Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Julio de 2002, M. 721. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 721. XXXV.

    M., C.I. por apelación demanda c/ A.N.A.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 11 de julio de 2002.

    Vistos los autos:

    "M., C.I. por apelación demanda c/ A.N.A.".

    Considerando:

    1. ) Que tras ser anoticiada, el 2 de julio de 1996, de que había quedado firme la sentencia del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de Mendoza que -en lo que interesa- condenó a C.I.M. como autor responsable del delito de contrabando (art. 864, inc. d, del Código Aduanero) a la pena de seis meses de prisión en suspenso, pérdida de concesiones, regímenes especiales, prerrogativas y privilegios de que gozare, inhabilitación especial por el mismo lapso para ejercer el comercio e inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, la Aduana de esa ciudad resolvió, el 5 de julio de 1996, levantar la suspensión de los términos procesales en sede administrativa y correr vista de las actuaciones al señor C.I.M..

    2. ) Que a raíz de ello, el señor M. opuso la prescripción de la acción fiscal para imponer penas. El administrador de la Aduana de Mendoza rechazó la mencionada defensa, "atento lo establecido por el art. 937, inc. a, del Código Aduanero, que establece que la prescripción se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario" (conf. fs. 51).

    3. ) Que, posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esa ciudad revocó la resolución administrativa y, en consecuencia, declaró prescripta la acción.

      Para decidir en el sentido indicado, el a quo señaló que el plazo de prescripción de la acción para imponer penas por

      infracciones aduaneras es de cinco años, y comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación, según lo establecido por el art. 935 del Código Aduanero. Puntualizó que el hecho ocurrió el 22 de agosto de 1990 y, que, por ende, el plazo de la prescripción debe contarse a partir del 1° de enero de 1991.

      Afirmó que si bien el 16 de abril de 1991 se decidió instruir sumario contencioso en los términos del art. 1094 del Código Aduanero, y se ordenó correr vista de acuerdo con lo dispuesto por el art.

      1101 del citado código, lo cual interrumpe el plazo de prescripción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras según el inc. a, del art.

      937, lo cierto es que al dictarse la providencia del 5 de julio de 1996 -que levanta la suspensión de los términos procesales-, el lapso prescriptivo se había cumplido. Sin perjuicio de ello, en lo relativo al auto que dispuso la instrucción del sumario, sostuvo que la circunstancia de que en la vista conferida al imputado se le hubiese endilgado una infracción con calificación distinta de la que se expresó en aquél "podría ser motivo de un planteo de nulidad del acto anoticiante, mas no afecta el auto por el cual se instruye sumario, el que permanece perfectamente válido" (fs. 83 vta.).

      Por último, destacó que la resolución del 5 de julio de 1996, que levantó la suspensión de los términos procesales, carecía de sustento porque con anterioridad no se había concretado tal suspensión ni ésta había operado por ministerio de la ley.

    4. ) Que contra lo así resuelto, el organismo aduanero dedujo el recurso extraordinario que fue concedido mediante

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación auto de fs. 116/117. Se agravia, por una parte, por cuanto -según expresa- se ha afectado el principio de bilateralidad, el de defensa en juicio y el debido proceso, pues al recurso de apelación interpuesto por el imputado ante la cámara le fue asignado el trámite de los concedidos en relación -cuando, en su concepto, debió haber sido concedido libremente-, y al no haber sido notificada su parte del llamamiento de autos se le impidió formular objeciones al respecto.

    Sin perjuicio de ello, sostiene que la resolución aduanera que rechazó el planteo de prescripción es una mera providencia interlocutoria, no susceptible de ser impugnada por la vía del art.

    1028 del código de la materia, para lo cual "debió aguardar el imputado M....que el administrador de la aduana hubiere dictado la resolución definitiva" (fs. 102).

    Por otra parte, se agravia de lo resuelto por el a quo sobre la prescripción. Al respecto, señala que "si bien el código refiere al procedimiento para las infracciones", el administrador de la Aduana no puede anticiparse ni resolver de un modo distinto al del juez que entiende en el proceso por el delito de contrabando, y sólo después de la sentencia judicial firme está en condiciones de llevar adelante el procedimiento para la aplicación de las penas accesorias previstas por el art. 876, incs. a, b, c y g. Invoca en apoyo de su derecho el precedente de esta Corte en el caso "De la Rosa Vallejos" (Fallos:

    305:246).

    En esa inteligencia, aduce que la suspensión de los términos del procedimiento administrativo tiene sustento en lo establecido por los arts. 861 y 890 del Código Aduanero y por el art. 67 del Código Penal. Señala que lo contrario implicaría que en gran parte de los casos, en los que los procesos judiciales se extiendan a raíz de las

    investigaciones necesarias para llegar a un pronunciamiento, le resultaría imposible a la Aduana aplicar las penas accesorias del delito de contrabando, respecto de las cuales el código le asigna competencia.

