Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Febrero de 2003, P. 3. XXXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

P. 3. XXXIX.

ORIGINARIO

Partido Justicialista Distrito Electoral de Catamarca c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 18 de febrero de 2003.

Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que a fs. 9/14 se presentan los apoderados del Partido Justicialista Distrito Electoral de la Provincia de Catamarca e inician la presente demanda a fin de que se declare la inconstitucionalidad del inc. 5° del art. 131 de la Constitución provincial en cuanto impone como exigencia para ser candidato a gobernador y vicegobernador "la residencia inmediata de cuatro años en la Provincia para los nativos de ella". Considera que dicha disposición es violatoria de los arts. 1, 5, 8, 16, 31, 33, 75 inc. 32, 90 y 128 de la Constitución Nacional, de los arts. 1, 2, 23, 24, 25, 27 y 28 del Pacto de San José de Costa Rica y de los arts. 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  2. ) Que los apoderados relatan que el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 1196/02 por medio del cual convocó a elecciones generales de gobernador y vicegobernador para el 2 de marzo del corriente año. Como consecuencia de ello el Partido Justicialista llamó a elecciones internas en las que resultó consagrado para el primero de esos cargos el actual senador nacional J.L.B.. Denuncian que existen rumores ciertos de una eventual impugnación a la candidatura que se fundamentaría en que el referido no cumpliría con la exigencia del inc. 5° del art. 131 de la Constitución de la provincia ya citado en el considerando anterior. Tal estado de cosas, la imprecisión que le atribuyen a la disposición constitucional en cuestión y la afectación de las garantías constitucionales también citadas les imponen la necesidad de plantear esta acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad.

    °) Que los apoderados del Partido Justicialista Distrito Catamarca señalan la dificultad interpretativa que ofrece la norma al determinar sólo que debe haber "residencia inmediata de cuatro años", e indican que no se sabe cómo debe interpretarse ese requisito si "todos conocemos la elemental distinción entre residencia y domicilio y el menor rigor exigido en la acreditación de la residencia" (ver fs. 11 vta.).

    En el mismo orden de ideas afirman que la exigencia de residencia "inmediata" no determina que deba ser "continua ni mucho menos ininterrumpida", y se preguntan si la "residencia inmediata )debe ser efectiva?". Los actores entienden que de conformidad con la previsión contenida en el art. 89 del Código Civil lo trascendente es el domicilio de una persona y no su residencia, razón por la cual, según arguyen, "surge el primer interrogante: La antigüedad de cuatro (4) años )debe ser en el domicilio o en la residencia?". Por lo demás, sostienen que de la interpretación de los arts. 20 y 34 de la ley 23.298 se extrae que el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en su documento de identidad y que debe concluirse que la residencia, que puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, también puede ser probada con dicho documento (ver fs. 12, cuarto y quinto párrafo).

  3. ) Que aducen que interpretar de otra manera la norma constitucional que impugnan afecta la igualdad ante la ley, implica un desborde respecto a otras normas Ctal como el art. 54 de la Constitución NacionalC, infringe el art. 31 de ese cuerpo legal, y excede los límites que cabe reconocerle al poder constituyente provincial.

  4. ) Que a fs. 22/23 denuncian que el 31 de enero del corriente año varios partidos adherentes al Frente Cívico y Social de Catamarca impugnaron ante el Juzgado Electoral de la

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    Partido Justicialista Distrito Electoral de Catamarca c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación provincia la candidatura a gobernador por el Frente Justicialista del actual senador nacional J.L.B. y, como consecuencia de ello, requieren que se dicte una prohibición de innovar "en el sentido de ordenar que no se efectúe ninguna modificación o alteración en la situación electoral" del candidato hasta que este Tribunal se expida sobre la cuestión de fondo planteada.

  5. ) Que el presente caso no corresponde a la competencia originaria de esta Corte, prevista en los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional de 1853/60 y, en idénticos términos, en los actuales 116 y 117.

