Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Septiembre de 2002, O. 38. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

O. 38. XXXVII.

ORIGINARIO

Obra Social para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ ejecución fiscal.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 1/88, la Obra Social para la Actividad Docente (en adelante OSPLAD), inició ejecución fiscal contra la provincia del Chaco, a fin de obtener el pago de los certificados de deuda por aportes y contribuciones obrantes a fs. 5, 12, 19, 27, 34, 42, 48, 54, 60, 67 y 73.

- II - A fs.

97/98, la ejecutada opuso la excepción de inhabilidad de título parcial. Manifestó que las leyes, decretos y resoluciones invocadas en los certificados de deuda fijan intereses resarcitorios que violan su derecho de propiedad, amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional, y cercenan, además, la garantía de igualdad, consagrada por su art. 16.

Añadió que la aplicación de dichos intereses desconoce la ley 23.928, que en su art. 71 prohíbe la indexación o repotenciación de deudas. En su criterio, los accesorios tachados de inconstitucionales, representan una manera de indexar la economía y retornar a los niveles inflacionarios existentes con anterioridad a la sanción de la mencionada ley.

En definitiva, solicita se declaren parcialmente inhábiles los títulos ejecutivos que sirven de base al presente proceso, en la porción correspondiente a los intereses resarcitorios, por resultar palmariamente inconstitucionales.

- III - A fs. 118/122, OSPLAD contestó las defensas opuestas por su contraparte, y solicitó el rechazo de la inconstitucionalidad planteada. Destacó que los intereses se devengaron por la retención indebida de aportes y contribuciones en la cual incurrió el Estado provincial.

Ratificó su carácter de agente del seguro de salud,

sometida a las disposiciones de la ley 23.660, cuyo art. 24 establece que el cobro judicial de los aportes y contribuciones adeudados a las obras sociales se hará por vía del apremio previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Agregó que, entre las excepciones oponibles en este especial proceso, no se encuentra la de inconstitucionalidad, defensa que debió ser planteada en sede administrativa dentro de los quince días de notificada la deuda. A dicha omisión, suma la improcedencia del planteo en esta instancia, toda vez que su estudio implica adentrarse en el análisis de la causa de la obligación, cuestión excluida del prieto marco del juicio ejecutivo.

Por último, reseñó la evolución de las distintas normas mediante las cuales se fijaron las tasas de intereses resarcitorios, concluyendo que se aplicó la del 3% desde que cada suma es debida, conforme la legislación vigente.

- IV - Por imperio de lo dispuesto en el art. 24 de la ley 23.660, el presente proceso se rige por vía del apremio regulado en los arts. 604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Este último establece la posibilidad de oponer la excepción de "inhabilidad extrínseca del título", frente a la ejecución fiscal iniciada por cobro de aportes y contribuciones al sistema nacional de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen (el subrayado me pertenece).

Frente al claro texto de la ley, pienso que la excepción sólo puede fundarse en vicios relativos a la forma externa de la boleta de deuda, mientras que, en la defensa sub examine, no se invoca defecto alguno de tal naturaleza (en igual sentido, Fallos: 322:571, 323:825).

En estas condiciones, hacer lugar a la inconstitu-

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Obra Social para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ ejecución fiscal.

Procuración General de la Nación cionalidad planteada, implicaría actuar con desmedro del marco regulatorio que, para las ejecuciones, contemplan los arts.

604 y 605 del código ritual. Si bien el Tribunal admitió las defensas sustentadas en la inexistencia de deuda, lo hizo siempre con sujeción a que ella resulte manifiesta, sin necesidad de adentrarse en mayores consideraciones (Fallos:

317:1400 y 318:1151, entre otros pronunciamientos), extremo que, a mi modo de ver, no se reúne en el sub judice.

Por otra parte, el ejecutado no alegó ni, por ende, intentó demostrar que haya hecho uso del derecho a impugnar la determinación de deuda realizada por OSPLAD, mediante el procedimiento del art. 21 de la ley 23.660 y su reglamentación (decreto 576/93), con lo cual, al no haber discutido dicha deuda en la instancia administrativa correspondiente, ni procedido al pago de ella en el plazo establecido, ni tampoco con posterioridad, estimo que resulta procedente la ejecución (confr. dictamen de este Ministerio Público in re F. 162.

XXXIV.

"Fisco Nacional (DGI) c/Cirilo, V. y otro s/ejecución fiscal", del 8 de febrero de 1999, que fue compartido por el Tribunal en su sentencia del 19 de agosto de ese año, Fallos: 322:1682).

- V - Por lo expuesto, opino que el planteo de inconstitucionalidad de los intereses resarcitorios, cuyo cobro se persigue en el presente proceso, debe ser rechazado.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2002.- N.E.B.