Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 5 de Diciembre de 2002, M. 1788. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1788. XXXVIII.

M., G. s/ recurso de casación.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de esta ciudad condenó a G.M. a las penas de cuatro años de prisión y accesorias legales, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el uso de arma, en concurso real con amenazas coactivas, que a su vez concursa materialmente con violación en grado de tentativa (arts. 12, 29, inc. 3°, 119, primer, tercer y último párrafos, y 149 bis, tercer párrafo, del Código Penal).

Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso recurso de casación (fs. 556/598), que fue concedido por el Tribunal Oral en relación con la validez constitucional del procedimiento previsto en el art.

348 del Código Procesal Penal (fs.

609/613 vta.).

Dicho recurso, sin embargo, fue rechazado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (fs. 689/693). Contra esta decisión, los letrados defensores del imputado, separadamente, interpusieron sendos recursos extraordinarios (fs.

714/731 y 732/796), lo cual también hizo el fiscal general ante esa cámara (fs. 701/712).

Solo fueron concedidos por la Sala III los recursos del codefensor A.S. y del fiscal general (fs.

808/809 vta.).

-II-

En sus presentaciones de fs.

701/712 y 714/731, ambos recurrentes reclaman la declaración de inconstitucionalidad del art. 348 del Código Procesal Penal de la Nación, como así la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 152, por entender que la contradicción entre el art.

del Código Procesal Penal y el art. 120 de la Constitución Nacional es patente, de modo que la prevalencia de la norma constitucional por aplicación del art.

31 de la Ley Fundamental fulmina aquella disposición procesal, la que C. otra parteC consideran tácitamente derogada por el art. 76 in fine de la ley 24.946.

-III-

Sin perjuicio de mi opinión sobre el tema, la cual expresé en oportunidad de dictaminar en el expediente B.320.XXXVII "Banco de la Nación Argentina s/ defraudación", con fecha 30 de abril pasado, considero que, en este caso particular, ninguno de los recursos interpuestos es procedente.

En lo que atañe al recurso fiscal, pienso que ello es así pues, más allá del control de legalidad practicado por el órgano jurisdiccional, lo cierto es que la decisión última acerca de requerir la elevación a juicio y acusar a G.M. quedó en manos de este Ministerio Público Fiscal.

Con posterioridad a la resolución de fs. 152, la causa fue remitida al señor fiscal general ante la cámara, quien no expresó reparos e informó que produjo un sorteo entre los magistrados del Ministerio Público correspondientes y que, en su consecuencia, debía intervenir en los actuados el titular de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 3.

Este, por su parte, solicitó a fs. 331 y 335 la producción de medidas probatorias, y a fs. 392/398 requirió la elevación de la causa a juicio. Por último, cabe mencionar que, ya en esta última etapa, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 no sólo ofreció prueba a fs. 436, sino que, conforme surge del acta de fs. 486/488, amplió la acusación en el curso del debate.

M. 1788. XXXVIII.

M., G. s/ recurso de casación.

Procuración General de la Nación Frente a estos antecedentes, debe concluirse entonces que la opinión original del agente fiscal que actuó en primer término fue modificada en el propio ámbito de este Ministerio Público, como expresa el tribunal de casación en el considerando 5° del pronunciamiento de fs. 689/693. Si a todo ello se agrega que, acorde con la pretensión de esos funcionarios, se llegó finalmente a la condena del imputado, no advierto la existencia de agravio para este Ministerio Público (Fallos: 324:4293, y sus citas).

En cuanto a la apelación extraordinaria interpuesta por la defensa, debo señalar que el escrito que la contiene no cumple con el requisito de fundamentación autónoma al que se refiere el art. 15 de la ley 48. Ello es así, pues el impugnante no sólo ha omitido rebatir los argumentos que sobre el tema expresó el a quo, sino que incluso, al desarrollar su propia tesis, se ha limitado a una mera exposición teórica de los aspectos institucionales del problema, pero sin fundamentar debidamente cuál sería el perjuicio que le habría ocasionado a su parte el modo concreto en que fue adoptada en el caso la decisión de requerir la elevación de la causa a juicio y acusar al imputado (Fallos:

308:761; 312:1716; 319:123, entre otros).

A ello cabe agregar que la defensa introdujo esa impugnación, por primera vez, en el escrito del recurso de casación, cuando pudo y debió hacerlo al tomar conocimiento de la decisión de fs. 152. Más aun, tampoco la constitución y actuación de los fiscales que intervinieron a continuación fue observada por la defensa del entonces procesado, como tampoco lo fue la ampliación de la acusación durante el debate, a la que he hecho referencia. De allí que también desde este punto de vista el agravio resulte improcedente, por no haber sido la

cuestión oportunamente planteada ante el juez de la causa (Fallos: 298:368; 303:2091; 308:733 y 312:2340).

-IV-

Por todo lo expuesto, desisto del recurso fiscal interpuesto y considero que corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto por la defensa del condenado.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2002 Es Copia N.E.B.