Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 9 de Mayo de 2003, E. 263. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

E. 263. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

Estado provincial s/ amparo.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de la Rioja hizo lugar a la acción de amparo incoada por el Estado Provincial contra la sentencia de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Rioja y declaró perimida la instancia en el proceso caratulado "S.J.M.B. c/ Gobierno de la Provincia de la Rioja -Indemnización por E.. n1 12.980-S-1971" (fs.

92/102).

Disconforme, el apoderado en el juicio universal interpuso el recurso extraordinario federal obrante a fs.103/113, que, declarado inadmisible (fs.114/117), motivó la presente queja.

Sostuvo que la cuestión federal surge de manera imprevista al resolver el superior tribunal provincial, de manera arbitraria, la procedencia del amparo promovido contra una sentencia susceptible de recurso de casación, omitiendo totalmente el tratamiento de las cuestiones propuestas y conducentes para la improcedencia formal de la acción. De este modo, vio -a su entender- cercenadas las garantías constitucionales de propiedad, toda vez que, al declarar la perención de instancia, lo obliga a iniciar otro juicio para cobrar la indemnización expropiatoria, pudiendo la Provincia invocar la prescripción del derecho, lo cual es violatorio de su derecho de defensa en juicio -al constituir una verdadera situación de privación de justicia- y de igualdad ante la ley (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional). Asimismo, lo priva de los beneficios de un proceso ya ganado en numerosas instancias.

Afirmó que el recurso de casación era la vía procesal válida y que la excepcionalidad del amparo lo torna un conducto inhábil para solucionar la falta de ejercicio de los derechos que los medios legales otorgan y los recursos que las

leyes ponen a disposición de las partes. A tal fin, subrayó las normas de la Constitución de La Rioja (art.28) y del Código Procesal provincial (art. 379 inc. 31 y 382 inc. 41), que abonan su postura.

Por otra parte, adujo la arbitrariedad de la sentencia por contradicción, pues, al resolver en el amparo la perención de instancia del expediente principal, el Superior Tribunal se volvió contra su anterior decisión, por la cual declaró la caducidad sólo del incidente de excepción de falta de derecho.

-II-

Tiene dicho V.E. que la arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia cuando deciden recursos de orden local (Fallos: 302:418; 307:1100; 313:493, entre otros) y que es extraña a la instancia federal la revisión de las decisiones vinculadas con los requisitos que deben reunir los recursos ante los tribunales de la causa (Fallos:

308:1253; 313:1045), aunque tal doctrina admite excepción cuando, como entiendo que sucede en el sub examine, el pronunciamiento impugnado no atiende a los términos de los preceptos cuya aplicación se pretende, por lo que la declarada inadmisibilidad del remedio federal puede generar una indebida restricción del derecho de defensa que asiste al recurrente.

Así lo pienso, toda vez que la crítica que se desprende de la presentación se dirige a demostrar -para mi entender, con acierto- el apartamiento en que incurrió el superior tribunal provincial respecto de las normas procesales referidas tanto al recurso de casación como a las aplicables en cuanto a la viabilidad formal de la acción de amparo intentada por la Provincia de La Rioja. Al hacer lugar a la

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Procuración General de la Nación acción de amparo y resolver el fondo de la cuestión, ventilada en un proceso ordinario, omitiendo considerar la procedencia formal de dicha acción, se privó a la recurrente de su ejercicio de defensa sin siquiera invocar cual era la norma que habilitaba al tribunal a prescindir de los requisitos expresamente establecidos en la ley de rito.

Entiendo que resultaba particularmente exigible la consideración por parte del superior tribunal de lo alegado por la recurrente en punto a la improcedencia formal del amparo, toda vez que involucra la protección judicial de derechos y garantías constitucionales -como la defensa en juiciopor cuyo reconocimiento deben también velar los máximos órganos judiciales de provincia (conf. doctrina Fallos: 310:324 y 324:3612), siempre que se lesione la garantía de defensa, aún cuando se trate de resoluciones que versen sustancialmente sobre cuestiones de hecho, derecho común y procesal, y se transgredan principios fundamentales o se cause indefensión, la sentencia recaída será descalificable por el carril del recurso federal o causal de arbitrariedad (conf. doctrina Fallos: 316:2464), máxime si se tiene en cuenta que, en el sub lite, al recurrente se le causa un agravio de imposible reparación ulterior en la medida que, tal como él invoca, la nueva acción que podría iniciar ante la perención de instancia decretada en el amparo, puede ser argüida de prescripción.

