apelante no ha acreditado en oportunidad de interponer el recurso el cumplimiento del citado recaudo C. era su cargo hacerlo, toda vez que las estimaciones agregadas a fs. 232/233 no alcanzan para demostrarlo en forma autónoma, precisa, suficiente y concreta, sin que corresponda que a ese fin el Tribunal considere otras constancias agregadas a la causa en las que el peticionario no ha fundado el cumplimiento del requisito en cuestión.

  13. ) Que en tales condiciones, corresponde declarar improcedente la apelación deducida, dadas las facultades que

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación asisten a esta Corte como juez del recurso.

    Por ello, se declara improcedente el recurso ordinario de apelación. N. y devuélvase. C.S.F..