Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 5 de Mayo de 2003, C. 431. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 431. XXXIX.

P., R. s/ violación con fuerza o intimidación.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 45, y del Juzgado de Instrucción N° 1 de Resistencia, Provincia del Chaco, se refiere a la causa instruida con motivo de la denuncia formulada por M.L.E., en esta ciudad.

Allí refiere haber sido abusada por su padre R.P., quien durante varios años y reiteradamente la habría obligado a mantener relaciones sexuales. Puntualizó que desde la edad de 12 años es violada por el imputado y que, como consecuencia de ello tuvo cinco hijos. Luego del nacimiento del menor de ellos, habría cesado esa conducta delictiva, no obstante las continuas amenazas proferidas por P. para continuar con el sometimiento.

El magistrado que previno, después de realizar numerosas diligencias instructorias, dictó el sobreseimiento del imputado en relación a las amenazas coactivas y se declaró incompetente. Valoró para ello los dichos de la denunciante en cuanto a que la última violación habría tenido lugar en la ciudad de Resistencia donde se domiciliaba el grupo familiar (fs. 165/167).

Con motivo del recurso de apelación interpuesto por el representante de este Ministerio Público (fs. 169/171), la cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento, en tanto estimó que se contaba en el legajo con suficientes elementos para dictar el procesamiento por el delito previsto en el art.

149 bis, segundo párrafo, del Código Penal. En cuanto a la decisión jurisdiccional adoptada por el a quo, el tribunal se limitó a declarar firme el auto de incompetencia en tanto el

recurso fue desistido por el fiscal de esa instancia (fs.

189/190).

El juez provincial, a su turno, no compartió el criterio expuesto por el declinante. Sostuvo que no surge con certeza de las constancias de autos el lugar donde habría cesado el accionar delictivo y que, a su juicio, los dichos de la damnificada, en este sentido, no bastan, toda vez que no obran en el legajo elementos probatorios objetivos e independientes de cuya valoración pueda acreditarse tal extremo (fs. 198/201).

Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, su titular, mantuvo el criterio expuesto y, en esta oportunidad, agregó que los informes periciales efectuados a E. descartan que se trate de una fabuladora. Finalmente con sustento en la doctrina de Fallos: 310:2156 y 324:398, dio por trabada la contienda y elevó las actuaciones a la Corte (fs. 215/219).

En primer término creo oportuno señalar, a los efectos que pudiera corresponder, que la demora en el trámite que le imprimió la justicia chaqueña a este conflicto habría actuado en desmedro del buen servicio de justicia (Fallos:

310:2755; 311:1473; 318:2590; 319:913 y 322:589, entre otros).

Por lo demás, y a diferencia de lo planteado por el juez provincial, entiendo que los dichos de la denunciante estarían, en principio, corroborados por las pruebas agregadas al legajo. Prueba de ello es el resultado de los análisis genéticos efectuados (fs. 154/158) de los que se desprende, con un alto grado de probabilidad, que P. es el padre de E. y de los hijos de ésta. Sobre esta base, y no obstante las imprecisiones en que pudo incurrir la denunciante en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos, me expediré para dirimir esta contienda (Fallos:

303:1606; 306:1387; 307:1145; 308:213; 317:223;

Competencia N° 431. XXXIX.

P., R. s/ violación con fuerza o intimidación.

Procuración General de la Nación 323:785 y 2032; 324:2355, 3559 y 325:908, entre otros).

En efecto, a juicio de este Ministerio Público el magistrado nacional ha valorado en forma parcial las manifestaciones de la damnificada en relación al lugar donde se habrían desarrollado los actos con relevancia típica. Y ello es así en tanto de las actuaciones instruidas por el delito de desobediencia a la autoridad, acumuladas materialmente a la causa donde se investiga la violación y las amenazas coactivas (confr. fs.

209, 210 y 213 del agregado), se desprende, conforme lo refiriera M.L.E., en oportunidad de prestar declaración testimonial el 30 de abril de 2001, que "...estando embarazada de su primer hijo, dejaron su pueblo natal en el Chaco, ubicándose en un comienzo en Monte Chingolo y en distintos lugares apartados de Buenos Aires, donde vivía aislada de todo pero hace dos años se instalaron en esta Capital" (confr. fs. 196/199 idem. ant.). No debe soslayarse que E. luego tuvo cuatro embarazos más, atribuidos, también, a los abusos de su padre.

Asimismo, y en el mismo marco de actuación la denunciante refirió concretamente que fue violada por última vez en diciembre de 2000 (conf. fs. 202/203 del anexo), fecha en la que convivía con el imputado en el domicilio de esta ciudad.

Sentado ello, no puede afirmarse que las conductas sexualmente abusivas reprochadas sólo se hubieran desarrollado en la ciudad de Resistencia, sino que se proyectaron, con habitualidad, a lo largo de todo el tiempo de convivencia entre las partes, en los distintos domicilios familiares, extendiéndose a otras jurisdicciones, incluso al de esta ciudad.

En consecuencia, y puesto que se trata de una misma víctima, estaríamos en presencia de un delito continuado de

abuso sexual, previsto en el art. 119 del Código Penal (para caracterizar la continuación se tuvo en cuenta el Manual de Derecho Penal, P. General, págs. 270 a 273, de Ricardo C.

Núñez, M.L.E., año 1999; y Derecho Penal Argentino, Tomo 2, pág. 360, de S.S., Tipográfica Editora Argentina, año 1992).

Por ello, resulta de aplicación al caso la doctrina del Tribunal, según la cual, son competentes para conocer en este tipo de infracciones, los magistrados con jurisdicción en cada uno de los lugares de los cuales se produjeron actos con relevancia típica y que, frente a tal hipótesis, la elección del tribunal que conocerá en la causa debe hacerse atendiendo a exigencias de una mayor economía procesal (Fallos: 302:512; 305:610 y 323:376 y Competencia N° 1049.XXXVIII. in re "B., H. s/ abuso deshonesto Cmod. ley 25.087C", resuelta el 25 de febrero de este año).

En consonancia con estos principios, y en atención a que tanto la víctima como el imputado se domicilian en esta ciudad, jurisdicción en la que además tramitan las causas iniciadas contra P. por hechos similares a los que aquí se investigan Cpróximas a la celebración del juicio oralC (ver fs.

341/354 del agregado) y donde, además, E. recibe asistencia psicológica, opino que corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 45, para proseguir con el trámite de las actuaciones.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2003.

L.S.G.W.