Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Febrero de 2003, C. 339. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
  1. 339. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    C., C.A. s/ calumnias e injurias.

    Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

    -I-

    El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tucumán rechazó el recurso extraordinario interpuesto por A.D.B. por el cual se impugnaba la sentencia que -confirmando las de las instancias anteriores- declaraba la inconstitucionalidad de los artículos 58 y 60 de la constitución provincial y rechazaba la querella por calumnias e injurias entablada por el recurrente contra el legislador provincial C.C..

    Contra la decisión denegatoria del recurso extraordinario, se interpuso la presente queja.

    -II-

    Se agravia la defensa de que la interpretación del artículo 68 de la Constitución Nacional propuesta por el tribunal provincial no es correcta e implicaría la promoción de un fuero personal para los legisladores. Que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional asignan a esta prerrogativa un alcance significativamente menor al utilizado en la sentencia para fundar la declaración de inconstitucionalidad del régimen provincial.

    Por otro lado, destaca, nada obstaría a que el precepto provincial difiriera en cuanto al régimen utilizado para la protección de esta inmunidad, por cuanto esta circunstancia se constituiría en una expresión de la vigencia del sistema federal y de las facultades reservadas a las provincias.

    El recurrente impugna también la declaración de inconstitucionalidad de oficio y sin recabar previamente la opinión de las partes en el proceso.

    Por último, considera que la sentencia en cuestión

    se sustenta en afirmaciones dogmáticas y contrarias a la jurisprudencia del Tribunal sobre la materia por lo que, a su juicio, por este motivo y los arriba expresados, la sentencia resultaría impugnable con base en la doctrina de la arbitrariedad.

    -III-

    Sentados así los agravios que sustentan la queja, soy de la opinión que no debe tener acogida favorable, por las razones que paso a exponer.

    Más allá de las consideraciones expuestas por el recurrente considero que no existe caso federal suficiente para admitir la intervención de la Corte.

    En este sentido, adviértase que la cuestión debatida en todas las instancias, se circunscribe a la extensión que debe dársele a las inmunidades de los legisladores provinciales. En efecto, contrariamente a lo argüido, no constituye una cuestión federal de las denominadas "simples" ya que no consiste en la interpretación directa de la Constitución Nacional, sino en verificar su compatibilidad con el texto provincial.

    Por ello, a mi juicio, en la especie no media resolución contraria al derecho federal en los términos que exige el inciso 21 del artículo 14 de la ley 48, toda vez que la sentencia reconoce la supremacía de la Constitución Nacional respecto de la ley local (Fallos 263:346; 2711:140; 300:474; 314:1176; 318:1690).

    Así, la cuestión (siempre que en la decisión en crisis se resguarden debidamente los principios republicanos) resulta extraña al recurso extraordinario federal, pues al tratarse de la interpretación de normas del derecho público local -la misma constitución provincial-, resulta aplicable la

  2. 339. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    C., C.A. s/ calumnias e injurias.

    Procuración General de la Nación doctrina del Tribunal según la cual éstas son, como regla, cuestiones irrevisables en la instancia del artículo 14 de la ley 48 en virtud del debido respeto a las atribuciones de las provincias en darse sus propias instituciones y regirse por ellas (doctrina de Fallos 311:100; 314:312 y 1459; 317:1671; 324:3494).

    Así lo ha establecido V.E. en numerosos precedentes donde consideró que la declaración de inconstitucionalidad de normas locales no constituye cuestión federal apta para sustentar el recurso extraordinario por no darse el requisito indispensable para su aceptación: la resolución contraria al derecho federal invocado (Fallos 318:1690 y B 368.XXXIV in re "Banco de la Provincia de Córdoba c/Carlos Grenni y otro" resuelta el 16 de febrero de 1999).

    Postura ésta que encuentra sustento en la salvaguarda del orden republicano argentino, en el cual, la forma en que cada Estado federal regula sus instituciones debe ser respetada, porque lo contrario significaría que por arte de interpretaciones artificiosas, el principio de la supremacía constitucional destruiría el sistema federal (del voto del doctor C.S.F. en Fallos 317:1195).

    Y si bien el superior tribunal provincial, para tachar de inconstitucional el régimen tucumano, se basó en una interpretación de las normas nacionales que el recurrente califica de errónea, considero que la hermenéutica propugnada por la sentencia constituye una elucidación posible, que no fuerza el tenor literal de los artículos en cuestión, por lo que mal podría tildársela de arbitraria, más allá de que se la comparta o no.

    En síntesis, esta queja resultaría improcedente, habida cuenta que la argumentación efectuada por el recurrente remite al examen de cuestiones de derecho público local,

    ajenas a la instancia extraordinaria y que han sido resueltas con fundamentos suficientes que, más allá de su acierto o error, excluyen su descalificación en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad (Fallos 315:2780; 316:2747; 322:792 y 323:629).

    -IV-

    Por ello opino que corresponde rechazar la presente queja.

    Buenos Aires, 27 de febrero de 2003.

    L.S.G.W.