Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Junio de 2003, C. 1413. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 1413. XXXV.

ORIGINARIO

C., A.R. y otros c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 11 de junio de 2003.

Vistos los autos: A., A.R. y otros c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios@, de los que Resulta:

I) A fs. 59/70 se presentan A.R.C. y M.C.B. de Cebollero, por derecho propio y en representación de su hijo menor M.A., e inician demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Córdoba por la suma de $ 54.035.

Dicen que el 31 de diciembre de 1997, en circunstancias en que viajaban en compañía de su hijo en el automóvil de su propiedad, marca V.P., dominio ASJ- 542, modelo 1996, por la ruta provincial 4 en dirección norte-sur, al llegar a la curva existente a la altura de la entrada principal de la estancia "El Indio", unos dos kilómetros antes de la intersección de dicha ruta con el camino que hacia la derecha conduce a las localidades de El Rastreador y Huanchilla, se encontraron con una serie de grandes pozos, lo que provocó la pérdida del control del rodado y que se desviara hacia la banquina derecha dando varios tumbos para detener su incontrolada marcha fuera de la ruta. Hacen notar que viajaban a velocidad moderada en atención al estado lluvioso del tiempo, no obstante lo cual la sorpresiva existencia de los pozos en el pavimento, sin ningún tipo de señalización, causó el accidente.

Destacan Ca modo ilustrativoC que el diámetro de esos pozos era de no menos de ochenta centímetros y la profundidad no menor a los veinte.

Reiteran, por considerarlo de relevante importancia, la inexistencia total de señales.

Por ello es que demandan al gobierno de la Provincia de Córdoba como responsable por los hechos relatados, toda vez que tiene a su exclusivo cargo el cuidado de la ruta, su

conservación (art. 2° ley 8555) y las tareas de señalización vertical u horizontal. C. en apoyo de su derecho el art.

1074 del Código Civil. Consideran que la conducta del Estado provincial configura una omisión culposa y cita opiniones de la jurisprudencia en apoyo de su postura.

Dicen que el accidente tuvo repercusiones periodísticas ya que se habían producido para entonces una serie de episodios similares debidos al abandono en que se encontraba la ruta. Ello determinó que las autoridades municipales de La Carlota y H. instalaran carteles de señalización y rellenaran los pozos.

El accidente causó graves lesiones a C. y a su hijo. Este último, que resultó literalmente despedido del vehículo, sufrió un cuadro de insuficiencia respiratoria que motivó que fuera primeramente atendido en la ciudad de La Carlota y luego internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei.

El 6 de enero de 1998 se comprobó una mejoría y la estabilización de la función ventilatoria pulmonar, lo que permitió una reducción quirúrgica de la fractura de fémur que había sufrido. Como se constató una inestabilidad posterior de la cadera, debió ser sometido a una nueva operación, proceso que culminó con una tercera intervención. Todo ello significó trabajos de rehabilitación, cuidados por personal especializado y gastos ortopédicos. Dice que de las tres operaciones la primera fue cubierta por OSDE, lo que, empero, no excluyó la necesidad de los gastos que detalla. En cuanto a los dos restantes, los gastos fueron solventados por los actores tanto en lo que concierne a los honorarios médicos como a las tareas de rehabilitación y enfermería.

Agregan a ello los daños sufridos por el vehículo, que se encontraba asegurado en la Compañía Argentina de Segu-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación ros Victoria S.A., la que no reconoció su destrucción total.

Por esa razón CdicenC debieron vender los restos en $ 5.000.

Toda vez que su valor a la fecha del hecho era de $ 13.000, reclaman la suma de $ 8.000.

Asimismo, estiman los gastos en concepto de movilidad debidos a la privación de uso en $ 500.

Hacen mérito de que las operaciones a que fue sometido M. han dejado y dejarán secuelas en su organismo, las que serán objeto de estudio por medio del peritaje médico. Por último, reclaman el daño moral sufrido por los actores y el menor.

II) A fs. 81/86 contesta la Provincia de Córdoba.

Niega todas y cada una de las afirmaciones contenidas en la demanda y sostiene que el accidente tuvo su origen en la imprudencia, negligencia e impericia del conductor del vehículo que se desplazaba a una velocidad "que de ninguna manera pudo ser ›moderada=", razón por la que no pudo controlar el rodado.

Hace mérito de los dichos de la actora para afirmar que el menor lesionado no iba amarrado con el cinturón de seguridad.

Por todo ello considera aplicable el art. 1111 del Código Civil. Cuestiona, también, la magnitud de los daños invocados.

III) A fs. 100 el defensor público oficial asume la representación promiscua de M.A.C.C..

