Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Junio de 2002, P. 442. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

P. 442. XXXV.

RECURSO DE HECHO

P. de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 238/240 de los autos principales ( a los que corresponderán las siguientes citas), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil CSala MC confirmó la resolución de la anterior instancia en cuanto había hecho lugar a la demanda promovida por M.P. de Vilas y M.C.B. contra la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Educación y Cultura), a fin de obtener que se declare la nulidad del concurso de 1993, de ascenso a supervisor de bibliotecas en el área primaria (fs. 46/51).

Para así decidir, sostuvo que el art. 27 del Estatuto del Docente (ordenanza 40.593 y sus modificatorias) excluye las facultades discrecionales de la administración en la selección de los postulantes, al prever expresamente el orden de prioridad que debe observarse para cubrir el cargo concursado, cuyo primer requisito es ser titular del cargo inmediato inferior con tres años de antigüedad o, como en el caso de autos, tener siete años de antigüedad en el precedente, además de establecer la forma en que se seleccionará a los aspirantes cuando no se cumplan tales exigencias.

Manifestó que los cargos intermedios entre supervisor de bibliotecas y maestro de bibliotecario aparecen priorizados en la norma para la cobertura de éstos, y que ello resulta razonable, porque a los aspirantes que los poseen se les exige menos antigüedad que a aquellos que se alejan en el escalafón.

Expresó que el estatuto es claro en cuanto al requisito de antigüedad en todos los supuestos y si bien el cómputo puede incluir servicios prestados como titular, interino o suplente, no puede soslayarse que, al momento de concursar, el postulante debe revistar en situación activa como

titular en el cargo anterior.

Aclaró que al decidir de este modo, modifica el análisis de la sentencia apelada porque juzga que la antigüedad exigida para participar en el concurso es de siete y no de tres años como señaló el magistrado de anterior instancia, aunque mantiene el alcance práctico de su decisión, pues la confirma en cuanto hizo lugar a la demanda.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso el recurso extraordinario de fs. 244/255, cuya denegatoria dio origen a la presente queja.

Sostiene que el fallo es arbitrario, pues la cámara incurre en incongruencia al expedirse extra petitum, toda vez que interpreta el art. 27 de la ordenanza 40.593 de modo contrario a la manera que lo hizo el juez de primera instancia, cuyo pronunciamiento, en este aspecto, no había sido cuestionado en el recurso de alzada, pues era coincidente con su postura.

Enfatiza que la cámara no estaba habilitada, sin petición de parte, a prescindir de tal inteligencia ni tampoco del criterio fijado por el juez de grado, según el cual, el cargo anterior al de superior de bibliotecas es el de maestro bibliotecario, porque ambas circunstancias estaban firmes.

Agrega que se omitió considerar en la sentencia que la administración tiene facultades discrecionales para relacionar las normas aplicables con la realidad escalafonaria y presupuestaria y determinar, de este modo, si el único cargo existente, esto es: "M.B." es el próximo o no al concursado, toda vez que, al no existir en la planta orgánica del sector los cargos inmediatos anteriores a este

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RECURSO DE HECHO

P. de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la Nación último, debe juzgar lo más conveniente para la prestación del servicio.

-III-

Ante todo cabe recordar que, en jurisprudencia aplicable al sub judice, V.E. ha dicho que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos suscitan el análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal y público local respecto de los cuales el recurso exhibe una mera discrepancia de criterio (v. doctrina de Fallos: 303:2016 y 308:73), sin que su acierto o error pueda ser examinado por el Tribunal en atención a que "la doctrina de la arbitrariedad tiene un carácter estrictamente excepcional, y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa" (Fallos: 303:386), ya que dicha doctrina "no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas de razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia, o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impidan considerar el pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido" (doctrina de Fallos: 304:279; 316:420 y sus citas y 320:1546, entre otros).

Sobre la base de tales principios, en mi opinión, los agravios dirigidos a cuestionar el fallo apelado, no resultan aptos para suscitar la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48. Máxime cuando, como acontece en el caso, están dirigidos a cuestionar, en realidad, el ejercicio por la alzada de la facultad judicial conocida con el viejo aforismo iura curia novit (doctrina de Fallos: 308:541 y 312:2319),

pues las actoras reclamaron la nulidad del concurso por contrariar la norma que citaron en apoyo de sus pretensiones (art. 27 del Estatuto del Docente - ordenanza 40.593 y sus modificatorias) y que aplicó el juez de primera instancia, motivo por el cual la cámara debía realizar un examen integral de la cuestión para interpretarla, toda vez que los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas pertinentes (v. doctrina de Fallos:

312:649; 313:924 y 321:2453).

Finalmente, considero que tampoco son aptos para habilitar la instancia extraordinaria los agravios referidos a la arbitrariedad en que habría incurrido el a quo, al no fundamentar su sentencia y efectuar una irrazonable derivación del derecho vigente, al prescindir de considerar las facultades discrecionales que tiene la administración para relacionar las normas aplicables con la realidad escalafonaria y presupuestaria pues, además de remitir al examen de cuestiones de hecho y de derecho público local ajenas al recurso deducido, tampoco cumpliría adecuadamente con el requisito de fundamentación autónoma, toda vez que constituye un argumento considerado y desestimado en las instancias anteriores (conf. fs. 215/215 vta. y 239) y que, por ende, no alcanza para constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos de hecho y de derecho desarrollados por el juzgador para arribar a la solución impugnada (Fallos:

315:2896 y 319:2399).

-IV-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde desestimar la presente queja.

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RECURSO DE HECHO

P. de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la Nación Buenos Aires, 27 de junio de 2002.

N.E.B.