Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 16 de Agosto de 2002, M. 1446. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1446. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

Montenegro, F.A. y otra c/ A. de Carfi, M.C..

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el Inferior dictó sentencia sobre el fondo objeto de la litis, hizo lugar a la demanda, y ordenó la notificación del decisorio, a través de la Secretaría del Juzgado a su cargo Bv. fs.

309 vta.-.

A fojas 339, obra acta de elevación a Cámara, de la cual se desprendería, el cumplimiento de lo dispuesto por el Juez de Grado, en lo relativo a las notificaciones, con constancia de las apelaciones deducidas contra la resolución oportunamente dictada.

Recepcionadas las actuaciones por la Sala K, de la Cámara del fuero Bv. fs. 339 vuelta-, su S.B.. fs.

340- advirtió, que a fojas 301 la demandada A. de C. quedó notificada de la renuncia al mandato efectuada a fojas 280 por su letrado apoderado BDr. Ferrari-, por lo que dispuso, vuelvan los autos al Juzgado de origen a sus efectos.

El 9 de octubre de 1998, el Inferior tuvo por devueltos los autos, y de conformidad con lo señalado precedentemente, ordenó notificar al domicilio real de la accionada, sito en la Provincia de Buenos Aires, el apercibimiento normado por el artículo 53 del Código Procesal, Ajunto con la sentencia de fojas 304/309@ Bv. fs. 341-. A fojas 342 el doctor Ferrari Bex representante letrado de las accionadas-, quien había apelado oportunamente el fallo por su propio derecho, solicitó la remisión de las actuaciones a la Alzada, ordenando el Inferior, el 23 de diciembre, dar cumplimiento con la notificación dispuesta a fojas 341 Bv. fs. 343-.

A fojas 344 obra cédula de notificación ley 22172, a

la demandada, tramitada por el letrado de los actores.

Notificada la demandada B. de Carfi-, apeló la sentencia y sin consentir lo actuado por la contraparte, peticionó al Inferior declare la caducidad de la primera instancia, con fundamento en el tiempo transcurrido sin que los actores instaran el procedimiento B. el 9/10/98, en que el expediente volvió de Cámara (fs. 341), hasta el 24/3/99 en que se le notificó la sentencia (fs.351/352)-. Asimismo sostuvo, que el escrito de fojas 342, cuya autoría le atribuyó a los accionantes, no instaba el procedimiento Bv. fs. 345, 346/347, 355/356-.

El Magistrado resolvió a fojas 366/368, hacer lugar a la perención de instancia peticionada por la accionada.

Apelado el decisorio por los actores, la Sala K de la Cámara Civil, resolvió confirmar el fallo del Juez de Grado Bv. fs.

381/385, 393/395-.

Contra dicho pronunciamiento, dedujo el accionante recurso extraordinario federal, el que contestado por la demandada, fue rechazado, dando lugar a la interposición de la presente queja Bv. fs. 276/282, 398/414, 440, 35/44.

- III - El quejoso reprocha arbitrariedad en la sentencia.

Sostuvo que la resolución del a quo encuadra dentro del concepto de sentencia definitiva, ocasionándole un gravamen irreparable al dejar sin efecto, como consecuencia de la caducidad decretada, una sentencia favorable que acogía la demanda, con lo cual afectó derechos adquiridos, que por la prescripción emergente del tiempo transcurrido desde el hecho dañoso, queda sin posible reparación ulterior, con lo cual afectó el derecho de propiedad de su parte Bart. 17 de la C.N.-.

Refiere que la caducidad decretada tuvo su fundamen-

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RECURSO DE HECHO

Montenegro, F.A. y otra c/ A. de Carfi, M.C..

Procuración General de la Nación to en la omisión en que incurrió el Juzgado, al no dar cumplimiento con su propia obligación de notificar la sentencia de fondo, conforme lo normado por el artículo 485 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.- Ello, sin perjuicio de la expresa decisión adoptada por el sentenciante a fojas 309 vuelta, poniendo bajo responsabilidad del Secretario del Juzgado, efectivizar las notificaciones respectivas, con lo cual estimó se violentaron: el preámbulo y los artículos 15, 17, 18, 19, 28, 31, 75 inciso 22, 108, 116, 117 y 123 de la Constitución Nacional; 1, 2, 8, 9, 10, 21, 25 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 14 y 15 de la ley 48; 2 inciso 1 y 2, 3 inciso a, b y c, 14, inciso 1 y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de raigambre constitucional.

