Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 5 de Septiembre de 2002, M. 426. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C.M. 426. L. XXXVIII.

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Sala "A" de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, confirmó la sentencia del Juzgado Federal de la Ciudad de Río Cuarto que condenó a las demandadas a comunicar al Banco Central de la República Argentina y a Organización Veraz S.A. que la relación financiera habida con la actora tiene origen en una operatoria de tarjeta de crédito y que la información referida a ella debe ser confidencial, debiendo la última entidad eliminar de su base de datos la registración por ese concepto relativa a la peticionante (fs. 112/118 y 151vta./152).

Para así decidir, estimó, en resumen, que: 1) el artículo 53 de la ley n° 25.065 consagra una excepción a la regla en materia de información crediticia provista por los artículos 5, inciso 2°, d), y 26 de la ley n° 25.326 -en orden a la falta de necesidad de consentimiento expreso del titular de los datos- constituyendo la regulación específica de una hipótesis no contemplada en las directivas genéricas de los anteriores preceptos; 2) la prohibición del artículo 53 de la ley n° 25.065 alcanza a todas las personas jurídicas que intervienen o tratan datos moratorios vinculados a tarjetas de crédito; constituyendo el bien jurídico protegido, la confidencialidad de la información originada en el empleo de las mismas; y, 3) la entrada en vigor de la ley n° 25.326 no altera el carácter especial, en este punto, del artículo 53 de la ley n° 25.065 (fs. 146/152).

Contra dicha decisión, las demandadas dedujeron apelación federal (v. fs.

162/175 y 176/186), que fueron concedidas en cuanto concierne a la causal basada en el artículo 14, inciso 3°, de la ley n° 48 y desestimadas en lo que atañe a la doctrina sobre sentencias arbitrarias (fs. 190).

-II-

Los recurrentes, en suma, se agravian por estimar que la sentencia incurre en la errónea interpretación del artículo 53 de la ley n° 25.065 y en la inaplicación del artículo 26 de la ley n° 25.326, vulnerando los derechos constitucionales de igualdad e información. Señalan que ambas normas son de naturaleza federal y reglamentarias del artículo 43 de la Constitución Nacional. Citan el precedente de Fallos: 312:2767; la causal del artículo 14, inciso 3°, de la ley n° 48 y la doctrina sobre sentencias arbitrarias. En ese marco, atribuyen tal carácter a la inteligencia del artículo 53 de la ley n° 25.065 por la que se adscribe carácter confidencial o "sensible" a la información relativa a las tarjetas de crédito, contrariándose la preceptiva de los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13, inciso 1°, del Pacto de San José de Costa Rica; y 14, 16, 32, 33, 38, 42 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

También a la inteligencia que conduce a sostener que aquél precepto es especial respecto a la previsión genérica del artículo 26 de la ley n° 25.326, en tanto que, con arreglo a los artículos 3, 5 y 26 de la última norma, el artículo 53 de la ley 25.065 resulta abrogado. Lo anterior, sin perjuicio de destacar que la deuda de la actora no deriva del uso de la tarjeta, sino del mutuo concertado con miras a refinanciarla y que la prohibición concierne sólo a las entidades emisoras de los citados instrumentos. Concluyen diciendo que se omitió el tratamiento de la defensa de

falta de legitimación pasiva, vulnerándose el principio constitucional de congruencia (art. 18, de la C.N.), en tanto que los demandados no resultan ser titulares o responsables de los datos objetados y que, en su caso, lo informado por la entidad bancaria al Banco Central lo fue en el contexto de lo establecido por las Comunicaciones "A" n° 2216 y 2384 (fs. 162/175 y 176/186).

-III-

Ante todo, es menester resaltar que, al pronunciarse respecto de la admisibilidad del recurso, la Sala -como se reseñó- lo concedió sólo en lo que atañe a la controversia habida en torno a la inteligencia de los artículos 53 de la ley n° 25.065 y 26 de la ley n° 25.326 (v. fs. 190). De ahí, dado que la pretensora no ha deducido recurso de hecho, que la jurisdicción ha quedado expedita sólo en la medida en que la impugnación ha sido concedida por el tribunal.

Por otra parte, en autos se discute la inteligencia conferida por la a quo a previsiones de las leyes n° 25.065 y 25.326, bajo la pretensión de que contradice diversos preceptos y garantías de alcance federal y la resolución ha sido contraria a su validez, extremo que habilita la vía del artículo 14 de la ley n° 48 (cfse. Fallos: 323:1566, entre muchos). A este respecto, repárese en que la causa ha tramitado en el contexto de orden interjurisdiccional a que se refieren los artículos 36 y 44 de la ley n° 25.326 (fs. 23 y 115/116).

-IV-

La cuestión que se debate fue objeto de examen, en lo substancial, por este Ministerio Público, en ocasión de dictaminar los autos S.C.O. n° 180, L. XXXVI, "Organización Veraz S.A. c/ Estado Nacional -M.E. y O.S.P.- s/ amparo ley ° 16.986", del 31 de mayo de 2001, a cuyos términos corresponde remitir, en lo pertinente, en razón de brevedad.

Sólo añadiré a lo expresado en aquella oportunidad que, dictado el precepto reglamentario de la ley n° 25.326 -dec. n° 1558/01 (BO: 03.12.01)- en él puede constatarse -a los efectos del artículo 5, inciso 2°), ítem e), de la disposición anterior- que el concepto de "entidad financiera" comprende a las empresas emisoras de tarjetas de crédito y que, a los fines del artículo 26, inciso 2°), de la ley, se consideran datos relativos al cumplimiento de las obligaciones, los que atañen a los contratos de tarjetas de crédito (cfse. dec. 1558/01).

Tal dispositivo, si bien posterior al dictado del resolutorio en crisis, no fue objetado por la actora, correspondiendo estar al mismo en todo cuanto proceda, toda vez que, según ha reiterado V.E., los pronunciamientos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento del fallo, aunque sean sobrevinientes al recurso (Fallos: 307:2483, etc.).

-V-

Por lo dicho, estimo que corresponde declarar admisible el recurso y revocar la sentencia.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2002.

F.D.O.