  6. ) Que en hipótesis como la del sub lite en las que se pone en tela de juicio cuestiones concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia prevista por el art. 117 citado, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre cuestiones propias del derecho provincial y dictadas en uso de facultades reconocidas en los arts. 121 y 122 de la actual Constitución Nacional.

  7. ) Que resulta propicio recordar que la materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución Nacional a la justicia federal. En uno u otro supuesto dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima. En el segundo procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía nacio-

    nal y las buenas relaciones con los países extranjeros (arts.

    116, 117 y 127 de la Constitución Nacional; conf. W. 1 XXII "W., P. c/ Salta, Provincia de s/ acción de amparo" del 12 de abril de 1988).

  8. ) Que el hecho de que los actores arguyan que la Constitución provincial es inconstitucional por cuanto exige una residencia inmediata de cuatro años en la provincia para poder ser elegido gobernador y vicegobernador de ese Estado local y que tal exigencia aparece como irrazonable, no determina la competencia originaria de esta Corte toda vez que dicha jurisdicción procede en razón de la materia tan solo cuando la acción entablada se funda "directa y exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 97:177; 183: 160; 271:244 y sus citas), pero no cuando, como sucede en la especie, se incluyen temas de índole local y de competencia de los poderes locales (Fallos:

    240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232; 292:625). Son los jueces provinciales quienes deben expedirse al respecto, ya que es imposible examinar el planteo efectuado sin pronunciarse sobre cada una de las disposiciones en virtud de las cuales el poder constituyente de la provincia estableció la exigencia que se impugna (arg.

    Fallos: 122:244; 306:1310; 311:1588).

    10) Que es preciso recordar asimismo que este Tribunal "interpretando la Constitución Nacional...ha respetado el admirable sistema representativo federal que es la base de nuestro gobierno, pues si bien ha hecho justiciables a las provincias ante la Nación...jamás ha descuidado la esencial autonomía y dignidad de las entidades políticas por cuya voluntad y elección se reunieron los constituyentes argentinos y cuyas facultades están claramente consignadas en los artículos

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación 67, incisos 11, y 104 y siguientes de la Carta Fundamental de la República.

    Si, so capa de un derecho lesionado, o no suficientemente tutelado o garantido, la Corte pudiera traer a juicio, a sus estrados, a todos los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, sería el régimen unitario el imperante y no el federal que menciona el artículo 1°" (arg. Fallos: 236:559).

    11) Que el problema suscitado concierne al procedimiento jurídico político de organización de una provincia, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y consumarse dentro del ámbito estrictamente local, sin perjuicio de que las cuestiones federales que puedan contener este tipo de litigios, sean revisadas, en su caso, por esta Corte por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (Fallos:

    180:87, 236:559 citado).

    12) Que, como lo determina el art. 122 de la Constitución Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia "sin intervención del Gobierno federal", con la obvia salvedad de que en este precepto la palabra "Gobierno" incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe C. como lo sostuvo en el caso registrado en Fallos: 177:390, al debatirse la validez de la Constitución de Santa Fe de 1921C "discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma conforme al art. 105 de la Constitución Nacional".

    13) Que la naturaleza y las implicaciones de la cuestión planteada llevan a destacar que este Tribunal, desde sus primeros pronunciamientos, jamás ha descuidado la esencial autonomía y dignidad de las entidades políticas por cuya

    voluntad y elección se reunieron los constituyentes argentinos, y ha sentado el postulado axiomático de "que la Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación y no para el gobierno particular de las Provincias, las cuales según la declaración del art. 105, tienen derecho a regirse por sus propias instituciones, y elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y demás empleados; es decir, que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, como lo reconoce el artículo 104" (causa LXXX "D.L.R. c/ Provincia de Corrientes s/ cobro de pesos", fallada el 31 de julio de 1869, Fallos:

    7:373; 317:1195). Es por ello que la misión más importante de la Corte consiste en interpretar la Constitución Nacional de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibrio debe resultar la adecuada coexistencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actuarán en dos órbitas distintas, debiendo encontrarse sólo para ayudarse (Fallos: 186:170; 307:360).

