Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 20 de Marzo de 2003, C. 1207. XXXVIII

EmisorProcuración General de la Nación

Competencia N° 1207. XXXVIII.

A., A.O.; Empresa Integral Rodas y Asociados s/ infr. art. 302 del C.P.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

Vuelvan estas actuaciones a la Procuración General con motivo de una nueva contienda negativa de competencia finalmente trabada ante los titulares del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, y del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Morón, en la causa donde se investiga la denuncia formulada por S.M., apoderado de "Etaba SAIC".

De las constancias agregadas al incidente se desprende que las tratativas previas a la operación fueron efectuadas telefónicamente entre el denunciante y una persona de nombre P., en representación de I.R. y Asociados, quien le envió por fax referencias comerciales y copia de un cheque de la cuenta corriente de uno de los socios de nombre A. junto con un formulario de inscripción ante la DGI, a nombre del librador. El cheque fue entregado, con una tarjeta de la empresa, por un transportista que retiró los materiales, en la sede de Etaba.

Luego de rechazado el valor el denunciante se comunicó con la firma Integral Home Ccitada por los denunciados como referencia comercialC donde le informaron que, en el interín, también habían sido estafados por Integral Rodas.

El Tribunal con fecha 26 de febrero del año pasado, resolvió por los fundamentos y conclusiones del dictamen del suscripto, que debía continuar con el trámite de las actuaciones el titular del Juzgado Nacional den lo Criminal de Instrucción N° 38 que previno, en tanto no se habría descartado la existencia de una conducta defraudatoria en los hechos denunciados (confrontar fs. 27/28 y 29).

Recibidas las actuaciones en el juzgado competente, su titular, luego de ordenar algunas diligencias probatorias

declaró nuevamente su incompetencia.

En esta oportunidad, mantuvo el criterio expuesto originariamente, en cuanto la conducta denunciada encontraría adecuación típica en la figura legal prevista por el art. 302 del Código Penal (fs. 14/15) y añadió en apoyo a su postura que la dación de un cheque de pago diferido contra entrega de mercadería no constituye una maniobra estafatoria, sino una operación a crédito en la que no existió simultaneidad en las contraprestaciones. Por ello remitió las actuaciones a conocimiento de la justicia en lo penal económico (fs. 54/56).

Esta última, por su parte, se remitió a los fundamentos expuestos en la contienda ya resuelta (fs. 17) y declinó su competencia a favor de la justicia provincial (fs.

58).

El magistrado local, no aceptó esta nueva atribución. Sostuvo, compartiendo el criterio del fiscal, que de las constancias agregadas a la causa se desprende claramente la existencia de una maniobra o ardid defraudatorio por parte de quienes previo a la disposición de la mercadería y entrega del cheque al damnificado, lo indujeron a error mediante documentación y referencias que acreditarían la solvencia del supuesto comprador (fs. 60/61).

Con la insistencia del juzgado penal económico y la elevación del incidente a la Corte, quedó trabada la contienda (fs. 62/63).

En primer término, creo oportuno observar, a los efectos que pudieran corresponder, que la profusión de decisiones jurisdiccionales de los tribunales intervinientes en torno al tema de la competencia actuó en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia (Fallos: 271:121 y 306:1422, entre otros).

Por lo demás V.E. tiene establecido que es presu-

Competencia N° 1207. XXXVIII.

A., A.O.; Empresa Integral Rodas y Asociados s/ infr. art. 302 del C.P.

Procuración General de la Nación puesto necesario para una concreta contienda negativa de competencia que los jueces entre quienes se suscita se la tribuyan recíprocamente (Fallos: 304:342 y 1572; 305:2204; 306:- 591; 307:2139; 311:1965 y 314:239, entre otros), lo que no sucede en el sub lite, dado que el juez provincial no atribuyó competencia a la justicia en lo penal económico para conocer en el hecho objeto de este proceso.

Para el supuesto de que el Tribunal, por razones de economía procesal y atendiendo a la necesidad de dar pronto fin a la cuestión, decidiera dejar de lado este reparo formal, me pronunciaré sobre el fondo de la misma.

A juicio del suscripto, las diligencias procesales ordenadas por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, a quien V.E. le atribuyera la competencia para continuar con esta investigación, no tienen entidad suficiente para descartar que M. hubiera sido víctima de una maniobra defraudatoria.

En efecto, la magistrada sólo se limitó a recibirle una nueva declaración al nombrado (fs. 46/47) y a solicitar informes a la Inspección General de Justicia (fs. 52), medidas que no aportaron a la investigación ningún elemento probatorio, además de los ya incorporados con anterioridad a la contienda primigenia que permitan hacer variar la decisión adoptada por el Tribunal, sin perjuicio de lo cual insistió en desprenderse de la causa.

Por ello, subsiste, a mi modo de ver la grave sospecha de que el denunciante habría sido inducido a error por los denunciados, tanto en la solvencia cuanto en la capacidad de operación de la firma compradora mediante falsas referencias y documentación apócrifa relativa al librador del cheque.

Es claro y preciso M. en este punto, en cuanto refiere que

una de las firmas citadas como aval fue también perjudicada simultáneamente por el accionar de Integral Rodas y que la documentación enviada por fax Cque incluye la copia de un cheque extendido por A. a otra firma y una constancia de inscripción ante la DGIC no habría sido otorgada por el librador, quien refirió ante los cuestionamientos del denunciante, haber extraviado la chequera, hecho que denunció cuando lo comprobó (confr. fs. 79) y por el cual, además, recibió reclamos de otras empresas que comercializan materiales de construcción (confr. fs. 1/2, 22/23, 26 y 46/47).

Sentado ello, en mi opinión, existen en el caso fuertes indicios para sospechar que quien entregó el documento de pago diferido, lo hizo con conocimiento de su origen espurio y de su imposible cobro, y que su aceptación contra entrega de la mercadería fue provocado por un despliegue engañoso constitutivo del ardid determinante del acto de disposición del denunciante, propio de la estafa (Fallos:

323:2608).

En efecto, nótese a este respecto, que la firma inserta en el cheque Csi bien éste no fue rechazado por firmante desconocidoC difiere notoriamente de aquéllas estampadas tanto en las copias de los valores remitidos por la entidad bancaria girada, librados por A., como en la constancia de la denuncia policial de extravío por él efectuada (ver fs. citadas) y coincide con aquélla inserta en el formulario de inscripción de la DGI que aportaran los denunciados antes de la operación (fs. 40/41).

Por lo demás, nada se hizo para comprobar la legitimidad de aquel documento, ni para acreditar que A. estuviera vinculado a I.R., que el valor realmente se hubiera extraviado y si fue o no librado por su propietario.

Competencia N° 1207. XXXVIII.

A., A.O.; Empresa Integral Rodas y Asociados s/ infr. art. 302 del C.P.

Procuración General de la Nación En mérito a lo expuesto, opino que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, continuar con el trámite de las actuaciones, en el sentido expuesto.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2003.

L.S.G.W.

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