Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Agosto de 2002, U. 39. XXXVII

Actor:Uezen Maria Cristina y Otro
Demandado:Empresa Rio Grande S.A. y Otros
Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

U. 39. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala AG@ de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó la sentencia de Primera Instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda por los daños y perjuicios que reclamaron los actores, a raíz del accidente de tránsito protagonizado por el automóvil de éstos y un micro ómnibus de la empresa demandada (v. fs. 467/470 vta.).

Para así decidir, manifestó que disentía con la solución de la sentencia de grado, en cuanto se apoyó en la declaración de los testigos sobre la infracción a la luz roja del semáforo por parte del chofer del transporte público, unida a la confesional prestada en rebeldía.

Puso en duda la veracidad de los dichos de los testigos acerca de la transgresión al semáforo, debido a que los mismos también coincidieron en aseverar que el embestidor fue el transporte, afirmación que - dijo -, resultaba antagónica con la manifestación en contrario del propio conductor del automóvil que según el juzgador -, admitió en la instrucción haber sido el factor activo de la colisión.

Agregó que el lugar del impacto que presentaron los vehículos, demostraba que el choque del automóvil al interno, sucedió cuando éste ya sobrepasaba la línea de marcha de aquél, y que el micro venía por una avenida, con prelación de paso.

Expuso que, al no resultar demostrada la infracción al semáforo, no podía extraerse de la confesional en rebeldía, pues esta presunción no se corroboró con los extremos antes mencionados.

Señaló, finalmente, que los testigos dijeron estar presentes al tiempo del choque, pero ninguno de ellos aparecía consignado por la autoridad actuante.

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de fs.

481/486, cuya denegatoria de fs. 490, motiva la presente queja.

Alega que se ha prescindido arbitrariamente de pruebas incorporadas a la causa, como la confesional en rebeldía tanto del representante legal de la Compañía de Seguros citada en garantía, como del conductor del colectivo.

Reprocha la omisión de ponderar la declaración de tres testigos presenciales, precisos, concordantes y sin contradicciones, que respaldaron la mecánica del siniestro que surgía de la confesional antes mencionada.

Critica, asimismo, que no se haya considerado la absolución de posiciones del actor en la que negó haber embestido al colectivo, pues esta confesión - afirma -, destruye lo sostenido en la sentencia en orden a una constancia policial no ratificada en sede judicial, en base a la cual, la Cámara restó valor a la prueba confesional y a tres declaraciones de testigos.

Señala que la apreciación del tribunal, sacó de contexto lo dicho por el actor en sede policial y parcializó el contenido de tal declaración, toda vez que prescindió de su manifestación de que intentaba atravesar la calle al amparo de la luz verde del semáforo.

Añade que el tribunal tampoco reparó que con su expresión de que no pudo evitar colisionar, no quiso decir embestir, pues colisionar implica que el hecho se produce por el impacto de dos cosas en movimiento.

Aduce que el juzgador no evaluó la velocidad antirreglamentaria a la que circulaba el colectivo, circunstancia que debía extraerse de todo el cuadro probatorio (posiciones, testimonial y pericial).

Tacha asimismo de arbitraria la afirmación de que el

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Procuración General de la Nación colectivo fue chocado en la parte lateral posterior, pues Bdice B ello sólo se encuentra establecido en la actuación policial, sin que se haya ratificado judicialmente, y señala que el perito no examinó a dicho rodado, y que no pudo ver el lugar del impacto ni siquiera en las fotografías.

Respecto de estas últimas, también rechaza que se haya invocado una del automóvil para juzgar que embistió al colectivo, cuando de la observación de la misma B dice B y de las demás incorporadas a la causa, sólo se determina la existencia de un lugar de afectación del automóvil en la parte lateral delantera a la altura de la punta del vehículo, lo cual corrobora que el colectivo fue el embestidor.

Asimismo, reprueba las consideraciones del juzgador acerca de la prioridad de paso, pues afirma que no encuentran apoyo en ninguna disposición legal, y que, existiendo semáforos, no se explica que se acuda a otros parámetros para la determinación de prioridades.

-III-

No obstante que los agravios precedentemente reseñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia ajena - como regla y por su naturaleza B a la instancia del artículo 14 de la ley 48, V.E. tiene dicho que ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando se ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del asunto de acuerdo a las pruebas producidas, y ha establecido, además, que, si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos 311: 1656, 2547, entre otros), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

En efecto, para revocar la sentencia de grado y

rechazar la demanda impetrada, el tribunal a quo cuestionó la veracidad de las declaraciones testimoniales, y, por lo tanto, consideró que no existen en autos, elementos que puedan reforzar la confesión ficta del chofer del micro en los términos del artículo 417 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Cabe advertir, que el a-quo descalificó los relatos de los testigos, en orden a que sus declaraciones de que el colectivo embistió al automóvil, resultarían antagónicas con la A...afirmación categórica en contrario, realizada en la instrucción por el propio conductor de ese moderno vehículo, quien admitió que él fue el factor activo en la colisión...@ (v. fs. 468 vta.). Sin embargo, esta reflexión del juzgador, aparece desligada de su contexto, toda vez que, de la lectura de la declaración del actor en la causa penal (v. fs. 24 vta. del expediente respectivo), no surge - a mi ver la aludida afirmación categórica, pues dijo textualmente que A...observa que el semáforo se hallaba en verde para el sentido en que circulaba el declarante, es que antes de finalizar el traspaso de dicha intersección se le cruza un vehículo de gran tamaño, similar a un colectivo, no pudiendo evitar colisionar a éste...@, y algunos renglones más abajo dijo A...Que en este acto insta la acción penal contra el conductor del colectivo que lo colisionara...@. Se advierte, entonces, que no existió ninguna afirmación categórica que permita concluir que el conductor del automóvil haya admitido ser el embestidor, sino que, por el contrario, manifestó haber cruzado en luz verde y atribuyó responsabilidad al chofer del colectivo, al punto que instó la acción penal contra el mismo.