    1. ) Que si bien en principio lo referente a la prescripción de la acción penal o de la pena es materia ajena a la jurisdicción extraordinaria, por versar esencialmente sobre temas de hecho y derecho procesal y común (Fallos:

      298:21; 300:712; 305:373, entre otros), cabe hacer excepción a ese principio cuando -como ocurre en el sub lite- los agravios del apelante justifican la intervención del Tribunal por la vía intentada en tanto ponen de manifiesto que el a quo ha resuelto el caso con prescindencia de lo establecido por la norma -de carácter federal- aplicable en la especie, en la que el recurrente sustenta su derecho. En consecuencia, en este aspecto, el recurso planteado resulta formalmente admisible.

      Por el contrario, debe desestimárselo en lo referente a los restantes agravios puesto que, además de remitir a una cuestión procesal que en principio es ajena a la vía intentada, aunque las normas respectivas estén incluidas en una ley federal (conf. Fallos: 310:903; 312:1913; 313:235, entre otros), no se advierte cuál fue la afectación concreta a los derechos de la parte que habilitarían la intervención del Tribunal en los términos del art. 14 de la ley 48.

    2. ) Que esta Corte -a la luz de la normativa que imperaba con anterioridad al Código Aduanero, pero cuyos principios, en cuanto interesa al sub lite, fueron mantenidos por éste- tuvo oportunidad de interpretar la naturaleza de las facultades que la Ley de Aduana -con la modificación introducida por la ley 21.898- otorgaba a la administración para

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación la aplicación de ciertas sanciones relativas al delito de contrabando, al resolver la causa "De la Rosa Vallejos" (Fallos:

    305:246).

    Según la doctrina allí establecida, la atribución de competencia al organismo aduanero respecto de las sanciones previstas en los incs. a, b, c, f y g del art.

    191 de la Ley de Aduana no responde a su jurisdicción en materia de infracciones "sino a su facultad administrativa de imponer ciertas consecuencias accesorias de la condena penal".

    En esa inteligencia, caracterizó a tales sanciones como "accesorias de la pena privativa de la libertad y, en consecuencia, dependientes de la existencia de aquélla"; y puntualizó que la administración carecía de autonomía para juzgar sobre la materialidad del hecho ilícito y la individualización de sus responsables. Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina del mencionado precedente, la Aduana no se encuentra habilitada para la aplicación de las aludidas sanciones hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa penal por contrabando.

    1. ) Que en el sub examine el organismo aduanero se sujetó a esa doctrina, y sólo llevó adelante el procedimiento administrativo después de ser informado por el juez federal de la sentencia condenatoria firme recaída en el juicio penal.

      Sin embargo, como se señaló, el a quo resolvió que la acción se encontraba prescripta, según el régimen de prescripción establecido para las infracciones aduaneras.

    2. ) Que, en primer lugar, cabe señalar que la remisión que efectúa el art. 1121, inc. b, del Código Aduanero al régimen de las infracciones -como acertadamente lo señala el

      señor P. en su dictamen- se refiere, únicamente, al procedimiento que debe seguir la Aduana para imponer las sanciones, y, en consecuencia, no corresponde extenderla a las normas referentes a la prescripción. En este sentido, cabe poner de relieve que las normas que el a quo aplicó -además de no ser normas de procedimientono se encuentran en el capítulo del código al que se limita la remisión.

    3. ) Que, sentado lo que antecede, cabe concluir en que respecto de la prescripción de la acción para imponer las sanciones accesorias del delito de contrabando se aplica lo dispuesto por el art. 890 del código de la materia, según el cual "la extinción de las acciones para imponer y para hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros, se rige por las disposiciones del Código Penal", lo cual resulta concordante con el art. 861 del ordenamiento aduanero que, en la sección XII Disposiciones Penales establece que "siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las disposiciones del Código Penal".

      10) Que, de tal manera, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 67 de este último, a tenor del cual "la prescripción se suspende en los casos de los delitos cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas y prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de suspensión, la prescripción sigue su curso".

      11) Que la conclusión a la que así se llega es coherente con la doctrina fijada por esta Corte en el precedente "De la Rosa Vallejos" (Fallos: 305:246), puesto que si la Aduana debe aguardar la sentencia condenatoria firme recaída en el proceso judicial para ejercer las facultades que

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación le confiere el código de la materia respecto de las sanciones accesorias, no es posible sostener que entre tanto corra el plazo de prescripción (actio non nata, non currit praescriptio).

    12) Que en relación a lo expuesto cabe recordar que esta Corte ha declarado reiteradamente que la inconsecuencia y falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 297:142; 300:1080; 303:1041, entre otros); y que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de los jueces indagar lo que ellas dicen jurídicamente.

    En esa interpretación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos: 303:612).

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor P. General, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas.

    Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por

    quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

  5. y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

    FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..