Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Noviembre de 2002, M. 2561. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 2561. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

Mato de S., L.I. y otros c/ Kasa S.A.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala AK@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó la resolución del juez de grado, que declaró la caducidad de la instancia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Procesal (v. fs. 1272/1275).

Para así decidir, relató que la actora había considerado que la perención no debía ser declarada, en razón de que no había tomado efectivo conocimiento de la devolución del incidente conexo por parte del Juzgado del Fuero N° 52 que lo había requerido, como tampoco de la reanudación de los plazos suspendidos, lo que - según la apelante -, sólo podía ocurrir mediante una notificación por cédula conforme a lo dispuesto por el artículo 135, inciso 7°, del Código Procesal.

El juzgador entendió, en cambio, que en los autos principales no existió suspensión de los plazos procesales como para encuadrar el caso en la previsión de la norma citada, sino que, por las razones que da cuenta el proveído de fs.

1128, se dejó sin efecto el llamamiento de autos para sentencia y se dispuso la remisión del expediente conexo al Juzgado que lo había solicitado, situación distinta B dijo B a la alegada suspensión de los términos por tiempo indeterminado.

Sentado ello, coincidió con el inferior en el sentido de que la última actuación idónea para impulsar el procedimiento, y punto inicial para el cómputo del plazo de caducidad, fue la aludida devolución del incidente a Secretaría, no siendo óbice - prosiguió - que la actuación consecuente tuviera lugar en el mismo, dada la interdependencia entre ambos procesos, al punto que la prosecución del trámite en el

principal, dependía de la devolución de aquél.

En orden a la invocada aplicación de los artículos 483, y 313, inciso 3°, del Código Procesal, el a-quo dijo que, sin perjuicio de que el supuesto tipificado en el primer artículo ya se había cumplimentado en autos en el estadio procesal oportuno, ahora la situación fáctica del proceso había cambiado. En efecto B sostuvo B, dictada la resolución que dejó sin efecto el llamamiento de autos para sentencia y dispuso la remisión del expediente conexo al Juzgado requirente, una vez notificada dicha resolución a las partes, renació en cabeza de los interesados la carga de instar el procedimiento.

Señaló que, según constancias de autos, la actora efectuó las gestiones necesarias para que se reclamase la devolución del mentado incidente, pero juzgó que, una vez devuelto, aquélla no quedó relevada de su deber de impulso procesal, como para pretender que el S., de oficio, pasara los autos principales a despacho. Ello importaría B dijo B imponerle al citado funcionario la obligación de seguir el curso del expediente hasta la conclusión del trámite, lo cual, además de no surgir de la ley, resultaría impropio de su función y sería de difícil cumplimiento, en tanto importaría que estuviera al corriente del estado procesal de todas las causas en trámite en su juzgado.

Consecuentemente - concluyó -, siendo que la prosecución del proceso no dependía de una actividad a cargo del órgano judicial, devino inaplicable la norma de excepción del artículo 313, inciso 3°, de la ley ritual.

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 1296/1304, cuya denegatoria de fs. 1316 y vta. motiva la presente queja.

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RECURSO DE HECHO

Mato de S., L.I. y otros c/ Kasa S.A.

Procuración General de la Nación Alega arbitrariedad de la sentencia, y le reprocha, en primer lugar, una interpretación que vacía de significado el espíritu del artículo 135, inciso 7°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Sostiene que dicho espíritu no es otro que el de evitar la indefensión de las partes frente a un acto propio de los órganos jurisdiccionales como es la devolución del expediente, que, por su naturaleza, aquellos realizan en la mejor oportunidad posible, sin que en ello intervengan, ni tengan noticia las partes del pleito.

En tal sentido, manifiesta que la sentencia es contradictoria, y que vació de significado a la norma, en cuanto sostuvo que la actora consintió aquel acto cuyo dictado ignoraba y que el legislador de modo expreso manda a notificar personalmente o por cédula. Agrega que, si el tribunal, al serle requerido el expediente conexo, notificó por Secretaría el auto que dejó sin efecto el llamamiento de autos para sentencia, debió proceder de igual modo con el proveído que tuvo por devueltas las actuaciones.

Ello B prosigue B mal puede interpretarse como el nacimiento de una carga, que no le había sido impuesta ni por el legislador, ni por el juez, de notificar la desconocida devolución del expediente.

Por otra parte, aduce el desconocimiento en el decisorio, de lo dispuesto por el artículo 483 del Código Procesal.

Expresa que el pedido de colaboración judicial que determinó la suspensión del llamamiento de autos, sólo podría ser interpretado en los propios términos en que fue concebido, y nunca como el renacer de una carga procesal para la actora de impulsar el proceso, pues, conforme a la norma citada, correspondía al Secretario poner el expediente a despacho sin petición de parte, o bien al J. que había dejado sin

efecto su anterior llamamiento de autos para cumplir el requerimiento de colaboración de otro magistrado -, llamar autos para sentencia.