Asiste también razón al quejoso cuando afirma que el tribunal a quo no pudo soslayar la aplicación de los arts. 379 inc.

31 y 382 inc.41.

El primero de ellos establece la improcedencia del juicio de amparo si se dispusiere de una vía procesal ordinaria, judicial o administrativa, para obtener la reparación del derecho.

Por su parte, el segundo precepto mencionado impone al juez constatar, dentro del día siguiente de la presentación de la demanda, entre otros, dicho recaudo,

provocando su existencia el rechazo, sin más trámite, de la demanda de amparo. El Superior Tribunal no sólo no consideró los agravios del quejoso sino que obvió aplicar las normas procesales del amparo, lo que en realidad resulta de una inactividad del amparista para articular el recurso de casación correspondiente conforme al art.

256 del Código Procesal provincial.

En efecto, por no cotejar la existencia de otra vía, el tribunal avala arbitrariamente la voluntad de la Provincia de La Rioja de abandonar las instancias locales posibles. La actitud de la contraparte surge de manera palmaria de los propios dichos de la apoderada de la Provincia quien, notificada el 10 de octubre de 2000 de la sentencia de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Rioja, se presenta el 26 de igual mes y año (fs. 325 del expediente principal) -ya fenecido el plazo de tres días para anunciar la interposición del recurso de casación (art. 258 código de rito)- con el fin de hacer conocer al Tribunal y a la contraparte que "...se estudia la posibilidad de interponer Acción de Amparo..." contra el decisorio, escrito cuyos términos fueron rechazados por improcedentes (fs.

327 del ppal). Igual suerte corrió el libelo presentado por la Provincia que acompañaba la certificación de la iniciación de la demanda de amparo. (fs. 332 idem).

Cabe tener muy en cuenta que, como sostenidamente dijo la Corte Suprema, el amparo no está destinado a reemplazar los medios normalmente instituidos para la decisión de las controversias judiciales y que la existencia de un procedimiento para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado -en el sub iudice, el recurso de casación- basta para el rechazo de la acción de amparo (Fallos 301:801, entre muchos otros). En mi parecer, queda claro que en autos, la Pro-

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Procuración General de la Nación vincia optó por interponer un amparo por ante el Supremo Tribunal contra la resolución de cámara del 2 de octubre de 2000 en lugar de intentar, como conforme a la legislación vigente hubiera correspondido, el recurso de casación del art. 256 del código de rito, más allá y sin que pueda presumirse -como sostuvo como único argumento, a mi criterio equivocadamente, la Provincia- que los precedentes jurisprudenciales referidos a la improcedencia del mencionado recurso ante la inexistencia de gravamen irreparable justifiquen la elección de la vía, toda vez que, si hubo agravio suficiente para hacer lugar al amparo, no se ve cómo dicho recaudo podría no existir para una casación. Sobre el particular, tiene dicho V.E. que resulta indispensable para la admisión del amparo que quien solicita la protección acredite, en debida forma, la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado (Fallos:

316:1837, entre otros), de no ser así, arbitrariamente se evitaría -a través de un medio extraordinario- transitar la estructura procesal ordinaria determinada por las respectivas leyes de rito.

Por todo lo hasta aquí expuesto, tengo para mí que la sentencia de amparo, al haber hecho lugar a la acción y omitir considerar su procedencia formal, deviene en un acto jurisdiccional inválido en los términos y alcances de la doctrina de la arbitrariedad.

-III-

Opino, por tanto, al guardar la garantía constitucional invocada relación directa e inmediata con lo resuelto, que cabe hacer lugar a la presente queja y dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto fue materia de recurso extraordinario, debiendo devolverse las actuaciones al tribunal de procedencia para que dicte una nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2003.

Es Copia N.E.B.