Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 8 de Mayo de 2003, S. 368. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 368. XXXIV.

ORIGINARIO

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 44/79, Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. promovió demanda declarativa de certeza contra la Provincia del Neuquén, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).

Explicó que ha contratado la compra de petróleo a Total Austral S.A. y D.A. S.A. (en adelante, las "vendedoras"), y formalizó la relación de la siguiente manera:

  1. El 15 de abril de 1998 emitió una oferta de adquisición de petróleo por escrito; 2.

Ese mismo día, D.A.S.A. recibió la oferta, sin manifestar conformidad; 3.

Posteriormente, las vendedoras entregaron los bienes requeridos en la oferta de compra, lo cual se interpretó como una aceptación de hecho.

Debido a la inexistencia -en su criterio- de instrumento gravado, se abstuvo de tributar el impuesto de sellos provincial, posición compartida por las vendedoras en un primer momento.

Pero luego, aclaró, la Provincia del Neuquén adoptó oficialmente la tesitura que este tipo de operaciones se encuentra alcanzada por la gabela, motivo por el cual las vendedoras se acogieron al régimen de presentación espontánea establecido por el decreto provincial N1 786/98 (modificado por sus similares N1 2823/98 y 3083/98), y -con tal procederliberaron su parte de responsabilidad ante el fisco, denunciaron la existencia de la oferta de compra, y admitieron su gravabilidad.

De esta forma, consideró que se encuentra perjudicada por la obligación de incrementar sustancialmente sus previsiones contables ante la contingencia impositiva resul-

tante y que se la coloca frente al peligro inminente de responder ante la demandada, en el marco de una acción ejecutiva de cobro.

Respecto del fondo de la cuestión, criticó la postura de la Provincia, por transgredir las condiciones mínimas de instrumentación y autosuficiencia fijadas en el art. 91 de la ley 23.548.

Entendió que, al prescindir del instrumento autosuficiente y gravar la operación de venta por la mera existencia de la relación contractual, se ha transformado el impuesto de sellos en un gravamen a la mera venta de hidrocarburos, que se superpone con el impuesto al valor agregado. Esto resultaría ilegítimo, en virtud de la restricción que establece la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Adicionalmente sostuvo que, en caso de gravarse con el impuesto de sellos el contrato en cuestión, se produciría una extraterritorialidad del tributo provincial, violatoria de los arts. 9; 10; 11; 75, inc. 13, y 126 de la Constitución Nacional, por falta de vínculo necesario entre dicho acto y la jurisdicción pretensora, ya que la única relación es la meramente posible y circunstancial producción en dicha Provincia del petróleo adquirido, pues el negocio se concluyó fuera de ella, las partes se domicilian en la ciudad de Buenos Aires, y tanto las entregas como los pagos se realizan fuera de la Provincia del Neuquén.

En esta situación, planteó la falta de certeza jurídica respecto de su obligación frente al impuesto de sellos por la oferta de compra de fs. 8/26 y la inconstitucionalidad del art. 216, inc. a), del Código Fiscal, por contradecir el art. 91, inc. b), primera parte, y el apartado II, de la ley 23.548.

A fs. 84/89, amplió su demanda y solicitó la inter-

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Procuración General de la Nación vención del Estado Nacional como tercero, en los términos del art. 94 del CPCCN.

- II - De conformidad con el dictamen de este Ministerio Público de fs. 91/93, V.E. ordenó el traslado de la demanda, y citó al Estado Nacional (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos).

- III - A fs. 162/189, el Estado Nacional respondió su citación como tercero.

En primer término, explicó la mecánica del impuesto y las restricciones contenidas en la ley de coparticipación federal para, posteriormente, analizar el Código Fiscal de la demandada, y su interpretación -por parte del Superior Tribunal Provincial- en la causa "Solba UTE c/Provincia del Neuquén s/acción procesal administrativa" (expte. A 142702/94).

A continuación, se explayó sobre la posición de la Dirección General de Rentas provincial, la sostenida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), la situación en otras provincias, y las diferentes opiniones doctrinales sobre el tema.

Luego de esta introducción, afirmó que el Estado Nacional considera que la interpretación efectuada por la autoridad fiscal de la Provincia del Neuquén -al pretender gravar los contratos por correspondencia que no se ajustan a los recaudos formales establecidos en el art. 91, inc. b), acápite 2), de la ley 23.548- es arbitraria, colisiona con esta última norma y viola el principio de supremacía sentado por el art. 31 de la Constitución Nacional (cfr. pto. 9.1, fs.

187).

