Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31 de Julio de 2002, L. 182. XXXVII

EmisorProcuración General de la Nación

L. 182. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

L., R.J. c/H., M.A..

Procuración General de la Nación Suprema Corte :

-I-

Contra la decisión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que revocó la de la anterior instancia que había hecho lugar a la demanda por indemnización en concepto de daño moral promovida por don R.L., Juez integrante de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- contra el abogado M.A.H., a raíz de una querella por prevaricato que éste dedujo en su contra B. que fue desestimada en sede penal- , el actor interpuso el recurso extraordinario de fojas 1559/1570, cuya denegatoria de fojas 1588, dio lugar a la presente queja.

Para así decidir el tribunal sostuvo en primero, que al referirse el daño moral a padecimientos anímicos o espirituales que pudieron afectar el desenvolvimiento normal de la vida de quien lo sufre, es claro que no mediando lesiones físicas o síquicas de relevancia de quien lo reclama, resulta compleja la posibilidad de acreditarlo de modo fehaciente. Por ello admite la posibilidad de inferirlo de las propias circunstancias, reconociendo que la querella por prevaricato invocada por el actor puede constituir su causa probable en el caso. Sin embargo, luego, frente a la falta de daño objetivable (lesiones físicas o síquicas), afirma que cuando se reclama el daño moral como único perjuicio han de analizarse los antecedentes de forma más rigurosa.

Tampoco descarta que quepa atribuir objetivamente, el carácter de imputación calumniosa, al inicio de una querella por prevaricato. Pero para ello, sostiene de un lado, su interposición debe consistir en la atribución a una persona determinada a sabiendas de su falsedad. No descarta,

de otro, que el denunciante haya incurrido en un error, pero argumenta que no hay recompensa mayor para el imputado que el esclarecimiento de los hechos cuestionados.

Y a partir del estudio de elementos de prueba que reseña, concluye que la reputación del actor antes y después de la querella no ha sido lesionada, y que dicha afrenta no ha vulnerado su vida de relación ni el desarrollo de sus tareas habituales.

Desde la perspectiva de las causas tramitadas en sede laboral y penal , no estima mal intencionada o temeraria la acción entablada por el demandado ,desde que colige que se trató de una cuestión por demás opinable. Sostiene que la responsabilidad civil de los querellantes no puede tener lugar por el único hecho de que la acción haya sido rechazada, pues la ley solo la admite cuando la acusación ha sido efectivamente calumniosa y obedeció a una conducta culpable: requiere un actuar temerario o ligereza culposa. Se remite a los supuestos de los artículos 1089,1072 y 1109 del Código Civil.

Finalmente, dado que no advierte gestión malévola, culpa o imprudencia en la gestión penal promovida por el querellante, y que el reclamo de autos pueda paliar un daño no acreditado en el juicio, resuelve rechazar la demanda.

En segundo lugar, a partir de la condición de magistrado del demandante destacó que es saludable preservar el derecho a que se lo investigue. El juez no debería sentirse más que obligado a colaborar con ello. Puntualizó sobre el particular que acciones como la aquí intentada A. sopesarse según quien sea el que se sienta lesionado....la calificación de imputaciones calumniosas no resulta solamente de la declaración judicial que así lo decide, ni de la calidad o intención de quienes la emiten sino que erróneas o no@ dependen A. la apreciación que formule según sus calidades y hombría de bien, aquel que resulte ser su destinatario, adecuando ello,

L. 182. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

L., R.J. c/H., M.A..

Procuración General de la Nación al criterio de moral media aceptada en el ámbito social@Agrega que el hecho que la querella haya sido rechazada no torna admisible de por sí la atribución de responsabilidad civil al demandado.

Por su parte, el actor atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento atacado desde que según indica omite considerar una cuestión central sometida a la apreciación de la alzada, que es la relativa a la diferente imputación que corresponde en materia de responsabilidad por daño moral, respecto de quien efectúa una denuncia penal y quien se constituye en querellante en el proceso, manteniendo dicha posición por varios años en las tres instancias posibles, con un evidente ejercicio abusivo de sus derechos. Destacó que en ese contexto la conducta del imputado ha de ser encuadrada como culpa grave, y aun equiparable al dolo, aspectos también obviados por el a quo.

El quejoso, asimismo imputó a los sentenciantes la omisión en la consideración de pruebas conducentes demostrativas del daño provocado a sus cualidades éticas y morales. Se agravió en tanto sostuvo que configurar B como lo hizo el demandado- el eventual apartamiento de la doctrina sentada en un plenario de cámara como un apartamiento de la ley en el marco de la tipificación del delito de prevaricato, -aspecto en el que se insiste en las tres instancias penales B y fue que publicitado en medios de prensa y en los propios pasillos de tribunales, importa de por sí un daño evidente que no necesita más demostración que su propia manifestación.

Sostuvo haber sido objeto de un tratamiento desigualitario por su mera condición de juez. Atribuyó incongruencia al pronunciamiento circunstancia que según entendió importó una afectación del debido proceso legal.

-II-

Tiene reiteradamente dicho V.E que lo atinente a la admisibilidad de las indemnizaciones por daño moral, remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas en principio al recurso extraordinario federal ( v. Fallos 304:1894, 307:1199, 1204 entre otros), circunstancia óbice para que V.E. entienda en planteos de tal naturaleza, cuando la decisión, más allá de su acierto o error se encuentra fundada.

Ello acontece en el caso en que la alzada de un lado, condiciona la atribución objetiva de responsabilidad derivada de una querella al carácter calumnioso de la imputación. Las consideraciones del actor respecto al diferente encuadre que cabe efectuar de la conducta de los requirentes en el marco de la responsabilidad extracontractual según adopten la actitud de querellantes en contraposición con la figura del mero denunciante no excede del marco de una diferencia de criterios con el estudio realizado desde otra perspectiva por los jueces, en el marco de las condiciones personales y profesionales del demandante, en relación a los principios que emanan de la doctrina de la responsabilidad por el daño moral causado por actos lícitos o ilícitos comprensivos del accionar doloso o culposo de los imputados.

Por ello, soy de opinión, que corresponde desestimar la queja.

Buenos Aires, 31 de julio de 2002.- N.E.B.

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