    14) Que la Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal (arts. 5° y 122), las sujeta a ellas y a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (arts. 1 y 5) y en- comienda a esta Corte el asegurarla (art. 116) con el fin de lograr su funcionamiento y el acatamiento a aquellos princi- pios que todos en conjunto acordaron respetar al concurrir a la sanción de la Constitución Nacional (Fallos: 310:804). Es por ello, y con el propósito de lograr el aseguramiento de ese sistema, que en el art. 117 le ha asignado a este Tribunal

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación competencia originaria, en razón de la materia, en las causas que versan sobre cuestiones federales en las que sea parte una provincia (Fallos:

    97:177; 183:160; 211:1162 y sus citas; 271:244 y sus citas; 286:198; 310:877; 311:810; 314:

    495 considerando 1°; entre otros).

    Mas en el caso, no se advierte que la previsión contenida en la norma que se impugna haga a la esencia de la forma republicana de gobierno, en el sentido que da al término la Ley Fundamental, y que constituye uno de los pilares del edificio por ella construido. De tal manera, mal puede este Tribunal, so pretexto de garantizar la forma republicana de gobierno, dar curso por vía de su competencia originaria a una cuestión que no parece vincularse con el acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional (arg. Fallos: 310:804). La cuestión federal no es exclusiva ni predominante en la causa, por lo que no corresponde declarar la competencia de esta Corte para intervenir en el caso por la vía prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. Lo contrario importaría una intromisión y un avasallamiento de las autonomías provinciales, más que la procura de la perfección de su funcionamiento.

    15) Que uno de los deberes primordiales de este Tribunal es el de esforzarse para armonizar el ejercicio de la autoridad nacional y de la provincial "evitando interferencias o roces" que coarten o disminuyan a una en "detrimento" de la otra (Fallos:

    296:432).

    Del logro de ese principio debe resultar la amalgama perfecta entre las tendencias unitaria y federal, que A. propiciaba mediante la existencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actuaran en órbitas

    distintas debiendo encontrarse sólo para ayudarse pero nunca para destruirse (Fallos: 186:170; 307:360).

    Ese deber sería totalmente olvidado si esta Corte, por vía de su instancia originaria, irrumpiera en el ámbito de las autonomías provinciales, con menoscabo de las potestades reconocidas y garantizadas por la propia Constitución y que el gobierno central debe asegurar (art. 5° in fine de la Ley Fundamental).

    16) Que si por la vía intentada se reconociera a las facultades jurisdiccionales de esta Corte la extensión que se le atribuye, la "justicia nacional habría realizado por su facultad de examen y el imperio de sus decisiones, la absorción completa de los atributos primordiales del gobierno de los Estados" (Fallos: 141:271).

    17) Que, en su caso, el art. 14 de la ley 48 consolidará la verdadera extensión de la jurisdicción provincial y preservará el singular carácter de la intervención de este Tribunal, reservada, en su caso, para después de agotada la instancia local (arg. Fallos: 311:2478).

    18) Que no empecen a lo expuesto las decisiones adoptadas por este Tribunal en los precedentes a los que se hace referencia a fs. 10 (ver su primer párrafo) ya que, en lo que se refiere al primero, la Corte le ha asignado un manifiesto contenido federal a lo concerniente a la garantía de inamovilidad de los jueces prevista en el art.

    110 de la Constitución Nacional, pues el planteo de inconstitucionalidad sobre la base del cual se considera que han sido dictadas normas que lo violan constituye una típica cuestión de esa especie (Fallos: 315:2956). Ello es así pues todo lo relativo a la inamovilidad de un juez es inherente a la naturaleza del Poder Judicial y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación 1853, al punto que es uno de los dos contenidos sobre los que se asienta la independencia de dicho departamento y que ha sido calificada por el Tribunal como una garantía en favor de la totalidad de los habitantes.

    En cuanto al segundo precedente que se cita, baste con señalar que la Corte rechazó la demanda por falta de legitimación de los actores y no hizo ninguna consideración relacionada con la competencia en examen.

