Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Junio de 2002, C. 1181. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 1181. XXXV.

R.O.

Cura, Julio c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 27 de junio de 2002.

Vistos los autos: "Cura, Julio c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad".

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, al confirmar la resolución de la ANSeS 71.059/94, denegó el reajuste del haber jubilatorio en los términos de la ley 22.955 aplicable al cese de servicios, el actor dedujo recurso ordinario de apelación, que fue concedido y es formalmente admisible (art. 19 de la ley 24.463).

  2. ) Que sobre el particular, cabe señalar que el interesado pertenecía a la planta permanente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y se había desempeñado en la dependencia "Explotación Hipódromos" como personal mensualizado durante 46 años, 3 meses y 17 días (fs. 12). Dicha actividad estaba incluida en el Escalafón para la Administración Pública Nacional aprobado por el decreto 1428/73, por lo que la prestación se determinó según lo establecido por el art. 4 de la citada ley 22.955, sin perjuicio de que el cálculo total del monto de la jubilación comprendió "haberes conjuntos", pues también se le computaron servicios como jornalizado por el régimen común de la ley 18.037.

  3. ) Que la alzada estimó improcedente recomponer el monto de la prestación a raíz de la diferencia operada respecto del sueldo de actividad, desde que al haberse privatizado las tareas vinculadas con la explotación de los hipódromos, las remuneraciones fijadas por un nuevo convenio colectivo en función de la organización empresarial, resultaban inaplicables a quienes habían cesado con anterioridad pues de

    lo contrario se estaría aceptando una novación del status previsional.

  4. ) Que en tal sentido, los jueces destacaron que la doctrina jurisprudencial sobre el punto había concluido que las modificaciones de un organismo administrativo no suponía un reescalafonamiento automático del personal, sino un cambio en las estructuras que requería una adaptación en la asignación de las distintas funciones, por lo que no correspondía otorgar reajustes sobre la base de lo que percibía quien en actividad desarrollaba las tareas del actor, pues se reconocería una categoría y retribución fijada en el ámbito del derecho privado a quien gozaba de una prestación obtenida en el régimen del derecho público y dentro de un escalafón administrativo que constituía el presupuesto básico para la aplicación de la ley 22.955.

  5. ) Que esta Corte comparte los argumentos de la sentencia en cuanto al enfoque objetivo del tema de fondo (Fallos: 290:138; 292:351; 305:868 y 307:1921); empero, la decisión debe ser revocada pues carece de fundamentos suficientes y se sustenta sólo en la voluntad de los jueces desde que omite el tratamiento adecuado de los planteos del peticionario y desatiende las concretas circunstancias de la causa que resultaban conducentes para arribar a una solución ajustada a lo prescripto por las disposiciones legales que rigen el caso.

  6. ) Que en efecto, en la certificación del cargo desempeñado al cese de servicios a fin de determinar el haber de la prestación en función del art. 5 de la Convención Colectiva de Trabajo N° 67/75 "E" y el art. 4 de la ley 22.955, consta que el actor pertenecía al agrupamiento encargado del

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación mantenimiento y producción, en el tramo ejecución, con categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional establecido por decreto 1428/73, aspectos sobre cuya base se reconoció la jubilación ordinaria y se calculó el monto del haber de pasividad.

  7. ) Que a raíz del reclamo denunciando quitas ilegales en la prestación previsional, el ex Instituto Nacional de Previsión Social ordenó una verificación en el año 1993 para establecer la categoría y los sueldos del titular cuyos resultados obran agregados al expediente (fs. 50/51), como también se acompañó la información suministrada por el Hipódromo Argentino de Palermo a Lotería Nacional Sociedad del Estado (fs. 53) y de esta última dependencia a la Caja Nacional del Estado y Servicios Públicos (fs. 52 y 54), elementos que demuestran que, oportunamente, fueron fijadas las equivalencias entre los niveles actuales y las categorías del convenio anterior con el objeto de aplicar dichas escalas para establecer los haberes de los jubilados y pensionados de la ex Gerencia del Hipódromo Argentino.

  8. ) Que el informe del inspector encargado de la referida verificación dejó constancia de que, según los datos que surgían del legajo 1073 que conservaba la dependencia Lotería Nacional, la "categoría 10" que había alcanzado el actor durante su actividad laboral se correspondía en el nuevo escalafón vigente con la llamada "M.B.", la que al mes de febrero de 1993, sumándole al sueldo básico los 46 años de antigüedad y los restantes adicionales, ascendía a $ 839,40 (fs. 50/51 citadas).

  9. ) Que por lo tanto, no correspondía aplicar la escala de recategorización del personal ni los nuevos salarios

    acordados, pues como el propio texto del convenio especifica "...quedan expresamente excluidos de las nuevas pautas salariales aquellos trabajadores que, por cualquier causa, hayan egresado de la empresa con anterioridad [al 31 de diciembre de 1992]...", aspecto que tiene su justificación en el hecho de que las normas modificadas contienen sustanciales diferencias con relación a las pautas para fijar las remuneraciones desde que deja sin efecto todos los adicionales contemplados por el convenio colectivo de trabajo n° 67/75 y adopta el principio de polivalencia y flexibilidad funcional para el logro de una mejor productividad (conf. fs. 57/58), pero nada obstaba a que la Administración Nacional de Previsión Social hiciera uso del cuadro de equivalencias confeccionado al efecto.

    10) Que ni la resolución administrativa ni la sentencia recurrida hicieron hincapié en las referidas constancias a pesar de que, según se advierte, la verificación había sido ordenada por el organismo previsional con el propósito de obtener información idónea para resolver el pedido de reajuste del haber del actor en función del cuadro referido dictado con motivo de la privatización de la actividad discutida y que según los recibos acompañados el interesado percibió.

    11) Que por lo tanto, corresponde ordenar que el organismo administrativo efectúe los cálculos que tengan en cuenta la correlación de cargos y apliquen el nuevo nivel de categorías dispuesto entre el convenio colectivo anterior y el vigente al tiempo del reclamo, a fin de no perjudicar los derechos previsionales del demandante.

    Por ello, el Tribunal resuelve:

    Revocar la sentencia apelada y remitir las actuaciones a fin de que el organismo

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación previsional efectúe una nueva liquidación considerando las equivalencias de categorías y las variaciones salariales desde el reclamo del actor, en función de la documentación obrante en la causa. Practíquese la comunicación al Procurador del Tesoro (art. 6° de la ley 25.344). Costas por su orden (art. 21 de la ley 24.463).

    N. y remítase.

    EDUARDO MOLINE O=CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUSTAVO A. BOSSERT.