IV) A fs. 106 se invoca como hecho nuevo una publicación periodística que acredita el estado de la ruta en el lugar del accidente el que es admitido a fs. 116.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que de las actuaciones levantadas el 31 de di-

    ciembre de 1997 en la sub-comisaría de Huanchilla que obran en copia a fs. 309/326, surgen elementos que permiten acreditar las circunstancias en que se produjo el accidente.

    A fs.

    310/311 el agente M.D.L. expone que alrededor de las 16.45 de ese día recibió un llamado telefónico que daba cuenta de un accidente ocurrido "en los pozos existentes en la curva de la estancia El Indio sobre ruta provincial número cuatro". Se dirigió entonces al lugar, acompañado del agente A.J.B., y constató que en esa zona "donde existen cuatro grandes pozos, había ocurrido un accidente de tránsito", comprobando que Aun vehículo marca VW Pointer, dominio ASJ 542, color verde oscuro que estaba en la banquina a unos cincuenta metros de la ruta...estaba sobre sus cuatro ruedas, dos de las cuales estaban desinfladas".

    El rodado CcontinúaC "tenía todos sus vidrios rotos, la puerta delantera derecha abierta, y en el costado izquierdo, una hendidura en el parante entrepuertas". Advirtió también restos de vidrios y plásticos, como asimismo pertenencias personales. Expone que el vehículo se dirigía de norte a sur y que al llegar a los pozos se produjo un "derrape" en la banquina, saliéndose de la ruta.

    A fs.

    312/313 obra el acta de inspección ocular realizada por el agente L., de la que surge que las banquinas de tierra están cubiertas "en su casi totalidad por pasto natural de una altura cercana al metro" lo que dificulta la visión. El estado de la carpeta asfáltica en el lugar del accidente es pésimo a raíz de que existen cuatro pozos, "uno de un tamaño de un metro veinte por un metro treinta, ubicado en el medio de la ruta, le sigue en el medio otro de un metro quince de largo por dos metros de ancho, otro sobre la mano este, en su parte media que tiene un metro por un metro y en la misma dirección, pero sobre la banquina oeste, existe otro

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene similar tamaño al anterior, y que la mitad está sobre la ruta y la mitad sobre la banquina". Todos estos pozos CdiceC tienen profundidades que oscilan entre los diez a los veinticinco centímetros.

    A fs.

    314 obra un croquis descriptivo.

  3. ) Que otros elementos probatorios acreditan el estado de la ruta. Así, por ejemplo, la pieza periodística obrante a fs. 117 Creconocida como auténtica a fs. 118C donde se destaca que las rutas cordobesas se encontraban muy deterioradas y que, en particular, "la 4 y la 6 no ofrecen seguridad ni señalización", y las declaraciones de fs. 435/436 y 437/438 que se refieren a las condiciones del lugar del accidente y a la carencia de señalización.

  4. ) Que por lo expuesto parece indudable que las condiciones de la ruta provincial condujeron a crear un riesgo imprevisible para el conductor; y, en ese aspecto, aparece como manifiesta la responsabilidad por omisión del Estado provincial, que tenía a su cargo el cuidado, mantenimiento y conservación del camino.

    En este orden de ideas, el Tribunal Cen el precedente de Fallos: 315:2834C ha señalado que Ael uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos...@; de ahí que la demandada debió adoptar las elementales medidas de seguridad destinadas a prevenir a los usuarios del estado peligroso de la ruta.

  5. ) Que, por su parte, en el informe del perito ingeniero mecánico A.T. que corre a fs. 462/472, se señala que "las condiciones de la ruta, en oportunidad de producirse el siniestro de autos, eran riesgosas, peligrosas,

    lo que se potencializó con las condiciones meteorológicas adversas C. lluvia y vientoC así como la ausencia de carteles de señalización de estos pozos que en tales condiciones meteorológicas resultan una verdadera trampa para los vehículo que por allí transitan, siendo la existencia de tales pozos en la ruta la causa de haberse producido el accidente de tránsito de autos" (ver fs. 471 vta.). Y más adelante, el experto señala que no existen huellas de frenado que permitan calcular la velocidad a la que circulaba el rodado, aunque la "estima como significativa" (fs. 472).

  6. ) Que a fin de precisar esta última aserción, el Tribunal dispuso una medida para mejor proveer para que el experto informase si la velocidad de desplazamiento había podido gravitar en las características del accidente (ver fs.

    548). En cumplimiento del pedido, el ingeniero T. se expidió a fs. 552; al destacar la importancia de la velocidad en la producción del siniestro, afirmó, como corolario de su informe, que la "velocidad resultó gravitante mecánicamente en el desplazamiento post-pozos efectuado por el automóvil, para que éste pudiese recorrer la precitada distancia" (se aclara que fue de 54 mts hasta su detención definitiva), "diese vuelcos, y llegase a la posición final" indicada en los croquis acompañados (fs. 552 vta.).