    Por ello y oído el señor Procurador General se resuelve:

    Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la

    causa por vía de su instancia originaria. N..

    EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BE- LLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- G.A.F.L. -J.C.M. (en disidencia).

    DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

  9. ) Que a fs. 9/14 se presentan los apoderados del Partido Justicialista Distrito Electoral de la Provincia de Catamarca e inician la presente demanda a fin de que se declare la inconstitucionalidad del inc. 5° del art. 131 de la Constitución provincial en cuanto impone como exigencia para ser candidato a gobernador y vicegobernador "la residencia inmediata de cuatro años en la provincia para los nativos de ella". Considera que dicha disposición es violatoria de los arts. 1, 5, 8, 16, 31, 33, 75, inc. 32, 90 y 128 de la Constitución Nacional, de los arts. 1, 2, 23, 24, 25, 27 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los arts.

    25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  10. ) Que los apoderados relatan que el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 1196/02 por medio del cual convocó a elecciones generales de gobernador y vicegobernador para el 2 de marzo del corriente año. Como consecuencia de ello el Partido Justicialista llamó a elecciones internas en las cuales resultó consagrado para el primero de esos cargos el actual senador nacional J.L.B.. Denuncian que existen rumores ciertos de una eventual impugnación a la candidatura que se fundamentaría en que el nombrado no cumpliría con la exigencia de la cláusula constitucional provincial ya citada. Tal estado de cosas, la imprecisión que le atribuyen a la disposición constitucional en cuestión y la afectación de las garantías constitucionales también citadas, les impone la necesidad de plantear esta acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad.

    °) Que los apoderados del Partido Justicialista Distrito Catamarca señalan la dificultad interpretativa que ofrece la norma al determinar sólo que debe haber "residencia inmediata de cuatro años", e indican que no se sabe cómo debe interpretarse ese requisito si "todos conocemos la elemental distinción entre residencia y domicilio y el menor rigor exigido en la acreditación de la residencia" (ver fs. 11 vta.).

    En el mismo orden de ideas afirman que la exigencia de residencia "inmediata" no determina que deba hacer "continua ni mucho menos ininterrumpida", y se preguntan si la "residencia inmediata debe ser efectiva".

    Los actores entienden que de conformidad con la previsión contenida en el art. 89 del Código Civil lo trascendente es el domicilio de una persona y no su residencia, razón por la cual según arguyen, "surge el primer interrogante: La antigüedad de cuatro (4) años )debe ser en el domicilio o en la residencia?".

    Por lo demás sostienen, que de la interpretación de los arts. 20 y 34 de la ley 23.298, se extrae que el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en su documento de identidad y que debe concluirse que la residencia, que puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, también puede ser probada con dicho documento (ver fs.

    12, cuarto y quinto párrafo).

  11. ) Que aducen que otra interpretación distinta a la que propugnan de la norma constitucional que impugnan afectaría la igualdad ante la ley, implicaría un desborde respecto de otros preceptos C. como los arts. 31 y 54 de la Constitución NacionalC y excedería los límites que cabe reconocerle al poder constituyente provincial.

  12. ) Que a fs. 22/23 denuncian que el 31 de enero del corriente año varios partidos adherentes al Frente Cívico y Social de Catamarca impugnaron ante el Juzgado Electoral de la

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    Partido Justicialista Distrito Electoral de Catamarca c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación provincia la candidatura a gobernador por el Frente Justicialista del actual senador nacional J.L.B. y, como consecuencia de ello, requieren que se dicte una prohibición de innovar "en el sentido de ordenar que no se efectúe ninguna modificación o alteración en la situación electoral" del candidato hasta que este Tribunal se expida sobre la cuestión de fondo planteada.

  13. ) Que la demanda interpuesta corresponde a la competencia originaria de la Corte como lo sostiene el señor P. General en el dictamen de fs. 24/25 a cuyos fundamentos el Tribunal se remite para evitar repeticiones innecesarias.

  14. ) Que es doctrina de esta Corte que "como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos:

    306:2060, entre otros).