Por lo tanto, solicitó que se declaren erróneos los criterios interpretativos que sigue la demandada sobre el

actual texto de los incs. a) y b) del art. 216 del Código Fiscal, declarando, asimismo, inexigible ab initio la obligación contenida en el primer párrafo del inc. c) del art. 41 del decreto provincial 789/98.

Agregó, por último, que la cuestión planteada no puede escindirse de las posturas asumidas por los fiscos de Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro, que ostensiblemente traducen una expansión de las pretensiones tributarias locales más allá de los límites admitidos por la ley 23.548, susceptible de ser seguida por otras provincias.

Ello configura, en su criterio, una cuestión de gravedad institucional que puede afectar no sólo la economía del sector hidrocarburífero y eléctrico, interfiriendo en forma grave con la normal prestación de servicios públicos licenciados y concesionados por el Estado Nacional, sino también con la economía general de la Nación toda, a ser factible la extensión de estas interpretaciones a una amplia gama de vinculaciones contractuales de la más diversa índole.

- IV - A fs. 220/237, la Provincia del N. contestó la demanda y solicitó su rechazo.

En primer lugar, planteó la incompetencia de V.E. para entender en el asunto, pues consideró que la cuestión es propia del derecho público local, al cual pertenecen tanto las leyes-convenio y los pactos federales, como el Código Fiscal cuyo alcance se debate en esta instancia.

A continuación, negó la existencia de "caso" o "causa judicial", pues el impuesto ha sido satisfecho en forma total por las vendedoras. Reconoce expresamente que no existe crédito fiscal adeudado y que la Provincia del Neuquén "Y tampoco podría iniciar acciones de determinación en el futuro pues, con fecha 17 de septiembre de 1998, Deminex Argentina

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Procuración General de la Nación S.A. y Total Austral S.A. se acogieron a los beneficios del decreto 786/98 integrando el impuesto correspondiente a la parte vendedora y a la compradora" (cfr. pto. 7, fs. 223 vta., resaltado en el original).

Destacó que no existe probabilidad de perjuicio derivado del obrar de la Provincia, ni riesgo de daño futuro o potencial, pues el tributo ha sido cancelado en un cien por ciento, limitándose la posible controversia a una discrepancia entre la actora y las vendedoras, materia ajena a la competencia originaria de V.E.

También afirmó que la Comisión Federal de Impuestos constituye la vía apta para dilucidar la cuestión planteada y que se intenta someter al juicio de V.E. los criterios de política fiscal del Estado Nacional y las provincias.

Respecto del fondo del planteo, reseñó el régimen del impuesto de sellos provincial, y negó que exista confrontación alguna con las disposiciones de la ley 23.548.

Explicó el sistema de exenciones parciales establecidas por el decreto provincial N1 786/98 (modificado y complementado por sus similares N1 2823/98 y 3083/98), para los instrumentos referidos a la compraventa de petróleo crudo y gas natural, cuyo impuesto no haya sido abonado y su valor económico supere los treinta millones de pesos ($30.000.000) o su duración original sea mayor a dos años y señaló las ventajas que genera su adopción por parte del contribuyente.

Por último, negó legitimación a la actora para agraviarse respecto de la extraterritorialidad de un tributo que no abonó y que fue cancelado voluntariamente por las vendedoras.

Igualmente, rechazó la existencia de afectación al libre comercio interprovincial, a raíz de la aplicación del

gravamen discutido, alegando que la accionante no resulta inmune al poder de imposición de la Provincia y no ha invocado tampoco que el tributo importe un trato discriminatorio respecto de otras empresas similares, ni que su exigencia encarezca la actividad al extremo de tornar imposible su desarrollo.

- V - Ante todo, considero que corresponde examinar si se encuentran reunidos los presupuestos para la admisibilidad formal de la acción declarativa intentada.

Al respecto, no es ocioso recordar que "la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un 'caso' que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental" (Fallos:

307:1379; 308:2569; 310:606, 977; 318:30; 320:1875; 322:678 y 1253, entre otros).

Precisamente, en el primero de los precedentes citados (in re, "Santiago del Estero, Provincia de c/Estado Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/acción de amparo"), la Corte, al igual que lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos -en la causa "Aetna Life Insurance Co. c/Havorth", 300 US 227- definió los presupuestos formales de admisión de este tipo de acción: a) actividad administrativa que afecta un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo y c), que aquella actividad tenga concreción bastante.

- VI - Sobre la base de tales premisas, considero que no se reúnen en el sub lite los requisitos que habilitan la admisión de la acción meramente declarativa intentada por la actora.

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Procuración General de la Nación En efecto, por los términos utilizados en la contestación de la demanda y en la respuesta brindada por el Subdirector Provincial de Rentas a fs. 354, se evidencia que no existe -ni podrá existir- actividad de la Provincia enderezada a perseguir a la actora por el cobro del impuesto de sellos, presuntamente devengado por la oferta de compra de fs.

