Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25 de Marzo de 2003, A. 711. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 711. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

Administración Nacional de la Seguridad Social c/ Rafael Sanmartino S.A.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

Contra la decisión de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.463 impuso en el orden causado las costas de esta tercería de dominio incoada, entre otros, contra la Administración Nacional de la Seguridad Social , los terceristas actores dedujeron el recurso extraordinario de fojas 112/15, cuya denegatoria de fojas 131/133, dio lugar a la presente queja.

Los agravios centrales de los quejosos se refieren primero, a la errónea aplicación a este incidente del artículo 21 de la ley 24463; y luego a la omisión en la consideración del principio que consagra el artículo 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Es menester precisar, en primer lugar , que el recurso extraordinario en cuanto se refiere a la aplicación de la ley 24463, de acuerdo con lo reiteradamente sostenido por V.E. en casos análogos, configura materia federal suficiente para declararlo procedente (v. doctrina de Fallos 324:171 entre otros).

En cuanto al fondo del asunto, es dable poner de resalto que el artículo 21 de la ley citada es aplicable a los supuestos y procedimientos a los que él hace referencia (v. doctrina de Fallos 324:171, punto II, segundo párrafo y 324:4260),ninguno de los cuales se configura en el caso.

En efecto, en este incidente terceros ajenos al proceso por deudas fiscales que ANSES siguió a la empresa R.S.S.A., pretenden , en la condición que invocan de titulares del dominio por usucapión, el desembargo y suspensión de la subasta de parte de un inmueble gravado por la ejecutante . En ese contexto, el caso escapa al principio estipulado por la mencionada Ley de Solidaridad Previsional y

lo considero alcanzado por los principios generales de procedimiento.

Entonces, y en el marco legal de los artículos 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estimo razonable la decisión del aquo que termina imponiendo las costas en partes iguales a los litigantes, de un lado, por las particularidades del caso; y, por otro, pues el organismo previsional pudo considerarse con derecho al embargo y ejecución cuestionados. Así lo considero, sin perjuicio que los demandantes, -luego de ser revocada la decisión de la anterior instancia-, hayan resultado vencedores en la tercería, ya que al momento de la traba del embargo la empresa deudora y ejecutada Bsegún vienen a reconocerlo los propios quejosos- aparecía como titular registral de la totalidad del inmueble. Cabe agregar a ello que esa medida se hizo efectiva antes que fuera dictada la sentencia de usucapión, que como hecho nuevo respecto de dos lotes parte el inmueble total, invocan los incidentistas y también con prelación a la anotación de litis concretada en el proceso de prescripción adquisitiva (v. constancias de fojas 1 y vta).

Por ello, y sin perjuicio de la naturaleza común y procesal del problema de la condena de las costas en el marco de procedimientos ordinarios, estimo que a los fines de evitar nuevas dilaciones en el trámite, cabría confirmar la sentencia.

Buenos Aires, 25 de marzo 2003.

F.D.O.