Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Octubre de 2002, S. 2446. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

S. 2446. XXXVIII.

PVA Sosa, E.E. s/ acción de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.

Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el ex Procurador General ante dicho cuerpo y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 9° de la ley 2404. Para fundar esta conclusión, sostuvo que el texto legal impugnado desconocía el art.

    129 de la Constitución provincial, pues al imponer al superior tribunal la obligación de declarar que no subsistía el cargo que ocupaba el demandante con anterioridad a la ley, se estaba separando al Procurador General de sus funciones en apartamiento del procedimiento reglado por la ley superior local, desconociendo la estabilidad que ésta le garantiza (sentencia del 29 de abril de 1997; fs. 229/243).

  2. ) Que contra dicho pronunciamiento el actor dedujo un recurso extraordinario que esta Corte declaró parcialmente procedente, pues consideró que el tribunal a quo había incurrido en una apreciación arbitraria de las cuestiones comprendidas en la litis, deficiencia que llevó a prescindir del examen de su petición de que se ordenara su reposición en el cargo, máxime cuando ese pedido era una consecuencia lógica de la inconstitucionalidad decretada; todo lo cual justificaba la necesidad de que el tribunal de origen completase la decisión sobre el punto (sentencia del 30 de junio de 1998; fs. 343/344).

  3. ) Que frente al tiempo transcurrido sin que se hubiera cumplido con lo ordenado, el demandante se presentó directamente ante esta Corte invocando la existencia de un supuesto de denegación de justicia, petición que el Tribunal, tras considerar que la demora en que se estaba incurriendo

    afectaba las garantías constitucionales del peticionario, declaró procedente y dispuso que debía dictarse pronunciamiento en la causa sin dilación alguna (resolución del 11 de abril de 2000; conf. copia que obra a fs. 523/524).

    El superior tribunal provincial resolvió limitar su decisión a la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada y, por ende, no hizo lugar a la reincorporación peticionada (sentencia del 26 de julio de 2000; fs. 537/559).

  4. ) Que este Tribunal declaró procedente el recurso extraordinario deducido por el actor con respecto a la decisión mencionada, pues consideró que el tribunal a quo había incurrido en un palmario apartamiento de lo dispuesto por la Corte en su anterior decisión, cuyo acatamiento era obligatorio ya que se trataba de aplicar lo resuelto en y para estos autos. Además, en uso de las facultades previstas en el art.

    16, segunda parte, de la ley 48, dispuso la reposición del demandante en el cargo de Procurador General, con las funciones que ejercía antes de la sanción de la ley 2404, fijando el plazo de treinta días para cumplir con la condena impuesta.

    Por último, se ordenó al tribunal a quo que se pronunciara sobre la situación de las personas designadas en los cargos de agente fiscal y defensor (sentencia del 2 de octubre de 2001; fs. 722/724).

    La Provincia de Santa Cruz interpuso un recurso de reposición contra dicho pronunciamiento, que esta Corte desestimó (resolución del 14 de mayo de 2002; fs. 743). El expediente fue devuelto al tribunal de origen el 5 de junio de 2002 y recibido en él el 10 del mes y año citados (fs. 748).

  5. ) Que, pendiente aún de decisión el mencionado recurso de reposición, el 20 de diciembre de 2001 el actor solicitó a esta Corte que intimara al Tribunal Superior de Justicia local para que en el plazo de cinco días se dispu-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación siera su reposición en el cargo, bajo apercibimiento de las acciones penales y medidas de coerción correspondientes, a la par que solicitó la imposición al Estado provincial de una sanción conminatoria en los términos del art. 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El pedido fue desestimado pues -tal como lo decidió esta Corte a fs. 746, con fecha 23 de mayo de 2002- el plazo de cumplimiento de la condena fijado por el Tribunal aún no había vencido.

  6. ) Que el ex Procurador General ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor E.E.S., se presenta ante este Tribunal para denunciar el incumplimiento en que está incurriendo la provincia demandada de ejecutar la obligación a que fue condenada, pues no procede a reintegrarlo en el cargo del cual fue inconstitucionalmente privado. Solicita a la Corte que adopte las medidas conducentes para imponer el acatamiento de la sentencia dictada en estas actuaciones el dos de octubre del año 2001.

  7. ) Que está fuera de discusión que las sentencias de esta Corte deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas), principio que se basa primeramente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía de la Corte que ha sido reconocida por la ley, desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad acordada al Tribunal de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48-.

    Las graves responsabilidades que derivan de la naturaleza misma de las funciones que ejerce esta Corte, le impone la firme defensa de sus atribuciones, cuya cuidadosa preservación es necesaria para la ordenada subsistencia del régimen federal.

