Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Agosto de 2002, L. 275. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 275. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

L.Y.S.A. s/ infr. ley 11.683.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 resolvió no hacer lugar al recurso previsto en el art. 78 de la ley 11.683 que había sido planteado por el apoderado de la empresa "Librerías Yenny S.A." (vid. fs. 5/32).

Los letrados de esa firma interpusieron, entonces, los recursos de reposición y de apelación en subsidio. El primero fue denegado, en tanto que el último fue declarado procedente (fs. 33/45).

A su turno, la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió declarar erróneamente concedida la apelación, al considerar que debió articularse el remedio previsto en el art. 476 del Código Procesal Penal de la Nación.

Contra esa decisión, los apelantes interpusieron la apelación federal, cuyo rechazo motivó la presente queja (fs.

54/112, 118 y 120/184, respectivamente).

-II-

En su escrito de fs. 54/112 y en lo que aquí interesa, los recurrentes tachan de arbitraria la sentencia del a quo, en tanto sostienen que formuló una errónea e irrazonable interpretación del art. 476 del mencionado código procesal, que vulneró las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y de la efectiva tutela judicial.

Asimismo, alegan que esa resolución no guarda relación con las constancias de la causa, ya que el pronunciamiento del magistrado de primera instancia no denegó un recurso que estuviese dirigido al superior.

En este sentido, afirman que el remedio previsto en el art. 78 de la ley 11.683, debe ser resuelto únicamente por

el juez en lo penal económico y que sólo hubiese correspondido la interposición del recurso directo ante la cámara, si ese magistrado no hubiese concedido la apelación planteada contra la providencia que denegó por extemporáneo el remedio preceptuado en aquella norma de la ley de procedimiento tributario.

Finalmente, explican que el remedio previsto en el art. 476 del Código Procesal Penal de la Nación, requiere que el tribunal ante el cual se interponga el recurso que va dirigido al superior, lo deniegue y que, en consecuencia, el apelante deba ir directamente ante el ad quem.

-III-

Debo señalar que el remedio federal aparece deducido contra la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, conforme lo establece el art. 14 de la ley 48 pues, a mi modo de ver, resulta aplicable el criterio que se desprende de Fallos: 323:1787 y 2367, según el cual resultan ajenos a la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal los procesos seguidos en materia contravencional.

Por otra parte, considero necesario mencionar que, no obsta al tratamiento de la presente queja, lo dispuesto por el decreto 1384/2001 y su reglamentación a través de la Resolución General 1159/2001 de la Administración Federal de Ingresos Públicos ya que, justamente, atento la cuestión sometida a recurso, no resulta posible determinar a esta altura del proceso, si las sanciones que le fueron impuestas a la empresa "Librerías Yenny S.A." se encontraban firmes a la fecha de su dictado, de conformidad con la exigencia que se desprende de la lectura armónica del art. 1°, ap. d y 5, del citado decreto, y de los arts. 3° y 4° de esa resolución.

En este sentido, aquella circunstancia, que determinaría la inclusión o no de las sanciones impuestas en el

L. 275. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

L.Y.S.A. s/ infr. ley 11.683.

Procuración General de la Nación régimen de exención del aludido decreto, sólo quedaría establecida, en principio, con la resolución que V.E. y, en su caso, el a quo, adoptasen oportunamente.

-IV-

Respecto al fondo de la cuestión, creo conveniente señalar que si bien la Corte tiene establecido que las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos interpuesto ante los tribunales de la causa no justifican, dada su naturaleza procesal, el otorgamiento de la apelación extraordinaria (Fallos: 302:1134; 307:474; 311:357; 313:77 y 319:

399), no es menos cierto que V.E., ante las particularidades que presentan determinados casos, ha hecho excepción a ese principio cuando existe un apartamiento de las constancias del proceso o se realiza un examen de los requisitos que debe reunir la apelación con un inusitado rigor formal que frustra una vía apta para el reconocimiento de los derechos, con menoscabo de la garantía constitucional de la defensa en juicio (Fallos: 312:1186; 313:215; 318:2600, entre otros) tal como, a mi modo de ver, acontece en el sub lite.

Entiendo que ello es así en tanto no aprecio, de la lectura de las actuaciones, que en el caso se haya presentado el supuesto previsto por el art. 476 del Código Procesal Penal para exigir la articulación del recurso que esa norma contempla. En tal sentido cabe aclarar que no se había denegado a los recurrentes el acceso a la jurisdicción del superior; por el contrario observo que, rechazado el recurso de reposición, fue concedido el de apelación que se planteó en subsidio (fs. 42).

En este orden de ideas, corresponde destacar que, también carece de sustento legal la exigencia de interponer la queja contra el auto que no hizo lugar, por extemporáneo, al

remedio previsto en el art. 78 de la ley de procedimiento tributario (fs. 32), ya que justamente era el juez en lo penal económico, al cual iba dirigido, el competente para resolver su concesión o rechazo.

Más aun, esa misma norma dispone en su parte final que dicha decisión será apelable.

Entonces, mal podría exigirse a los apelantes C. subyace de la sentencia cuestionadaC la presentación directa ante la cámara porque, insisto, esa jurisdicción nunca fue cercenada, como lo exige el propio art. 476 del digesto procesal, al preceptuar como requisito de su aplicación, que sea denegado un recurso que procediere ante otro tribunal.

Los aspectos apuntados, me conducen a sostener que el criterio que utilizó el a quo aparece basado sólo en su íntima convicción de otorgar a la norma en cuestión una determinada inteligencia que no se muestra como derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias comprobadas de la causa, motivo por el cual, su invocación como único sustento del fallo autoriza a su descalificación como acto judicial válido a la luz de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 299:17; 303:1295; 308:640 y 311:948).

A ello cabe agregar, como ya lo adelanté, que el examen formal de los requisitos de la apelación aparece excesivamente riguroso pues, más allá de que la alzada considerase o no adecuada esa vía, debió valorar no sólo la manifiesta voluntad demostrada por los apelantes sino también que, en el caso, ambos recursos tenían la misma finalidad, plazo y motivo.

Así, ambas impugnaciones, la prevista en el art.

449, como en el 476, del Código Procesal Penal de la Nación, debían ser presentados en el término de tres días y estaban orientadas a lograr que la Cámara Nacional en lo Penal Econó-

Procuración General de la Nación mico revisara la decisión del juez de primera instancia, por la que había declarado extemporáneo el remedio del art. 78 de la ley 11.683.

Estas consideraciones me llevan a concluir que los sentenciantes, al rechazar el recurso con base en la inteligencia que realizaron de aspectos formales, no contemplaron el fin que los informa y soslayeron el carácter instrumental de las normas procesales, para otorgar prevalencia al rito por sobre las razones de fondo que lo justifican y a las que debe servir (Fallos: 314:493, sus citas y 321:1817).

Los aspectos reseñados precedentemente, imponen también, la descalificación del fallo por arbitrariedad, en tanto el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva no puede resultar turbado por un desmedido rigor formal en la interpretación de las reglas de procedimiento (vid. fallos citados).

En tales condiciones, considero que el equivocado enfoque que efectuó el a quo de la cuestión, privó a los apelantes de su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sobre los temas propuestos ya en la etapa administrativa y reiterados a lo largo de todas las instancias con menoscabo de la garantía de la defensa en juicio (conf. Fallos: 317:619).

-V-

En consecuencia, opino que V.E. debe declarar procedente esta presentación directa y revocar el fallo impugnado para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2002NICOLAS EDUARDO BECERRA.