Por otra parte, en la especie, la calidad de embestidor o embestido, puesta de resalto por el a quo como elemento central conducente, no era esencial para determinar la responsabilidad, desde que, como bien lo puntualizó el Juez

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Procuración General de la Nación de Primera Instancia (v. fs. 432 vta.), al existir semáforos en funcionamiento, no juega la presunción de culpa del embestidor pues el que tiene luz verde a su favor, no puede presumir, en principio, que la señal del semáforo será violada. Por las mismas razones, tampoco operan en el caso, las normas de prioridad de paso.

Luego, no encontrándose controvertido en la causa que existían semáforos en funcionamiento, estimo que el opinable antagonismo entre los dichos de los testigos y los del actor acerca de cual fue en vehículo embestido, no resulta suficiente elemento de juicio para descalificar las declaraciones precisas y concordantes de aquellos, en el sentido de que el colectivo cruzó con luz roja. Conviene recordar que, al respecto, entre otros muchos precedentes, V.E. tiene dicho que no cumple con la condición de validez de los pronunciamientos judiciales, una sentencia que desecha un testimonio sobre la base de la sola sospecha subjetiva de que falta a la verdad (v. doctrina de Fallos:

301:121); que asimismo, corresponde dejar sin efecto la sentencia, cuando no se analizan los testimonios con la minuciosidad que imponían los términos, siendo insuficiente la mera afirmación acerca del carácter vago e impreciso de las declaraciones, o de que los testigos no dan razón suficiente de sus dichos (v. Fallos 302:1276), o cuando se ha juzgado con excesivo rigor formal las declaraciones testificales y se ha omitido considerar las probanzas oportunamente incorporadas a la causa y conducentes para la solución del caso (v. Fallos 322:1522), etc.

Teniendo presente lo expuesto, en cuanto a la inasistencia del chofer del colectivo a la audiencia de absolución de posiciones, si bien V.E. ha establecido que la apreciación de la prueba confesional es materia ajena, en principio, a la vía extraordinaria, no puede soslayarse el

efecto que el artículo 417 de la ley ritual otorga a la confesión ficta, cuando, como en el sub lite, su debida integración y armonización con otros elementos de convicción obrantes en la causa, podría llevar a conferirle la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los medios probatorios.

Al respecto, corresponde señalar que, además de lo precedentemente apuntado acerca del excesivo rigor formal en la valoración de las testimoniales, el juzgador nada dijo de la confesional del representante de la Compañía de Seguros, también prestada en rebeldía, ni de los indicios sobre el exceso de velocidad a la que podría haberse desplazado el colectivo (79,2 Km./h) que surge de la contestación del perito a las impugnaciones (v. fs. 343). Tal proceder del a-quo, comporta un defecto en la consideración de extremos conducentes, toda vez que significa desconocerles a estos elementos, al menos, el valor de pruebas indiciarias, que, integradas con la confesión ficta del chofer, podrían ser decisivas para el resultado del pleito.

No se nos escapa, por cierto, que no es potestad de V.E. terciar como un juzgador de una tercera instancia en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean al sub lite, mas no es ello lo que en verdad propicio, sino tan sólo advertir que la insuficientemente fundada desestimación de los testimonios, sin el paralelo estudio de otros elementos conducentes obrantes en las constancias del sub examine, importa de por sí, una ligera actividad analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio. Porque si bien es cierto que los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso continuar haciéndolo con los restantes, pero en cambio no es

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Procuración General de la Nación un principio válido en el extremo en que el o los elegidos están distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.

Tal es, a mi criterio, lo que acontece en estos autos, donde la descalificación de la veracidad de los testimonios aparece como excesiva, al no intentar confrontarlos con otros elementos probatorios en busca de un mayor grado de certeza sobre los hechos ocurridos, y es con arreglo a esta razón, que considero que el fallo en recurso debe ser dejado sin efecto, a fin de que otros jueces se dediquen a analizar en plenitud las circunstancias de hecho y prueba de esta causa para que puedan ofrecer el debido basamento sobre lo que en definitiva estimen a este respecto, sin que, obviamente, el señalamiento de dichos defectos de fundamentación importe abrir juicio alguno sobre cómo deberá dirimirse el conflicto en su aspecto sustancial, desde que ello implicaría inmiscuirme en una potestad exclusiva de las instancias competentes en tales materias, ajenas a la jurisdicción federal del art. 14 de la ley 48.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2002.

NICOLAS EDUARDO BECERRA