    En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incs. 1° y 2° del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  15. ) Que el peligro en la demora se advierte en forma objetiva si se considera la inminencia del comicio y que es público y notorio que la justicia provincial C. sustento en el precepto de la Constitución local impugnadoC inhabilitó la candidatura del actual senador nacional J.L.B.,

    quien en declaraciones periodísticas manifestó que no consentiría la medida. Ello aconseja C. tanto se dicte sentencia definitivaC hacer lugar a lo solicitado a fin de evitar que pueda resultar privado de eficacia el eventual reconocimiento del derecho en juego.

    Por ello, se resuelve: I.- De conformidad con lo resuelto por esta Corte en las causas C.28.XXXVIII.

    "Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad", sentencia del 10 de octubre de 2002 y B.1251.XXXVIII. "Banco Cetelem Argentina S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", pronunciamiento del 31 de octubre de 2002, en atención a los alcances de la previsión contenida en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en mérito a la naturaleza de la cuestión planteada se le imprime a la presente causa el trámite del proceso sumarísimo regulado en el art. 498 del código citado (arts. 55, 65 y 71, ley 23.298). En virtud de ello se dispone correr traslado de la demanda a la Provincia de Catamarca por el término de cinco días más seis que se fijan en razón de la distancia. A fin de practicar la notificación correspondiente al señor gobernador de la provincia y al fiscal de Estado, líbrese oficio al juez federal. II.- Decretar la prohibición de innovar pedida, a cuyo efecto corresponde hacer saber a la demandada que deberá abstenerse de modificar o alterar la situación electoral del senador nacional J.L.B. hasta tanto se dicte sentencia en esta causa. Líbrese oficio al señor gobernador de la Provincia de Catamarca a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. A.B..

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.C.M. Considerando:

  16. ) Que a fs. 9/14 se presentan los apoderados del Partido Justicialista, Distrito Electoral de la Provincia de Catamarca, e inician la presente demanda a fin de que se declare la inconstitucionalidad del inc. 5° del art. 131 de la Constitución provincial en cuanto impone como exigencia para ser candidato a gobernador y vicegobernador "la residencia inmediata de cuatro años en la Provincia para los nativos de ella". Considera que dicha disposición es violatoria de los arts. 1, 5, 8, 16, 31, 33, 75 inc. 32, 90 y 128 de la Constitución Nacional, de los arts. 1, 2, 23, 24, 25, 27 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los arts. 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  17. ) Que los apoderados relatan que el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 1196/02 por medio del cual convocó a elecciones generales de gobernador y vicegobernador para el 2 de marzo del corriente año. Como consecuencia de ello el Partido Justicialista llamó a elecciones internas en las que resultó consagrado para el primero de esos cargos el actual senador nacional J.L.B.. Denuncian que existen rumores ciertos de una eventual impugnación a la candidatura que se fundamentaría en que el referido no cumpliría con la exigencia del inc. 5° del art. 131 de la Constitución de la provincia ya citado en el considerando anterior. Tal estado de cosas, la imprecisión que le atribuyen a la disposición constitucional en cuestión y la afectación de las garantías constitucionales también citadas les imponen la necesidad de plantear esta acción declarativa de certeza y de

    inconstitucionalidad.

  18. ) Que los apoderados del Partido Justicialista Distrito Catamarca señalan la dificultad interpretativa que ofrece la norma al no precisar y determinar el alcance del requisito de la "residencia inmediata de cuatro años", e indican que no se sabe cómo debe interpretarse ese requisito toda vez que resulta conocida la "elemental distinción entre residencia y domicilio y el menor rigor exigido en la acreditación de la residencia" en la provincia para los nativos de ella (ver fs. 11 vta.). En el mismo orden de ideas afirman que la exigencia de residencia "inmediata" no determina que deba ser "continua ni mucho menos ininterrumpida", y se preguntan si la residencia inmediata debe ser efectiva.