    "Pues, como lo recuerda

    P., citando a Madison -The Supreme Court Crisis, página 59la existencia de un tribunal semejante es evidentemente esencial para evitar el recurso a la violencia y a la disolución del pacto" (Fallos: 205:614).

  8. ) Que el carácter obligatorio de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en ejercicio de su jurisdicción, comporta indiscutiblemente lo conducente a hacerlas cumplir (Fallos: 147:149; 180:297; 264:443).

    Con relación a ello, surge del fallo citado en último término que el quebrantamiento, en nuevos trámites, de lo decidido por el Tribunal, mantiene íntegra su jurisdicción y atribuciones y lo habilita para intervenir si en otro juicio o por procedimientos colaterales se pudiera llegar a la consecuencia de desplazar el pronunciamiento de la Corte (considerandos 5° y 6°; considerando 5° del voto del juez B.B..

    Tal principio no es, pues, sino la concreta aplicación para estos supuestos de la doctrina sentada en el fallo dictado el 8 de agosto de 1872 (Fallos: 12:134), con arreglo a la cual "...la Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación. Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar.

    Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones...@.

    De ahí, pues, que las autoridades provinciales no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación (Fallos:

    235:703; 240:89; 242:480; 244:472; 245:28 y 61; 301:1042 y 306:1537) y este Tribunal tiene facultades para disponer las

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación medidas pertinentes, incluso conminatorias, a los fines del adecuado ejercicio de su competencia legal (Fallos: 308:589; 310:348).

  9. ) Que sin embargo, las medidas conducentes a ese fin deben adoptarse de un modo compatible con el normal desarrollo de los procesos, y sin violación de las normas de competencia tanto de origen constitucional como legal. En este aspecto, debe descartarse cualquier conclusión que importe atribuir a esta Corte competencia originaria en un supuesto que -como la ejecución de una sentencia dictada en un pleito cuyo conocimiento corresponde a la justicia provincial- resulta ajeno a los casos contemplados por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Ello mucho más frente a la consolidada doctrina del Tribunal que autoriza su intervención por vía de recurso extraordinario contra las decisiones de los jueces inferiores que importen apartamiento de lo dispuesto en la sentencia final pronunciada por la Corte (Fallos: 312:205; 316:1188, entre muchos otros).

    10) Que como se dijo en Fallos: 314:697 y 321:3322 -con cita de los precedentes de Fallos: 247:715; 304:342 y 307:966-, en supuestos normales es el mismo ordenamiento procesal el que proporciona las vías para encauzar el proceso y, en esos casos, el art. 24 inc. 7° última parte del decreto ley 1285/58 no permite obviar instancias fijadas por la ley. De lo contario su competencia quedaría desorbitada y excluido el conocimiento de la causa de sus jueces naturales, por lo que el supuesto excepcional de privación de justicia supone el agotamiento por parte del interesado de las vías que razonablemente ofrece el ordenamiento procesal.

    11) Que tal especial situación no se configura en el caso de autos, por lo cual la petición en estudio debe desestimarse.

    En efecto, el peticionario requirió sólo a esta Corte providencias para obtener la ejecución del pronunciamiento (confr. pedido de sanciones conminatorias de fs. 739/ 742, petitorio, punto 4, rechazado por esta Corte a fs. 746 por extemporánea). En cambio, ninguna medida concreta de ejecución de sentencia -ni siquiera las sanciones conminatorias previstas por el art. 666 bis del Código Civil- solicitó al tribunal de la causa en sus escuetas presentaciones de fs. 754 y 756, en orden a ejecución de la sentencia.

    Además, las peticiones efectuadas por el demandante ante la instancia de superintendencia del superior tribunal local carecen de aptitud para tener por configurado el incumplimiento que se invoca, pues dicha vía no es eficaz para obtener la ejecución de una sentencia judicial que ha condenado a la provincia demandada.

    Por ello, y sin perjuicio de lo que en su caso corresponda decidir una vez que se pronuncie el tribunal de la causa sobre los pedidos que en orden al cumplimiento de la sentencia pudiera formular el peticionario, se resuelve: Desestimar el pedido en estudio.

    A. copia de la presente a las actuaciones principales, las que se devolverán mediante oficio de estilo. N.. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- A.B. -G.A.F.L. -A.R.V..

    DISI

    S. 2446. XXXVIII.

    PVA Sosa, E.E. s/ acción de inconstitucionalidad.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación

    DENCIA DE SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que el infrascripto remite a su voto en disidencia con respecto a lo resuelto por la mayoría del Tribunal en los autos principales (sentencia del 30 de junio de 1998; fs.

    343/344).

    Por ello, se resuelve que no corresponde la intervención solicitada. N. y archívese, previa devolución de los autos principales. E.S.P..