8/26.

En su responde, la Provincia expresamente reconoce que la accionante no registra deuda impositiva por su oferta de fs. 8/26, pues dicho tributo ha sido íntegramente cancelado por las vendedoras, el 17 de agosto de 1998. A mayor abundamiento, destaca que nada podrá reclamar en el futuro. En sus propias palabras: "Cabe dejar aclarado que la Provincia del Neuquén tampoco podría iniciar acciones de determinación en el futuro pues, con fecha 17 de septiembre de 1998, D.A.S.A. y Total Austral S.A. se acogieron a los beneficios del decreto 786/98 integrando el impuesto correspondiente a la parte vendedora y a la compradora" (cfr. pto.

7, fs. 223 vta., subrayado agregado).

Por su parte, el Subdirector Provincial de Rentas de la demandada, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 13 del Código Fiscal (ley 874, t.o. 1997), informa que no existe deuda en concepto de impuesto de sellos por la oferta de compra de fs. 8/26 (cfr. pto. 41, fs. 354).

En este caso concreto, ambas afirmaciones poseen -en mi entender- el valor de un "recibo de pago" por parte de la Provincia, que ampara a la actora frente a un eventual reclamo posterior que aquella pretendiera efectuarle, por quedar incorporado a su patrimonio como un derecho adquirido, y tutelado por el principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad (Fallos: 180:16; 261:188).

A ello se debe agregar que, al encontrarse fechada

la oferta de compra el 15 de abril de 1998, su regularización se produjo en el marco del régimen de exención dispuesto en el art.

2) del decreto 786/98, por ser esta posterior a su publicación (27 de marzo de 1998).

Este régimen establece, como requisito para gozar de la exención, que todas las partes del contrato deben estar acogidas a sus disposiciones. Añade a continuación: "Si todas las partes no estuvieren acogidas al presente, aquellas que si lo están abonarán la totalidad del impuesto del contrato de que se trate, sin perjuicio de los derechos que le pudieren corresponder contra las demás empresas signatarias" (el subrayado no pertenece al original).

En consecuencia, para la regularización practicada por las vendedoras -extremo no discutido por las partes- ha sido menester el pago de la totalidad del impuesto, conforme el claro requisito establecido por la norma transcripta supra.

Por último, estimo relevante la posición de la misma actora, al responder las notas cursadas por sus vendedoras, relativas al acogimiento al decreto provincial 786/98.

Al sostener su postura, contraria a la inclusión de la deuda impositiva en el régimen, manifestó: "Para el supuesto que U.. decidieran lo contrario, les hacemos saber que cualquier acogimiento parcial que no se corresponda con el pago del 100% del sellado que surja de la aplicación del mencionado decreto, expondría innecesariamente a nuestra empresa a un eventual reclamo de parte de la provincia, y en tal caso, nos veríamos obligados a hacerlos responsables por todos los montos que se nos exijan como consecuencia de vuestro accionar" (cfr. 31 párrafo, fs. 42 y 43).

De lo expuesto se infiere que Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. consideraba que sólo el pago total del impuesto la liberaría de reclamos por parte de las autoridades

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Procuración General de la Nación fiscales provinciales, hipótesis que finalmente se concretó -con ese alcance- el 17 de agosto de 1998.

En tales condiciones, es mi parecer que no se configura un "caso" o "causa", previsto en el art. 21 de la ley 27 -que, ciertamente, son los únicos en los que el Poder Judicial puede ejercer su jurisdicciónporque no se da una controversia actual y concreta entre la actora y la demandada que autorice a calificarlo como tal.

Por el contrario, la indubitable afirmación de la Provincia acerca de la cancelación total de la deuda por impuesto de sellos devengada por la oferta de compra de fs.

8/26, y el expreso reconocimiento que nada puede -ni podráexigir a la actora por tal concepto, conducen a la inevitable negación en autos de un "estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica", la cual, a su vez, "pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor".

Idéntica conclusión se impone, en mi parecer, respecto de la eventual acción de regreso que pudieran intentar las vendedoras, por la parte del impuesto abonado correspondiente al actor. Sin perjuicio de la procedencia de dicho agravio para sustentar la competencia originaria de V.E., su planteo resulta conjetural e hipotético (Fallos:

303:447; 311:2518, entre otros), ya que no se probó comportamiento alguno de las vendedoras, configurativo del requisito del "acto en ciernes", que pueda válidamente originar un conflicto concreto, que inmediatice su gravamen.

- VII - En atención a lo expuesto, en mi opinión, corresponde declarar inadmisible la acción declarativa interpuesta.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2003.

N.E.B.