    A la luz de lo expuesto resulta evidente que la velocidad del vehículo, cuyos efectos de exteriorizan en la magnitud de los daños sufridos, importa un factor concurrente de responsabilidad respecto de un conductor, que se estima en un 50%.

  7. ) Que la Provincia de Córdoba pretende exculpar su responsabilidad al señalar que la gravedad de las lesiones padecidas por el menor de autos se debió a que no viajaba amarrado con el correaje de seguridad (art. 41, inc. j de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación ley de tránsito local 8560, vigente al momento de hecho).

    Tal defensa no puede ser acogida, toda vez que no es posible determinar si el rodado debía disponer de tales elementos. En efecto, el citado precepto exigía que los ocupantes debían usar los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación tenían obligación de poseerlos; y en aquel momento C1997C la reglamentación no había sido aún dictada por la provincia.

  8. ) Que a fin de establecer las indemnizaciones correspondientes debe hacerse mérito de las lesiones padecidas por el hijo de los actores, habida cuenta de que, no obstante señalarse en la demanda que el señor A.C. sufrió también graves daños, no se ha producido prueba alguna a ese respecto.

    Con relación al peritaje médico, obrante a fs.

    450/451 describe las lesiones sufridas por el menor. Dice que tras las primeras curaciones fue internado en la clínica "M.D.", en la que permaneció en terapia intensiva una semana y fue posteriormente sometido a tres operaciones quirúrgicas a raíz de una fractura de diáfisis femoral derecha la que lo obligó a una inmovilización de aproximadamente dos meses con la ulterior rehabilitación fisiokinésica. Informa el experto que el miembro inferior derecho presenta un acortamiento de 1,5 cm respecto al miembro izquierdo, y la movilidad una disminución de la rotación externa e interna del orden de cuarenta y veinte grados con relación a valores de referencia de sesenta y cuarenta grados respectivamente. Expone que la fractura de diáfisis es una lesión grave y que ocasiona frecuentes secuelas, entre las que menciona el retardo de la consolidación, la seudo artrosis, la consolidación en mala posición, diversas rigideces, etc. Por todo ello le adjudica una incapacidad permanente del 15%. Agrega que el tratamiento

    quirúrgico fue necesario para la curación de las lesiones padecidas. Estas conclusiones no merecieron observación de las partes.

  9. ) Que esta Corte tiene dicho que "cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas, de manera permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida@ (Fallos: 308:1109; 310:1826; 322:2658).

    El Tribunal también ha sostenido que, a fin de medir la incapacidad sobreviniente, los informes periciales C. constituyen un elemento importante a considerarC no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente, ya que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las demás consecuencias que afectan a la víctima (Fallos: 318:1715; 321:3519 y muchos otros). Por todo ello, parece apropiado fijar la suma de $ 21.500.

    10) Que la experta en psicología ha descripto en su informe de fs. 473/489 las secuelas que el accidente ha dejado en los protagonistas.

    En cuanto a M., que contaba con 12 años a la fecha del hecho, destaca que se encontraba en tratamiento psicológico desde hacía ocho años (fs. 475) y que en su personalidad gravita su propia historia, en la que influye la muerte de sus dos padres naturales en un accidente automovilístico y la posterior adopción por sus tíos. En esa historia se manifiesta la "insatisfacción sentimental y la falta de aprecio" que lo han llevado "a una gran tensión y un autocontrol excesivo" (fs. 478). En ese cuadro se inscribe el trauma

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación producido por el accidente, que se proyecta sobre su "esquema corporal, disminuyendo su autoestima, debilitando su yo, dificultando así sus relaciones interpersonales y dando lugar a sentimientos de inferioridad, inseguridad y dolor", lo que genera estados depresivos o reacciones agresivas con el medio social (fs. 488).

    Por ello la experta recomienda un tratamiento de "dos años como mínimo de dos veces por semana, en el que se trabaje sus inhibiciones sociales, su transición por la adolescencia y su desarrollo futuro, ya que el hecho de autos reactiva una experiencia altamente traumática previa (muerte de los padres en un accidente en el que él se encontraba)".

    Agrega que el episodio que ahora vivió "ha dado lugar a una importante lesión física que limitó y limita su inserción social en su grupo de pares" (fs. 489). Estima el costo del tratamiento en $ 50 por sesión individual.

    De lo expuesto resulta claro que en el caso de M. preexistía una situación que demandó desde hace años atención terapéutica (la perito fija en ocho años su duración) sobre la cual gravitó como un factor coadyuvante C. no exclusivoC el accidente ahora sufrido.