Argumenta, finalmente, invocando el artículo 16 del Código Civil, que se han violado las reglas de interpretación del derecho sustancial, pues en lugar de estar a las palabras de la ley, se le dio una interpretación aparente, según la cual, las actividades que el legislador impone cumplir a los funcionarios judiciales serían exageradas e impropias de ser cumplidas por éstos. Añade que si las palabras, hipotéticamente, resultaban dudosas, debió estarse al espíritu de la ley, que también fue dejado de lado mediante una aparente interpretación del artículo 135, inciso 7°, del Código Procesal.

-III-

Si bien es cierto que lo atinente a la caducidad de la instancia remite al estudio de cuestiones fácticas y de derecho procesal, materia ajena - como regla y por su naturaleza - a la instancia del artículo 14 de la ley 48, también lo es, que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, tal doctrina admite excepción cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta a la garantía de defensa en juicio, y, además, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior ( v. doctrina de Fallos: 307:1693; 320:1821 y sus citas, entre otros). Tal es lo que - a mi ver - ocurre en el sub lite, desde que se advierte que la situación podría encuadrarse, a los efectos de la prescripción, en lo dispuesto por el artículo 3987 del Código Civil, con lo cual el recurrente perdería la posibilidad de reiterar eficazmente su reclamo en las instancias ordinarias (v. doctrina de Fallos: 306:851; 310:1782; 319:1862;

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Procuración General de la Nación 320:38).

Conviene recordar, asimismo, que el Tribunal tiene establecido en numerosos pronunciamientos, que la perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso, y que por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (v. doctrina de Fallos:

308:2219, 319:1142), especialmente cuando B como en la especie - el trámite se encuentra en estado avanzado y los justiciables lo han instado durante años (v. doctrina de Fallos:310:1009), encontrándose la causa ya para definitiva, aunque estuviese pendiente el llamamiento de autos a cargo del juzgador (v. doctrina Fallos:

297:10).

Teniendo ello presente, se observa que en la especie, el llamamiento de autos para sentencia fue dejado sin efecto, no por pedido de alguna de las partes, sino a raíz del requerimiento de un incidente, ad effectum videndi, por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 52, (v. fs. 1128). Es decir que esta determinación, no modificó sustancialmente el estado de la causa, ya que, una vez devuelto aquel expediente - de cuya circunstancia, vale señalarlo, no se tomó razón en el principal -, el juicio estuvo nuevamente en condiciones de ser resuelto. De modo que no se advierte que, en ese estado, haya existido una obligación inexcusable para la parte de realizar lo que V.E. ha definido como Aactividad idónea para impulsar el procedimiento@, esto es, alguna diligencia Aadecuada a esta etapa procesal, y apta para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia@ (v. Fallos 313:97. Las comillas me pertenecen).

En tales condiciones, estimo que la inactividad en

la causa no obedeció a desinterés de la actora, máxime si se tienen en cuenta las gestiones que realizó para que el incidente fuera devuelto (v. fs. 1129/1131). Una vez que esto último ocurrió, reitero, la causa se encontró nuevamente completa para definitiva, pues, como se ha visto, su estado no se había modificado, permaneciendo en la etapa del artículo 483 del Código Procesal, razón por la cual, resultaba razonable esperar la actividad de los órganos judiciales.

En el precedente de Fallos: 320:38, citado por la recurrente, V.E. tiene dicho que en la etapa a la que se refiere el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la parte queda eximida de su carga procesal de impulso, y, por lo tanto, su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, pues ello importaría responsabilizar a la actora por una actividad que deben cumplir los funcionarios judiciales en virtud de su obligación legal de actuar oficiosamente.

Por otra parte, la remisión del expediente conexo al Juzgado Civil N° 52, podría ser asimilada a la suspensión de plazos por tiempo indeterminado que contempla el artículo 135, inciso 7°, del Código Procesal, ya que ello ocurrió - reitero cuando la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta, dejándose sin efecto el llamamiento de autos para sentencia por una cuestión extraña a la actividad de las partes. En virtud de ello, y atento, además, a que esta última resolución fue notificada por cédula y por Secretaría (v. fs. 1128), no resultaba impropio esperar que la devolución del incidente fuera registrada en el principal y notificada de igual manera.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que V.E. tiene dicho reiteradamente, que la caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de

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Mato de S., L.I. y otros c/ Kasa S.A.

Procuración General de la Nación los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o prolongar situaciones en conflicto; de manera que por ser dicho instituto un modo anormal de la terminación del proceso, su aplicación debe adecuarse a ese carácter sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio (v. doctrina de Fallos: 322:2943 y sus citas).

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2002.

F.D.O.