    Los actores entienden que, de conformidad con la previsión contenida en el art. 89 del Código Civil, lo trascendente es el domicilio de una persona y no su residencia, razón por la cual, plantean el cuestionamiento acerca de si la antigüedad de cuatro (4) años debe ser en el domicilio o en la residencia. Por lo demás, sostienen que de la interpretación de los arts.

    20 y 34 de la ley 23.298 se extrae que el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en su documento de identidad y que debe concluirse que la residencia, que puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, también puede ser probada con dicho documento (ver fs. 12, cuarto y quinto párrafo).

  19. ) Que, aducen, que interpretar de otra manera la norma constitucional que impugnan afecta la igualdad ante la ley, implica un desborde respecto a otras normas Ctal como el art. 54 de la Constitución NacionalC, infringe el art. 31 de ese cuerpo legal, y excede los límites que cabe reconocerle al poder constituyente provincial.

  20. ) Que a fs. 22/23 denuncian que el 31 de enero del corriente año varios partidos adherentes al Frente Cívico y

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación Social de Catamarca impugnaron ante el Juzgado Electoral de la provincia la candidatura a gobernador por el Frente Justicialista del actual senador nacional J.L.B. y, como consecuencia de ello, requieren que se dicte una prohibición de innovar "en el sentido de ordenar que no se efectúe ninguna modificación o alteración en la situación electoral" del candidato hasta que este Tribunal se expida sobre la cuestión de fondo planteada.

  21. ) Que la demanda interpuesta corresponde a la competencia originaria de la Corte como lo sostiene el señor P. General en el dictamen de fs. 24/25, a cuyos fundamentos el Tribunal se remite para evitar repeticiones innecesarias.

  22. ) Que en cuanto a la admisibilidad de la medida cautelar reclamada a fs. 22/23, esta Corte Suprema ha establecido que si bien por vía de principio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:

    1702).

  23. ) Que, asimismo, ha señalado en Fallos: 306:2060 "que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad"; criterio que ha utilizado el Tribunal para hacer lugar

    a una prohibición de innovar planteada en una acción declarativa de inconstitucionalidad de una norma de una constitución provincial por su incompatibilidad con la Constitución Nacional (Fallos: 315:2956).

  24. ) Que en el presente caso media verosimilitud en el derecho invocado a la luz de las consideraciones formuladas en la demanda, de la circunstancia de que de alterarse la situación vigente al momento de promoción podría convertirse la eventual declaración de la sentencia en ineficaz o imposible y de lo prescripto por el art. 230, incs. 1° y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

    Asimismo, el peligro en la demora surge acreditado por la adopción de medidas en la justicia provincial que impedirían la candidatura del senador nacional J.L.B. a gobernador de Catamarca con sustento en la supuesta violación al art.

    131, inc.

  25. , de la Constitución provincial que ha sido impugnado en esta causa por su supuesta invalidez respecto de las normas citadas en el considerando 1° de la presente decisión.

    Por ello, se resuelve: I. De conformidad con lo resuelto por esta Corte en las causas C.28 XXXVIII "Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad" sentencia del 10 de octubre de 2002, y B.1251 XXXVIII "Banco Cetelem Argentina S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", pronunciamiento del 31 de octubre de 2002, en atención a los alcances de la previsión contenida en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en mérito a la naturaleza de la cuestión planteada se le imprime a la presente causa el trámite del proceso sumarísimo regulado en el art.

    498 del código citado (arg. arts. 55, 65 y 71, ley 23.298). En

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    ORIGINARIO

    Partido Justicialista Distrito Electoral de Catamarca c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación virtud de ello se dispone correr traslado de la demanda a la Provincia de Catamarca por el término de cinco días más seis que se fijan en razón de la distancia. A fin de practicar la notificación correspondiente al señor gobernador de la provincia y al fiscal de Estado, líbrese oficio al juez federal. II. Decretar la prohibición de innovar pedida, a cuyo efecto corresponde hacer saber a la demandada que deberá abstenerse de modificar o alterar la situación electoral del senador J.L.B. hasta tanto se dicte sentencia en esta causa. Líbrese oficio al gobernador de la Provincia de Catamarca a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. J.C.M..