    Por ello, parece apropiado limitar los alcances de la indemnización a una sesión semanal, por lo que se la fija en $ 4.800.

    11) Que en cuanto al daño moral, resulta procedente si se reconoce la honda aflicción espiritual que ocasionó a M.A.C. el suceso, por lo que se fija en tal concepto la suma de $ 80.000. En cambio, no es admisible igual petición efectuada por sus padres toda vez que la satisfacción de tal agravio queda circunscripta a la esfera anímica de la propia víctima, tal como resulta del texto expreso del art.

    1078 del Código Civil (Fallos: 318:1715).

    Cabe, asimismo, la consideración de los gastos de-

    rivados de los tratamientos médicos, el ulterior proceso de rehabilitación y de otros rubros accesorios.

    A fs. 141 obra el reconocimiento por parte del doctor S.S. de los recibos que acreditan el pago de sus honorarios quirúrgicos y de consulta que ascienden a $ 17.340, a lo que cabe agregar los gastos incurridos con la firma Implan Med, que ascienden a $ 756,25 (ver fs. 132/135), los correspondientes a Ortopedia Warnes $ 51 (ver fs. 252/ 255), y los servicios prestados por Igualar S.A. $ 741,11 (ver fs. 260/273). A su vez, la rehabilitación y convalecencia de M. generó honorarios kinesiológicos por un importe de $ 400 (fs. 295/296 vta.) y requirió los servicios de A.A. y A.R.D. de P. para su atención, cuidado y apoyo escolar, que insumieron un costo de $ 3.300 y $ 600, respectivamente, los que se acreditan con los recibos reconocidos a fs. 303/305 y 306. Asimismo están reconocidas las facturas del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. por la suma de $ 542,11 (ver fs. 19, 36 y 160).

    Todo ello asciende a $ 23.730,47.

    12) Que los demandantes integran su reclamo con el daño patrimonial acaecido a raíz de la colisión sufrida por su automotor, que no se consideró cubierta en la causal de destrucción total comprendida en la póliza emitida por la Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A., tal como, por lo demás, surge del informe de esa empresa agregado a fs.

    574/593. El actor ha expresado en su demanda que vendió el vehículo en la suma de $ 5.000 (ver fs. 64) y el perito ingeniero mecánico ha establecido su valor para la fecha del siniestro en la de $ 13.000 (fs. 471 vta.). De resultas de ello, cabe reconocer en concepto de desvalorización del rodado la cantidad de $ 8.000.

    También resulta procedente el resarcimiento de la privación de uso del rodado, que se fija en

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación $ 500.

    13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de $ 138.530,47, la que deberá ser reducida de acuerdo con la atribución de responsabilidad establecida en el considerando 6° de la sentencia. Los intereses se deberán computar en relación a los importes reconocidos en concepto de "incapacidad", "daño moral", "desvalorización del rodado" y "privación de uso" a partir del 31 de diciembre de 1997 Cdía del accidenteC y respecto del rubro "gastos" desde que cada suma fue abonada, en ambos casos, hasta el 31 de diciembre de 1999 según la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921 y H.9.XIX. "H.S.A. c/ Neuquén, Gobierno de la Provincia del y/o quien resulte propietario s/ expropiación@, sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros). Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

    Por ello, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por A.C. y M.C.B. de Cebollero por derecho propio y en representación de su hijo menor M.A.C.C. contra la Provincia de Córdoba, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 69.265,23 con más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando precedente.

    Con costas en un 85% a la demandada y en el 15% restante a la actora (art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N..

    JULIO S.

    NAZARENO (en disidencia parcial)- EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO R.V. -J.C.M. (en disidencia parcial).

    D.

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.C.M. Considerando:

    Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 12 del voto de la mayoría.

    13) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de $ 138.530,47. Los intereses se deberán computar en relación a los importes reconocidos en concepto de "incapacidad", "daño moral", "desvalorización del rodado" y "privación de uso" a partir del 31 de diciembre de 1997 Cdía del accidenteC y respecto del rubro "gastos" desde que cada suma fue abonada, en ambos casos, hasta el 31 de diciembre de 1999 según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 317:1921, votos en disidencia parcial de los jueces N., F., L. (h) y B., y causa H.9.XIX. "H.S.A. c/ Neuquén, Gobierno de la Provincia del y/o quien resulte propietario s/ expropiación@, voto en disidencia de los jueces N., L. (h) y B., sentencia del 2 de noviembre de 1995, entre otros). Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengaran los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

    Por ello, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por A.C. y M.C.B. de Cebollero por derecho propio y en representación de su hijo menor M.A.C.C. contra la Provincia de Córdoba, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 69.265,23 con más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando precedente.

    Con costas en un 85% a la demandada y en el 15% restante a la actora (art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N.. JULIO S.N. -J.C.M..