Concluyó sosteniendo que el a quo se apartó de las constancias de la causa y del derecho aplicable, efectuando una interpretación errónea de lo normado por la ley 22.172, imponiendo cargas que no surgen de la letra de la misma.

- III - En tal sentido, cabe señalar, que aún cuando los agravios del quejoso remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal, ajenas B. regla y por su naturalezaal recurso del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para habilitar la vía intentada cuando, con menoscabo del derecho de defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, la Alzada ha desatendido los planteos de aquélla que tendían a demostrar la improcedencia del planteo formulado por la demandada, y omitido ponderar elementos de la causa y disposiciones legales conducentes para la correcta solución del caso.

Estimo, que le asiste razón al recurrente, en cuanto sostiene que la sentencia del a quo resulta arbitraria, al

fundar su decisorio exclusivamente en lo normado por el artículo 310, inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y omitir las prescripciones de los artículos 311, 313, inciso 3° y 485 del citado código, de expresa aplicación en el sub lite, en el contexto de las actuaciones.

En tal sentido, ha sostenido reiteradamente V.E., que por ser la caducidad de instancia un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga, debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (v.

Fallos:

323:2067, entre otros). Por ello, refiere que no cabe extender al justiciable actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente, razón por la cual ha entendido V.E., que cuando la parte queda exenta de su carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, pues ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios judiciales responsables (v. Fallos: 323:

1839 y 2498; 322:2283).

Por lo expuesto y conforme se desprende del contexto de las actuaciones, la carga procesal de notificar la sentencia le fue impuesta por el a quo al Secretario del Juzgado, considerándose cumplida conforme constancia del acta de elevación a Cámara Bv. fs. 339-, de donde se desprende que a la demandada A. de C. se le notificó la sentencia en el domicilio constituido de su letrado apoderado, doctor Ferrari Bconf. fs. 310-, sin advertir que el citado profesional había renunciado al mandato a fojas 291, lo que sí, fue observado por la Sala, disponiendo su devolución.

Cabe observar al respecto, que el artículo 135,

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Montenegro, F.A. y otra c/ A. de Carfi, M.C..

Procuración General de la Nación inciso 7) del Código Procesal dispone la notificación por cédula de la providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando tenga por objeto la reanudación de la relación suspendida, incluso la de los plazos o términos, circunstancia que no sólo no surge cumplida por el Inferior, sino que por el contrario consideró éste, que la notificación lo era por Ministerio de Ley, conforme se desprende de sus dichos Bv. fs. 367 in fine-, y respecto de lo cual también se agravia el recurrente Bv. fs. 26/27 de la queja- estimo con razón, toda vez que la notificación por cédula a que este se refiere, era la única forma de que las partes tomaran conocimiento del estado de las actuaciones.

Por lo expuesto, cabe concluir, que resultan arbitrarias las consideraciones del a quo relativas a que el quejoso ha dejado de instar el procedimiento en las etapas procesales oportunas, desde que una vez desprendido el Inferior de su competencia, con el auto de elevación a Cámara, habría cesado su obligación procesal de impulsarlo; y devueltas las actuaciones por el Superior, al no obrar constancia de que las partes tomaron debido conocimiento de tal circunstancia y de lo ordenado por la Alzada, conforme lo dispone el artículo 135, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no puede razonablemente presumirse que la quejosa dejó transcurrir los plazos de inactividad previstos por la ley, conforme lo dispusieron los sentenciantes al decretar la caducidad de la instancia, ni incurrir en el error de que los actores pretendieron instar el procedimiento con el escrito de fojas 342 -cuya autoría corresponde al ex apoderado de la demandada- y con la nota del Juzgado de fojas 343, que ordenaba notificar lo dispuesto a fojas 341.

En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente la queja y el recurso extraordinario

fundado en la arbitrariedad del pronunciamiento, dejar sin efecto la sentencia y disponer que vuelvan los autos al tribunal de origen, a sus efectos.

Buenos Aires, 16 de agosto de 2002.

F.D.O.